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Inicio > Núm. 13 (2021) > Venturiello

Pasado Abierto. Revista del CEHis. Nº13. Mar del Plata. Enero-junio 2021.

ISSN Nº2451-6961. http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto

                                                                           

La quita de pensiones por invalidez laboral desde una aproximación mediática: representaciones privilegiadas en Clarín y La Nación

María Pía Venturiello

Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina

venturiello@yahoo.com.ar

Vanesa Coscia

Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina vanesa.coscia@gmail.com

Recibido:        17/12/2020

Aceptado:        09/04/2021

Resumen

En junio de 2017 el gobierno de Mauricio Macri dio de baja 70 mil pensiones no contributivas por invalidez laboral. En Argentina, estas pensiones se otorgan a quienes alcanzan un grado de invalidez laboral del 70% y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. En este artículo nos proponemos analizar las representaciones en torno a la quita de pensiones, desde de una mirada interdisciplinaria que articula los estudios sociales de la discapacidad con los estudios en comunicación y cultura. Para ello, estudiamos la visibilidad mediática otorgada al tema en los diarios Clarin y La Nación, y nos preguntamos: ¿Qué aspectos se destacaron en las coberturas mediáticas y cuáles voces se privilegiaron?, ¿Cómo fueron representadas las protestas y sus protagonistas? ¿Qué definiciones sobre la discapacidad suponen estos relatos? La manera de cubrir el hecho por ambos diarios resulta de sus estilos y posicionamientos editoriales, variando en tipo de fuentes consultadas y énfasis acerca de los debates suscitados en torno a la medida.  

Palabras clave: pensiones por invalidez, discapacidad, representaciones mediáticas, diarios argentinos.

The withdrawal of the inability to work pensions, from a mass media approach: privileged representations of Clarín and La Nación

Abstract

In June 2017, the government of Mauricio Macri canceled 70 thousand non-contributory pensions for inability to work. In Argentina, these pensions are granted to those who reach a degree of occupational disability of 70% and are in vulnerable socioeconomic conditions. In this article we analyze the representations around the withdrawal of pensions, from an interdisciplinary perspective that articulates the social studies of disability with the studies in communication and culture. In order to this aim, we studied the media visibility given to the issue in the Clarin and La Nación newspapers, and we asked: What aspects stood out in the media coverage and which voices were privileged? How were the protests and their protagonists represented? What definitions of disability do these stories imply? The way in which both newspapers cover the event results from their editorial styles and positions, varying in the type of sources consulted and the emphasis on the debates that have arisen around the measure.

Keywords: pensions for inability to work, disability, media representations, Argentinian newspaper. 

La quita de pensiones por invalidez laboral desde una aproximación mediática: representaciones privilegiadas en Clarín y La Nación

 

1. Introducción

En junio de 2017 el gobierno de Mauricio Macri dio de baja 70 mil pensiones por invalidez laboral. Tales pensiones se otorgan a personas cuyas condiciones psico-físicas para trabajar se encuentran severamente reducidas y enfrentan condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Las medidas adoptadas y las repercusiones que tuvieron en los ámbitos político y social, fueron visibilizadas desde los principales medios de comunicación masiva. Los modos en que los periódicos construyen las noticias y nominan a sus protagonistas forman parte de las representaciones sociales que circulan en cada momento histórico (Hall, 1997). Los principales diarios de un país, que suelen pertenecer a grandes holdings mediáticos, funcionan como espacios de poder concentrado, agencias de poder simbólico (Bernstein, 1998), con discursos reguladores que inciden en la configuración de subjetividades y de imaginarios sociales. Así, los medios participan en la conformación del sentido que se otorga a estas pensiones, las implicancias de su quita y las definiciones de discapacidad que subyacen.

Este trabajo parte de una mirada interdisciplinaria que articula los estudios sociales de la discapacidad con los estudios en comunicación y cultura. Analizamos cómo los principales medios de comunicación de Argentina representaron la medida de quita de pensiones por invalidez, implementada por la gestión de Cambiemos en 2017. Para ello consideramos a la cultura como un campo de disputa por los significados sociales (Hall, 1981) que se enmarcan en una hegemonía de lo decible y de lo pensable (Angenot, 2012). Indagamos acerca de lo que es posible y se habilita a pensar sobre las pensiones, los motivos de su quita y las voces relevantes en esta tensión, en una coyuntura mediada por actores específicos: organizaciones sociales, partidos políticos y organismos del estado.

Parte del contexto de la quita de pensiones incluyó que, durante los meses en que se trató ese tema, la prensa gráfica participara en instalar debates y opiniones sobre los proyectos de reforma laboral y jubilatoria que entraron en el Congreso hacia fines de 2017 (Coscia y Perbellini, 2020). Este conjunto de medidas suponía una reducción del Estado y la redefinición de los sujetos merecedores de sus políticas. Teniendo en cuenta tal contexto socio-político, en este análisis hacemos foco en cómo se van configurando las representaciones mediáticas acerca de las pensiones por invalidez, su quita por parte del gobierno de Mauricio Macri, las protestas protagonizadas por los damnificados y la posición adoptada por actores sociales y políticos. Paralelamente analizamos desde los aportes de los estudios sociales en discapacidad, especialmente el modelo social anglosajón y sus vertientes latinoamericanas (Oliver, 1990; Ferrante y Venturiello, 2014; Ferrante, 2020), aquellos discursos que no se priorizan o “están ausentes” en las coberturas mediáticas dado que, tal como afirma Bourdieu, “pensar de modo estructural nos obliga a percibir la importancia de las ausencias” (1990: 271).

Los interrogantes que guían este trabajo son: ¿Qué estrategias de representación mediática pusieron en juego los diarios Clarín y La Nación en torno a la quita de pensiones? ¿Qué aspectos se destacaron en las coberturas (corrupción, adulteración de certificados, irregularidades, vulnerabilidad, pobreza) y qué no se mencionó? ¿Cuáles voces o fuentes se privilegiaron? ¿Cómo se mostraron las protestas contra esta medida? ¿Qué definiciones sobre las ayudas sociales, la discapacidad y los derechos sociales suponen estos relatos?

El artículo se organiza del siguiente modo. En primer lugar, se reponen los principales aspectos de las pensiones por invalidez, su alcance y regulación. Luego se realiza serie de precisiones metodológicas sobre las representaciones mediáticas y, seguidamente, se analiza un corpus de noticias de Clarín y de La Nación acerca del otorgamiento de ayudas sociales, la quita de pensiones y las protestas desencadenadas. Finalmente, se articulan los resultados obtenidos con reflexiones más amplias sobre las implicancias de la visibilidad mediática en temas de discapacidad y de implementación de políticas públicas para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

2. Aspectos conceptuales: discapacidad y pensiones por invalidez

En Argentina el 13% de la población total tiene algún tipo de discapacidad, lo que equivale a 5.114.190 personas de acuerdo con el Censo del 2010.^[1] El Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad indica que, hacia 2018, el 10% de la población mayor a 6 años tenía algún tipo de discapacidad, lo que alcanzaba al 25,3% de los hogares. Según tal encuesta, la distribución por edades indicaba que las discapacidades se concentraban en las más avanzadas.^[2] 

La condición de discapacidad no se explica a través del estado de salud de un individuo, sino que está constituida por un entorno no accesible que obstaculiza las posibilidades de participación de las personas con deficiencias, atentando contra sus derechos humanos (Barnes y Mercer, 2010). El modelo social de la discapacidad (Barton, 1998; Barnes, 1998) busca superar las definiciones basadas en una tragedia médica y personal que conducen a experiencias de opresión. Desde este modelo, las desventajas que enfrentan las personas con discapacidad son construidas por un entorno que las margina y se vinculan, entre otros aspectos, a los procesos burocráticos a los que son sometidas estas personas. Según Oliver (1990), la discapacidad es aquello que las políticas públicas indican que es, en tanto éstas definen a los sujetos de sus acciones y les asignan un lugar social en relación al vínculo que establecen con el Estado como sujetos de derechos o de asistencialismo.

La “normalidad” supone una prescripción sobre los sujetos en general y, en particular, genera disvalor de aquellas personas denominadas con (dis)capacidad. Como resultado de esta construcción histórica, estas personas son concebidas como indeseables, incorrectas e insanas y marginadas de las diferentes esferas sociales. Este proceso de estigmatización anula la apreciación de las personas detrás de su deficiencia, restándoles autonomía (Venturiello, 2016). Parte de esta forma de dominación se presenta cuando en los medios de comunicación se relatan las historias de vida de personas que han logrado “superar” las barreras del entorno y “triunfar” socialmente (Ferrante, 2020), como imperativo de sobreadaptación personal a las injusticias sociales. El imperativo de funcionalidad física y mental, que determina las normas acerca de cómo ver, moverse, oír, hablar o pensar, están asociadas al rendimiento en el sistema productivo (Moscoso, 2013). Los criterios, avalados médicamente, para determinar que el funcionamiento de una persona es normal y esa persona es capaz, resultan de su potencial rentabilidad para quien la empleara. En este sentido, se ha señalado, a nivel mundial, la mayor proporción de desocupación de la población con discapacidad en relación a aquella sin discapacidad.^[3] En Argentina, un tercio del total de las personas con discapacidad de 14 años y más son económicamente activas. En relación con la tasa de desocupación, se observa que el 10,3% de la población con discapacidad se encuentra desocupada, proporción que asciende a 16,5% entre los más jóvenes (grupo de 14 a 29 años).^[4] 

Las políticas públicas en Argentina para la población con discapacidad reconocen sus derechos específicos frente a la condición de desigualdad que enfrentan y son plasmadas en varias normativas (Venturiello, 2017). El marco normativo vigente permite el acceso a tratamientos de salud, educación, rehabilitación y facilidades en el transporte. El requisito para el acceso a los derechos establecidos por la ley es la tramitación del Certificado Único de Discapacidad que sólo un tercio (33%) de población con discapacidad posee.^[5] 

Las pensiones por invalidez laboral suponen una retribución económica mensual y responden a un recorrido burocrático diferente de la certificación de la discapacidad, aunque también resulta un beneficio que puede ser solicitado por personas con discapacidad que cumplen determinados requisitos: incapacidad de trabajar y la comprobación de escasos ingresos. En este sentido, los beneficiarios de pensiones por invalidez laboral son personas “expulsadas del sistema productivo” (Oliver, 1990), consideradas “inválidas laborales” por condiciones de salud adversas e individuales. La justificación de la necesidad de esta pensión es médica (Danel y Gabrinetti, 2018) y nunca supone una interrogación acerca de las condiciones laborales, del mercado de trabajo o de las relaciones de producción en general. Es decir, la definición legal de la invalidez laboral se sostiene en una mirada biomédica que concibe lo diverso como anómalo y supone una carga moral negativa sobre estas personas (Venturiello, 2016; Ferrante y Venturiello, 2014). La pensión es entonces concebida como una carga social entre los gastos del Estado cuya obtención requiere además demostrar una condición de pobreza (Venturiello, Palermo y Tiseyra, 2020). Desde este punto de vista, no se la formula como un derecho colectivo, sino como una ayuda social o asistencia del Estado destinada a sostener a aquellos que no pueden aportar al sistema productivo. Esta condición conlleva una sospecha permanente sobre su merecimiento, basada en una lógica del Estado que diferencia a los “buenos” de los “malos” pobres (Hopp y Lijterman, 2018). Solo si se encuentra desviado de las condiciones de salud “normales” y carece de ingresos suficientes y familia que les aseguren recursos, estas personas pueden aspirar a solicitar una suma módica mensualmente. La “lógica del merecimiento” que se aplica a estas pensiones presupone una desviación de la fuente de ingresos legitimada que es el trabajo. Esto deriva en percepciones sancionatorias y devaluadas hacia sus beneficiarios y la negación de la percepción de este ingreso como un ejercicio de derecho.

Las pensiones por invalidez laboral son pensiones no contributivas asistenciales que, históricamente, dependieron del Ministerio de Desarrollo Social y pasaron a la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad en 2017. Estas pensiones nacieron en 1946 (Ley N° 12.903) y sus criterios de accesibilidad se establecieron en las leyes N° 13.478 (1948) y N°18.910 (1971). Nuevos requisitos de otorgamiento se determinaron en 1997, mediante el Decreto N° 432/97, tanto para las pensiones a la vejez como por invalidez, con las siguientes exigencias para poder percibir esta pensión: encontrarse incapacitado en forma total y permanente con una disminución del 76% o más de la capacidad laborativa; no estar amparado ni el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna; no tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que teniéndolos, se encuentren impedidos para poder hacerlo; no vivir con otros familiares bajo el amparo de entidades públicas o privadas en condiciones de asistirlo y no poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia. A este decreto apeló el gobierno de Macri, en 2016-2017, para quitar las pensiones por invalidez laboral.

La interpretación de las normas y el diseño de las políticas públicas no son neutrales. Durante el período 2003-2015, se asistió a un incremento de las pensiones no contributivas asistenciales acordes a una política de extensión de derechos (Danani, 2016). Esto se ejecutó a través de un incremento presupuestario y una modificación en la estrategia de otorgamientos que fortaleció las estructuras administrativas estatales destinadas a la atención de potenciales beneficiarios/as.  

Estas medidas tuvieron como resultado una evolución y ampliación en la cobertura de personas en situación de discapacidad que, en términos absolutos, significó la agregación de 1.170.210 pensiones no contributivas. Con el inicio de la gestión de Cambiemos, se asistió a una reducción del gasto social en diversas áreas, que derivó en un cambio de orientación política respecto de estas pensiones. En el marco de una política de ajuste y reducción del Estado, se decidió disminuir las ayudas sociales destinadas a la población mayor y a las personas con discapacidad (Findling, Venturiello y Cirino, 2018). Hacia junio de 2017, el Ministerio de Desarrollo Social realizó una quita de pensiones por invalidez sin previo aviso, basándose en el entrecruzamiento de datos con la información del ANSES, sin corroborar mediante un informe socio ambiental los resultados. Durante 2017, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) inició una demanda judicial para obtener la restitución de estas pensiones.

3. Representaciones mediáticas de la discapacidad

Para la búsqueda y recolección de las noticias a analizar se utilizaron los buscadores digitales de Clarín y La Nación, a partir de las palabras claves “pensiones por invalidez”. “pensiones” y “discapacidad”, y se construyó un corpus de 76 notas (Clarín: 30 y La Nación: 46) entre octubre de 2016 y septiembre de 2017.^[6] El período de análisis se extiende hasta la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuando se ordena, judicialmente, volver a pagar las pensiones dadas de baja.

La elección de Clarín y La Nación, se debe a que son los diarios de mayor circulación nacional y en el espacio digital conforman los portales de noticias más consultados de Argentina,^[7] si bien tienen distintos perfiles editoriales y posicionamientos políticos. Clarín se dirige a un lector de clase media, media-baja; un diario “que se piensa a sí mismo como representante del ‘hombre común’” (Marino y Rodríguez, 2007:146), presentándose muchas veces como el medio que muestra una variedad de versiones sobre un acontecimiento o, en otras palabras, ”las dos campanas” de un hecho (Martini y Luchessi, 2004).^[8] La Nación se dirige, históricamente, a los sectores del “arriba social” (Sidicaro, 1993), mantiene una afinidad con los actores privilegiados en la distribución del ingreso y consolida un perfil económico y de negocios, desde el cual sugiere qué hacer en el terreno político-económico.

Luego de una revisión general y una aproximación a la lectura de las noticias que tematizaron la cuestión de la quita de pensiones, se identificaron algunos de los tópicos con mayor visibilidad, a partir de los cuáles se construyeron tres ejes analíticos respecto de cómo se nominan y se (re)presentan, en cada medio: 1) las ayudas o pensiones no contributivas; 2) la quita de pensiones; 3) las protestas y oposiciones sociales y políticas a la medida. A partir de estos ejes, configurados también con el objetivo de ordenar y sistematizar el análisis de las representaciones mediáticas, se realizó un abordaje cualitativo de las noticias, poniendo el acento en identificar los sentidos sociales que rodearon a esta problemática en la superficie mediática. Para ello, se utilizó una combinación de herramientas socio-semióticas que permitieron analizar las interrelaciones discursivas y socio-comunicacionales en los discursos mediáticos, entendiendo a la producción de sentido como una práctica social que permite comprender la producción de subjetividades (Verón, 1987). En el análisis de cada noticia, se prestó especial atención a los elementos de construcción de la información y a los lugares que atraen la mayor atención de los lectores: titulares, volantas, bajadas, cintillos, fotos, infografía; imágenes, fuentes y voces de autoridad que cada medio elige seleccionar (Martini, 2000; Tuchman, 1986; Albornoz, 2007). Tales elementos se fueron articulando con las cuestiones “contextuales”, es decir, con aspectos relevantes del contexto social e histórico en el que estos discursos fueron construidos y se pusieron a circular.

3.1. Clarín: las “campanas” de la discapacidad

3.1.1. Pensiones no contributivas

Respecto del primer eje de análisis, es decir, de cómo se presenta el otorgamiento de pensiones, las primeras noticias que se relacionan con este tema refieren al lanzamiento del Plan Nacional de Discapacidad.^[9] Aquí Clarín retoma el discurso del oficialismo, en el que se destacan conceptos acordes a una perspectiva que busca transformar las barreras sociales impuestas a las personas con discapacidad como respuesta a sus necesidades: “Acciones que permitan igualar las oportunidades de las personas (...)  Eso hablaría de ‘un crecimiento como comunidad que vence los miedos y los prejuicios’, y para ello destacó como un elemento clave a ‘la inclusión’”.^[10] De este modo, Clarin destaca en la misma noticia que “el Plan tiene como objetivo concientizar a la comunidad y promover la educación, la salud, el empleo y la accesibilidad para las personas con capacidades diferentes”.^[11] Respecto de las necesidades de estos grupos también se celebran desde Clarín medidas que mejoran, en parte, sus condiciones: “Pensionados por invalidez de más de 65 años pasan a ANSeS y cobrarán más (...) La medida implica una mejora del 14%, equivalente a $ 640 en los haberes de esos pensionados”.^[12] 

En estos ejemplos se retoman demandas sociales referidas a las necesidades de esta población. Las nociones de igualación de oportunidades e inclusión son las utilizadas por los organismos internacionales para abordar la participación social de las personas con discapacidad. Sin embargo, se las menciona a través de una denominación que no es la recomendada por la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. La denominación de capacidades diferentes constituye un eufemismo alejado de una concepción de derechos.

3.1.2. La quita de pensiones

En relación al segundo eje, cuando pocas semanas después del lanzamiento del Plan Nacional de Discapacidad, el gobierno de Macri decide la quita de pensiones, Clarín la define, en primera instancia, como una medida polémica, que genera discusión. En este sentido, respecto de cómo se representa esta medida, Clarín va exponiendo diversos puntos de vista, fiel a su estilo editorial de mostrar “las dos campanas” del acontecimiento. Este diario cuestiona lo imprevisto y abrupto de la medida para los afectados y nomina al Plan Nacional de Discapacidad como “un manifiesto”, es decir, como un plan que no cuenta con definiciones concretas sobre contenidos o procedimientos: “El Gobierno está dando de baja pensiones a personas con discapacidad. A partir de este mes, y sin previo aviso”;^[13] “Presidencia de la Nación publicó ‘un manifiesto’ del Plan Nacional de Discapacidad, en medio de la fuerte polémica por la baja de las pensiones”.^[14] 

Desde este medio, también se cuestionan los nuevos requisitos que motivan la baja de pensiones: se destaca lo escaso del ingreso o la paradoja de quitarle la posibilidad de tener un auto a una persona con discapacidad que lo necesita para movilizarse: “Quienes tienen un bien a su nombre, como un auto. independientemente que este sea indispensable para garantizar la movilidad del discapacitado”.^[15] Asimismo, en otros casos, se resaltan los requisitos del cónyuge de la persona con discapacidad, que cobra una pensión o jubilación mínima de $ 6.377 pesos: “Con este último monto -6.377 pesos-, la norma a la que se ciñe Desarrollo Social considera que un discapacitado y su pareja pueden vivir sin caer en la pobreza”.^[16] 

Si bien Clarín da espacio a la explicación oficial basada en el procedimiento administrativo, evidencia que no le resulta convincente y da a entender que se trata de “excusas” para justificar la quita: “Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social confirmaron a Clarín que están revisando todas las pensiones. Entrecruzan datos y automáticamente dan de baja muchas de ellas. No quisieron revelar cuántas”.^[17] También el diario retoma la voz de autoridad de Emilia Frigerio, quien enfatiza: “’Estamos ajustándonos a la ley’, dijo a Clarín la vocera de Stanley”.^[18] 

El diario desplaza, de este modo, la responsabilidad de las medidas tomadas desde las personas hacia la norma, desde las acciones políticas hacia la abstracción de lo administrativo por parte de Desarrollo Social. En este sentido, Clarín deposita en la cuestión del “ajuste” una explicación distinta a la administrativa: “Otras fuentes oficiales confirmaron que la decisión de eliminar pensiones reflotando un viejo decreto está vinculado con el pedido de Mauricio Macri de achicar el gasto para cumplir la meta de 4,2% de déficit fiscal”.^[19] 

A esto se suman las dificultades, que resalta el diario, respecto de la emisión del Certificado Único de Discapacidad que, en su conjunto, evidencia una postergación en la atención de las personas con discapacidad, por parte del gobierno: “Hay una demora de un año para acceder a un nuevo certificado de discapacidad. Hay 180 mil expedientes abiertos esperando la aprobación”.^[20] 

3.1.3. Protestas contra la quita de pensiones

Respecto del tercer eje de análisis, y de cómo se representan las oposiciones sociales y políticas a la quita de pensiones, Clarín además de fuentes oficiales, consulta y da lugar a otras voces: políticas, sindicales; de la iglesia, de organizaciones como la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) que reclamaron contra la medida: “Desde el Frente Renovador, fue la diputada nacional Mirta Tundis quien se encargó de cuestionar la medida: ‘aquellos que menos tienen y más necesitan siempre son los más perjudicados por la insensibilidad social del macrismo’, señaló”.^[21] Entre otras voces políticas, además de las posiciones del kirchnerismo, el massismo y la izquierda, Clarin destaca los recursos de amparo presentados y el rechazo de otras organizaciones: “Las asociaciones de defensa de los derechos de personas con capacidades diferentes, la Defensoría del Pueblo de Nación y hasta del Arzobispado de Buenos Aires, obligaron a la Casa Rosada a tomar cartas en el asunto y anunciar la marcha atrás del ajuste”.^[22] 

Acerca de la organización de la protesta contra la quita de pensiones, Clarín mencionó distintas versiones. Por un lado, asoció la convocatoria al oportunismo de funcionarios kirchneristas que incentivaron la protesta, abusando de la situación de vulnerabilidad de estas personas: “Una denuncia apunta a que dirigentes de La Matanza convocan a la marcha de esta tarde al Obelisco. Desde el municipio de Verónica Magario lo desmintieron”.^[23] 

Pero, por otro lado, Clarín destacó que la manifestación fue convocada por redes sociales, llamando a reclamar “sin banderías políticas”. Esto se ilustra con una foto, en ángulo contrapicado, que destaca la gran cantidad de personas que manifiestan con sus carteles en alto (Imagen 1): “La protesta se había convocado a través de las redes sociales bajo la consigna: ‘Marcha Para Que No Quiten Las Pensiones Por Discapacidad’ (...) los convocantes llamaron a concentrar ‘en paz y sin banderas de ningún tipo, que nuestra voz y nuestros carteles lo digan todo’.^[24] 

Imagen 1. Imagen de la protesta en la 9 de julio y Corrientes (Captura de TN)

Fuente: Marcha y protesta en el Obelisco por el quite de pensiones por discapacidad. (15 de junio de 2017). www.clarin.com.  Recuperado de https://www.clarin.com/sociedad/marcha-protesta-obelisco-quite-pensiones-discapacidad_0_rkTfZKlXZ.html. Consultado: 20/7/2020. 

Para ilustrar las consecuencias perjudiciales que tiene la quita de pensiones en las personas con discapacidad, Clarín presenta algunas historias de vida concretas: describe cómo viven, cómo contribuyen entre los familiares para el sustento del integrante con discapacidad, destacando que la pensión es, muchas veces, insuficiente para afrontar los gastos cotidianos. El proceso de “narrativización” de las noticias se basa en contar aquellas historias que despiertan emociones, destacan las reacciones y sentimientos de los individuos (Sohr, 1998), facilitando la empatía con los y las lectores/as.

En una de dichas historias se menciona el motivo de la quita de la pensión: tener un auto a su nombre. “Mi hermano sin ese auto no se puede transportar, su problemática le impide manejarse en el transporte público. Ese auto y su pensión le daban dignidad, le están quitando la posibilidad de ser independiente y valerse por sí mismo".^[25]  En otro ejemplo, también se lee: “Se repiten los casos de matrimonios en los que uno de sus miembros perdió este mes su pensión por discapacidad porque su pareja percibía una jubilación mínima, incluso en los casos en los que entre ambos no llegan a cubrir la canasta básica”.^[26] 

Además de estos casos, Clarín destaca otros que gozan de cierta notoriedad, apelando a la identificación con valores meritorios o ligados a la popularidad: “Prometen restituirle la pensión por discapacidad a una campeona paralímpica”.^[27] Y, en el caso del humorista denominado Tuqui, se menciona desde la sección Espectáculos “el dramático” momento que vive el actor: “Tuvo un accidente en moto en 2012 y quedó discapacitado, detalló las dificultades que tiene para conseguir trabajo y cobrar la pensión correspondiente”.^[28] 

Entre estas personalidades, también se reconstruyen las historias de Gabriela Michetti y de la senadora socialista Gabriela Troiano, ambas en situación de discapacidad, y dedicadas al tema desde arcos políticos diferentes. Troiano, vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad, es una de quienes destaca las contradicciones de esta medida y las implicancias en la restricción de la ayuda social: “Invocan esa resolución que establece una ayuda asistencial sólo en casos de ‘extrema indigencia’, lo que se contradice con tratados internacionales, leyes nacionales y sobre todo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.^[29] Tal como afirma Troiano en dicha nota, desde 2014 en Argentina, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad “tiene jerarquía constitucional, y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo”.^[30]

En el plano visual, el diario ilustra el reclamo con imágenes de la protesta en la calle (Imagen 2 y 3):

Imagen 2. No a la quita

Fuente: Marcha atrás del Gobierno: vuelven a pagar las pensiones por discapacidad. (15 de junio de 2017). www.clarin.com. Recuperado de  https://www.clarin.com/politica/marcha-gobierno-vuelven-pagar-pensiones-discapacidad_0_rk-zQcl7b.html. Consultado: 20/7/2020.

Imagen 3. Con nosotros no

Fuente: Marcha atrás del Gobierno: vuelven a pagar las pensiones por discapacidad. (15 de junio de 2017). www.clarin.com. Recuperado de  https://www.clarin.com/politica/marcha-gobierno-vuelven-pagar-pensiones-discapacidad_0_rk-zQcl7b.html. Consultado: 20/7/2020.

Estas imágenes, al mostrar planos medios de jóvenes en situación de discapacidad, en sillas de ruedas y similares, también apelan a la emocionalidad, destacando, visualmente, la vulnerabilidad que se describe en las notas escritas.

3.2. La Nación: el “negocio” de la discapacidad

3.2.1. Pensiones no contributivas

Respecto de cómo se representan las pensiones no contributivas, La Nación desde octubre de 2016 comenzó a sugerir el rol que debía jugar el Estado en el tema. El énfasis de las noticias fue colocado en la “industria”, “el negocio” o el “fraude” de la discapacidad y, por lo tanto, se calificó su otorgamiento como un ejemplo de clientelismo y de corrupción de la gestión anterior: “La ‘industria’ de certificados adulterados está bajo la lupa. Algunos especialistas denuncian que hay una connivencia política en la entrega de las pensiones”;^[31] “El abrupto incremento en las entregas es lo que impulsa a legisladores, economistas y especialistas en medicina del trabajo a suponer que el manejo político se adueñó del sistema”.^[32] Y, en la misma nota titulada “Las pensiones por invalidez aumentaron siete veces en 17 años”, se ejemplifica también: “En Formosa, donde el 31,96% de los habitantes activos cobra el subsidio, la cantidad de beneficios aumentó 147% entre diciembre de 2010 y marzo de este año”.^[33] 

De este modo, La Nación resalta el abrupto aumento en su otorgamiento durante los gobiernos previos, a partir de elementos claves en la construcción de las noticias, que atraen la atención de los y las lectores/as (Ford, 1994): los modos de titular y la inclusión de imágenes como fotos, infografías y gráficos (Imagen 4).

Imagen 4. Programas sociales bajo la lupa. Pensiones por invalidez

Fuente: El 6,9% de la población activa recibe una pensión por invalidez. (10 de octubre de 2016). www.lanacion.com.ar. Recuperado de https://www.lanacion.com.ar/politica/el-69-de-la-poblacion-activa-recibe-una-pension-por-invalidez-nid1945633/. Consultado: 29/7/2020.

Este argumento se refuerza también a través del mecanismo de la “polifonía regulada”, es decir, del uso de diversas voces que sostienen un mismo discurso (Luchessi y Cetkovich, 2007) otorgando a los y las lectores/as la sensación de pluralidad de fuentes. En este caso, se lee en un textual del diputado y jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri: “‘Las cifras revelarían que hubo un manejo discrecional’”;^[34] y se destaca desde la voz del diputado por la Coalición Cívica-ARI Fernando Sánchez, quién “está persuadido de que el sistema se envició y debe reverse para terminar con el fraude”, que: “Las cifras hacen pensar que más que discrecionalidad hubo delito”.^[35]  

La Nación presenta, entonces, el “negocio” de la discapacidad con mapas, cifras y porcentajes, pero no explica los criterios que llevaron a la implementación de tales políticas de ampliación de derechos, durante los gobiernos previos. Así, reduce y simplifica el otorgamiento al manejo político corrupto y clientelar. Este énfasis se reitera en junio de 2017 con la quita de pensiones: “Identifican un récord de pensiones por invalidez en cuatro pueblos de Córdoba”;^[36] “El modelo implicaba que gente de pueblos vecinos se trasladaban a los lugares donde era ‘más fácil’ tramitar la pensión, lo que implicaba un centro de salud vinculado al poder político”.^[37] 

3.2.2. La quita de pensiones

Respecto del segundo eje analítico, La Nación intenta justificar la medida de la quita de pensiones, presentándola como una acción honesta, de “limpieza”, que “combate las mafias”, que ordena las irregularidades y trata de eliminar la corrupción estatal, proveniente de la gestión previa: “Desde la Oficina Anticorrupción adelantaron que investigarán el otorgamiento de pensiones durante el kirchnerismo (...) pensiones otorgadas de manera irregular”.^[38] Asimismo, en otro ejemplo, se lee: “Macri pidió ordenar el descontrol del kirchnerismo. La ministra -Stanley- también resaltó que este tipo de asistencialismo ‘generó clientelismo’”.^[39]

Esta mirada sobre las pensiones y su manejo clientelar, se ilustra también desde las cartas de lectores que el diario publica, como la del arquitecto Carlos Eduardo Vasile: “Una terrible guerra ha sucedido en la Argentina y ni nos enteramos. En 1999 las pensiones por discapacidad eran unas 70.000. Hoy llegan a más de 1.060.000. Casi un millón más en 18 años”.^[40] Y, más adelante, continúa con una comparación: “La guerra de Vietnam duró 17 años. Para los Estados Unidos significó 58.000 muertos. Los heridos, mutilados y afectados psicológicamente se estiman que superaron los 300.000”.^[41] También, en otra de las cartas de lectores, titulada “Victimización”, se lee: “El kirchnerismo utilizó las pensiones para hacer clientelismo. Quien escribe estas líneas es ciego y está avergonzado por la politización de controles que deberían ser la regla y no una novedad (...) muchas personas exageran sus consecuencias para gozar de beneficios que no les corresponden”.^[42]

Por lo tanto, al tiempo que deslegitima las políticas públicas de los gobiernos previos en materia de discapacidad, La Nación legitima las acciones del gobierno de Macri que intentan “limpiar” la corrupción gubernamental. El diario retoma, como fuentes privilegiadas, las voces oficiales y dedica espacio a los “casos testigo” de los pueblos de Misiones, Formosa o Córdoba para ilustrar las irregularidades y el “fraude” de la gestión previa con imágenes y elementos multimediales, como la inserción de videos de La Nación+ (Imagen 5) o mapas de ubicación (Imagen 6), junto a declaraciones como la de Stanley dando como ejemplo un pueblo en Córdoba “donde el 120% de la población recibe pensiones” o uno en Formosa donde “estaba cerrada la oficina de pensiones, y se entregaban los certificados en un local partidario. Algunos médicos cobraban certificados de pensiones”.^[43]

Imagen 5. Fotograma de video

Fuente: Guanaco Muerto y La Rinconada: dos pueblos cordobeses con más pensionados por invalidez que habitantes (15 de junio de 2017). www.lanacion.com.ar. Recuperado de https://www.lanacion.com.ar/economia/guanaco-muerto-y-la-rinconada-dos-pueblos-cordobeses-con-mas-pensionados-por-invalidez-que-habitantes-nid2033848/. Consultado: 6/7/2020.

Imagen 6. Mapa Pueblos de Córdoba

Fuente: Identifican un récord de pensiones por invalidez en cuatro pueblos de Córdoba. (16 de junio de 2017). www.lanacion.com.ar.  Recuperado de https://www.lanacion.com.ar/sociedad/identifican-un-record-de-pensiones-por-invalidez-en-cuatro-pueblos-de-cordoba-nid2034154/. Consultado 6/7/2020.

3.2.3. Las protestas contra la quita de pensiones

Respecto del tercer eje de análisis, en La Nación la protesta fue relacionada con una complicación en el tránsito, a través de titulares, tags y elementos multimediales (Imagen 7):

Imagen 7. Protesta Obelisco

Fuente: El paro de colectivos y una manifestación en el Obelisco complican el viaje de regreso a casa. (15 de junio de 2020). www.lanacion.com.ar.  tag: tránsito y transporte. Recuperado de https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/el-paro-de-colectivos-y-una-manifestacion-en-el-obelisco-complican-el-viaje-de-regreso-a-casa-nid2033907/. Consultado: 16/7/2020.

Además, los damnificados directos y las principales asociaciones que los representan, tuvieron poco espacio en las coberturas, incluso los días que impulsaron y pusieron sus cuerpos en la protesta. Sólo se resaltaron algunos “casos modelo” como el de la deportista paraolímpica, desde la sección Deportes (Imagen 8):

Imagen 8. Medallista paralímpica

Fuente: La medallista paralímpica de oro Yanina Martínez en Río 2016 sufrió la quita de la pensión por discapacidad. (14 de junio de 2017). www.lanacion.com.ar. Recuperado de https://www.lanacion.com.ar/deportes/atletismo/yanina-martinez-medalla-de-oro-paralimpica-quita-de-pension-nid2033582/. Consultado: 25/8/2020.

Las voces opositoras que se destacaron en La Nación fueron, sobre todo, las político-sindicales como Sergio Massa y Margarita Stolbizer, que impulsaron una instancia judicial, y el sindicalista Hugo Moyano. En el primer caso se lee que Sergio Massa le pidió a Mauricio Macri “que piense con el corazón” ante el recorte de pensiones: “‘El Estado tiene que proteger, no puede ser que mire fríamente los números’, planteó ante la prensa el dirigente del Frente Renovador al visitar un centro de discapacitados en la provincia de Buenos Aires”.^[44] En el caso de Moyano, en la nota titulada “Reapareció Moyano con críticas al Gobierno”, se destaca: “Acusó  -a Macri- de ‘cometer un delito de lesa humanidad contra los discapacitados’ (...) ‘Yo sé lo que es la crianza de un chico discapacitado, lo viví durante más de 30 años’, dijo Moyano, casi quebrado”.^[45] 

Ante estas voces opositoras, y las medidas judiciales que obligaron a restituir las pensiones, La Nación destaca las voces oficiales de quienes saben reconocer sus errores, destacando la honestidad y la intención de “hacer bien las cosas”. Es el caso de Stanley, fotografiada en el living de su casa (Imagen 9), cuyo epígrafe destaca que “habló en distintos medios para ratificar que devolverá las pensiones a quienes les fueron retaceadas sin fundamento”.^[46] Se trata de una foto que crea ambiente, familiaridad con los y las lectores/as. También el caso de Gabriela Michetti (Imagen 10) que busca la empatía desde su misma situación de discapacidad: “Voy a liderar esto con un compromiso arraigado en el corazón, porque yo misma pasé por una situación que me convirtió en discapacitada”.^[47]

Imagen 9. Carolina Stanley

Fuente: Las familias que reciben una pensión por discapacidad la seguirán cobrando. (15 de junio de 2017). www.lanacion.com.ar. Recuperado de https://www.lanacion.com.ar/politica/carolina-stanley-hubo-un-uso-politico-del-tema-de-las-pensiones-por-parte-de-mafias-que-lucran-con-el-clientelismo-nid2033987/. Consultado: 6/7/2020.

Imagen 10. Gabriela Michetti

 Fuente: Gabriela Michetti dijo que el Gobierno estableció por primera vez en la historia una política de discapacidad. (15 de junio de 2017). www.lanacion.com.ar. Recuperado de: https://www.lanacion.com.ar/politica/gabriela-michetti-dijo-que-el-gobierno-nacional-establecio-por-primera-vez-en-la-historia-una-politica-de-discapacidad-nid2034048/ Consultado: 6/7/2020.

Por otra parte, La Nación asocia estas pensiones a la pobreza y a las necesidades básicas insatisfechas de estos grupos, enfatizando su fragilidad y vulnerabilidad, desde historias concretas como la de Bety o Lucía (Imagen 11): “Bety tiene 67 años, es ciega y vive en una tapera de adobe”.^[48] Y, desde el epígrafe de esta foto, se destaca: “Una chica discapacitada lava la ropa en un fuentón; Lucía, su madre, cobra una pensión graciable (...) Es uno de los caseríos más pobres de la provincia de Córdoba”.^[49] 

Imagen 11. Guanaco Muerto

Fuente: Guanaco Muerto: el pueblo que vive de pensiones por invalidez. (20 de junio de 2017) www.lanacion.com.ar. tag: pobreza. Recuperado de https://www.lanacion.com.ar/sociedad/guanaco-muerto-el-pueblo-que-vive-de-pensiones-por-invalidez-nid2035286/. Consultado: 30/8/2020.

Esta vulnerabilidad, mostrada desde lo visual y reforzada desde los elementos escritos, es nuevamente asociada a la noción de clientelismo y de “industria” de la discapacidad, al remarcar el uso político que puede hacerse de estas personas frágiles que viven del “asistencialismo estatal”: “Esas pensiones fueron también una poderosa arma política para los punteros que hicieron y hacen negocios electorales con la necesidad de la gente más vulnerable”.^[50] Otra nota de opinión refuerza el mismo sentido: “Los planes sociales sostenidos y permanentes deterioran la cultura del trabajo”.^[51] 

Desde estas notas de opinión, que expresan la posición editorial y política de La Nación, se construye una mirada, a través de la cual el diario sugiere el rol que “debe” tener el Estado en la gestión de las políticas públicas.

4. Reflexiones comparadas

Los diarios Clarín y La Nación construyen las noticias sobre el tema de las pensiones por invalidez laboral, según sus estilos y posicionamientos editoriales. Un mes antes de la quita, Clarín publica notas acerca del lanzamiento del Plan Nacional de Discapacidad con una terminología que recupera, en parte, un lenguaje de derechos. Sobre la quita de pensiones sin previo aviso, Clarín se centra en el perjuicio que ocasiona a los beneficiarios, enfatizando que la medida vulnera derechos y deja sin ayuda a quienes lo necesitan; al tiempo que evidencia lo insuficiente del ingreso. Como estrategia argumental califica esta medida como polémica y, a diferencia de La Nación, sólo ocasionalmente la relaciona con la presunción de clientelismo del gobierno anterior.

En La Nación, las noticias sobre pensiones por invalidez laboral son publicadas con mayor antelación, desde octubre de 2016, y describe a quienes reciben estas pensiones como población vulnerable, manipulada por su extrema pobreza y víctima del clientelismo político. En este sentido, el comportamiento de un medio cuando informa sobre una reforma o cambio de legislación, antes de su aplicación, contribuye a construir consensos sociales sobre la implementación de políticas públicas (Coscia y Perbellini, 2020). En este caso, La Nación expresa una desconfianza sobre el otorgamiento de estas pensiones y, por lo tanto, pone en duda su legitimidad. A tal fin utiliza cifras, infografías y gráficos que completan la retórica de un argumento que se presenta como racional y matemático. Este diario contribuye a forjar la idea que las pensiones por invalidez forman parte del “negocio” o de la “industria” de la discapacidad, según enuncian sus propios títulos.

Las diferencias en los modos de representar el tema de la discapacidad, se sustenta también en la elección de las fuentes que cada medio decide consultar y publicar. En Clarín, se presenta una diversidad de voces: organizaciones que representan a personas con discapacidad, especialistas en discapacidad, abogados expertos, referentes de la iglesia, opositores sociales, sindicales y políticos, entre otros. Todo ello permite que se muestren las distintas dimensiones y aspectos complejos del problema, al tiempo que se destaca que se están vulnerando los derechos de las personas con discapacidad.

La Nación, en cambio, privilegia las fuentes oficiales del gobierno de Macri, para fundamentar el cuestionamiento al mal funcionamiento del Estado en las gestiones previas, su clientelismo político y la falta de control en los recursos públicos. Detrás de este posicionamiento se omite, y por lo tanto se invisibiliza, la óptica inclusiva y de derechos de las personas con discapacidad que, en parte, se repone en Clarín.

El modo en que son nominadas y mostradas las personas con discapacidad también forma parte de la construcción del relato acerca de las consecuencias de esta medida. En Clarín, la representación de estas personas es amplia y variada: si bien otorga visibilidad a casos “sobresalientes” y de “superación personal”, también se incluyen las historias de personas desconocidas, que narran vicisitudes de su vida cotidiana y mencionan cómo fueron afectadas por la quita de pensiones, haciendo visibles sus necesidades y las ayudas que requieren para alcanzar autonomía y dignidad en su vida. En La Nación, en cambio, los casos que predominan son ejemplos de personas con discapacidad que se sobreponen a la adversidad, reforzando la mirada individualizante de la discapacidad (Ferrante, 2020).

Por otro lado, cabe destacar algunas continuidades nominativas entre los diarios argentinos: ambos utilizan, en sus notas, terminologías peyorativas y eufemismos como, por ejemplo, “discapacitados” o “inválidos” para referirse a las personas en situación de discapacidad, evidenciando la permanencia de miradas sociales peyorativas, paternalistas y las disputas de sentido vigentes. Consideramos que estas disputas discursivas van configurando un imaginario social que delinea lo que es posible pensar y decir sobre esta problemática en nuestras sociedades contemporáneas y que una construcción mediática peyorativa conduce a una representación estigmatizante del tema y de sus actores.

Respecto de las omisiones de ambos diarios, se observó que en La Nación se omite, o queda opacada, una perspectiva de derechos respecto de la discapacidad. Por el contrario, los argumentos que predominan refuerzan la mirada asistencial hacia las personas con discapacidad y la lógica de merecimiento (Hopp y Lijterman, 2018) de las pensiones por invalidez, buscando distinguir los casos de percepción de las pensiones que son legales, “los buenos pobres” de aquellas que se sospecha fraudulentos, poniendo de relieve la presencia de los segundos, “los malos pobres”, en asociación con mecanismos clientelares del Estado.

Por el contrario, Clarín, tal como se señaló, avanza en la visibilización de necesidades desatendidas de la población con discapacidad e incluye variadas voces en defensa de sus derechos, adoptando por momentos una postura editorial que enfatiza este enfoque por sobre el asistencialista. Sin embargo, entre las omisiones, resulta pertinente destacar que no profundiza en los motivos por los cuales las personas con discapacidad necesitan disponer de esta pensión específica originada en diversos mecanismos de expulsión social del acceso a bienes y servicios. Se logra reflexionar así, sobre la necesidad de mecanismo de inclusión frente a una condición social injusta y desventajosa, pero no se ahonda en cuáles son los motivos estructurales por los que las personas con discapacidad son expulsadas de los principales espacios sociales. Es decir, se plantea el derecho a la inclusión, sin cuestionarse los mecanismos sociales de opresión y segregación. De esta manera, queda sin revisar por qué las personas con discapacidad, históricamente, no se han considerado sujetos de derechos sino, más bien, “cargas sociales”, objeto de “ayudas sociales", vulnerando su capacidad de sostener los mecanismos de ingresos existentes, por ser meras ayudas, y de construir otros mejores, cuestionando el sentido de los primeros.

En futuras investigaciones, resultará interesante desarrollar un estudio comparado con las narrativas masivas de otros países para reflexionar también acerca de las representaciones sociales de la discapacidad que circulan en la región latinoamericana y a nivel global, especialmente en momentos de crisis y de avance neoliberal.

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Maria Pia Venturiello es Doctora en Ciencias Sociales y Lic. en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG-UBA). Integrante del Área Salud y Población del IIGG y docente de grado y posgrado. Se especializa en el área de los estudios sociales en la discapacidad, políticas de cuidados, vulnerabilidad y dependencia. Es autora de La trama social de la discapacidad: cuerpo, redes familiares y vida cotidiana, Buenos Aires, Ed. Biblos, publicado en el 2016

Vanesa Coscia es Doctora en Ciencias Sociales y Lic. en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (FSOC-UBA). Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG-UBA) e Investigadora Adjunta del CONICET. Se especializa en análisis de imaginarios y representaciones mediáticas sobre diversas aristas del mundo del trabajo en contextos neoliberales, en prensa, televisión y cine. Participa actualmente en el proyecto PICT 2017-1213 “Identidades del cine político de América Latina...”.

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