El libro coordinado por Antonio Escobar Ohmstede, Zulema Trejo Contreras y José Alfredo Rangel Silva, reúne una serie de investigaciones que abordan el mundo rural mexicano en los siglos XIX y XX, justo cuando fueron decretadas varias leyes agrarias tendientes a cambiar los sistemas de propiedad de diversos recursos productivos. Los autores examinan a cuatro actores centrales: los pueblos de indios, las haciendas, el ayuntamiento y ya para el siglo XX a los ejidatarios. Estos actores son analizados en función de su relación con los recursos naturales y sus prácticas pasivas o activas de resistencia ante las medidas centralizadoras que aplicaron los gobiernos tanto liberales, porfiristas y posrevolucionarios en torno a los usos, derechos y propiedad de los principales recursos: tierra, aguas y bosques.

El libro reúne once trabajos de diferentes espacios de México: Veracruz, San Luis Potosí, Yucatán, Sonora, Coahuila, Oaxaca, Aguascalientes, Chihuahua y Puebla; en los que se tratan de manera exhaustiva los sistemas de propiedad, la territorialidad, los arreglos institucionales, los conflictos por los recursos y los acuerdos y negociaciones, que muchas veces rebasaron el ámbito del gobierno federal. La transición entre los siglos XIX y XX en México, fue sin lugar a dudas difícil, y en estos trabajos se observa de manera impecable el proceder de los actores ante el embate de las diversas leyes agrarias que tendieron a cambiar los sistemas de propiedad y sus vidas. Los autores avanzan entonces en las investigaciones sobre los sistemas de propiedad, la Revolución Mexicana y la Reforma Agraria en México; así como apuntan a los acuerdos, negociaciones y las distintas posturas de los actores sociales.

El tema que aborda Helga Baitenmann es por demás ilustrador en cuanto a vincular el proyecto de desamortización de los bienes de las corporaciones civiles de 1856 con el reparto agrario revolucionario posterior a 1910. La autora deja ver los vicios y las desigualdades en las que cayeron las autoridades municipales desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el periodo de Francisco I. Madero, así como plasma de manera contundente la corrupción de esta instancia local, al concentrar los recursos vitales, en algunos espacios del país, en beneficio de muy pocos. La solicitud urgente de los pueblos de lograr el desplazamiento de las autoridades municipales en el manejo de los ejidos es una constante en su análisis.

Luchas de “poder, negociación y dominación”, son lo que refleja el difícil espacio de los valles centrales de Oaxaca, debido a que sus pueblos se caracterizaron por ser comunidades cerradas desde el periodo colonial y así se confrontaron con los diversos actores ya en el siglo XIX. Los actores que analiza Antonio Escobar Ohmstede en su texto titulado “Ayuntamiento, pueblos y haciendas en los Valles Centrales de Oaxaca (1865-1920) ¿Actores o derechos en conflicto por los recursos naturales?”, nos deja ver a pueblos, autoridades, “tinterillos” y síndicos, que pelean por demostrar derechos de uso, propiedad, usufructo y posesión de tierras y aguas. Destaca en este artículo el análisis detallado por tratar de esclarecer los derechos sobre la propiedad y posesión de los recursos. Enfatiza cómo los pueblos de esta zona esgrimieron en todo momento su derecho a la posesión y no a la propiedad.

Por su parte, Emilia Velázquez Hernández analiza en “La desamortización de tierras comunales en el Istmo veracruzano: contradicciones y disputas en torno al uso del espacio” las contradicciones que generó el reparto de las tierras comunales, tanto en términos simbólicos como materiales. El eje que rige este trabajo, al igual que el de Baitenmann, son los arreglos institucionales que se gestaron en torno a los derechos y usos de la tierra. Destaca en este texto que los usos del espacio por parte de los pueblos del Istmo veracruzano, no coinciden con el reparto individual de las tierras proyectado por los liberales de la segunda mitad del siglo XIX, por ello recurren a los arreglos institucionales y conforme a sus usos locales. En este estudio Velázquez demuestra que eran incompatibles la ley sobre entregar una parcela a cada agraciado y la práctica consuetudinaria que tenía cada comunero de hacer uso de distintas parcelas de los terrenos comunales. Esta incompatibilidad permitía que se aceptara la ley, pero ya en la práctica los actores la reformulaban conforme a sus formas de ocupación del espacio, en palabras de la autora “la sociedad sea la que controle-o incida-en la ley”.

Eric Léonard en su texto titulado “Construcción nacional y resurgimiento comunal. El gobierno municipal y la pugna por las políticas de tierra en los Tuxtlas, Veracruz (1880-1930)”, se centra en analizar el interés del Estado por integrar a las comunidades al proyecto de nación. El autor estudia las pugnas del ayuntamiento por el control político y económico desde el ámbito local, dibuja los vaivenes que tiene que enfrentar el gobierno municipal con la legislación liberal tendiente a promover la propiedad individual, y el actuar de las autoridades municipales por mantener el control de las tierras y beneficiar sólo a la élite política local. Este texto coincide con la propuesta de Baitenmann, el interés “apremiante” de los comuneros por dejar fuera a las autoridades municipales del manejo y administración de sus bienes, al parecer el sentir es generalizado, se observa una abrumadora traición de estas células de poder local y una presión por dar entrada al vínculo entre comuneros y ejidatarios con el gobierno federal.

“La pequeña propiedad y el acceso al agua en Aguascalientes (1861-1910)” de Jesús Gómez Serrano, analiza el ascenso y consolidación de las clases medias propietarias e incluye de manera fina, detallada y argumentada la consolidación de la figura del ranchero, actor social poco abordado en la historiografía agrarista de la segunda mitad del siglo XIX. Estudia la Ley Ávila promulgada en 1861, que proponía la división de los latifundios. Esta ley estatal era muy radical pues contradecía a lo propuesto en la época sobre promover la propiedad individual de la tierra, sin perjuicio de los que ya eran propietarios particulares. Muestra de ello fue la venta que hizo de sus propiedades José María Rincón Gallardo, próspero hacendado de la región en la segunda mitad del siglo XIX, con ello favoreció la entrada del ranchero que conllevó al “fortalecimiento de las clases medias rurales”. A diferencia de lo que abordaron los autores anteriores, este trabajo apunta a destacar la subdivisión de las grandes propiedades en Aguascalientes y el ascenso de los rancheros en este escenario del mundo rural en México, en el marco de leyes liberales tendientes a promover la propiedad individual a costa de las corporaciones civiles y eclesiásticas.

El texto de José Alfredo Rangel Silva “Jugando con fuego. Wistano Luis Orozco y los conflictos por tierras en el oriente potosino de San Luis Potosí (1900-1908)”, expone detalladamente el encierro de uno de los principales abogados de la época: Wistano Luis Orozco. El autor aborda los conflictos que enfrentó Orozco con poderosos políticos y terratenientes, para revertir las injusticias que habían generado las leyes liberales agrarias de la segunda mitad del siglo XIX en contra de los pueblos indígenas así como de los pequeños propietarios. Estos actores invocaron sus derechos de propiedad, pero se enfrentaron a la “violencia física, simbólica y jurídica”. Orozco trató de ventilar los problemas por tierras que enfrentaban los pueblos y pequeños propietarios en San Luis Potosí, a través de publicar en folletos los litigios, pero se enfrentó a todo un aparato legal que estaba a favor del grupo poderoso que lo acusó de difamador y posteriormente de sedicioso, delito que sí conllevaba a ponerlo en prisión. Las diversas estrategias adoptadas por los actores involucrados en conflictos por tierras, tanto desde la hegemonía como desde la subalternidad, es por demás sugerente.

El texto de Raquel Padilla Ramos y Zulema Trejo Contreras “Tierra y paz: yaquis y ópatas en el triunvirato”, aborda dos grupos étnicos representativos del norte de México: los yaquis y los ópatas, que tenían muy claras diferencias a la hora de negociar la defensa de sus tierras. Las autoras describen el actuar de los yaquis a partir de la movilización social y la violencia, a diferencia de los ópatas que se inclinaron por la resistencia pasiva. El actuar de los ópatas los llevó a asimilar la cultura blancomestiza y pasar de “indios a campesinos en el imaginario social”, aunque destacan un elemento fundamental entre los indios ópatas y que refiere a la “territorialidad”. Este concepto no es tangible y no requiere de límites y títulos de propiedad. Los ópatas reflejan un apego a la territorialidad y con ello a la agricultura como actividad fundamental. No obstante, desaparecieron en el escenario económico a diferencia de los yaquis, que libraron grandes batallas lo que les permitió su continuidad.

Christopher Boyer en “Tierras híbridas. Ferrocarriles, comunidades rarámuris y la mercantilización de los bosques chihuahuenses (1900-1910)”, sostiene la participación activa de las comunidades indígenas en el “proceso de mercantilización de la naturaleza y en el uso industrial del bosque”. El actuar de este pueblo les daba la posibilidad de recibir un sustento económico y de integración al modelo económico. Boyer propone un espacio híbrido resultado del capitalismo porfiriano tardío, al mismo tiempo de que fue un espacio de refugio rarámuri, en el que una parte de su población “se acomodó a la mercatilización” de sus recursos naturales (el bosque).

Francisco Javier Gómez Carpinteiro en su capítulo titulado “Revolución y sufrimiento. Historias de un sujeto negado en la zona de los volcanes”, aborda los efectos violentos y dramáticos que sufrieron las poblaciones por causa de los grupos revolucionarios. El autor analiza las experiencias amargas de los vecinos de San Felipe Teotlalcingo, Puebla, en un contexto de guerra y de reparto agrario que encabezó el general Domingo Arenas en 1916. En este texto el autor demuestra que el proyecto agrario dirigido por Arenas, redujo a los beneficiarios de tierra en estadística para crear las bases de la dominación, pues los beneficiarios del reparto en el marco de la ley del 6 de enero de 1915 se convirtieron en sujetos controlables y votantes en elecciones. La devolución de tierras fue para Domingo Arenas, el recurso viable de legitimar su liderazgo en la zona.

En el capítulo titulado “El reparto agrario en La Laguna, Coahuila-Durango (1936): arena política, sindicalismo y acción pública en la instauración de la propiedad ejidal” de Lourdes Romero Navarrete, se describe que en el reparto agrario de La Laguna, Coahuila-Durango, convergieron dos elementos. Por un lado, la acción pública que, aunque heterogénea, le apostaba a cumplir con las reivindicaciones sociales formuladas en 1917 y, por otro lado, una más radical conformada por una estructura gremial antagónica en su ideología y que aglutinó a la central obrera al movimiento obrero en el proyecto cardenista de 1936, uniendo las demandas laborales y las agrarias.

El último texto que compone el libro El Mundo Rural… es el de Inés Ortiz Yam “Peones y jornaleros en el reparto henequenero de Yucatán (1934-1937)”. La autora aborda el reparto agrario en los plantíos de las haciendas henequeneras. Destaca en su estudio el interés de resaltar la perspectiva social en la que se privilegia la “percepción, la respuesta y la participación” de los habitantes en el establecimiento de sus ejidos henequeneros. Este texto, al igual que el resto de los trabajos que componen el libro, aborda los arreglos institucionales y las negociaciones que garantizaran el trabajo y sustento de los trabajadores del henequén. El impacto de la crisis de 1929 y la producción de henequén en otros espacios del mundo, puso en crisis la producción henequenera de México. La escasez de trabajo, los salarios bajos y el retraso en el pago de salarios, propició el interés de los “jornaleros de los pueblos y de los peones” al reparto agrario henequenero que se estaba ofertando. Ortiz Yam describe dos posturas: la primera refleja el interés de los jornaleros de los pueblos por solicitar la ampliación de sus ejidos, debido a que en 1920 ya habían resultado beneficiados de ejidos de los montes de las haciendas. Los vecinos deseaban tierra en la que se cultivara el henequén y en la que ellos eran trabajadores. La otra postura es la de los peones de las haciendas, quienes no deseaban ser incluidos en el reparto agrario, ya que, en momento de crisis, ellos contaban con trabajo seguro. No obstante, la actitud heterogénea de los trabajadores, los jornaleros y los peones de las haciendas henequeneras pronto pasaron a ser ejidatarios. Con la expedición del código agrario de 1934, se realizó el reparto de tierra en Yucatán, lo que en palabras de la autora afectó “de manera profunda a los trabajadores de las haciendas que por décadas habían cultivado y desfibrado el henequén […] para integrarlos a la dinámica política del Estado mexicano”. La difícil situación laboral que enfrentó la población en esta zona motivó a los arreglos y las negociaciones con el Estado.

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