Resumen

Dentro del abordaje conjunto de las políticas sobre tierras públicas hacia criollos, “indios amigos” y otros grupos sociales en el contexto liberal post-Caseros, el objetivo del trabajo es examinar el emplazamiento de “Villa Fidelidad”, que constituyó un caso singular de entrega de predios a indígenas en el pueblo de Azul en 1856. Se parte de la importancia de considerarlo en función de la coyuntura, de las particularidades locales y del período previo, pues se entiende que replicó de cierta forma lo sucedido en la zona durante el período rosista con otros sectores beneficiarios de tierras. Se argumenta que debido a necesidades coyunturales y en un marco de alta conflictividad político-institucional y fronteriza, el gobierno recurrió a medidas y prácticas de corte clientelar que estaban intentando ser erradicadas de forma concomitante en el nuevo contexto liberal para fortalecer su base social y apaciguar la frontera.

Palabras claves: frontera sur de Buenos Aires, década de 1850, revisión liberal, premios y donaciones de tierras, “Villa Fidelidad”, “indios amigos”

“From the immensity of the plain to a village´s suburb”. Villa Fidelidad, land awards and grants in Buenos Aires´ south frontier during the liberal review process

Abstract

From a joint approach of the policies on public lands towards creoles, “friendly indians” and other social grups during the liberal context after Caseros, the aim of this article is to examine the emplacement of “Villa Fidelidad”, that constituted a singular case of land grants to indians in Azul town in 1856. We asume the importance of the conjuncture, the local particularities and the previous period to understand it, since we propose that somehow echoed what happened there during the Rosas period with other sectors that were beneficiaries of lands. We argue that due to circumstantial needs and whithin a high political-institutional and frontier convulsive moment, the government resorted to clientelar measures and practices that were trying to be eradicated at the same time whithin the new liberal context in order to strengthen its social base and to pacify the frontier.

Keywords: Buenos Aires´ south frontier, decade of 1850, liberal review, land awards and grants, “Villa Fidelidad”, “friendly indians”

“De la inmensidad de la llanura al arrabal de un pueblo”. Villa Fidelidad, los premios y donaciones de tierras en la frontera sur bonaerense durante el proceso de revisión liberal

Introducción

Durante el “ordenamiento legal” comenzado en la provincia de Buenos Aires luego del gobierno de Juan Manuel de Rosas (1829-32 y 1835-52), la revisión de la tierra pública y otras materias produjo disposiciones de coyuntura hasta la sanción de leyes generales y el proceso de codificación. Esto implicó la anulación de premios y prebendas y el reconocimiento de otras medidas por parte de la nueva elite liberal en un contexto de fuertes disputas político-institucionales como fue la década de 1850, que adquirió un impacto particular en la frontera sur debido, entre otras cuestiones, al cambio de política frente a los grupos indígenas y su territorio (Infesta y Valencia, 1987; Lanteri y Pedrotta, 2012).

Si bien se han examinado las modalidades de enajenación de tierras públicas provinciales a particulares y sociedades (criollas o extranjeras) durante ambos tramos de la centuria sopesando el alcance y limitaciones del ordenamiento post-rosista, los grupos indígenas y sus tierras no recibieron el mismo abordaje, en el marco de investigaciones orientadas a otros objetivos (Infesta, 2003; Valencia, 2005). El estudio sistemático de las tierras y la territorialidad indígena en diferentes lugares de la provincia ha recibido numerosas contribuciones en los últimos años desde diversas ciencias humanas, complementando las investigaciones disponibles y aportando nueva evidencia (entre otros, de Jong, Lanteri, Pedrotta y Ratto, 2009; Lanteri, Ratto, de Jong y Pedrotta, 2011; Pedrotta, Lanteri y Duguine, 2012; de Jong, 2015; Literas y Barbuto, 2015; Literas, 2016; Martinelli y Acosta, 2016; Cordero, 2017).

Este trabajo se inscribe en una agenda de investigación iniciada hace unos años sobre la construcción del Estado postcolonial en la frontera sur de Buenos Aires durante el gobierno de Juan Manuel Rosas en interacción con la sociedad rural, que continúa hoy con la segunda mitad del siglo XIX, coyuntura que está siendo revisada por la historiografía argentina, analizando el impacto de las reformas de corte liberal y los cambios institucionales en el ordenamiento socio-político y la distribución y acceso a recursos como la tierra por parte de diferentes sectores sociales. El objetivo del mismo es examinar el emplazamiento de “Villa Fidelidad”, que como veremos constituyó un caso singular de entrega de predios a indígenas en el pueblo de Azul en 1856, en el marco del abordaje conjunto de las políticas sobre tierras públicas hacia criollos, “indios amigos” y demás grupos sociales en el nuevo contexto liberal tendiente a la privatización. Partimos de la importancia de considerar a aquél en función de la coyuntura, las particularidades locales y el período previo, pues entendemos que replicó de cierta forma lo sucedido en la zona durante el período rosista con otros sectores beneficiarios de tierras. Nuestra hipótesis es que debido a necesidades coyunturales y en un marco de alta conflictividad político-institucional y fronteriza, el gobierno recurrió a medidas y prácticas de corte clientelar que estaban intentando ser erradicadas de forma concomitante en el nuevo contexto liberal para fortalecer su base social y apaciguar la frontera. De esta forma, abordaremos las modalidades de enajenación del recurso en la campaña bonaerense durante la primera mitad de la centuria -focalizando en los premios y donaciones- y nos detendremos luego en el proceso de revisión post-rosista. A continuación, examinaremos las características de “Villa Fidelidad”, atendiendo a su origen, la adjudicación de solares y los derechos de propiedad, los receptores y sus contraprestaciones.

La tierra durante el rosismo

Desde el período tardo-colonial la frontera de Buenos Aires fue colonizada por la sociedad hispano-criolla mediante avances espontáneos y distintas políticas que alternaron la paz y el conflicto en función de las relaciones interétnicas. Las tierras en manos indígenas se fueron incorporando a la soberanía del Estado en construcción y desde 1820 al proceso de “expansión ganadera” en distintas líneas de avance y retroceso que se sucedieron hasta la remoción de los pueblos originarios y su hábitat independiente con la campaña militar de Roca hacia 1880.

En la primera mitad del siglo XIX, se produjeron dos oleadas de ocupación y apropiación legal de las tierras públicas en la campaña. Las donaciones del Directorio, continuación de las mercedes coloniales, fueron otorgadas en propiedad plena a particulares en grandes extensiones en diferentes regiones hasta 1820. La enfiteusis, desde 1822 hasta 1840, que cedía a particulares el usufructo de grandes superficies a un bajo costo permaneciendo en manos oficiales como garantía de préstamos externos. Para paliar el gran déficit fiscal, durante el gobierno de Rosas se pusieron a la venta 1.500 leguas2 (l2 , cada una equivalente a 2.700 has.) de tierras públicas (4.050.000 has.) en el sur provincial mediante la ley de 1836 y el decreto de 1838, escriturándose el 85% entre 1836 y 1840 a 271 personas o sociedades, contribuyendo así al surgimiento de grandes estancias sobre campos enfitéuticos. Además, se implementaron premios y donaciones “incondicionadas” como “premios a la fidelidad política” o por “combates contra los indios” y las “donaciones condicionadas” en el arroyo Azul. Luego de la crítica coyuntura de 1839-40 se suspendió la enajenación del recurso a particulares, excepto los boletos de premios, que terminaron de completar la transferencia en propiedad plena del monto estipulado por la ley de 1836 en la década posterior (Infesta, 2003).

Una vez terminada la campaña de 1833-34, se hizo un monumento en el Colorado para el ejército expedicionario, se entregaron una medalla de honor y diplomas para los generales, jefes y oficiales de línea y milicia y premios en tierras, como la isla Choele-Choel, que se otorgó a Rosas en plena propiedad, para él, sus hijos y sucesores, junto a una medalla y una espada de oro. Éste devolvió la isla a la legislatura y por ley del 20 de septiembre se le adjudicó 60 l 2 donde no perjudicara a terceros, tomando parte para sí y repartiendo 28,5 l 2 entre sus asistentes. De aquéllas, 17 fueron escrituradas y 11,5 transferidas a otros particulares. Además, en octubre de 1834 se autorizó la distribución de 50 l2 a los coroneles que prestaron servicios especiales a Rosas, por no poder compensarlos con ascensos militares, siendo beneficiadas 12 personas y fijando la ubicación de esos premios sobre el arroyo Sauce Grande. Aunque no todos los consolidaron, y los que sí, lo hicieron en mejores lugares de la provincia.

En años posteriores se adjudicaron otros premios por “combates contra los indios” a la oficialidad y la tropa, beneficiándose a algunos “indios amigos” -sólo con sueldos y medallas, y al resto también con tierras- como en 1835; en 1837 al regimiento n°2 por el triunfo contra los indios chilenos; en 1839 a la División del Sur por su victoria ante la coalición de indios chilenos, borogas y ranqueles y también a la del centro; y en 1840 a la del coronel Hilario Lagos. Asimismo, por ley del 9 de noviembre de 1839 se instituyó la entrega de tierras y medallas a los fieles a la causa luego de la sublevación de los “Libres del Sud” según su rango militar: 6 l2 a los generales, 5 a los coroneles, 4 a los tenientes coroneles, 2 a los sargentos mayores, 1 a los capitanes, ¾ a los oficiales de capitán para abajo, ½ a los sargentos, y a los cabos y soldados ¼ de l2 a cada uno. Las cesiones se extendieron a los empleados civiles en proporción al grado militar correspondiente a sus sueldos, entre los topes de ¾ y 6 l2 , suspendiéndose la venta de terrenos públicos y derogándose las disposiciones vigentes para efectuarlas. Si bien luego de estos “premios a la fidelidad” no hubo otras normativas para la cesión de terrenos durante el período, fueron otorgados honores y ganado vacuno y lanar de las estancias de unitarios en recompensa de acciones en 1840 y 1841 (Infesta y Valencia, 1987; Infesta, 2003).

Rosas también entregó tierras fiscales en “suertes de estancia” (2.025 has. cada una) en el área rural lindante al pueblo de Azul en 1832. A partir de los decretos de 1829 y 1832, los beneficiarios recibían los terrenos en propiedad, pero para el acceso a los títulos debían certificar el cumplimiento de condiciones de poblamiento, puesta en producción y especialmente, la defensa armada del territorio (Infesta, 2003). Un dato importante fue la excepción del servicio miliciano provincial a los receptores, propiciando así el poblamiento efectivo y la custodia de esa parte de la frontera junto a los “indios amigos” frente a las tribus no aliadas al gobierno y demás conflictos armados. Durante el rosismo, sólo tres pobladores accedieron a los títulos y el resto fueron propietarios “de hecho”, pero sujetos a cargas fiscales como la contribución directa. Estas donaciones fueron una modalidad singular, porque había habido asignaciones de tierras realengas o públicas a manos particulares desde la época colonial, pero no de forma tan sistemática y concentrada geográficamente, además de presentar un tamaño medio mucho más reducido. Esta política fomentó una estructura agraria de grandes unidades productivas con predominio de las pequeñas-medianas, junto a la coexistencia in situ de tolderías de “indios amigos”, cuyos habitantes prontamente poblaron la zona, pusieron en producción las tierras y apoyaron tenazmente a la federación rosista hasta su fin (Lanteri, 2011).

Las “donaciones condicionadas” del arroyo Azul, implicaron 617.625 has. en 305 transferencias a 296 particulares, aunque en la primera mitad del siglo sólo pasaron a la propiedad plena 6.075 has. Por su parte, los “premios por combate contra los indios” y a la “fidelidad política”, sumaron 2.216.025 has. en distintos lugares de la provincia, de las que fueron escrituradas 520.290 has. por 27 particulares durante el período, favoreciendo la consolidación de la gran propiedad, al igual que mediante la ley de 1836 (Lanteri, 2011; Infesta y Valencia, 1987).

El “ordenamiento legal” post-rosista

La caída de Rosas en la batalla de Caseros en febrero de 1852 no supuso la inmediata conformación del Estado Nacional. Durante casi diez años, la Confederación Argentina con sede política en la ciudad de Paraná estuvo en disputa con el Estado de Buenos Aires, que estableció su propia Constitución en 1854 y tuvo varias gobernaciones -Pastor Obligado (1853-1857), Valentín Alsina (1857-1859) y Bartolomé Mitre (1859-1862)-, quien se convirtió en el primer presidente constitucional de la República en 1862. La ciudad de Buenos Aires fue sitiada por el coronel Hilario Lagos bajo las órdenes de Urquiza de diciembre 1852 a junio de 1853, repercutiendo en la campaña, y se produjeron múltiples enfrentamientos entre ambos bandos durante el lapso (Fasano y Ternavasio, 2013; Lanteri, et. al., 2015).

A partir de Caseros comenzó a cimentarse un nuevo orden de corte liberal basado en un Estado “moderno” centralizado y laico, el individuo como sujeto de derecho y una economía capitalista que asegurara la consolidación de los mercados y la propiedad privada. El “ordenamiento legal” (Infesta y Valencia, 1987) posterior a Rosas se produjo en medio de conflictos armados y con disposiciones de coyuntura hasta la sanción de leyes generales en el proceso codificador. Entre 1859 y 1867, en Buenos Aires se encargaron los proyectos de códigos comercial, rural y penal, algunos de los cuales fueron adoptados por otras provincias y sirvieron de base para los nacionales, cuya formación fue instaurada por la Constitución Nacional de 1853. En 1862 se sancionó el Código de Comercio, en 1869 el Civil y en 1886 el Penal y el de Minería, junto a distintas Leyes Orgánicas que terminaron de configurar el nuevo orden jurídico nacional (Fasano y Ternavasio, 2013).

La revisión y organización sobre tierras públicas que comenzó en el Estado de Buenos Aires desde 1852 culminó en 1864 e intentó ordenar la situación de los tenedores precarios, embargados, confiscados y demás perjudicados que había dejado irresuelta la etapa rosista, implicando el reconocimiento de algunos derechos y la anulación de otros. Los opositores al régimen revocaron los “premios a la fidelidad política” pero no los otorgados por expediciones y “combates contra los indios”, denotando la relevancia que tenía la expansión estatal y productiva en la frontera en relación al mercado externo y el aumento del precio del recurso. Las propiedades del “ex tirano” Rosas en diferentes partes fueron devueltas al fisco, pudiendo ser consideradas de propiedad pública y sujetas a demanda de otros particulares. Del total de premios y donaciones “incondicionadas” sólo fueron reconocidas 442.665 has. por ley del 12 de octubre de 1858 (Valencia, 2005: 55-56).

Luego de arduos debates en las cámaras legislativas sobre qué modalidades implementar, se establecieron los sistemas de arrendamiento y la venta de la tierra pública desde 1857. A diferencia de regímenes anteriores, el arrendamiento no fomentó la concentración del recurso, aunque permitió ampliar la zona de ocupación oficial frente a la indígena. El arrendamiento público se instituyó como un paso previo a la venta de las tierras a particulares por el temor que el nuevo sector gobernante tenía sobre un eventual reparto discrecional del recurso como había hecho Rosas en la provincia con sus acólitos, dado que en principio el dominio directo lo tenía el Estado (y el útil el arrendatario). Además, esta modalidad y la venta de tierras públicas se efectuaron en función de la articulación del espacio austral con el ciclo del ovino y del propio modelo de sociedad que los liberales porteños querían construir, basado en la ocupación y puesta en producción de los usufructuarios por sobre el pago de cánones al gobierno y en la propiedad privada “plena” al estilo norteamericano frente a otras modalidades informales de tenencia. Si bien el Estado ofertó tierras públicas mediante diversas leyes, las de 1878 fueron las últimas en el proceso de enajenación particular provincial, cerrándose la frontera hacia 1880 (Valencia, 2005).

Durante este proceso también se promulgó la ley del 21 de octubre de 1857 que permitió el acceso a la propiedad formal de las “suertes de estancia” donadas en Azul y la frontera en función del cumplimiento de las condiciones estipuladas. La tramitación de solicitudes y las concesiones de los títulos manifestaron múltiples reclamos y pleitos entre los interesados y el gobierno. La institucionalización de las suertes fue objeto de regulación en sí y entroncada a otras leyes de tierras públicas provinciales incluso hasta fines de la centuria. El último informe de agrimensores sobre la modalidad fue en 1891, registrándose transacciones inclusive hasta las primeras décadas del siglo XX (Lanteri, 2013 y 2015).

Frontera sur: conmoción y paces. El tratado de 1856

La caída de Rosas produjo varios años de enfrentamientos armados y conflictividad interétnica. Luego de la derrota del sitio de Lagos y el triunfo del Estado de Buenos Aires, la nueva dirigencia porteña inició una reorganización y disciplinamiento de la campaña, modificando la política con los indígenas hacia otra más coercitiva. Se suprimió el racionamiento oficial, se cambiaron autoridades fronterizas con las que los caciques tenían vínculos personales y se planificó la formación de nuevos pueblos sobre el territorio que desde hacía más de veinte años ocupaban los indios catrieleros (Ratto, 2006). En diciembre de 1853 se decretó la fundación de fuerte Esperanza (Gral. Alvear) y el 2 de marzo de 1855 se dispuso el traslado del cantón Tapalqué y la fundación del nuevo pueblo en las tierras de los “indios amigos”, junto a otras medidas que desarmaron la red de alianzas y el “negocio pacífico” cimentado previamente (Lanteri y Pedrotta, 2012).1 La frontera se dividió en tres comandancias: Norte (desde San Nicolás a fuerte Federación), Centro (desde éste a fuerte Esperanza) y Sur (desde éste hasta Bahía Blanca) al mando de Wenceslao Paunero, sucedido por Julián Martínez y luego por Emilio Mitre (Belloni, 2015: 143).

La violencia interétnica entre 1853 y 1855 llevó al despoblamiento y retroceso de la frontera estatal. La mayoría de la tribu catrielera se trasladó al Sauce Grande, en el suroeste bonaerense. Luego de varias derrotas oficiales -como Sierra Chica y San Jacinto- y el pedido de renuncia del general Hornos, el propio gobernador P. Obligado se trasladó a Azul en febrero de 1856 por dos meses para intentar aplacar los conflictos y entrevistarse con E. Mitre, Ignacio Rivas y otros. En junio de 1856 el general Manuel Escalada fue designado nuevo Jefe de la Frontera Sur. Las negociaciones realizadas entre éste –en representación del Estado de Buenos Aires- y los caciques Juan Catriel y Juan Manuel Cachul -alineados con Juan Calfucurá y la Confederación durante 1853- 55- culminaron luego de arduos meses con la firma de un tratado el 26 de octubre de 1856, mediante el cual el gobierno otorgó a los indios nombramientos militares con sus remuneraciones, les reasignó raciones, “vicios de costumbre”, restableció el comercio interétnico y otras cuestiones que fueron definidas en sus artículos (Levaggi, 2000).

En materia de tierras, el art. 2° reconoció a estas tribus derechos de propiedad sobre 20 ^[1] 2 (54.000 has.), al oeste del arroyo Tapalqué -coincidentes con sus asentamientos desde 1830- cuyos límites precisos serían establecidos y deslindados luego. A partir de entonces, el grupo se reinstaló entre el arroyo Nievas y aquél, incrementándose el abastecimiento y comercio. Posteriormente, las tribus “pampas” de Lucio López, su hijo Chipitruz y otros caciques menores se instalaron en Tapalqué y Catriel concedió una parte de esas tierras para la construcción del nuevo pueblo homónimo (Olavarría) (Lanteri y Pedrotta, 2012). Las negociaciones de paz incluyeron de forma conjunta la asignación de solares a indios dentro de la traza del pueblo de Azul, como veremos a continuación.

Villa Fidelidad: solares, derechos de propiedad, beneficiarios y armas

En su sesión del 18 de octubre de 1856, la flamante Corporación Municipal de Azul puso a discusión una nota de M. Escalada “referente á proponer á esta Municipalidad la compra de cien sitios solares para ser donados por él a familias de Indios, con la clausula de no poder enajenarlos, cuyos solares ofrece pagar á razon de cien pesos m/c uno, aplicables cuarenta, á los gastos de mensura y escritura y sesenta á la construccion de un nuevo templo”.^[2] Su propuesta fue aprobada por unanimidad, con la única salvedad de que “…esta Municipalidad ofrecía vender los cien solares juntos, es decir, con la correspondiente delineación de calles y plaza, pero formando un barrio independiente de la poblacion aunque separado solamente de ella por el Arroyo”, notificando de esto al general y sus razones “tendentes todas al bien general y perfeccion del pueblo”.^[3]

En la misma sesión, también fue debatida y ratificada de igual forma otra misiva suya

La misma, fue puesta en marcha por la institución en base también a “las fundadas esperanzas que se abrigaban de mejorar el estado de la frontera”,^[5] observándose la importancia diferencial que para Escalada tenían ambas cuestiones, pues la primera sería comprada sólo por él y la segunda solventada con su ayuda, pero también mediante una suscripción pública, como era habitual en la campaña (Lanteri, 2011).

A los pocos días de esta reunión y de la firma del tratado del 26 de octubre, el 4 de noviembre de 1856, la institución comenzó la distribución de los solares y el registro de las transferencias, que se extendió hasta el día 17 de noviembre, redactándose de manera semejante para todos los receptores. En la asignación del primer solar se estableció:

Continuando:

Y finalizaba: “En cuyo testimonio se le espide el presente titulo, firmado por mi el Presidente Substituto y Secretario de la Municipalidad, y signado con el sello de este Juzgado á falta de un sello especial...”, con las rúbricas de Francisco Eliseo y José Botana respectivamente.^[8]

¿Qué podemos colegir de estos datos? En primer lugar, que en pleno proceso de pacificación de la frontera sur, Escalada, con la venia del gobierno provincial, compró a la Corporación Municipal azuleña 100 solares de 2.500 varas cuadradas^[9] (v2 ) cada uno, a $100 m/c destinados $40 de ellos para gastos de mensura y escritura y $60 para la construcción de un nuevo templo –el cual se haría también con la ayuda de una suscripción pública-. Según la información del mismo registro de escrituras, una operación de compraventa de un solar (con mejoras) en el pueblo entre particulares criollos fue estipulada en $10.000 m/c, es decir, cien veces más; y aunque los precios entre particulares eran generalmente bastante mayores a los oficiales, igualmente se evidencia que el General compró los solares a un precio muy bajo. Los indios recibían los terrenos de forma gratuita, sin tener que pagar al fisco por el recurso, ni eventualmente por la mensura y escritura.

En segundo término, que la institución si bien aprobó la compra y adjudicación de solares a indios, lo hizo con la salvedad de que formase un barrio independiente - junto con su propia plaza y calles (ver Imagen N°1 Plano original)- de la población ya existente en el pueblo, separado de forma natural por el arroyo Azul hacia el Oeste, lo que indica el resguardo y precaución de los municipales frente a la sedentarización de numerosos indígenas in situ. Pese a la fluidez, mestizaje e hibridación fronteriza, este importante curso de agua actuó -y aún actúa- como una línea divisoria étnica urbana (física y simbólica) entre “Villa Fidelidad” y el resto del pueblo, siendo establecido en la cartografía coetánea y en varias fuentes de información.^[10] Según el relato de González (1967:18), basado en trabajo de campo en el lugar: “Esa es [arroyo Azul]; esa ha sido siempre la línea de ellos”.

Imagen N°1 Plano original de Villa Fidelidad (1856)

Fuente: Biblioteca Popular de Azul, Archivo Cartográfico.

Tercero, Escalada en principio otorgó boletos a los indios receptores y la Municipalidad registró la adjudicación de forma escrita. Los solares fueron donados en “propiedad condicionada” a su poblamiento efectivo, la introducción de mejoras de forma regular y la prohibición de su permuta, venta o enajenación coetánea o posterior a otros particulares por parte de los receptores originales, en cuyo caso perderían sus derechos y la donación sería anulada. La asignación fue realizada a los beneficiarios “para sí sus herederos y sucesores”. Esta forma de otorgamiento de los predios a título individual y como “donación condicionada” supeditada a su poblamiento y usufructo para la eventual obtención de las escrituras es coincidente con las medidas sobre solares urbanos en la campaña desde la sanción de la legislación independiente (Muzlera, s/f; Barcos, 2013; Barcos y Lanteri, 2016). Aunque es llamativa la concesión “desde ahora para en todo tiempo y para siempre”, mostrando la intención oficial de sedentarizar a los beneficiarios y sus familias y presionarlos a cumplir con las obligaciones estipuladas en el largo plazo.

Los cien solares fueron demarcados y establecidos en función de la plaza central entre los primeros receptores de forma colindante entre sí, estipulándose el nombre de cada indio donatario, salvo el n°47, que en ese momento estaba “y por el Sudoeste contiguo con el num°48 valdio aun”^[11], pues la donación original se hizo en principio a 47 particulares. ¿Quiénes fueron éstos y qué características presentaron? Fueron 41 hombres y 6 mujeres pertenecientes a la tribu de “indios amigos” del cacique Maicá, encabezando la lista Roque, uno de sus hijos. De los primeros, 9 tuvieron asignados cargos militares de forma explícita en los registros -como “capitán mayor”, “capitán”, “indio capitán” y “soldado”- y recibieron sus predios al principio del proceso, en orden decreciente según su escala militar comenzando por los de mayor jerarquía. Aunque a diferencia de lo sucedido con otros premios en sueldos y/o tierras a criollos en períodos previos –como los mencionados en los apartados anteriores- no se observa, al menos en este reparto original, una distribución diferencial del volumen del recurso según jerarquía militar sino un reparto igualitario (un terreno por persona). En tanto, las indias, todas de condición “viudas” –seguramente por el fallecimiento de sus parejas en los enfrentamientos armados- recibieron sus predios al final, el día 17 de noviembre de 1856, y una muy posiblemente era curandera o machi, pues según el relato coetáneo del coronel Barbará (1856: 46): “La médica que actualmente tienen [en la tribu de Maicá], se llama Rosa…” (ver listado en el Apéndice).

La división de lanceros indígenas a las órdenes de Maicá constituía en 1855 la principal milicia de “indios amigos” de la frontera sur (Azul, Tapalqué y Bahía Blanca), junto a los de Collinao, Cayupulqui y Teuque y la única si sólo se considera la primera localidad, comenzando a revistar como un cuerpo auxiliar estable (Ratto, 2012: 367). De la lista de revista de la compañía de indios de Azul del mes de octubre de 1857, al mando de Rafael Maicá, 10 de los 12 oficiales consignados -1 caciquillo, 6 capitanejos y 3 sargentos- recibieron solares en la donación original.^[12] El cacique Maicá y su parcialidad tuvieron una destacada performance militar en la década de 1850, enfrentando regularmente a otros grupos indígenas no aliados al Estado de Buenos Aires, especialmente durante el lapso 1853-55, que como destacamos en el acápite anterior, fue particularmente crítico para el gobierno. El reparto de tierras en “Villa Fidelidad” como contrapartida oficial a su servicio armado es confirmado además por múltiples y diversas fuentes de información coetáneas y posteriores (Lanteri y Pedrotta, 2017). Por citar sólo algunas de las más representativas, el propio Barbará (1856: 46) narraba ese mismo año del tratado y la donación: “Los que sirven á sueldo del Estado y que están agregados al regimiento de Coraceros No 2, son gobernados por un cacique llamado Maiká, los cuales viven con sus familias en el campamento del Ejército.”

Otro de los testimonios más antiguos, recogido en 1909 en una visita al emplazamiento decía de éste:

Según el avezado coronel Del Valle:

Por su parte, el historiador local Ronco refería: “Distribuidos esos solares entre un nutrido y agrupado núcleo de familias, surgió un característico barrio de extramuros con fisonomía propia e inconfundible, al que se dio (…) el nombre de “Villa Fidelidad”, como significativo de concordia y del sometimiento del cacique, caciquillos y gentes favorecidos por la generosidad del jefe de frontera” (1946: 18).

Un tiempo después, mediante entrevistas en el propio emplazamiento a descendientes de los “pampas” originales y otras fuentes, González (1967:39) relataba: “El cacique Pedro Maicá y sus parciales fueron leales a Mitre en Sierra Chica y a Hornos en San Jacinto. Enfrentaron a los catrieleros en Dos Hermanas y en las acciones de Olavarría” y “Siempre pelearon en las filas del gobierno, contribuyendo a la derrota de otras parcialidades indígenas. Los hijos del cacique Pedro Maicá fueron Mariano (sirvió en el Batallón 2 de Infantería de línea como sargento mayor) y Roque (capitán de las Guardias Nacionales)”. En tanto, sobre la donación de Escalada, afirmaba que se había hecho “porque hubo un gran derrame de sangre, y en recuerdo de los indios chicos que quedaban el General Escalada les dio esas tierras para que vivan como Dios los ayude” (González, (1967:20), agregando que “Era una especie de premio por su sometimiento; allí se formó el barrio conocido aún como Villa Fidelidad” (González, 1967: 51).

Conclusiones

Durante el “ordenamiento legal” post-rosista en la provincia se comenzaron a revisar distintas modalidades de enajenación de la tierra pública y a reformular los derechos de propiedad en clave liberal. Los “premios a la fidelidad” entregados por Rosas fueron anulados, pero no así los otorgados por expediciones y “combates contra los indios” ni las donaciones de suertes de Azul. En este marco, se donaron predios a “indios amigos”, dando origen al emplazamiento urbano de “Villa Fidelidad”. Lo llamativo es que en este contexto de revocación de prebendas y gratificaciones arbitrarias se premia o retribuye en tierras a los indios “amigos” de Maicá, que justamente combaten contra otros indios no aliados en una coyuntura especialmente crítica para el gobierno porteño como la de 1853-55. Esto estaría evidenciando, siguiendo a Langer (2003), la debilidad relativa de un Estado en construcción y en constante disputa con la Confederación frente a las fuerzas nativas, al tener que hacer concesiones para ganar y retribuir sus servicios y fidelidad en la frontera, que justamente compensan con una modalidad semejante a la que anteriormente aplicaron a los no indígenas que los combatieron.

Durante el rosismo, se entregó el recurso en distintos lugares a militares y civiles criollos que lucharon en las disputas faccionales o contra los indios, y en el contexto de revisión liberal se retribuye a indios que combaten contra otros indios. Podría decirse que las entregas de solares en “Villa Fidelidad” fueron “donaciones condicionadas” como el caso de las suertes de Azul, pues fueron dadas a particulares persiguiendo el asentamiento estable del grupo allí y el usufructo en el largo plazo, siendo una especie de mixtura entre los “premios a la fidelidad” y los de “combates contra los indios”, porque los primeros fueron entregados por Rosas a particulares en retribución a su servicio armado contra enemigos internos, que en este caso fueron los mismos indios. Además, la revalidación sólo de algunos de estos premios durante la década de 1850 se realizó sobre el pilar de las condiciones de poblamiento, producción y servicio armado del decreto de 1829, el mismo de las “suertes de estancia” de Azul.

Las donaciones de solares y tierras en retribución por “servicios a la patria” como el armado, electoral y otros reconoce antecedentes previos en la región. La singular colonización oficial de Azul mediante “donaciones condicionadas” de suertes a pequeños y medianos productores rurales se replicó en cierta medida –con las salvedades de las superficies y su ubicación- pero cambió el sector receptor a nivel étnico, pues en vez de ser mayormente criollos fueron indígenas. Aunque por otro lado ambos casos se dieron a título individual y no bajo la forma de “al cacique y su tribu” como sucedió con otros grupos de “indios amigos” en diferentes lugares de la frontera provincial a partir de la década de 1860. Esta particularidad y la implementación de la noción de propiedad “liberal” también a este grupo, coincide con las características de parcelación privada en pueblos y ejidos desde las primeras décadas independientes y con la singular conformación de la propiedad y el liberalismo en Buenos Aires y el litoral rioplatense (Reguera, 2009; Roldán, 2010); aunque cabe considerar también que la figura de “donación condicionada” para la obtención definitiva de los títulos tenía raigambre anterior. Asimismo, tanto en el caso de las donaciones de suertes como de solares se dispensó el servicio armado en otro lugar que no fuera Azul, y según la información disponible, los Maicá revistaron sólo en esa localidad. Proponemos entonces que los predios de “Villa Fidelidad” no sólo fueron otorgados como una retribución por el servicio armado prestado, sino que fueron donados en propiedad individual a los particulares cabeza de familias indígenas o sus viudas en calidad de oficiales y/o soldados regulares o guardias nacionales, por más que el uso productivo haya podido ser de tipo familiar o comunal.

condicionadas de la Guardia de Luján y Azul-Tapalqué para la primera mitad del siglo. En este trabajo encontramos una situación similar para el período siguiente, en el sentido de que el nuevo sector dirigente porteño mediante las autoridades fronterizas también implementó la entrega del recurso para beneficiar a un sector preciso en una coyuntura político-institucional ardua y de alta inestabilidad, necesitando fortalecer el orden, el consenso social y apaciguar la frontera frente a los grupos indígenas no aliados y sus congéneres.

El establecimiento de “Villa Fidelidad” en este proceso, constituyendo “(…) una simple toldería suburbana, transplantada de la inmensidad de la llanura al arrabal de un pueblo” (Ronco, 1946: 20), le permitió al gobierno establecer in situ a una considerable población indígena “amiga” –ya que a los 47 donatarios originales y sus familias se sumaron posteriormente otros cientos de habitantes de distintos grupos indígenas cuyos descendientes y otros pobladores viven aún hoy en el emplazamiento -que había evidenciado una notable lealtad en comparación a otros grupos como los de Catriel y Cachul (aliados de Calfucurá y la Confederación entre 1853-55), mediante el poblamiento y usufructo de esa parte occidental del poblado, en principio no ocupada por población indígena o no indígena y cercana a la ubicación de las tolderías catrieleras a unas pocas leguas. A la vez que contar con una fiel fuerza militar en un marco de constantes enfrentamientos armados y de poder en una frontera que estaba disputada y en proceso de expansión austral. La tribu de Maicá no solamente brindaba un servicio regular, sino que estaba regimentada, vivió un tiempo antes en el campamento del ejército y continuó revistando posteriormente a 1856 (Lanteri y Pedrotta, 2017), por lo que la entrega de terrenos, y otras cuestiones, parece haber cimentado además lazos de tipo clientelar con el gobierno porteño y las autoridades locales-regionales.

La recurrencia oficial a replicar la entrega del recurso justamente en una coyuntura de corte liberal que intentaba erradicar esas antiguas prácticas políticas de índole clientelar y discrecional mediante la legislación post-rosista, si bien no fue la política central establecida durante la coyuntura de revisión, denota la disociación entre los ámbitos fronterizo y urbano, la importancia de la fuerza militar indígena en ese momento y luego en la frontera (Canciani, 2017) y las propias necesidades e intereses de un Estado en construcción en ese ámbito, las particularidades coyunturales y los modelos de colonización y enajenación previos. Esto es entendible en un marco donde ha sido destacado que el poder en la frontera estaba basado más bien en una red clientelar que vinculaba indígenas y cristianos, autoridades civiles, militares y demás agentes sociales, que en la asignación de funciones administrativas propias de un Estado moderno (Míguez, 2010) y cobra especial interés mediante la comprobación de que los pequeños y medianos productores/propietarios tuvieron menores posibilidades relativas de acceder a la propiedad en el contexto liberal que durante el gobierno de Rosas (Gelman y Santilli, 2013).

Fuentes

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Apéndice

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[1]Esta política indígena, cristalizada durante el rosismo, implicó el establecimiento de tolderías cerca de los fuertes o pueblos que se conformaban según se expandía la frontera en el marco de intercambios asimétricos, como entrega de ganado y “vicios de costumbre”, asistencia médica a caciques, etc. por servicios de información y vigilancia de tribus no aliadas y ayuda en luchas y conflictos armados. Los grupos “amigos” alternaron su movilidad estacional con establecimientos regulares y desplazamientos dentro del territorio oficial, en tanto los indios “aliados” y “enemigos” pudieron mantener su autonomía político-territorial (Ratto, 2003).

[2]Museo Etnográfico y Archivo Histórico “Dr. Enrique Squirru” (Azul), Actas de Sesiones Municipales, Año 1856, p. 50, subrayado del original.

[3]Museo Etnográfico y Archivo Histórico “Dr. Enrique Squirru” (Azul), Actas de Sesiones Municipales, Año 1856, pp. 50-52

[4]Museo Etnográfico y Archivo Histórico “Dr. Enrique Squirru” (Azul), Actas de Sesiones Municipales, Año 1856, pp. 50-52

[5]Museo Etnográfico y Archivo Histórico “Dr. Enrique Squirru” (Azul), Actas de Sesiones Municipales, Año 1856, pp. 50-52

[6]Museo Etnográfico y Archivo Histórico “Dr. Enrique Squirru” (Azul), Registro de Escrituras, Año 1854, n°582, Solar para Indios n°1°, Noviembre 4 de 1856, p. 218.

[7]Museo Etnográfico y Archivo Histórico “Dr. Enrique Squirru” (Azul), Registro de Escrituras, Año 1854, n°582, Solar para Indios n°1°, Noviembre 4 de 1856, p. 218.

[8]Museo Etnográfico y Archivo Histórico “Dr. Enrique Squirru” (Azul), Registro de Escrituras, Año 1854, n°582, Solar para Indios n°1°, Noviembre 4 de 1856, p. 218.

[9]1 vara cuadrada corresponde a 0,75 metros cuadrados, por lo que 2.500 v2 equivale a 1.875 m2

[10]Entre otras, entrevistas orales realizadas a descendientes locales de indígenas, criollos y extranjeros dentro del PICT-2010-0562, ANPCyT, FONCYT, 2011-13.

[11]Museo Etnográfico y Archivo Histórico “Dr. Enrique Squirru” (Azul), Registro de Escrituras, Año 1854, p. 231.

[12]Agradezco esta fuente a Silvia Ratto. Pese a la versatilidad propia de esta fuerza, su integración por 59 individuos (45 de ellos soldados) es coincidente en líneas generales con el piquete de indios de Azul durante el período rosista (Lanteri, 2011).

[13]Anónimo (1909). Las reliquias de un cacique mitrista. Caras y Caretas.

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