EL INGRESO DEL JURISTA PÉREZ VALIENTE EN EL CONSEJO DE CASTILLA TRAS LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS

 

 

 

Enrique Giménez López

Universidad de Alicante, España

 

 

 

 

Recibido:         25/12/2021

Aceptado:       22/02/2022

 

 

 

Resumen

 

La muerte del consejero de Castilla José del Campo, considerado simpatizante de la Compañía de Jesús, en octubre de 1768, abrió un debate en la Cámara sobre el magistrado que debía cubrir su vacante, para la que fueron presentados hasta un total de seis candidatos. Se analiza la trayectoria de todos ellos y los apoyos con los que contaron para lograr la plaza, algunos considerados “jesuita profeso” y con el riesgo de dejarse influir por los terciarios de la Compañía, expulsada el año anterior. El designado fue Pedro José Pérez Valiente, quien encabezaba la terna presentada por la Cámara. Era autor de Apparatus juris publici Hispanici (1751), importante aportación al Derecho Público español, de carácter regalista. Finalmente se estudia la trayectoria posterior de los cinco magistrados que compitieron, junto a Pérez Valiente, por formar parte del Consejo en fecha tan próxima a la expulsión de los jesuitas.

 

Palabras clave: Consejo de Castilla; Compañía de Jesús; Pedro José Pérez Valiente.

 

 

THE INCOME OF THE JURIST PÉREZ VALIENTE IN THE COUNCIL OF CASTILLA AFTER THE EXPULSION OF THE JESUITS

 

Abstract

 

The death of the Councilor of Castile José del Campo, considered a sympathizer of the Society of Jesus, in october 1768, opened a debate in the Chamber on the magistrate who should fill his vacancy, for which up to a total of six candidates were presented. The trajectory of all of them and the support they had to achieve the position are analyzed, some considered "professed Jesuit" and with the risk of being influenced by the tertiary of the Company, expelled the previous year. The appointee was Pedro José Pérez Valiente, who headed the list presented by the Chamber. He was the author of Apparatus juris publici Hispanici (1751), an important contribution to Spanish Public Law, of a regal character. Finally, the subsequent trajectory of the five magistrates who competed, together with Pérez Valiente, for being part of the Council on a date so close to the expulsion of the Jesuits, is studied.

 

Keywords: Council of Castile; Society of Jesus; Pedro José Pérez Valiente.

 

 

 

 

 

 

 

EL INGRESO DEL JURISTA PÉREZ VALIENTE EN EL CONSEJO DE CASTILLA TRAS LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS

 

 

 

 

 

El fallecimiento (1º de octubre de 1768) del magistrado José del Campo Rodríguez de Salamanca activó el procedimiento para cubrir su vacante, no menos que los cabildeos para situar a los posibles candidatos en la mejor disposición. Nacido en 1702, había desarrollado su carrera administrativa según el modelo tradicional: colegial en el mayor salmantino de Cuenca, llegó a ser catedrático de Instituta en Salamanca en junio de 1737^[1]. Pasó a los pocos meses a hacerse cargo de la Alcaldía de Hijosdalgo de la Chancillería de Granada, donde se labró fama de prudente e íntegro. En 1749 ocupó la vacante de Oidor dejada por José Aparicio, promocionado a Regente de la Audiencia de Aragón. Fue Alcalde de Casa y Corte en 1752, tras el ascenso de José Moreno Hurtado al Consejo de Indias. Desde enero de 1757 sucedió a Francisco José de las Infantas (quien pasó al Consejo de Castilla) como Presidente de la Chancillería de Valladolid. Por último, en septiembre de 1760 ingresó en el Consejo de Castilla, en la vacante originada por el fallecimiento de Diego Adorno^[2].

Cubrir su plaza no era cuestión baladí: declarado tomista, se le consideraba no obstante próximo a la Compañía de Jesús -“se dirige por los padres”- pues en efecto contaba con confesor jesuita^[3].

Encabezaba la terna presentada por la Cámara de Castilla, Pedro José Pérez Valiente. En segundo y tercer lugar le seguían Manuel Ramos Crespo y Andrés de Simón Pontero. Otros consejeros propusieron diversos nombres: Pedro Colón y Francisco José de las Infantas, situaron a Juan Fernando Barroeta en el primer lugar de sus preferencias. Contaba también Barroeta con el voto particular de Manuel Ventura Figueroa, aunque situado en tercer lugar de su predilección. Francisco José de las Infantas daba su segundo voto particular a Juan Esteban Salaverri; por último, Pedro Rodríguez Campomanes se inclinaba en favor de Fernando José de Velasco^[4].

Juan Fernando Barroeta contaba con los votos particulares de Pedro Colón, Francisco José de las Infantas y Manuel Ventura Figueroa, considerados próximos a la escuela jesuita. Nacido (1711) en la localidad vasca de Marquina, donde su padre, Cristóbal de Oronzúa Barroeta Munive, era alcalde desde 1683, Barroeta era caballero de la orden de Calatrava, condición que también ostentaba su cuñado Andrés Ignacio de Ansotegui. Tras iniciar sus estudios en la Universidad de Oñate, pasó a Valladolid e ingresó de colegial en el de Santa Cruz (SOBALER SECO, 2000: 315). Finalizados sus estudios de Leyes y Cánones, fue catedrático de la Universidad de Valladolid^[5]. En 1752 el ascenso de Marcos Jiménez a Oidor de la Chancillería de Granada le permitió ingresar  en aquel tribunal como Fiscal del Crimen^[6].

El 18 de enero de 1755 Barroeta encabezó la propuesta de la Cámara para cubrir una plaza de Oidor de Granada. Aunque en el informe reservado se le calificaba como “ministro hábil, celoso, y de muy buena intención” no la obtuvo esta vez^[7]. Conoció mejor suerte en noviembre de aquel mismo año, cuando pasó a cubrir la vacante surgida tras el paso de Luis Antonio de Cárdenas a Regente de la Audiencia de Sevilla^[8]. El crédito de Barroeta siguió creciendo durante su estancia en Granada. El Presidente de aquel tribunal lo recomendó para Alcalde de Casa y Corte en 1762; su informe reservado lo presenta como “sobresaliente en literatura, de notoria habilidad, buen genio, maduro juicio, porte, rectitud y desinterés, asistente al tribunal y de familia ilustre”^[9].

Un año más tarde, a fines de 1763, Barroeta sería ascendido a Regente de la Audiencia de Galicia. Su titular, Francisco Sánchez Salvador, había sido nombrado Consejero de Órdenes, y a su vacante optaban siete magistrados. Barroeta figuraba en segundo lugar en la terna propuesta por la Cámara. Quien la encabezaba, el Oidor de la Audiencia de Asturias Manuel de Berdeja, fue nombrado Regente de aquel tribunal. Falleció el 29 de abril de 1766: dos días antes, los amotinados por los altos precios de los comestibles habían apedreado su residencia al grito de “muera el Regente y el mal gobierno”^[10].

Barroeta fue consultado para Consejero de Castilla por primera vez el 29 de julio de 1767, tras el fallecimiento de Pedro de Castilla y Caballero cuatro días antes. Su candidatura contó con el voto del Consejero Pedro Colón. Los informes reservados valoraron tanto su “sobresaliente literatura” como su “notoria habilidad, buen genio, maduro juicio, porte, rectitud”, su talante desinteresado y su asistencia continuada al tribunal. Competían con él otros cuatro magistrados, y el designado fue Juan de Miranda y Oquendo, quien procedía de la Chancillería de Valladolid, donde ejercía de Fiscal desde 1748^[11]. El 23 de septiembre fue consultado de nuevo, esta vez en el tercer lugar de la terna presentada por la Cámara; lo sería hasta en tres ocasiones durante 1768, siempre respaldado por el voto particular de Francisco José de las Infantas, y en la que comentamos (10 de octubre) también por el de Pedro Colón.

El siguiente competidor de Pérez Valiente en la consulta del 10 de octubre de 1768 era el vallisoletano Manuel Ramos Crespo, quien figuraba en segundo lugar en la terna. Nacido hacia 1704 en Villavieja del Cerro (FAYARD, 1982: 130), Ramos Crespo se había formado en las Universidades de Alcalá y Salamanca: en esta última, fue miembro del colegio de San Salvador de Oviedo. Su carrera en la magistratura se había iniciado en la Audiencia de Mallorca, destino al que arribó en 1743 tras meses aguardando en Barcelona para embarcar “a causa de que cruzando aquellos mares continuamente, y a vista de dicha ciudad, navíos enemigos, embarazan el paso a aquella Isla de manera que ni aun el correo ha pasado”. En Mallorca casó con una dama “de la primera distinción del país” (MOLAS RIBALTA, 1989: 825-833). Considerado tomista, según los isleños era persona de “moderados talentos, regular en la literatura, pero de muy poca aplicación”^[12]. Desde 1754 Ramos persiguió un ascenso en la Península, por considerarse postergado en la carrera: en octubre de 1754 optó para Oidor de la Chancillería de Valladolid, y en 1760 fue consultado hasta cinco veces: para Alcalde de Casa y Corte (enero, junio y noviembre), Regente del Consejo de Navarra (marzo) y Oidor de la Chancillería de Granada (agosto). En febrero de 1762 logró ser nombrado Alcalde de Casa y Corte, tras haber sido consultado por cuarta vez sin éxito en febrero del año anterior^[13].

Los intentos para su promoción al Consejo de Castilla comenzaron en 1768. Pasaba Ramos Crespo por “jesuita profeso” (IRLES VICENTE, 1997: 41-66)^[14], al igual que quienes le respaldaban con sus votos particulares: Pedro Colón de Larreategui, a quien se suponía muy influido por su mujer, “que es toda jesuita”, y Francisco José de las Infantas, si bien este último se decía tomista. En fechas previas a la consulta de 10 de octubre de 1768, Ramos había sido propuesto para consejero en las de 4 de abril y 31 de agosto, siempre de la mano de Infantas. La jubilación de Juan Antonio Curiel (18 de abril de 1769) tras 55 años de servicios a la Administración, permitió a Ramos alcanzar por fin plaza en el Consejo^[15]. Sustituía así a Curiel, tildado de “jesuita de cuarto voto”, un magistrado simpatizante de la ya expulsada Compañía.

Campomanes apoyó la candidatura de Fernando José de Velasco, pese a que un informe reservado lo consideraba “jesuita profeso” y advertía que “de ningún modo convendría para presidente de las Chancillerías, que es todo su deseo, o entrar en el Consejo” porque “en cualquiera parte sería dominado de la ropa para todo lo graciable”^[16]. Santanderino (n. 1707) del valle de Toranzo, en la cuenca del Pas (BARTOLOMÉ MARCOS, 2014: 11-69), Velasco había cursado estudios en Salamanca. Estuvo adscrito desde 1725 al Colegio del Arzobispo, del que llegó a ser rector durante el curso 1732-1733 (FERRER EZQUERRA y MISOL GARCÍA, 1956: 120-121). Su bibliofilia y su interés por la Historia, si bien le permitieron ingresar en ambas Academias, estorbaron sus primeros intentos por ingresar en la magistratura. En 1732 fue rechazado como Oidor de la Audiencia de Canarias con el argumento de que era todavía “muy mozo”. No le fue mejor en 1739 como candidato a Oidor de la de Aragón, pues a criterio del consejero Francisco Portell, Velasco era “de cortos principios y de muy poca, o ninguna aplicación al estudio de la Jurisprudencia, teniendo toda su diversión al de la Genealogía e Historia”^[17]. Semejante inclinación por la bibliofilia y su amor a las letras condujeron a Velasco a iniciar en 1753 una frecuente correspondencia con Gregorio Mayans que se prolongaría hasta 1781 (MAYANS Y SISCAR, 1998).

Su ingreso en la Audiencia de Aragón (13 de octubre de 1739) se produjo por nombramiento directo, sin consulta de la Cámara. Ocupó la vacante dejada por Alonso Clemente Aróstegui, ascendido a Oidor del mismo tribunal^[18]. Igual procedimiento (decreto de 16 de marzo) determinó en 1752 su ascenso a Oidor de la Chancillería vallisoletana, donde sustituyó a José Güell y Serra, nombrado nuevo Alcalde de Casa y Corte^[19]. El siguiente paso en su cursus honorum fue su entrada (24 de febrero de 1760) como fiscal en la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, en la plaza hasta entonces ocupada por Francisco Jerónimo Herrán, nombrado nuevo Consejero de Hacienda^[20].

En los seis años que siguieron a su llegada a la fiscalía de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, Fernando José Velasco fue recomendado (5 de junio de 1762, 27 de julio de 1765 y 28 de junio de 1766) sin éxito para Fiscal y Consejero de Castilla. En su opinión, contaba con “pocos valedores, a lo menos que merezcan este nombre”^[21]. Pese al informe antijesuita, que lo consideraba inadecuado para presidir una Chancillería, y tan sólo apropiado para consejero de Indias o de Órdenes, el 20 de junio de 1766 fue elegido para sustituir a Andrés Maraver, promocionado al de Castilla, como Presidente de la Chancillería de Granada^[22], en competencia con Manuel Ramos Crespo, quien asimismo figuraba en la terna^[23].

El tercero de los propuestos por la Cámara era el Regente de la Audiencia valenciana Andrés Simón Pontero^[24], nacido en la localidad conquense de Chillarón del Rey. Descendiente de labradores ((FAYARD, 1982: 315), era hijo de un alguacil mayor del tribunal inquisitorial de Cuenca y hermano de Carlos Simón Pontero, Alcalde honorario de Obras y Bosques desde 1746 hasta su fallecimiento en 1757. Colaboró Carlos con el P. Burriel en la búsqueda de documentación archivística para probar los derechos de regalía al Patronato Real e imaginó (1755) la posibilidad de hacer navegable el río Tajo entre su nacimiento y Talavera para facilitar el abastecimiento de Madrid (ARROYO ILERA y CAMARERO BULLÓN, 2004: 75-98). Andrés estudió leyes como manteísta en la Universidad de Alcalá, e inició su carrera en la administración en las alcaldías mayores de los corregimientos de Capa y Espada de Huesca y Teruel entre 1715 y 1724, como persona de confianza del corregidor Salvador Antonio Barnuevo, caballero de Calatrava y muy vinculado al entonces poderoso Melchor de Macanaz (GIMÉNEZ LÓPEZ, 2008a: 421-444, 2008b: 229-248), ratificado por el también corregidor Juan Carrillo y Salcedo. En diciembre de 1736 fue enviado a la isla de Ibiza como juez asesor interino y Auditor de Guerra durante la capitulación de su titular, Gabriel Berd. En Ibiza se encontró con “las escandalosas discordias, revolución e inquietudes de aquella Isla nacidas en parte de la propensa inclinación a ellas de sus naturales, principalmente de la omisión y defecto en el gobierno y recta administración de Justicia a que ha coadyuvado la extravagancia de las leyes municipales con que se han regido”^[25]. Su objetivo fue el cumplimiento de la Nueva Planta, en colaboración con el oidor de la Audiencia de Mallorca Juan Antonio Ballesteros, que había ingresado en aquel tribunal en 1725. Su estancia en Ibiza no fue fácil, no sólo por la ingrata tarea que se le había encomendado, sino porque su salario de 500 ducados le impedía “mantenerse con la debida decencia”. Esperaba que su sacrificio de tres años se viera recompensado, petición apoyada por el fiscal del Consejo en su dictamen y por el propio tribunal el 26 de octubre de 1739, que lo recomendó para que recibiera el título de Oidor honorífico de la Audiencia de Mallorca, que le fue  concedido el 13 de enero de 1740^[26].

En 1741 ingresó en la magistratura en la Audiencia de Cataluña como Alcalde del Crimen (MOLAS RIBALTA, 1976: 59-124), con la promesa de que sería ascendido a Oidor en cuanto se produjera una vacante. Contaba con informes que destacaban su afabilidad, si bien para algunos era “limitado en la facultad, tarda comprensión de los hechos, pero buen hombre”^[27]. Desde 1747, ya como Oidor, destacó en la búsqueda de documentos para la Comisión de Archivos, creada en 1749 por el confesor real Francisco de Rávago para lograr de la Santa Sede la concesión del Patronato Regio^[28]. Según Alcaraz Gómez, a Simón Pontero “le tocó en suerte la titánica labor de ordenar el archivo de esta ciudad [Barcelona], y remitió numerosas copias. En recompensa a sus esfuerzos se le concedió la visita de escribanos del principado y se le nombró conservador del citado archivo, con cien ducados de gratificación anual” (ALCARAZ GÓMEZ, 1995: 589). Al hacer referencia a sus méritos siempre destacó su labor en la Comisión de Archivos y el gasto que supuso para su propio peculio: “por comisión del Señor Carvajal visitó todos los Archivos de Cataluña corriendo a su costa el Principado; arregló el de Barcelona e hizo Ordenanzas que se le aprobaron, y remitió muchos y muy importantes papeles para el Concordato, y otras regalías, gastando cuarenta y ocho mil reales que aún no se le han pagado”. Tampoco había recibido cantidad alguna por los dos meses que residió en Lérida “costeando de suyo toda la audiencia y gastos procesales” en la averiguación de la denuncia efectuada ante el Consejo por los labradores de aquella ciudad contra los abusos que soportaban de los regidores. Simón Pontero propuso que se expulsara de la ciudad a los regidores (Antonio Queralt y los hermanos Tapies) y al mayordomo de propios de la misma familia Queralt^[29].

Hasta su nombramiento en 1764 como Regente de la Audiencia valenciana, Simón Pontero fue propuesto para distintos destinos, entre ellos la regencia de la Audiencia de Mallorca (1751 y 1753). Si no se le nombró, tal vez se debió a las reservas incluidas en su informe por el Consejero de Castilla y colegial mayor Manuel de Montoya y Zárate, para quien Simón Pontero era persona de “una literatura corta por falta de principios, y no tener mayor aplicación”; “su juicio no es el de mayor peso, y suele tener algo de viveza e intrepidez”^[30]. Tampoco prosperaron los ascensos a Regente de Valencia en sustitución de Fernando Antonio de Ortega, cuya deteriorada salud obligó su jubilación en 1756; ni a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, que pretendió en enero y septiembre de 1762^[31]. En enero de 1762 fue designado Manuel Ramos Crespo, quien ahora optaba como Simón al Consejo de Castilla, y lo mismo sucedía con la plaza consultada en septiembre de aquel año, que obtuvo el ahora también candidato al Consejo Juan Esteban Salaverri.

A primero de 1764 logró su nombramiento como Regente del tribunal valenciano^[32]. Pere Molas consideró decisiva en esta promoción su labor en la Comisión de Archivos (1999: 72). Contó asimismo con el respaldo de Asensio Sales, obispo de Barcelona, quien intercedió por él ante el Secretario de Gracia y Justicia Campo de Villar. Gregorio Mayans mantuvo con Simón Pontero correspondencia relativa tanto a la dejadez de los alcaldes, mayor y ordinario, de su villa natal de Oliva, haciéndose portavoz el erudito “de tanta gente afligida como hay en esta villa”, como a la defensa de sus derechos sobre el agua de riego  procedente de la Fuente de Encarroz y el lugar de Potríes, donde, según denunciaba D. Gregorio, “el agua que hurtan a Oliva pueden venderla a otros furtivamente” (MAYANS Y SISCAR, 1997: 383-384). La Audiencia valenciana se inclinó por los derechos al condominio de las aguas para el riego, que Mayans agradeció al Regente muy calurosamente^[33]. También pretendía plaza en el Consejo Juan Esteban Salaverri, colegial en el de San Ildefonso de Alcalá, quien había ingresado en la magistratura en 1741 como Alcalde mayor de la Audiencia del Principado de Asturias en la vacante producida por el ascenso de José de la Torre y Escobedo a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Al cabo de pocos meses era nombrado Oidor de aquel mismo tribunal, donde permanecería hasta 1759, cuando pasó a la Sala del Crimen de la Chancillería de Granada. Encabezó la terna para Alcalde de Casa y Corte en septiembre de 1762, avalado por el presidente de la Chancillería granadina, quien lo consideraba “de regular literatura y habilidad, de apacible genio, buen juicio y porte, desinteresado, recto, y asistente al tribunal”. Nombrado Alcalde de Casa y Corte^[34], su objetivo fue ingresar en el Consejo de Castilla con el patrocinio del consejero Francisco José de las Infantas, también antiguo colegial de San Ildefonso quien, según ya hemos señalado, mantenía una posición ambigua respecto a la Compañía de Jesús, similar a la del propio Salaverri, de quien se decía que “su interior es tomista, pero tiene miedo a los jesuitas y partidarios, y vive acobardado”^[35].

Infantas lo propuso por vez primera para el Consejo de Castilla el 31 de octubre de 1767; reiteró la pretensión el 20 de abril y el 31 de agosto de 1768, en esta última ocasión acompañando su voto con el de Campomanes. En la consulta que analizamos, de 10 de octubre de ese año, Salaverri contó por cuarta vez con el apoyo de Francisco José de las Infantas. Su hijo, Juan José Salaverri, fue también magistrado: oidor en la Audiencia de Mallorca (1785) y en la de Cataluña desde 1789 hasta su jubilación en 1791 (MOLAS RIBALTA, 1976: 109).

El designado fue Pedro José Pérez Valiente. Granadino, nacido el 25 de febrero de 1713, estudió Leyes en la universidad de su ciudad natal, donde fue catedrático de Derecho Romano. Era caballero de Calatrava desde 1745 (CADENAS Y VICENT, 1987: 186), en lo que no sería ajeno que el padre de su segunda esposa, Francisca Plácida de Palacios^[36], fuera calatravo, amén de consejero de Indias. Como abogado en Madrid se había ocupado durante nueve años de la asesoría legal del Infante D. Luis mientras fue Cardenal Arzobispo de Toledo y Arzobispo de Sevilla, y al tiempo fue Teniente de Corregidor de Madrid desde 1753 y Juez honorario de la Audiencia de Sevilla desde 1754^[37] por la protección del Infante. En 1748 ingresó como académico de número en la de la Historia. Lo fue también de la Academia de Buenas Letras de Sevilla (MOLAS RIBALTA, 2001: 88-89), y miembro de la Sociedad Económica Matritense desde 1776.

En 1751 publicó su obra más importante, Apparatus juris publici Hispanici^[38], dedicada a Fernando VI y a su hermanastro el Infante D. Luis, todavía Cardenal de Toledo -“honra de la mitra, gozo de Roma y ornato de las Españas”- tres años antes de que el Arzobispo abandonara su estado eclesiástico. La obra le proporcionó en su momento un discreto reconocimiento, a lo que se sumó su labor como Fiscal de Moneda y Minas en la Junta de Comercio y Moneda. Como ha señalado Fernández Albaladejo, el libro de Pérez Valiente pretendía dejar constancia de “una historia que en clave iuspublicística intentaba organizarse por primera vez en torno a Hispania, que hacía de ella su sujeto. Hispania, España (exceptuada así Portugal), aparecía como un bloque compacto y su historia consecuentemente no era la de una suma de territorios (FERNÁNDEZ ALBALADEJO, 2000: 37). En sus conclusiones, Fernández Albaladejo señala, que el libro de Pérez Valiente ponía distancia con el lenguaje de la  “rancia política española”; su “antipatrionalismo militante” explica el aislamiento a que se vio sometido con posterioridad su Apparatus juris publici Hispanici, excepción hecha de la positiva valoración que mereció de Juan Sempere y Guarinos en 1789, quien destacó su novedad en el campo del Derecho Público español^[39]. Pérez Valiente era poseedor de una nutrida biblioteca de 1.670 títulos y 3.452 ejemplares, aproximadamente la mitad -un 43 %- referidos a temas de Derecho. En los análisis de su contenido predominaban los de tema regalista, con presencia del derecho natural y de gentes, con autores como Bossuet, Pufendorf o Heinecio (QUINTANILLA, 2000: 11-31)^[40].

En 1766, avalado por su prestigio, pretendió ingresar en el Consejo de Órdenes. Propuesto el 29 de octubre de ese año no logró el nombramiento; tampoco en la consulta de 3 de junio de 1767, pese a contar con el voto particular del conde de Aranda, ya su presidente, y del consejero de Castilla Miguel María de Nava y Carreño, caballero de Calatrava como Pérez Valiente, y supuestamente adscrito a los magistrados “tomistas”^[41].

El 27 de noviembre de 1767 logró ingresar en el Consejo de Órdenes. Ocupó la vacante producida tras el fallecimiento de Gregorio del Valle Clavijo el 12 de octubre anterior^[42]. Su experiencia como teniente de corregidor de Madrid influyó para que el Consejo le encargase, junto al todavía teniente en el corregimiento madrileño Ignacio de Santa Clara y Villota, la elaboración de nuevos aranceles en los juzgados de la Villa, considerados abusivos. Pérez Valiente opinó que era necesario fijar un arancel sobre derechos y costas a percibir los Juzgados madrileños, lo que fue base de una legación fiscal que Campomanes redactó el 4 de abril de 1768, en la que apremiaba el establecimiento de un nuevo arancel, cuestión que abordaría la Sala de Gobierno del Consejo el 11 de abril de 1768 (VALLEJO GARCÍA-HEVIA, 1997: 88-94).

En agosto de 1768, Pérez Valiente fue propuesto por vez primera para cubrir la vacante del fallecido Juan Martín de Gamio en el Consejo de Castilla. Le acompañaban en esta ocasión como candidatos el riojano Pedro de Ávila y Soto, que encabezaba la terna, considerado “tomista” y a la sazón Consejero de Indias, quien fue el designado; la cerraba Manuel Ramos Crespo y figuraban con votos particulares Manuel Bernaldo de Quirós, Juan Fernando Barroeta y Juan Esteban Salaverri^[43]. Todos ellos, salvo el caso de Bernaldo de Quirós, serían de nuevo competidores de Pérez Valiente en la consulta de 10 de octubre del mismo año. Si en la anterior el jurista granadino ocupaba el segundo lugar en las preferencias de la Cámara, en este caso figuraba en primer lugar^[44], y en el resumen curricular se destacaban sus nueve años como asesor del Infante D. Luis, además de su paso por una de las tenencias del corregimiento de Madrid, los ocho años que ejerció de Fiscal de la Juan de Comercio, Moneda y Minas, y su reciente ingreso en el Consejo de Órdenes, sin que se hiciera referencia a su labor publicística.

Como consejero, a Pérez Valiente se le encomendó en abril de 1769 pasase a las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena en calidad de Visitador, para investigar las denuncias elevadas a Carlos III sobre malos tratos a los colonos extranjeros (CASTILLA SOTO, 1992: 283-296)^[45], para disgusto de Olavide, quien consideraba que el magistrado desconocía el Fuero de Población por el que se regía la colonización de aquel territorio. En su dictamen, redactado al finalizar su visita de inspección en agosto de 1769, señaló la escasez de labradores entre los nuevos colonos; la demasía de empleados, que consumían casi medio millón de reales anuales; la excesiva dispersión de las viviendas^[46] y la circunstancia de que muchos colonos no dispusieran de las 50 fanegas de tierra prometidas en el Fuero de Población que, tras la visita de Pérez Valiente, conoció varias modificaciones, contenidas en la nueva instrucción de 6 de julio de 1770. Recogía dicha instrucción algunas de las reclamaciones del cabildo de Écija -el más destacado opositor a la colonización- el cual, según Perdices Blas, no logró “cambiar el rumbo de la empresa, pero sí reducirla” (1993:422). Olavide mostró siempre su animadversión contra Pérez Valiente, al que consideraba uno más de quienes, enemigos de su proyecto, “han hecho cuanto han podido para arruinar esta operación”, cuya conducta calificaba en privado de “mala y villana” (PERDICES BLAS, 1993:353). Es posible que Pérez Valiente coincidiera en parte con los términos de la denuncia presentada ante el tribunal del Santo Oficio por el capuchino alemán P. Friburgo, movido por los hilos del embajador austriaco en Madrid, quien acusó a Olavide de ateo y logró que fuera separado de la dirección de la empresa.

El 14 de abril de 1782 Pérez Valiente fue elevado a miembro de la Cámara de Castilla^[47] y asesor en la Comisión General de la Cruzada. En 1786 ocupó una vocalía de la Junta de Comercio y Moneda, y por su condición de camarista asistió a las Cortes que juraron al príncipe Fernando como heredero (CASTELLANO, 1990: 225-252). Diez días antes de su muerte, Carlos IV le concedió el título de conde de Casa Valiente, que pasó a su primogénito, Pedro Ignacio Pérez Valiente y Brost, hijo de su tercera esposa.

Su segundogénito, José María Pérez Valiente y Brost, también fue magistrado, y su carrera estuvo auspiciada por su padre, quien agradeció al conde de Floridablanca su mediación para que su hijo fuese nombrado en 1787 Oidor de la Audiencia de Sevilla^[48], pese a no llegar todavía a la treintena. Por los informes reservados que sobre él dirigieron al Secretario de Estado tanto el Arzobispo de Sevilla como José de Ábalos, Asistente de Sevilla e Intendente de Andalucía, se confirma que no fueron sus méritos los que llevaron a José María a la magistratura, sino la intercesión de su padre. El Arzobispo Alonso Marcos de Llanes decía que “descubre talento limitado, ninguna instrucción en el derecho, sin práctica, por lo que se ve en la necesidad de confiarse de algún letrado que no le hace honor”^[49]. José Ábalos ponía el acento en su inexperiencia: “no se distinguen sino algunos lejanos anuncios de lo que podrá ser en adelante, no siendo circunstancia poco decorosa a su persona la docilidad con que ha admitido por consejero o asesor a uno de los abogados juiciosos de este pueblo, que le puso a su lado la persona a quien vino recomendado”, que sin duda era su padre^[50]. José María Pérez Valiente abandonó Sevilla en 1801 para hacerse cargo de la vacante en la Sala de Alcaldes de Casa y Corte producida por el paso a su titular, Luis Meléndez Bruna, al Consejo de Órdenes, donde él mismo recaló en 1806 tras el nombramiento de Miguel Alfonso Villagómez como nuevo Consejero de Castilla^[51].

La trayectoria posterior de los otros cinco magistrados que compitieron con Pérez Valiente en octubre de 1768 por la plaza vacante en el Consejo de Castilla fue diversa.

Juan Francisco Barroeta encontró acomodo en el Consejo de Órdenes en noviembre de 1768. Ocupó la vacante de Pérez Valiente, con quien había competido en el de Castilla. En ese cargo se mantuvo hasta su muerte, el 23 de julio de 1777^[52]. No obstante, fue propuesto para el Consejo de Castilla hasta en cinco ocasiones^[53]. El Consejo de Órdenes era considerado un reducto de partidarios de la Compañía de Jesús: “los de este Consejo, empezando por el Presidente, todos son profesos Jesuitas”^[54].

Manuel Ramos Crespo logró llegar a Consejero de Castilla en 1769, tras la jubilación de Juan Antonio Curiel, tras una primera tentativa en octubre de 1768, cuando fue propuesto en segundo lugar, como hemos señalado. Desempeñó el cargo durante poco más de un año, pues falleció en la localidad conquense de Huete el 15 de agosto de 1770^[55].

Pese a intentarlo en 1768 y 1769, el ingreso en el Consejo de Fernando José de Velasco se demoró hasta febrero de 1770, cuando ocupó la vacante de Simón de Anda y Salazar, ausente en Filipinas, donde llegó en julio de 1770 con el propósito de procesar a varios cargos acusados de incumplir las órdenes de expulsión de los jesuitas y ocupación de sus temporalidades (LORENZO GARCÍA, 1999: 194-195). Camarista desde 1785, falleció el 1 de agosto de 1788^[56].

Andrés Simón Pontero intentó dar el salto desde Valencia al Consejo de Castilla. En su primer intento, al que nos hemos referido, propuesto en tercer lugar por la Cámara, no lo logró. Su actitud ante el extrañamiento de los jesuitas -fue acusado de no haber observado debidamente los decretos de expulsión (MOLAS RIBALTA, 1995: 265-334)- le perjudicó. Por último, el 15 de junio de 1770^[57]ocupó la vacante del fallecido Francisco José de las Infantas^[58]. Falleció el 19 de diciembre de 1775 (FAYARD, 1982: 192)^[59]. Su hijo Carlos acompañó como secretario al cardenal y arzobispo de Sevilla Francisco de Solís durante el cónclave de 1769 que eligió al cardenal Ganganelli como Clemente XIV, pues conocía bien el italiano por haber sido alumno del Colegio de San Clemente de Bolonia. Tanto Solís como el entonces embajador José Moñino recomendaron muy vivamente a Carlos Simón para que ingresara en algún tribunal^[60]. El 16 de junio de 1775, sin consulta previa de la Cámara, fue nombrado Alcalde del Crimen y de Hijosdalgo de la segunda sala de la Chancillería de Granada, con medio sueldo^[61]. Su posterior trayectoria: ascenso a Oidor de la Chancillería granadina en 1786; a la Regencia de la Audiencia de Asturias en 1791 e ingreso en el Consejo de Órdenes en 1798, “concediéndole al mismo tiempo los honores del Consejo de Castilla en consideración a su buen desempeño en el encargo de regente de la Audiencia de Asturias, y comisiones que en ella se le encargaron”^[62], culminó en 1809 con su decisión de servir a José I como integrante de la Junta que sustituyó al Consejo de Castilla, para la que fue designado por decreto de 8 de febrero de aquel año (PUYOL MONTERO, 1994: 201-242)^[63], el mismo de su fallecimiento.

El último de los candidatos en la consulta de agosto de 1768, Juan Esteban Salaverri, pudo encontrar acomodo en el Consejo de Órdenes, tras haber optado al de Castilla hasta en cuatro ocasiones. En mayo de 1769 sustituyó al fallecido Juan Moreno Beltrán Cerrato.^[64] Desde su nuevo cargo, reiteró su candidatura para el Consejo de Castilla: su nombre figuró en las consultas de 20 de julio  y octubre de 1772; en las de 18 de enero, 24 de marzo y 17 de mayo de 1773; y en las de junio, agosto y noviembre de 1774. En esta última oportunidad el informe redactado por la Cámara se hacía eco de la insistencia de Salaverri por llegar al Consejo Real: “ha sido trece veces propuesto en distintos lugres por la Cámara y votos particulares para iguales plazas a ésta”^[65]. Salaverri falleció siendo Consejero de Órdenes en 1785.

 

 

 

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