Reseña de GONZÁLEZ TRUEBA, E., (2026). Una fidelidad negociada. Movilización social en las provincias vascas durante la Guerra de Sucesión Española, Universidad del País Vasco: Servicio Editorial, 486 pp., ISBN 9788413197562.

Ofelia Rey Castelao^*

Universidad de Santiago de Compostela, España

ofelia.rey@usc.es

Recibido:        11/06/2026

Aceptado:       13/06/2026

Palabras clave: fidelidad; negociación; Guerra de Sucesión española; provincias vascas.

Keywords: loyalty; negotiation; War of the Spanish Succession; Basque provinces.

  Esta obra es reveladora del esfuerzo y de la capacidad de trabajo, visible en su extensión y en la intensidad y rigor de los contenidos, de un autor que pertenece a una oleada joven que ha sabido aprovechar la formación recibida en la universidad pública y las oportunidades del sistema académico para adquirir conocimientos y experiencias metodológicas en escuelas historiográficas extranjeras. Además, el tema abordado se encuadra en una creciente atención al periodo de tránsito de los Habsburgo a los Borbones cuya clave, la Guerra de Sucesión, cuenta con una larga tradición en su dimensión internacional. En la renovación historiográfica -muy bien analizada en la introducción del libro- es evidente que la mirada está desde hace unos años mucho más atenta a la dimensión interior del conflicto: es en esta donde había un hueco referido en las provincias vascas que Eloy González Trueba ha cubierto con solvencia.

En un contexto de máxima tensión en Madrid, los territorios vascos se alinearon con el candidato borbónico, reforzando su fidelidad al rey a través de una retórica tradicional. La actuación de los representantes reales nunca tuvo allí la dureza represiva que se aplicó en Cataluña en los primeros años del cambio sucesorio, ni hubo en las provincias vascas personalidades de referencia que propusiesen una alternativa política al sucesor francés, ni una propaganda en ese sentido, y la guerra no tuvo allí efectos directos. No obstante, las necesidades que generó la contienda impusieron exigencias que fueron mal vistas y que tendrían efectos a posteriori como el hecho de que, para hacer frente a muchos gastos, fuese preciso por parte de las instituciones vascas recurrir al crédito en una época económicamente difícil que coincidió con una intensa crisis europea.

La hipótesis de partida se basa en que, más allá de la fidelidad, se desenvolvió una conflictividad que tensionó las relaciones entre la corona y las tres provincias a lo largo de la guerra. No hubo movimientos de oposición contra Felipe V, pero sí a muchas decisiones adoptadas en Madrid y a su cumplimento por los oficiales del rey. Las provincias, a través de sus instituciones, de la voz de sus oligarquías y de componentes de las comunidades locales, activaron fórmulas de negociación con el gobierno borbónico para minimizar esas decisiones, pero eso no anuló la incomodidad, los recelos, ni las reacciones de rechazo. Las demandas de hombres y de dinero y las prohibiciones de comerciar con países enemigos motivaron controversias en las instituciones provinciales, aferradas a sus privilegios, que adoptaron muchas formas de protesta, motines o tumultos y resistencias contra los oficiales reales, que se intensificaron cuando se cuestionaron las libertades forales y, sobre todo, al compás del avance de la guerra.

La obra sigue tres líneas interconectadas a las que responden tres grandes bloques: las tensiones tradicionales en las relaciones entre la monarquía y los territorios, las que surgieron en el contexto bélico y las que tuvieron su origen en las especificidades forales vascas, viendo en última instancia dónde estaban los límites de la fidelidad a Felipe V. Esos bloques van precedidos de un capítulo esencial sobre la situación institucional, política y comercial del espacio foral en el tránsito del siglo XVII al XVIII, subrayando que su autonomía legislativa y fiscal permitió a las provincias actuar bajo un régimen de derecho propio, con privilegios y libertades sustentados en un pacto con el monarca y en el “pase foral”. De no menos importancia eran el concepto de hidalguía universal y un modelo económico -basado en el hierro y en el comercio exterior- amparado por un sistema aduanero que propiciaba el contrabando como lucrativo negocio paralelo. Unas instituciones de gobierno electivas con una representación no estamental fueron el centro neurálgico de la negociación y del debate de las peticiones del rey.

El primer bloque se refiere a la movilización de recursos militares y a su impacto en la sociedad. Se estudian los medios de defensa del territorio en la guerra, el estado de presidios y fortificaciones y el coste que suponían, los movimientos en el territorio de las tropas aliadas a los Borbones y la disposición de las milicias de las provincias. Se tratan también las negociaciones y la reacción de estas frente a las exigencias de la monarquía y las resistencias ante la organización de regimientos de infantería, defendiendo que solo ejercieran dentro del propio territorio. A las tropas había no solo que reclutarlas, sino darles armas, vestimenta y mantenimientos, y esto conllevó una intensa conflictividad de las comunidades locales, de los concejos, y un conjunto de acciones de evasión de los sorteos y de los repartimientos de soldados. La conflictividad y los roces se produjeron también, incluso más, por la presencia de militares en los enclaves de la frontera, lugares donde la coexistencia se rozaba con desencuentros constantes; el paso de los batallones con sus bagajes y artillería era muy mal aceptado, peor todavía si se trataba de guarniciones auxiliares francesas, o si había que alojar a prisioneros de guerra.

Una parte de estas páginas está dedicada a la deserción, un hecho socialmente fácil de comprender por la dureza del servicio y el temor a las penurias económicas, los peligros de la guerra o la escasez de alimento; a la irregularidad de las pagas se unía la falta de disciplina, y esto se sumaba al déficit de empatía con las causas del reclutamiento. La repercusión social de la deserción generaba una cadena de perjudicados que iba de la solidaridad con el desertor, a la denuncia y al miedo, al margen tanto de las amenazas de castigo como de los perdones concedidos por la corona para recuperar a los desertores. Sin duda, era también una forma de resistir el servicio al rey y la dispersión de los huidos generó inseguridad, no en vano delinquían y abusaban de los naturales para subsistir, lo que era protestado por las autoridades locales.

Los territorios aportaban tropas a los ejércitos reales por la vía del servicio, entendido como algo voluntario y solo en etapas de urgencia, a modo de donativo económico. Ante las peticiones de hombres y la ejecución de las levas se respondía aduciendo miseria y falta de recursos, y se optaba por dar dinero y no hombres. En sí mismo el modelo de recluta se hizo odioso y provocó desórdenes. En 1709 ante la organización de regimientos ordenada por el rey se manifestó una fuerte resistencia de las poblaciones locales y las instituciones provinciales. El problema era que muchos soldados no eran voluntarios y solían ser foráneos de donde se hacía el reclutamiento; ante la falta de reclutas, se buscaron soluciones como la propuesta de Vizcaya de suplirlos con extranjeros, punto de fricción con la monarquía. Los cupos de soldados y la manutención de las tropas también derivaron en tensiones entre las provincias o entre estas y el rey, por la desigualdad de los repartimientos entre las diferentes villas, siendo la resistencia más intensa en las del litoral, que ya se consideraban ya muy grabadas por mantener a las tropas en tránsito.

El segundo bloque aborda la fiscalidad durante la guerra y las contribuciones de las provincias vascas a la Real Hacienda. Son páginas densas y de gran interés donde se plantean la continuidad y los cambios en el seno de las especiales condiciones del régimen foral en circunstancias de guerra. En los inicios de esta Felipe V no introdujo novedades en el sistema fiscal, pero sí hubo una intensificación de las exigencias de contribuciones. Estas peticiones extraordinarias se recibían en las Juntas Generales donde se sometían a la deliberación para ofrecer una respuesta unitaria; en general se prefería la negociación a una alteración del sistema, por lo que las resistencias a aceptar el aumento de ciertas imposiciones sobre productos que se consideraban novedosas o lesivas de las libertades forales terminaron en ofertas de donativos voluntarios. Ahora bien, la fidelidad al Borbón no podía ir en detrimento de los privilegios fiscales de las provincias, por lo que estas procuraron de todas las maneras oponerse a aquellas medidas de urgencia que el rey necesitaba: a los embargos de rentas y patronatos, a los expedientes extraordinarios y donativos y, sobre todo, a los repartimientos y arbitrios; detrás estaban las resistencias y los impagos de las contribuciones al monarca desde la base misma de los pueblos de las tres provincias. En este capítulo se presta especial atención a la financiación de las Reales Fábricas de Armas sobre la que presionó la corona a través de sus oficiales para poder combinar la recaudación con una producción estratégica.

El bloque tercero aborda la dimensión económica y en especial, la política comercial de Felipe V durante la guerra y la fuerte tensión entre el creciente intervencionismo monárquico y la enorme importancia que para las provincias tenía el contrabando. Los oficiales de la corona, los veedores, eran los encargados de perseguir las prácticas fraudulentas que implicaban en este periodo a los productos procedentes o comercializados por las potencias enemigas, clientes asiduas de los comerciantes y productores vascos. La política internacional del rey chocaba con los intereses de los comerciantes, muy perjudicados por el cierre de relaciones y el bloqueo.  A esto se añadió la interferencia de Luis XIV, de modo concreto en Bilbao, donde la instauración de un cónsul francés resultó fallida. En la negociación con la corona se proponían compensaciones como, por ejemplo, la pretensión de Guipúzcoa de acceder al comercio con América, algo que no logró.

El componente más distorsionador era el contrabando, pieza clave en una economía mercantil beneficiada por ser una zona franca de aranceles de entrada en sus enclaves portuarios para productos necesarios para el consumo y por unas sólidas y amplias conexiones establecidas con el norte de Europa, en las que se negociaban el hierro de las ferrerías vizcaínas y guipuzcoanas y la lana castellana. La presión fiscal de la monarquía, como la militar, eran anteriores a la guerra, pero el incremento de la fiscalidad regia derivó en un reforzamiento de las Juntas Generales vascas que adquirieron todavía mayor peso institucional en el territorio en detrimento de los llamados parientes mayores. La vía de la negociación fue la fundamental y se mantuvo, pero esto no obstaba para que hubiese grandes disputas con los oficiales reales enviados para reprimir el contrabando. Sin duda, el de tabaco fue el tema más complejo por su relevancia en el comercio vasco, de ahí que fuese el renglón que significó una mayor reacción de resistencia contra su regularización económica. El laxo cumplimiento de las disposiciones oficiales y la reducida eficiencia de los mecanismos de la corona facilitaron que esa economía en negro llegase a convertirse en un factor estructural de la economía vasca.

Cuando en 1702 Felipe V prohibió todo trato comercial con las potencias enemigas, el impacto de esta decisión fue enorme ya que implicaba la incautación de bienes y haciendas de ingleses holandeses e imperiales afectando mucho a los comerciantes implicados en el tráfico con Londres, Ámsterdam y otros puertos europeos. El rey trató por todos los medios de incrementar el número de sus delegados para vigilar y supervisar los tratos comerciales, pero la presencia de la judicatura del contrabando en los principales puertos de Vizcaya y Guipúzcoa solo sirvió para agudizar la conflictividad con aquellos. En el caso de Bilbao fue el consulado de Comercio el que llevó la pauta, a pesar de la desconfianza que generaba en la corona, pero el Señorío estaba fuertemente influido por su comunidad de comerciantes y la presión de estos fue clave. Frente a los vetos y prohibiciones, las prácticas cotidianas -asimiladas por la sociedad vizcaína y guipuzcoana- siguieron su curso, ya se tratase de la llegada de naves con pabellón neutral o de navíos que cruzaron el Atlántico con plata peruana.

Una gran parte de la resistencia se tramitó por medio de los tribunales de justicia con el ansia de conseguir sentencias favorables, mientras que el rey atenuaba los problemas dictando indultos. Conforme se acercaba el final de la guerra la crispación entre las provincias vascas y la corona se acrecentó antes la voluntad del rey de limitar la introducción de tabaco de contrabando desde los principales puertos del Cantábrico a Castilla generando inquietudes en unos territorios cada vez más recelosos de la implantación de una nueva aduana y por lo tanto era necesario llegar a acuerdos, como los alcanzados en 1713 en lo referente al tabaco. La mayor frustración para las provincias vascas fue la no concesión de comercio con América.

Eloy González Trueba concluye que las provincias vascas prestaron obediencia al candidato borbónico y mantuvieron una cultura política de obediencia y una práctica bien asentada de negociación con el gobierno de la monarquía, pero esto no evitó problemas, controversias y resistencias. La intensificación del intervencionismo regio a medida que avanzaba la contienda sucesoria fue respondida con los mismos recursos empleados hasta el final de los Habsburgo, en general satisfactorios para los intereses locales y, sobre todo, los de las élites. Durante la guerra, en las provincias vascas no hubo cambios abruptos, sino que se prefirió la continuidad de un modelo de vinculación con una monarquía cuya autoridad sobre estos espacios se mantuvo limitada en el marco foral y solo en esa coyuntura extraordinaria se produjo algún avance del absolutismo. Imponer un modo de gobierno más ejecutivo no fue posible allí donde las decisiones del rey y las acciones de sus representantes estaban sometidas a escrutinio constante por los órganos institucionales vascos y cualquier exigencia o cambio solo podían solventarse mediante el consenso y la negociación. Esa ambivalencia entre lo que cada parte estaba dispuesta a ceder permitió conservar las prerrogativas forales vascas y a Felipe V y a su gobierno conservar la fidelidad de las provincias. Una fidelidad negociada en la que estas aportaron una colaboración muy significativa al triunfo de la causa borbónica.

El libro que comentamos se abre con un prólogo de Marina Torres y Susana Truchuelo, no en vano el autor se ha formado en el área de Historia Moderna de la Universidad de Cantabria, sin duda uno de los más activos del modernismo. Y se cierra con un anexo de documentos bien seleccionados y una extensa bibliografía en la que se constata el predominio de la española, claro indicio del interés que esta temática ha alcanzado últimamente. La base archivística de la obra es amplia, muy variada y procede de una amplia panoplia de archivos desde los municipales, a los archivos estatales franceses y españoles (Chancillería de Valladolid, Simancas, Histórico Nacional), pasando por los archivos provinciales y los institucionales vascos, en los que se custodian los de diputaciones y juntas, consulado de Bilbao, protocolos notariales, procesos judiciales, etc. El rigor metodológico que se revela en cada página, la sobriedad en el estilo y la claridad expositiva son valores tangibles que aporta Eloy González Trueba a un texto de lectura necesaria para entender un período crucial de la Edad Moderna, la Guerra de Sucesión española, en un espacio estratégico como las provincias vascas.