EL PRESIDENTE DE LA CHANCILLERÍA DE VALLADOLID, PEDRO ANDRÉS BURRIEL, Y LA INUNDACIÓN DE LA CIUDAD EN 1788

 

 

 

Enrique Giménez López

Universidad de Alicante, España

 

 

 

 

Recibido:        24/02/2026

Aceptado:       13/03/2026

 

 

 

 

Resumen

 

En la trayectoria del magistrado Pedro Andrés Burriel, hermano del afamado erudito jesuita Andrés Marcos Burriel, desde la Alcaldía de Hijosdalgo de la Chancillería de Valladolid, Oidor de la Audiencia de Galicia, Regente de las de Canarias y Cataluña, Presidente de la Chancillería vallisoletana, hasta el Consejo de Castilla en 1789, tuvo particular significación su labor ante la gran inundación que sufrió la ciudad de Valladolid en febrero de 1788, cuando ejercía la presidencia de aquella Chancillería. La extensa relación de los hechos remitida al Conde de Floridablanca, supuso un hito en su carrera, que lo catapultó hasta el más alto tribunal un año después.

 

Palabras clave: Pedro Andrés Burriel; Chancillería de Valladolid; Audiencias de Galicia, Canarias y Cataluña; Consejo de Castilla; inundación de Valladolid en 1788.

 

 

THE PRESIDENT OF THE CHANCERY OF VALLADOLID, PEDRO ANDRÉS BURRIEL, AND THE FLOODING OF THE CITY IN 1788

 

Abstract

 

In the career of Magistrate Pedro Andrés Burriel, brother of the renowned Jesuit scholar Andrés Marcos Burriel, from his position as Mayor of the Noblemen of the Royal Chancery of Valladolid, to Judge of the Royal Court of Galicia, Regent of the Royal Courts of the Canary Islands and Catalonia, President of the Valladolid Royal Chancery, and finally to the Council of Castile in 1789, his work during the great flood that struck the city of Valladolid in February 1788, when he was serving as President of that Royal Chancery, was particularly significant. The extensive report of the events he sent to the Count of Floridablanca marked a turning point in his career, propelling him to the highest court a year later.

 

Keywords: Pedro Andrés Burriel; Chancery of Valladolid; Courts of Galicia; the Canary Islands and Catalonia; Council of Castile; flooding of Valladolid in 1788.

 

 

Enrique Giménez López. Doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, 1981. Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alicante. Ha sido Investigador Responsable de numerosos Proyectos de Investigación, entre los que se encontran: El siglo XVIII español. Monarquía e Iglesia; Presenza e attività in Italia dei Gesuiti iberici esiliati (1759-1800): forme de impegno e produzione politica, letteraria, scietifica, (2005-2009); La polémica antijesuita en la Europa del siglo XVIII    (BHA2002-03416), Ministerio de Ciencia y Tecnología (2002-2005); Política regalista y reformismo en la España del siglo XVIII: la cuestión Jesuítica (PB94-1511) Ministerio de Educación y Ciencia (1995-1998); La represión del Jesuitismo: Regalismo y antiregalismo en la monarquía católica (PB97-0119) Ministerio de Educación y Cultura (1998-2001). Entre sus más de veinte libros, destacamos los más recientes: (2022) Tempestad en el tiempo de las luces. La extinción de la Compañía de Jesús, Madrid: Cátedra. Madrid; (2021) Juan Andrés: un erudito en el exilio de Italia, Alicante: Universidad de Alicante; (2017) La Compañía de Jesús, del exilio a la restauración: diez estudios, Alicante: Universidad de Alicante. Presidente de la Asociación Española de Historia Moderna desde noviembre de 1995 hasta noviembre de 1997. Director de la Revista de Historia Moderna desde el año 1986 hasta su jubilación en 2011.

Correo electrónico: enriquegimenezlopez@gmail.com

 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA CHANCILLERÍA DE VALLADOLID, PEDRO ANDRÉS BURRIEL, Y LA INUNDACIÓN DE LA CIUDAD EN 1788

 

 

 

 

 

Nacido el 10 de febrero de 1724, Pedro Andrés Burriel fue hermano del jesuita ilustrado Andrés Marcos Burriel (Buenache, Cuenca, 1719), quien fuera comisionado de la misión de archivos;[1] de Carlos, relator de la Chancillería de Granada y pretendiente a las del Consejo de Castilla^[2] y de Indias;^[3] y de Antonio -el menor de todos ellos, nacido el 6 de junio de 1728- sacerdote jesuita de cuarto voto en el colegio de Murcia, expulsado a Italia en 1767.^[4]

 

Camino a la presidencia de Valladolid

 

Bachiller en Leyes por la Universidad de Toledo, le guiaron en sus estudios su hermano Andrés Marcos y el erudito Gregorio Mayans, amigos ambos. Contaba Pedro algo más de veinte años cuando su hermano Andrés escribía (septiembre de 1745) al ilustrado valenciano para hacerle saber que se ocupaba de su formación. Por entonces hacía dos años que Pedro Andrés, se encontraba en Madrid, mantenido por sus tíos y como secretario particular de José de Carvajal (MESTRE SANCHIS, 1970: 428; APARICIO VALERIO, 2013: 297) hasta la muerte del ministro en abril de 1754 (GÓMEZ URDAÑEZ, 2001: 105). Andrés manifestaba su confianza en el “buen natural” de Pedro Andrés, a quien decía haber “ido inclinando a saber de veras”, con el propósito de hacer de él un “hombre grande”. Admitía, con todo, que su hermano era “abierto de genio” y “algo fanfarrón” (MAYANS Y SISCAR, 1972: 189).^[5] La ayuda de Mayans resultó significativa, sobre todo en cuanto a aconsejar lecturas: insistió en el De iure Naturali et Gentium del alemán Heinecio, así como en los textos del catedrático de Cervera José Finestres; de Puffendorf, de Van Espen e incluso de las obras del filósofo griego Sexto Empírico (PESET REIG, 1966: 47-110).^[6] Por medio del librero madrileño Francisco Manuel de Mena, Mayans le facilitó libros de jurisprudencia extranjeros prohibidos y le animó para que tradujese el texto de su amigo portugués Martín Mendoza de Pina y Proenza, Apontamentos para a educaçao de un menino nobre, traducción elogiada por Mayans (MESTRE SANCHIS, 1984: 47-72),^[7] pues le fue remitida tanto a él como a su hermano Juan Antonio para que enmendasen cuanto creyeran oportuno. En enero de 1748 Andrés Marcos informaba a Mayans que su hermano Pedro “se había retirado a leer y escribir”,[8] con el estudio del tratado de Heinecio como tarea prioritaria,^[9] al tiempo que, a indicación de su hermano, contactaba con Jorge Juan para suavizar las diferencias entre ambos sobre el cronista de Indias Lorenzo Boturini,[10] lo que no consiguió, y el marino y científico se negó a recomendarlo a Ensenada.[11]

Su primer reconocimiento le llegó a Pedro Andrés el 25 de abril de 1754, cuando un decreto le otorgó el título de Alcalde de Hijosdalgo supernumerario de la Chancillería de Valladolid, con sueldo y opción a la primera vacante.^[12] Mayans no solo aconsejaba lecturas, sino que animaba al joven Burriel para que considerase como su “émulo” a Manuel Villafañe Flores, colegial en el mayor de Cuenca de Salamanca, amigo tanto del propio Mayans como del influyente catedrático de hebreo Francisco Pérez Bayer (GIMÉNEZ LÓPEZ, 2016: 556-558). Asimismo, Mayans recomendó al joven Burriel ante amigos como José Bermúdez, presidente de la Chancillería vallisoletana. En reconocimiento de tales ayudas, el P. Burriel -quien decía tener corazón de águila, pero alas de gorrión- escribía: “mi hermano Pedro espera ser un hombre de veras con los consejos y favor de Vmd.”.^[13]

El fallecimiento del jurista gallego José Benito Figueroa Prado en 1761 permitió a Burriel en febrero de aquel año (FERNÁNDEZ VEGA, 1982: vol. III, 207 y 209) sucederle como oidor en la Audiencia de Galicia, cargo que había pretendido, al igual que otra plaza en la de Valencia.^[14] Transcurrido un año de su llegada a la Coruña, Burriel contrajo matrimonio con María Antonia Montemayor y Sandoval, hija de Alonso Pascual Montemayor, magistrado de aquella Audiencia. Como integrante del tribunal gallego, Burriel fue uno de los fundadores de la Real Academia de Agricultura del Reino de Galicia (DEMERSON y DEMERSON, 1986: vol. III, 203-217; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, 2003: 223-246) junto con el intendente y corregidor de la Coruña Julián Robiou, marqués de Piedrabuena (ABADD y OZANAM, 1992: 167-168). La Academia se reunió por primera vez en enero de 1765, con Burriel como diputado junto con Antonio Rojas Maldonado, tesorero general del ejército en tierras gallegas.^[15] Ambos ofrecieron el nombramiento como académico honorario a Mayans quien, desde su residencia en Oliva, les mostró su agradecimiento y transmitió sus mejores deseos para que la Academia alcanzara su propósito de “adelantar, mejorar y perfeccionar esta utilísima arte, superior a todas las demás por su necesidad y antigüedad”.^[16]

Entre 1761 y 1778 en nombre de Pedro Andrés Burriel se hizo habitual en las consultas para diferentes plazas de magistrado. En junio de 1767 fue propuesto en tercer lugar para Alcalde de Casa y Corte; y en octubre, en igual lugar para regente de la Audiencia de Canarias. En marzo de 1770, el voto particular del conde de Aranda, presidente del Consejo, lo posicionó en segundo lugar para regente de Sevilla; y en junio y julio de ese año, asimismo en la misma ubicación, para una Alcaldía de Casa y Corte. El 21 de noviembre de aquel mismo año de 1770 encabezaba la consulta de la Cámara para regente de la Audiencia de Mallorca, en lugar de Jacinto Miguel de Castro, quien había sido ascendido a consejero de Indias; el nombramiento recayó por último en el Oidor de Valladolid José Manuel Herrera Navia. En abril de 1771, Burriel figuró en tercer puesto para la regencia de Aragón, vacante tras el nombramiento del bilbaíno José Nicolás de Vitoria y Landeche como consejero de Castilla.^[17] Junto con Burriel fueron propuestos otros ocho magistrados: el nombramiento recayó en Juan Tomás de Micheo y Uztariz, nacido en el valle del Baztán en 1724, quien ocupó la plaza en el tribunal aragonés hasta su designación para el Consejo de Castilla en 1776, un año antes de su fallecimiento. Gracias al voto particular de Manuel Ventura Figueroa, en la consulta de la Cámara de 4 de septiembre de 1771, el magistrado conquense encabezaba la lista de candidatos a una Alcaldía de Casa y Corte, disponible por el traslado de Antonio Barreda y Yebra al Consejo de Órdenes. La designación recayó en Pablo Ferrándiz Bendicho, que precedía la propuesta de la Cámara.^[18] Durante 1773 en dos ocasiones (31 de marzo y 26 de mayo) el conde de Aranda le recomendó para regente del Consejo de Navarra, tras la jubilación de Gonzalo Muñoz de Torres; o para la Audiencia de Mallorca. En Navarra fue escogido José Manuel Herrera y Navia: Burriel fue el primero entre los candidatos a cubrir la vacante dejada por Herrera en el tribunal mallorquín, finalmente adjudicada a Jerónimo Velarde Sola, oidor de la Chancillería de Valladolid, avalado por el consejero de Castilla Manuel Ventura Figueroa.

Burriel no volvió a figurar en consulta alguna hasta 1777. En abril fue propuesto para la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, y en septiembre para regente de la Audiencia de Cataluña. El 17 de diciembre encabezaba la consulta para la regencia del tribunal canario, tras el ascenso a la regencia del de Cataluña de Manuel Francisco Torrente y Castro. Fueron presentados cinco magistrados^[19], y en esta ocasión Burriel logró el nombramiento.

Su estancia en las islas se prolongaría hasta 1786 (GIMÉNEZ LÓPEZ, 2000: 2.092-2.112).^[20] Los juicios sobre su gestión fueron desiguales. Por “su juicio y conducta aparente nada sólida en los casos ocurridos en Canarias”, el Capitán General de Canarias Eugenio Fernández de Alvarado, marqués de Tabalosos, recomendaba “promoverle con cambio a otra Audiencia donde haya ministros experimentados que contengan el bullicio de su genio”.^[21] Sin embargo sus sustitutos en la capitanía general canaria -el marqués de la Cañada, desde 1779, y el conde de Branciforte en 1784- lo apreciaron como un magistrado “docto y buen letrado, íntegro, desinteresado, imparcial, de muy cristiana conducta, prudente, urbano y laborioso”.^[22] Como Regente en Canarias presentó en noviembre de 1783 un proyecto de reforma del cabildo de Tenerife, inspirado en la efectuada en el de La Palma en 1771 y en el ayuntamiento de la Coruña. Dirigida a la Secretaría del Real Patronato, la nueva planta propuesta por Burriel abogaba por la supresión de las regidurías hereditarias y su sustitución por ocho regidores electos renovables cada cuatro años; propuesta desestimada por el Consejo de Castilla en 1788 (NÚÑEZ PESTAÑO, 1995: vol. III, 253-273). El 11 de agosto de 1784, tras la promoción de Jerónimo Velarde a Consejero de Castilla, fue propuesto en segundo lugar para presidente de la Chancillería de Granada, cargo que recayó en el gallego y Alcalde de Casa y Corte Juan Mariño de la Barrera. En 1786 encabezó la terna para Regente de la Audiencia de Cataluña, vacante tras el fallecimiento, acaecido el 2 de enero de aquel año, del magistrado gallego Manuel Francisco Torrente y Castro (PÉREZ SAMPER, 1981: 211-252), destino que consiguió.

Su estancia como Regente en Barcelona fue breve. Tras el ascenso del navarro Juan Matías Azcárate y Ustáriz a Consejero de Castilla (MARTÍN POSTIGO, 1982:193),^[23] en julio de 1787 fue elegido Presidente de la Chancillería de Valladolid. El 11 de septiembre Burriel se dirigía a Floridablanca para comunicarle que el día anterior había hecho su entrada pública en la ciudad, “una especie de triunfo togado, e hice el juramento acostumbrado que sirve de posesión de mi Presidencia, la cual he empezado a servir hoy por haber algunos Ministros enfermos y otros impedidos”.^[24] El Diario Pinciano, primer periódico vallisoletano, dio cuenta un día después de este hecho. La publicación desapareció en 1788, según se dijo -sin prueba alguna- por haber negado el regente Burriel permiso para su continuación (BERISTAÍN, 1978: 10).

 

Burriel ante la inundación de Valladolid de febrero de 1788

 

El 25 de febrero de 1788 el río Esgueva se desbordó a su paso por Valladolid de modo imprevisto,^[25] pues las lluvias durante aquel invierno habían sido escasas.^[26]

El 9 de abril el Consejo de Castilla encargó a Burriel la redacción de un “manifiesto” o memoria de lo acontecido. Burriel compuso una extensa relación -a la que adjuntó planos de los lugares inundados- en que narraba lo sucedido,^[27] las medidas adoptadas en beneficio del vecindario y la reparación de los daños registrados en el entramado urbano. El Consejo de Castilla ordenó imprimir el texto, que se publicó por la Viuda e Hijos de Santander el mismo año del suceso, y cuyas 220 páginas suponen un valioso testimonio de lo acontecido.

La memoria cita precedentes de interés: en 1777 se abandonó la idea de trasladar el Hospicio al colegio de San Ignacio que fuera de la Compañía de Jesús, y se creó una Junta, integrada por el presidente de la Chancillería, el obispo, el intendente-corregidor y dos diputados, nombrado el uno por el ayuntamiento y el otro por el cabildo eclesiástico. Nada se decidió hasta 1783, cuando el Hospicio quedó al cuidado del oidor Antonio González Yebra,^[28] quien procedió a su apertura el 1 de agosto de 1786. Un segundo precedente fue la constitución (22 de noviembre de 1783) de la Real Sociedad Económica de Amigos del País (GARCÍA FERNÁNDEZ, 2014: 211-223), que celebró su primera junta el 30 de enero de 1784 (ENCISO RECIO, 1975: vol. II, 155-178). La Sociedad expuso la situación de abandono padecida por la ciudad en muchos aspectos. A raíz de dicho documento se despachó (1 de septiembre de 1786) una real orden para la formación de una Junta*, compuesta por el Presidente de la Chancillería, el Gobernador de la Sala del Crimen José Colón de Larreategui,^[29] el Intendente-Corregidor Jorge Astraudi,^[30] el Alcalde Mayor Pedro González Calderón,^[31] el regidor Manuel de la Vega Colmenares, un Diputado del Común, el Oidor Germán Salcedo^[32] (quien fuera primer director de la Sociedad Económica) y el Vizconde de Palazuelos, nombrado por la Real Sociedad. Tras la inundación de febrero de 1788 se sumaron a la Junta el Oidor Conde de Pinar,^[33] el Coronel Marqués de Olías y el Alguacil Mayor Manuel Estefanía. Un tercer precedente fue la constitución (22 de julio de 1787) de la Junta de Caridad, que integraban el Presidente de la Chancillería, el Intendente y el Alcalde Mayor, con la conformidad del Obispo.

La Memoria compuesta por Burriel comprendía dos partes: la primera describía la inundación del 25 de febrero, los daños sufridos y las medidas adoptadas para paliar la catástrofe, con especial referencia a la reconstrucción de los edificios dañados, tanto públicos como privados; la segunda, a modo de apéndice, incluía tanto las súplicas y representaciones dirigidas al Monarca y sus ministros, como las reales resoluciones dictadas “en alivio de este vecindario”.^[34]

El mes de febrero fue excepcionalmente lluvioso en la Meseta Norte,^[35] sobre todo los días 23 y 24, con gran incremento del caudal de los afluentes del Duero, en particular del Pisuerga y el Esgueva. La noticia del desbordamiento del Duero, los daños causados por las aguas en Medina del Campo, los ocasionados en los campos de Tordesillas, Toro y Zamora, y el desbordamiento del Esgueva en Valladolid, llegaron a oídos de los jesuitas castellanos exiliados en Bolonia.[36] No era nueva la situación para Valladolid, pues la inundación de 1636 se saldó con ruina material y pérdida de vidas. La noche del 24 ambos ríos se desbordaron y el Alcalde del Crimen, Vicente Joaquín de Noguera, acudió a la residencia del Presidente de la Chancillería para comunicarle la novedad. Citado de urgencia el Alcalde Mayor, informó de las medidas adoptadas por el ayuntamiento y añadió que, tras proceder a la visita de los lugares más problemáticos, consideraba que el peligro había remitido “por haber bajado las aguas considerablemente”. El Oidor y Gobernador de la Sala José Colón de Larreategui inspeccionó varios puentes y calles próximas al cauce del Esgueva, y corroboró que el nivel de las aguas había comenzado a descender.

Durante la tarde el 24 se pusieron ya en práctica varias medidas. Según comunicó el Intendente-Corregidor Jorge Astraudi, por un escribano de su juzgado, Isidro Navarro, y un maestro de obras que lo acompañaba, le había llegado noticia de que se habían inundado algunas calles lindantes con el cauce del Esgueva, donde los vecinos habían cavado zanjas para evacuar el agua que amenazaba sus casas. Astraudi también informó a Burriel que había emitido un bando, en unión del Alcalde Mayor y de los Diputados del Común, para que los vecinos encendiesen luces que permitieran apreciar la evolución de la crecida, e instándoles para que subieran a las zonas altas de sus casas. Al tiempo, se había ordenado a las autoridades de las vecinas localidades de Zaratán, Villanubla y Ciguñuela que proveyesen de pan a la ciudad, en vista de las muchas dificultades que enfrentaba el abasto de trigo, leña y carbón. El mismo 25 de febrero se había venido abajo el puente de Boecillo por la crecida del Duero, con lo que se había “cortado el principal y único transito” no solo a Valladolid sino también a Madrid, lo que obligaba a un rodeo de más de seis leguas, de modo que se dispuso una barca que conectara las localidades ribereñas de Laguna y Boecillo, en tanto se habilitaba un puente provisional de madera. Del puente solo se había mantenido en píe uno de sus tres arcos; el costo de su reconstrucción se estimó en 240.000 reales, cantidad imposible de asumir por los pueblos que lo cruzaban para dar salida a sus cosechas. Además de Laguna y Boecillo, pasaban a menudo por el puente carruajes y acémilas de Aldeamayor, Portillo, Pedrajas, Cardiel y Mojados, lugares todos ellos con tan limitados recursos que podían darse por insolventes.

El Maestro de obras titular de Valladolid, Francisco Pellón, reveló que las compuertas del puente de la Reina -construido en tiempo de Carlos V-  las cuales debían evitar que las aguas del Esgueva discurrieran por la ciudad por el brazo norte del río, se encontraban inutilizadas, así por la fuerza de la corriente como por la falta de mantenimiento,^[37] de modo que el agua sobrepasaba la altura de los arcos de sillería e inundaba las vegas próximas. Como “la causa manifiesta de las actuales desgracias” se consideró la imposibilidad de desviar el curso del Esgueva por su brazo exterior, que desembocaba en el Pisuerga por el Espolón, con lo que se produjo una riada formidable, favorecida por la estrechez y poca profundidad del cauce, invadido además por la maleza. El 27 de febrero se comisionó al Alcalde del Crimen José Lafarga^[38] para que, junto con el arquitecto Antolín Rodríguez,^[39] juntara un centenar de obreros, procedentes de los barrios de Santa Clara, San Juan y San Andrés, que reparasen el puente de la Reina y recuperasen las compuertas de modo que permitieran desviar el curso del Esgueva por el exterior de la ciudad, pues se temía un segundo temporal. El día 28 se habían reforzado los portones provisionales “con haces de manojos atados con sogas, y dentro de ellas piedras y céspedes para que bajasen al fondo, estacas y demás que se consideró conducente” (Manifiesto o Memoria, 1788:36). Nombrado director de las obras de reconstrucción, el arquitecto Santos Calderón concluyó en abril de 1788 que “el abandono de aquella obra útil y bien construida en sus principios, pero desmoronada y maltratada por el tiempo y el descuido”, estaba en el origen de la inundación.

Desde las tres y media de la noche del 25 de febrero, los campos próximos a Valladolid, como el Prado de la Magdalena, quedaron anegados. La maleza que obstruía los arcos de los puentes sobre el Esgueva contribuyó a que se inundase “repentinamente la Ciudad, viniendo a ella todo aquel estanque grande de aguas represadas durante la noche”, alcanzando las aguas entre las 6 y las 7 de la mañana muchas calles, básicamente las situadas en las inmediaciones de las iglesias de Santa María de la Antigua y Nuestra Señora de las Angustias, el convento de San Benito y todo el centro de Valladolid, hasta el altar mayor de la iglesia de la Santa Vera Cruz, calle Platerías y plaza del Ochavo. El arquitecto-ingeniero que dirigió las obras de reconstrucción hizo notar que el cauce interior del Esgueva, sus puentes, y los murallones que reforzaban sus estribos, habían permanecido descuidados durante años.^[40] “Los clamores de los vecinos cercados de aguas y corrientes, que veían anegadas sus casas por todas partes, aislados sin poder ser socorridos, llegaron muy luego a los oídos del Señor Presidente” (Manifiesto o Memoria, 1788:8). Desde el primer momento Burriel se trasladó, acompañado del Alcalde del Crimen Pedro Sánchez Yebra, a los lugares más castigados por la riada, y lo mismo hizo el Intendente-Corregidor, que se desplazó a la Plazuela Vieja, próxima a Nuestra Señora de las Angustias, para, con una pequeña embarcación, auxiliar a los vecinos próximos al puente de Magaña,^[41] cercano a la catedral, quienes corrían grave riesgo. Sirviéndose de una lancha, los colegiales del seminario de Escoceses (GONZÁLEZ GARCÍA VALLADOLID, 1901: 551) evacuaron a muchos residentes de la calle de Esgueva y de los alrededores de la iglesia de la Antigua, “libertando asimismo al Alcalde del Crimen D. Alonso Quero, su mujer y familia, cuya casa se desplomó en la mayor parte” (Manifiesto o Memoria, 1788:11). Dirigidos por su rector Alejandro Camerón, los colegiales escoceses mostraron un comportamiento denodado “arrojándose al agua no pocas veces, sin embargo de su corriente, por atravesar las calles, y sacar los vecinos de las casas a donde no podía atracar el barco” (Manifiesto o Memoria, 1788:12). Se utilizaron en las labores de rescate mulas, coches y carros diversos, no solo de Valladolid, sino también de pueblos vecinos como Zaratán, La Overuela o Santovenia. Además de las autoridades, se distinguieron en las labores de socorro los alcaldes de barrio Tomás Chacel, Diego de Nieva y Francisco de Paula Villanueva, Conde de Albarreal -quien donó el grano almacenado en su casa- así como el coronel marqués de Olías, quien movilizó a la tropa^[42] bajo su mando para impedir los saqueos.^[43] El 4 de marzo la Real Junta decidió expulsar de la ciudad a todos los mendigos forasteros (lo que se incumplió),^[44] amenazó con multas y castigos a cuantos, aprovechándose de la calamidad, especulasen con productos de primera necesidad^[45] y ordenó el cierre de las tabernas a las nueve de la noche, bajo la responsabilidad de los Alcaldes de Barrio. La escasez de cal, yeso, ladrillo y teja para la reconstrucción, además de incrementar los precios, dio lugar a que no fuera infrecuente el robo de piedra y ladrillo de los edificios desplomados. Pese a que algunos tejares del pueblo habían quedado dañados por la crecida del Pisuerga, el 6 de abril la Real Junta convocó a los fabricantes de tejas de la vecina localidad de Cistérniga^[46] para tratar del precio de las tejas, ladrillos y fanegas de cal que podían suministrar. Se trataba de neutralizar a quienes “maquinaban convertir en propio interés la general calamidad” (Manifiesto o Memoria, 1788:102). La Real Sociedad Económica de Valladolid acordó el 4 de mayo otorgar diferentes premios en metálico a los fabricantes que hubieran surtido a la ciudad con mayores cantidades de ladrillo, tejas, cal, yeso y madera (Manifiesto o Memoria, 1788:107-109).

El 26 de febrero, tras asistir las autoridades a las rogativas en la catedral,^[47] se reunió la Junta de Policía, presidida por Burriel. Se ordenó la limpieza de toda la basura arrastrada por la corriente en las calles que estuvieran libres de agua, el derribo de aquellas tapias y paredes ruinosas que obstaculizaran el tráfico, el reconocimiento de las casas afectadas, con distinción de las todavía habitables, la eliminación de maderas y ramaje acumulados en los ojos de los puentes y la recuperación del de San Benito, en el ramal norte del Esgueva, de modo que fuera de nuevo transitable. Para todo ello el Presidente comisionó a los Alcaldes del Crimen Bernardo Riega Solares, Francisco Ulloa Olmedilla y Vicente Joaquín Noguera. Del resultado de las inspecciones efectuadas resultaron ser 53 las casas inhabitables, 23 las arruinadas, y 154 las necesitadas de reparos; si bien otras muchas, “penetradas del agua hasta sus cimientos” no podrían ser utilizadas como viviendas durante algún tiempo por los malos olores y “la grande humedad que conservan”.^[48] La demarcación más perjudicada fue la del entorno de la catedral. En la tarde del 11 de marzo se desprendió parte de la cornisa de una de las torres de la propia catedral, y en la torre de la Iglesia de San Martín aparecieron fisuras alarmantes.^[49]

Las iglesias de la Antigua, Angustias y Santa Vera Cruz solo sufrieron deterioro en su pavimento, y algunas sepulturas se hundieron.^[50] Los dos puentes sobre el Esgueva en el Prado de la Magdalena padecieron graves daños. El situado en las inmediaciones de la casa llamada de las Chirimías perdió uno de sus arcos, y el contiguo al jardín del marqués de Revilla -cuya casa quedó en ruinas- perdió el pretil, cubierto por un “monstruoso cuerpo de aguas”, quedando solo utilizable para las gentes de a píe y caballerías, al igual que los de la Antigua^[51] y Magaña.^[52] El puente de las Carnicerías, con sus dos arcos de bóveda^[53] el de mayor dimensión de la ciudad tras el puente Mayor, “padeció mucho mayores quiebras y roturas por ser dilatado su cañón o rosca, y hallarse cegados sus arcos y bóvedas” (Manifiesto o Memoria, 1788: 24). En cuanto al pequeño puente de los Gallegos, “se desplomó enteramente”. La mayoría de las casas de su entorno quedaron destruidas. El de la Platería, de 44 metros de longitud con dos galerías abovedadas, no se desplomó pese a que su dovela quedó dañada a causa de que sus arcos se hallaban “sumamente atacados de broza”.^[54] No sucedió lo mismo con el del Val, junto a la ermita de Nuestra Señora del Val, que se derrumbó enteramente “cortando uno de los más esenciales pasos del Pueblo” (Manifiesto o Memoria, 1788: 25); ni con el de San Benito, hundidos en parte sus tres arcos a poco de ser inspeccionado por el Presidente Burriel, “con susto y admiración del grande concurso que le estaba mirando, habiéndole preservado Dios la vida para trabajar en alivio del Pueblo”.^[55]

Una extensa relación de lo sucedido fue remitida por el Presidente de la Chancillería al conde de Floridablanca, como Secretario de Estado, así como a Campomanes, Gobernador del Consejo, para que lo pusiesen en conocimiento del Rey. El 4 de marzo Floridablanca participaba a Burriel y al Intendente-Corregidor el reconocimiento del monarca por el esfuerzo realizado para paliar la catástrofe, reconocimiento extensivo a cuantos hubiesen contribuido “al alivio de ese vecindario”. El 6 de marzo, el Maestro de obras Antolín Rodríguez certificaba que las obras provisionales se habían concluido, si bien consideraba imprescindible rehacer “como estaba antiguamente” el puente de la Reina y efectuar una completa limpieza del cauce interior del Esgueva (Manifiesto o Memoria, 1788: 39-41). Fue necesario publicar medidas para impedir que se arrojasen al lecho del río escombros y desperdicios, y se señaló el prado de la Magdalena como el espacio donde depositarlos (Manifiesto o Memoria, 1788: 154). La Junta de Policía dispuso que las comunidades religiosas albergaran a cuantos estudiantes hubieran quedado sin alojamiento, y que los edificios de los colegios de San Ignacio y San Ambrosio, que fueran de los jesuitas hasta su expulsión, se utilizasen para alojar a aquellos vecinos que hubiesen perdido sus casas,^[56] en tanto los de “más distinción” se alojarían en la hospedería del Colegio Mayor de Santa Cruz. Todas las religiones se esforzaron en acoger a los necesitados. El Hospicio de Pobres, creado por la Junta de Comercio en 1723 y dirigido por el Oidor Antonio González Yebra,^[57] recibió a ocho familias y dio de comer a cuarenta vecinos, aunque con temor, por si el hacinamiento de gentes daba lugar a epidemias.

El 29 de febrero el director de la Real Sociedad Económica, Germán de Salcedo, -Oidor también, como se ha dicho, de la Chancillería desde un año antes- así como el segundo director Gaspar de Lerín Bracamonte,^[58] convocaron una Junta general, que decidió destinar 12.000 reales para la compra y distribución de herramientas y materias primas entre los artesanos que hubieran perdido su medio de trabajo. Las obras de reparación de los doce puentes que habían sufrido daños de diversa consideración^[59] y de los más de 300 edificios afectados por la riada contaron con el acuerdo del Consejo de Castilla. El 8 de marzo una Real Orden dirigida al Presidente de la Chancillería instaba a las autoridades vallisoletanas a tomar las medidas que se estimaran suficientes para evitar una nueva inundación, que se señalasen tanto los edificios públicos necesitados de reparación o reconstrucción como aquellos que debieran ser demolidos, y se estimase el coste de todo ello. Las personas pudientes debían reedificar sus viviendas y quienes fueran pobres recibir asistencia de la Junta “a proporción de su indigencia y del tamaño de la obra”, y se debía proceder a la libranza de los caudales de Propios. Las muchas instancias presentadas para acogerse a la ayuda tropezaron con la dificultad de comprobar la veracidad de los datos sobre los que se fundaba la petición; además, muchos de los peticionarios eran meros enfiteutas que, en caso de recibir la ayuda “cederían el beneficio que recibiesen en favor de Comunidades y personas poderosas en quienes residía el dominio directo”.^[60] El 21 de mayo la Junta de Policía decidió que los propietarios directos de las casas en enfiteusis no pudiesen incrementar el canon que el censualista le pagaba antes de la inundación. El 11 de marzo Pedro Andrés Burriel encargó al ayuntamiento la elaboración de un listado con los nombres de los dueños de las casas afectadas, con indicación del estado de las mismas. Al mismo tiempo requirió al Teniente Coronel de Ingenieros José Santos Calderón,^[61] por entonces residente en Medina del Campo, pasase a Valladolid para dirigir las obras y reparos, y proceder a la limpieza de sótanos  y bodegas anegados de cieno, barro “pestífero y pegajoso”, y desperdicios e inmundicias^[62] cuya “fetidez presagiaba fatales consecuencias” para la salubridad de la población (Manifiesto o Memoria, 1788: 56-59, 64). La tarea entrañaba muchas dificultades, porque se inundaban “nuevamente los subterráneos según se extraía el agua de ellos”. Como paliativo frente al hedor “enfermo e intolerable”, se recomendó revocar las paredes húmedas con cal y arena,^[63]  quemar yerbas aromáticas -romero, tomillo, cantueso, espliego, enebro, entre otras- e incluso “de cuando en cuando algo de pólvora, y regar con vinagre las habitaciones”. 

El ingeniero Santos Calderón finalizó los primeros reconocimientos a comienzos de abril. La prioridad era reforzar las compuertas del puente de la Reina, que permitían desviar las aguas del Esgueva en dos ramales hacia el exterior de la ciudad. Los trabajos provisionales efectuados en dicho puente, pese a haber sido efectuados en un terreno inundado y fangoso, resultaron útiles tanto el 29 de febrero para contener una segunda avenida como el 24 de junio, cuando una repentina tempestad motivó una crecida del Esgueva por su cauce exterior, sin que tuviera efectos calamitosos en el interior. Tras realizar labores de acondicionamiento, en abril la mayoría de los puentes de la ciudad se encontraban transitables, salvo los dos situados junto al Prado de la Magdalena: sobre todo el conocido como “de las Chirimías” (al que anteriormente hemos hecho referencia), que se había desplomado y era de “tránsito preciso para los carros y carretas de los infinitos trajinantes de vino y hierro de las Montañas, para los labradores de Santa Clara y Portillo y ganados trashumantes”. Se habilitaron temporalmente dos vados: uno junto al puente destruido y otro anejo al molino de papel propiedad del Real Monasterio de Nuestra Señora de Prado. También recalcó el ingeniero Santos Calderón que previamente a la reedificación de casas era preciso reparar y asegurar los arcos dañados por la inundación, ya que “sobre los arcos y dilatados acueductos y puentes que hay sobre la Esgueva están fabricadas muchas casas”. Mencionaba la situación de la calle de la Platería, donde los propietarios habían solicitado que el arquitecto-ingeniero proyectara con antelación “el modo uniforme de edificar, y de cuantos altos deberán constar la fachada y en su reverso para su mayor seguridad y hermosura” (Manifiesto o Memoria, 1788: 135). 

Para ayudar a financiar la reparación de los principales daños, el Consejo de Castilla propuso aplicar a beneficio de la ciudad tanto el arbitrio de 2 maravedíes de los 4 por cántaro de vino que se destinaban a financiar el camino de Cabezón,^[64] como el excedente que pudiera dar el Pósito,^[65] que se estimó en 96.450 reales (Manifiesto o Memoria, 1788: 123); y suspender los pagos de intereses a los acreedores en posesión de censos, que el regidor Tomás Robredo calculaba en 233.071 reales de los impuestos sobre sisas, que ascendían a 8.494.628 reales de capital. La Real Junta solicitó el 8 de marzo que se eximiera a la ciudad de la asamblea de Milicias y se aplicara su importe a las muchas reparaciones pendientes. La asamblea anual del Regimiento Provincial de Milicias estaba convocada para primeros de mayo. La instrucción prevista para la tropa era de trece días, con un presupuesto estimado en 40.000 reales.^[66] Fue el coronel de Milicias, Marqués de Olías, quien, de acuerdo con el Presidente de la Chancillería, suplicó no solo al rey, sino también al conde de Floridablanca, por la vía reservada de Guerra, y asimismo al Inspector General de Milicias, Juan José de Vértiz,^[67] que se dispensara “por este año que se congregue la asamblea de este Regimiento Provincial” (Manifiesto o Memoria, 1788: 179-182). Su petición fue atendida favorablemente el 14 de marzo,^[68] con lo que su importe vino a sumarse a los 40.000 reales de los caudales del último expolio y vacante del que fuera obispo vallisoletano entre 1773 y 1784, Antonio Joaquín de Soria,^[69] y a la petición (16 de marzo) al Comisario general de Cruzada, José García de los Herreros^[70] -con facultad para gestionar los fondos procedentes de la bula de cruzada, subsidio y excusado- para que atendiera a los pobres recogidos en el Real Hospicio y en el Hospital. A este ruego García de Herreros respondió positivamente el 22 de marzo, ofreciendo “los productos del Indulto Apostólico Cuadragesimal” en la diócesis de Valladolid el año 1789,^[71] que sumaban 16.221 reales. La Real Junta también se dirigió al Banco Nacional de San Carlos y a la Diputación de los Cinco Gremios de Madrid en solicitud de socorro. Los Cinco Gremios acordaron asignar 30.000 reales a la Junta.^[72] El Banco de San Carlos pospuso su decisión a diciembre, mes en que celebraba su Junta General. El Intendente y el Alcalde Mayor propusieron algunas medidas para obtener fondos. Dado que el Alcalde Mayor era el subdelegado de Pósitos en Valladolid, destinó 12.000 reales para las necesidades de los vecinos pobres damnificados por la inundación. Para aplicar, a sugerencia del Intendente Jorge Astraudi, el citado arbitrio de dos maravedíes (de los cuatro que pagaba cada cántaro de vino) a la obra del camino de Cabezón, fue necesario recabar la conformidad del Secretario de Hacienda Pedro de Lerena. Por último, la Sociedad Económica de Amigos del País resolvió ceder a la Junta por seis años el privilegio de celebrar corridas de toros, para que destinara la recaudación “a lo que estime más beneficioso al público”.^[73] En agradecimiento, la Junta recomendó “manifestar al público en los mismos carteles en que se anuncie esta diversión el objeto en que se ha de emplear su rendimiento”.^[74]

El 14 de mayo la Junta de Policía dispuso ya de toda la información referente a las casas dañadas o arruinadas, incluidos tanto los nombres de aquellos vecinos que por sí mismos podían reedificarlas, como los de aquellos otros que carecían de medios para hacerlo. Calificados como “pudientes” en la lista que se elaboró, se asignó a los primeros un plazo de quince días para que iniciaran el acopio de materiales (tejas, cal, ladrillos); y un mes para que comenzaran las obras y reparos. Los Maestros de obra debían presentar los planos a la Junta, con objeto de preservar “la uniformidad, hermosura y decoro del pueblo” (Manifiesto o Memoria, 1788: 132-133). Los cimientos debían ser de piedra sillar, y conformes con lo establecido urbanísticamente por la Real Academia de Matemáticas y Dibujo de Valladolid -establecida en febrero de 1782, y aprobada por Carlos III un año después (URREA, 1993: 295-316)- para “desterrar el mal gusto y aquellas fábricas antiguas, de que abunda Valladolid, de inmensa altura que no son otra cosa que un armazón mal formado de tierra, lodo y palos sin ninguna solidez” (Manifiesto o Memoria, 1788: 133-134). Las obras correspondientes a esta categoría de “dueños pudientes” ascendían a más de doscientas, 73 de ellas propiedad del cabildo catedral. A cuantos, por falta de recursos, no tuvieran posibilidad de reparar sus viviendas, se decidió socorrerlos “a unos con el todo del coste, a otros con la mitad, y dándoles la otra mitad con calidad de empréstito o reintegro” (Manifiesto o Memoria, 1788: 143-144) aportando como fianza la propia finca. Para percibir la ayuda se les obligaba a ajustar las obras con Maestro conocido, presentar el plano y esperar la aprobación de la Junta.

Para paliar la falta de operarios se expidió (31 de mayo) un edicto convocando a oficiales, peones y canteros de Castilla, País Vasco, Asturias y Cantabria para que se enrolasen en los trabajos de reconstrucción, y se acordó un jornal de 4 reales y medio para los peones. Un nuevo edicto (14 de junio) animó a fabricantes de materiales de construcción a establecerse en las inmediaciones de Valladolid, excepción hecha de Cistérniga, quienes recibirían ayudas para la construcción de hornos destinados a la fabricación de ladrillos, tejas y cal, con la condición de que vendieran a un precio adecuado y reintegrasen la cantidad anticipada. Con todo, los abusos en el transporte fueron continuos, secundados por los mozos de los carros.^[75] Mendigos y vagos reunidos por las Salas del Crimen fueron ocupados en la limpieza del Esgueva -al parecer con cierto provecho, pese a que se les hacía trabajar con grillete- y las autoridades no dejaron de apreciar “los buenos efectos que en lo político y moral causa la recolección de esta gente perdida” (Manifiesto o Memoria, 1788: 151).

El 21 de junio Santos Calderón presentó 13 planos, acompañados del cálculo y condiciones de las obras, con tres copias: una para el monarca, otra para Floridablanca,  la tercera para el Consejo de Castilla y el original para la Junta vallisoletana. Contenían la descripción de los doce puentes que cruzaban el cauce interior del Esgueva y se señalaba su poca profundidad y anchura, en algunos tramos como consecuencia de la reciente construcción en su margen izquierda de algunas casas,^[76] con lo que el álveo del río se había reducido en algunos lugares de cuarenta a solo doce píes. Enumeraba Calderón los daños sufridos por cada puente, y acompañaba lo anterior con otro plano general de la ciudad en el que los caminos públicos figuraban dibujados con gran detalle. El Teniente Coronel de Ingenieros achacaba la calamidad general del 25 de febrero “al abandono absoluto con que se ha mirado la limpieza de estos cauces, y al desprecio con que se han tratado las obras, que se construyeron para el establecimiento de la Corte en esta Ciudad”, y a “la inmundicia perenne de todo el pueblo” (Manifiesto o Memoria, 1788: 133-134).^[77] También advertía el ingeniero sobre la responsabilidad de los propietarios de las casas que evacuaban al río, quienes efectuaron obras en sus sótanos que habían obturado desagües y alcantarillas que debían dar salida a las aguas pluviales y de diferentes manantiales y utilizado sillares de sus cimientos para construir nuevas casas, lo que motivaba su indignación, pues sobre “puentes y acueductos construidos a principios del siglo pasado para seguridad y limpieza del pueblo, se ha edificado inutilizando su curso. ¡Es increíble semejante tolerancia!” (Manifiesto o Memoria, 1788: 164).

 

De Valladolid al Consejo de Castilla

 

El fallecimiento (8 de marzo de 1789) del consejero Ignacio Santa Clara y Villota permitió a Pedro Andrés Burriel obtener una plaza en el Consejo de Castilla en junio de dicho año.^[78] Contó para la ocasión con el apoyo del conde de Floridablanca, quien asimismo influyó para que se le nombrara caballero pensionado de la Orden de Carlos III. Como gobernador de la Sala de Alcaldes, Burriel tuvo bajo su supervisión la Cárcel de la Villa. Se trataba de un lugar infecto, sin ventilación, donde se hacinaban doscientos cuarenta y ocho reos, veintiséis de ellos mujeres. Una hija de Pedro Andrés, María Josefa Burriel, camarista de la reina y casada con el también caballero de la Orden de Carlos III Ramón Núñez de Haro,^[79] hijo de un oidor de la Audiencia de Asturias, se sumó a la Junta de Damas constituida en 1787 en el seno de la Sociedad Económica Matritense tras superar no pocas reticencias. Es probable que influyera en su padre para que paliase la situación de las mujeres trasladadas a la Cárcel de la Villa tras el incendio que en octubre de 1791 había arruinado la Cárcel de Corte (DEMERSON, 1975: 194-195). 

“En atención a la avanzada edad y servicios” de Burriel, quien por entonces contaba 68 años, un decreto de 14 de agosto de 1792 dispuso su jubilación, y que conservara el medio sueldo de la plaza.^[80] Su afinidad con el destituido (febrero de 1792) conde de Floridablanca, hasta entonces Secretario de Estado, se asoció con su cese como consejero, como fue el caso de los también consejeros José Colón de Larreategui y Antonio Cano Manuel, y del fiscal Francisco Soria (MOLAS RIBALTA, 2000: 106-108).^[81]

 

 

 

 

Bibliografía

 

Fuentes primarias impresas o editadas

Al Rey Nuestro Señor por el respetable conducto del Exmo. Conde de Floridablanca, su primer Secretario de Estado, ofrece con el más profundo rendimiento el Presidente de la Real Chancillería, y de la Real Junta de Policía creada en la Ciudad de Valladolid, bajo su inmediata protección, el Manifiesto o Memoria de las desgracias ocurridas en el día 25 de febrero de este año de 1788, Valladolid: Viuda e Hijos de Santander.

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