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Inicio > Núm. 23 (2026) > Ojeda Silva

Pasado Abierto. Revista del CEHis. Nº23. Mar del Plata. Enero-junio de 2026.

ISSN Nº2451-6961. http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto

                                                                                       

“Las paralelas radicales”. Gobierno e intransigencia de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires (1898-1902)

Nahuel Hernán Ojeda Silva

Universidad de San Andrés, Argentina

nojedasilva@udesa.edu.ar

Recibido:        20/03/2026

Aceptado:        23/04/2026

Resumen

El artículo analiza la experiencia gubernamental de Bernardo de Irigoyen en la provincia de Buenos Aires entre 1898 y 1902. Se examinan las tensiones que atravesaron al radicalismo en su participación en el sistema político de fines del siglo XIX. A partir del estudio de los conflictos políticos que atravesaron su administración se reconstruye la dinámica política que condicionó el ejercicio del poder por parte del gobernador. El trabajo sostiene que el gobierno de Irigoyen puso de manifiesto las dificultades de su grupo radical para consolidarse como fuerza dominante y contribuyó a profundizar las divisiones internas del partido. En ese sentido, se argumenta que los conflictos que atravesaron la gestión de Irigoyen formaron parte del proceso que desembocó en la reorganización de la Unión Cívica Radical en 1903 y en la redefinición de sus estrategias políticas.

Palabras clave: Radicalismo, dirigencias, prácticas políticas

“The parallels of radicalism”. Government and intransigence of the Radical Civic Union in the province of Buenos Aires (1898-1902)

Abstract

This article analyzes the governmental experience of Bernardo de Irigoyen in the province of Buenos Aires between 1898 and 1902. It examines the tensions that affected radicalismo during its participation in the political system of the late nineteenth century. Through the study of the political conflicts that shaped his administration, the article reconstructs the political dynamics that conditioned the governor´s exercise of power. The study argues that Irigoyen´s government revealed the difficulties faced by his radical faction in consolidating itself as a dominant political force and contributed to deepening the party´s internal divisions. In this sense, it contends that the conflicts that marked Irigoyen´s administration formed part of the process that led to the reorganization of the Radical Civic Union in 1903 and to the redefinition of its political strategies.

Keywords: Radicalism, political leadership, political practices

“Las paralelas radicales”. Gobierno e intransigencia de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires (1898-1902)

1. Introducción

A fines del siglo XIX, la Unión Cívica Radical atravesó un proceso de redefinición política marcado por tensiones entre distintas estrategias de acción frente al régimen político. Tras el suicidio de Leandro N. Alem, el radicalismo inició una etapa caracterizada por fuertes enfrentamientos internos. La desaparición del líder provocó un incremento de las divisiones: “lejos de reunificar a las facciones porteñas y bonaerense en que se había dividido el partido, las distanció aún más ya que ambas se embarcaron en una lucha feroz por la dirección partidaria” (Alonso, 2000: 270). Mientras algunos sectores insistían en la defensa de la intransigencia y rechazaban cualquier tipo de acuerdo electoral con las fuerzas del oficialismo, otros dirigentes consideraban posible intervenir en el escenario institucional mediante alianzas circunstanciales.

La posibilidad de que Julio Argentino Roca regresara a la presidencia cobró fuerza hacia mediados de 1897, tras la dimisión de Carlos Pellegrini, quien decidió presentarse como candidato. Frente a una eventual reelección de Roca, desde distintos sectores de la oposición surgió la propuesta de reunificar a la Unión Cívica original con el objetivo de presentar una fórmula capaz de disputarle el triunfo. Sin embargo, las posibilidades de concretar esa coalición enfrentaban serias dificultades iniciales, circunstancia que llevó a caracterizar esta situación como la “política de las paralelas”, expresión elaborada por Carlos Pellegrini. Esta denominación aludía a las diferentes visiones de la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Nacional respecto de una eventual restauración de la alianza. Mientras los radicales proponían una unificación plena de ambos partidos, el mitrismo prefería mantener las organizaciones políticas separadas.

La situación nacional se entrelazó, además, con el clima electoral de la provincia de Buenos Aires, donde el radicalismo local, liderado por Hipólito Yrigoyen, rechazaba un acuerdo con el mitrismo, agrupación que en ese momento ocupaba la gobernación provincial. Pactar con la UCN podía comprometer las posibilidades del radicalismo bonaerense de acceder al poder ejecutivo provincial. Estas tensiones debían resolverse mediante una instancia de deliberación interna, por lo que el Comité Nacional convocó para septiembre de 1897 a la realización de la Convención Nacional.

Fue durante la Convención Nacional de 1897 cuando terminaron de configurarse “las paralelas” que dividirían al radicalismo en los años siguientes. Las sesiones del congreso partidario determinaron la existencia de una mayoría (65 votos) que apoyaba la postura “coalicionista” o “bernardista”, es decir, la aceptación de un pacto con el mitrismo. No obstante, una minoría de 22 electores expresó su disidencia y bloqueó la decisión de la mayoría. Este sector correspondía al radicalismo bonaerense, que en esos meses comenzó a ser identificado como “intransigente”. Sus representantes abandonaron la Convención y rompieron relaciones con el Comité Nacional. El grupo más cercano a Irigoyen ordenó la formación de una comisión para reorganizar los comités de la provincia.

En marzo de 1898, tras una serie de negociaciones encabezadas por Carlos Pellegrini con distintos sectores del radicalismo, Bernardo de Irigoyen asumió la gobernación de Buenos Aires. Sin embargo, durante los primeros meses de su gestión perdió el apoyo del radicalismo “intransigente”. En este contexto, el partido enfrentó una situación inédita: mientras un grupo de destacados dirigentes se trasladó a la Plata para gobernar la provincia, otra facción del mismo partido se convirtió en uno de sus principales opositores.

Este trabajo analiza las prácticas políticas desplegadas por ambos sectores con el objetivo de explicar las circunstancias que llevaron a la Unión Cívica Radical a su primera experiencia de gobierno, las tensiones internas que atravesaron al partido y los obstáculos que enfrentó la administración de Irigoyen en un contexto de fuerte fragmentación política. A partir del análisis de memorias de protagonistas, debates parlamentarios provinciales y publicaciones periodísticas, como el diario El Tiempo, cercanas a la figura de Bernardo de Irigoyen, el artículo busca contribuir a los estudios sobre la vida política de fines del siglo XIX y sobre el radicalismo en particular. En las últimas décadas, diversas investigaciones han profundizado el estudio de las prácticas políticas en el cambio de siglo, analizando las formas de movilización y competencia electoral en el período (Castro, 2011; Hirsch, 2016; Hora, 2001; Rojkind, 2012). Por otra parte, la historiografía sobre el radicalismo ha examinado el origen del partido y su trayectoria política hasta la llegada de Hipólito Yrigoyen a la presidencia en 1916 (Alonso, 2000; Persello, 2007; Reyes, 2022). En este sentido, la experiencia del gobierno de Bernardo de Irigoyen constituye un episodio particularmente significativo para analizar las tensiones que atravesaron al radicalismo. Asimismo, el artículo examina las dificultades que enfrentaron los partidos opositores al incorporarse a la gestión en un escenario político nacional controlado por el mismo grupo dirigente desde hacía más de dos décadas.

Este artículo sostiene que la primera experiencia de gobierno del radicalismo en la provincia de Buenos Aires no significó una consolidación partidaria, sino que profundizó las tensiones entre los distintos sectores del partido. La gestión de Bernardo de Irigoyen obligó a los dirigentes radicales a redefinir sus estrategias frente al régimen político vigente, lo que derivó en nuevas formas de confrontación política y en una fragmentación interna que condicionó el desarrollo de la experiencia gubernamental.

2. La candidatura de don Bernardo

La elección de gobernador de Buenos Aires de diciembre de 1897 constituyó un momento clave para comprender las tensiones que atravesaban al radicalismo en esos años. El proceso electoral no sólo puso de manifiesto las disputas internas dentro de la Unión Cívica Radical, sino también algunos de los condicionamientos institucionales que caracterizaban al sistema político provincial. En este sentido, la instancia electoral permite observar tanto las dificultades del partido para articular una estrategia común como los márgenes de incertidumbre que generaba el propio mecanismo de elección indirecta del gobernador.

De acuerdo con el sistema electoral de la época, el gobernador no era elegido directamente por el voto popular sino por medio de un colegio electoral. En una primera instancia, se elegían electores en las distintas secciones y eran estos quienes posteriormente debían reunirse para designar al gobernador. Este procedimiento, frecuente en distintos sistemas políticos, abría un margen considerable para disputas en torno a la validez de los resultados y a la distribución de electores. Por esta razón, surgieron debates en la legislatura provincial en relación al número de electores correspondientes a cada fuerza, situación que se reflejó tanto en las estimaciones publicadas por la prensa como en las interpretaciones sostenidas por los propios actores políticos.

Sobre este escenario se proyectaban además las tensiones internas que atravesaban a la Unión Cívica Radical. Luego de la ruptura del partido en la Convención Nacional de septiembre de 1897, los enfrentamientos se dirigieron a la provincia de Buenos Aires y a la elección de un nuevo gobernador. La división del partido enfrentaba, en términos generales, a los sectores dispuestos a sostener acuerdos electorales con otras fuerzas políticas y a quienes defendían la intransigencia como principio organizador de la agrupación. Tras los meses de trabajo de la comisión reorganizadora, en varios informes del Comité Nacional y publicaciones del diario El Tiempo se destacaba que los conflictos estaban por desaparecer: “Unos y otros, intransigentes o no, se reconocen en la provincia radicales dispuestos al acercamiento en el momento necesario”.^[1] La intención del diario y del Comité liderado por Bernardo de Irigoyen fue exhibir un radicalismo unido en las vísperas de los comicios, respondiendo a los comentarios de otros periódicos como La Nación que señalaban la división definitiva de la UCR: “El Partido Radical se distinguía por su cohesión; pero esa cohesión nacía de la armonía de las voluntades y no del sentimiento absoluto. La imposición, sin embargo, quiso abrirse paso desde las segundas filas y absorber las fuerzas comunes. La escisión vino en consecuencia.”^[2] 

El 5 de diciembre se realizaron las elecciones para gobernador de la provincia de Buenos Aires. La presencia de dos listas radicales en los comicios respondía directamente a la división producida tras la Convención de septiembre de 1897: la UCR disidente y la lista coalicionista que respondía a la comisión reorganizadora del Comité Nacional. Es por esto que desde las páginas del diario El Tiempo se advertía la importancia del voto del radicalismo provincial, bajo la influencia de Hipólito Yrigoyen, conscientes de su “poderío” de cara a la posible llegada de Bernardo de Irigoyen a la gobernación. Las intervenciones del diario no solo informaban sobre el proceso electoral, sino que también buscaban intervenir en la disputa política, insistiendo en la imagen de un radicalismo cohesionado pese a las tensiones internas. Esta serie de editoriales del diario radical negando la presencia de divisiones internas tenían un motivo que chocaba con sus propias intenciones. Los primeros resultados de la elección evidenciaban que más allá de los esfuerzos de la reorganización del Comité Nacional presidida por Bernardo de Irigoyen y de los diferentes centros creados en el interior de la provincia en aquellos meses, la principal fuerza del radicalismo en la provincia respondía al grupo disidente liderado por Hipólito Yrigoyen. Esto se advierte en el siguiente informe del 9 de diciembre de 1897 (cuadro N°1) sobre la distribución de electores para gobernador:

Cuadro N°1

Cantidad de electores por partido de los comicios de gobernador de la provincia de Buenos Aires (diciembre de 1897)
PAN	45
UCN	36
UCR (Disidente)	25
UCR (Coalicionista)	4
Nacionales Independientes	0

 Información publicada en El Tiempo, 9 de diciembre de 1897. Para La Nación, la distribución de electorales era diferente: A la UCN le correspondían 52 y al radicalismo, 15 electorales pertenecían a los disidentes y 6 a los que respondían a Bernardo de Irigoyen.^[3]

El 16 de diciembre de 1897, La Nación publicaba que a pesar de la destacada actuación de la Unión Cívica Nacional se estaba formando una alianza entre autonomistas y radicales para llegar a la gobernación: “Hemos tratado de inquirir el estado en que se encuentran las gestiones que se han anunciado para una inteligencia entre el PAN y los radicales sobre la base de un gobernador de filiación radical”.^[4] De esta manera, la definición de la gobernación se iba a realizar en el interior de la legislatura. Con este motivo, el Comité Nacional llamaba, una vez más, a que el radicalismo dejara de lado las divisiones de los meses anteriores y reforzara la unidad de cara a la designación del próximo gobernador^[5]. El diario La Prensa publicó a mediados de diciembre que tras la elección: “está consumada la reconstrucción de la unidad del radicalismo, hecho que tiene que ser relacionado con los trabajos políticos de que el lector tiene noticia”. Esta postura fue expresada el 23 de diciembre de 1897 por la Junta directiva de la comisión reorganizadora, estableciendo como resolución oficial que el partido radical se iba a presentar en el colegio electoral sin distinciones.

Este mensaje se dio como respuesta a un nuevo manifiesto de los disidentes, el 18 de diciembre, que habían formado un comité en la Capital con José Camilo Crotto en la presidencia. La formación de un nuevo centro en la capital como protesta no era una novedad y en parte seguía siendo la ciudad de Buenos Aires uno de los espacios de tensiones de las facciones del radicalismo, en particular antes de la llegada de Bernardo de Irigoyen y su grupo a La Plata como se examinará más adelante en este trabajo. Repitiendo la disidencia de septiembre de 1897 cuando el Comité presidido por Martín Torino rechazó la postura coalicionista del Comité Nacional, en esta ocasión esta asamblea presidida por Crotto proclamó que el radicalismo no debía establecer alianzas con el objetivo de obtener puestos.

La defensa de la intransigencia se convirtió así en uno de los elementos centrales de la identidad política de este sector del radicalismo, que interpretaba los acuerdos electorales como una desviación respecto de los principios fundacionales del partido. Su análisis de la realidad de la agrupación se distanciaba de lo planteado por la comisión reorganizadora del Comité Nacional, presentando un partido dividido producto de la postura acuerdista de un grupo que no representaba la naturaleza intransigente del partido: “Los antecedentes del partido son bien conocidos; adquirió popularidad porque inscribió en su bandera la austera intransigencia de los principios democráticos y su consecuencia y firmeza lo hicieron tan poderoso, que pudo conmover la república”.^[6] 

En este comunicado se advertía que el radicalismo, originado en un clima de revolución contra el Régimen, equivocó el camino al pensar en posibles alianzas con fuerzas que formaban parte del orden nacional. Por lo tanto, el partido más que buscar el gobierno a través de pactos, debía rechazar estas maniobras como parte de su propia identidad: “Resistimos la nueva política con enérgica entereza, porque desconociendo ella los principios de nuestro programa, rompía la unidad de la única fuerza orgánica que existía en la república”.^[7] 

La intransigencia como bandera, como parte del programa, se estableció en uno de los elementos claves de la identidad de este grupo radical en estos años de división. En este sentido, la defensa de esta postura no solo remitía a una cuestión doctrinaria sino también a una estrategia política frente al régimen electoral vigente. En un sistema caracterizado por prácticas de fraude, la participación en acuerdos con fuerzas del régimen era interpretada por ese sector como una forma de legitimación de esas prácticas. La abstención o negativa a participar en coaliciones aparecía entonces como un modo de preservar la identidad del partido y mantener la denuncia del sistema político existente.

Sin embargo, más allá del llamado a la intransigencia, la coyuntura política de fines de 1897 mostraba un escenario más complejo para el partido. La cantidad de electores del radicalismo disidente en la legislatura provincial era determinante en las negociaciones entre los diferentes partidos. En ese momento, el rumor de que Bernardo de Irigoyen iba a ser el elegido por la UCR -tanto por el sector coalicionista como por el grupo intransigente- y por el PAN para la gobernación apareció en la prensa de la capital, el 24 de diciembre de 1897. El año terminaba con un propósito central para el radicalismo, a pesar de sus tensiones y enfrentamientos: llevar a Irigoyen al mando del poder ejecutivo provincial, ya que, según se afirmaba en la prensa del partido, “nuestro ilustre conciudadano será gobernador o no será nada”.^[8]

Quien resultó fundamental en el acuerdo que llevó a Bernardo de Irigoyen a la gobernación fue Carlos Pellegrini. Aunque no se conocía el resultado final de los comicios, si se sumaban los electores del autonomismo con los radicales se llegaba al número necesario para designar a un gobernador. De ahí que Pellegrini pensase en algún candidato perteneciente a la UCR para elevar su candidatura. Esto aparece en una carta de Pellegrini a Miguel Cané, uno de sus amigos íntimos donde describió con lujo de detalles sus estrategias y arreglos para manejar la política provincial de aquellos años: “Los mitristas me compraron a diez entre senadores y diputados para descangallarme y hacer una mayoría que les diera en el escrutinio mayoría absoluta (…) Para golpearlos, no tuve más remedio que llamar al Partido Radical, levantar la candidatura de don Bernardo, quiera o no quiera” (cit. en Gallo, 1997: 66). Para Pellegrini, la candidatura de Bernardo de Irigoyen representaba una solución pragmática frente al conflicto con el mitrismo y, al mismo tiempo, permitía integrar a una fracción del radicalismo dentro del nuevo gobierno.

Para el grupo cercano al Comité Nacional y a la figura de Bernardo de Irigoyen, la UCR debía adaptarse a las circunstancias, aceptar los votos del autonomismo para convertirse en el partido de gobierno. De esta manera se seguía defendiendo la política de coalición planteada en la Convención de septiembre de 1897, aunque ahora con un nuevo aliado. La ruptura con el mitrismo aparecía como un paso necesario para justificar esta nueva estrategia.

En este contexto, la prensa partidaria desempeñó un papel central en la construcción de los discursos que legitimaban estas posiciones. Tal como ha señalado Alonso, los bruscos cambios en las posturas defendidas en los diarios eran bastante frecuentes: “La publicidad de la política en la prensa partidaria encasillaba al partido en posiciones que resultaban embarazosas cuando un cambio de la situación requería un cambio en el discurso” (Alonso, 1997: 17). Las páginas del diario El Tiempo reflejaron claramente estas tensiones. Para este periódico, la UCR no debía aparecer asociada a la Unión Cívica Nacional, que había buscado el apoyo de Roca para sostener la gobernación de Buenos Aires. Por el contrario, el radicalismo podía aceptar el respaldo del autonomismo porque este apoyo se orientaba a sostener la candidatura de uno de sus propios dirigentes: “no ha necesitado ir a buscar la montaña habiendo decidido el Dr. Pellegrini y el partido que dirige sostener la candidatura y gobernación del Dr. Bernardo de Irigoyen, uno de los más distinguidos y preclaros hombres de Estado de la república”.^[9] 

A partir de enero de 1898 el discurso del Comité Nacional comenzó a modificarse. El sector que ahora aparecía como el principal obstáculo para la consolidación del nuevo acuerdo ya no era el radicalismo que respondía a Hipólito Yrigoyen sino la Unión Cívica Nacional: “Obedeciendo a la lógica de nuestra conducta política, fieles a nuestra tradición antiroquista, nos desligamos del mitrismo, que consideramos hoy como el enemigo de nuestro credo”.^[10] 

Las críticas a este grupo se concentraron principalmente en dos cuestiones: la difusión en el diario La Nación de interpretaciones consideradas erróneas acerca de los resultados electorales y la decisión de sus legisladores de ausentarse de las sesiones para impedir la formación del colegio electoral. Esta última actitud fue duramente cuestionada por los sectores cercanos a Irigoyen, ya que impedía alcanzar el quórum necesario para avanzar con el escrutinio. En las discusiones parlamentarias de aquellos meses, los bernardistas José Nicolás Matienzo, Adolfo Saldías, Oscar Liliedal y Joaquín Castellanos sostuvieron que era necesario aceptar los resultados del 5 de diciembre y proceder a la formación del colegio electoral que debía designar al nuevo gobernador.

La discusión en la legislatura de Buenos Aires se prolongó durante los primeros meses de 1898. En particular, el conflicto se agravó cuando los representantes mitristas decidieron trasladarse a Colonia, en Uruguay, con el objetivo de impedir el funcionamiento de la cámara. Como señala Hirsch: “La mayoría de legisladores cívicos nacionales tomaron el tren a la Capital, mientras la Junta Ejecutiva del partido, enterada de los acontecimientos, convocó a sesión extraordinaria, donde se resolvió que los legisladores no volviesen a La Plata” (2016: 250).

El 6 de enero de 1898, El Tiempo anticipaba que Irigoyen aceptaría finalmente el cargo de gobernador. Agustín Rivero Astengo (1941), biógrafo de Pellegrini, destaca el papel desempeñado por Carlos Vega Belgrano, director de El Tiempo, en las negociaciones destinadas a convencer al dirigente radical. Mientras Irigoyen se encontraba en su residencia de General Rodríguez recuperándose de problemas de salud, Pellegrini utilizaba a Vega Belgrano como intermediario para transmitirle la propuesta. La justificación de esta candidatura aparecía de manera reiterada en las páginas del periódico de Vega Belgrano, en el cual se sostenía que Irigoyen era el único radical de ofrecer: “más garantías a los partidos con que tengan que compartir el gobierno y sobre todo a la opinión imparcial de la provincia”.^[11] 

Finalmente, el 14 de febrero se anunció que Bernardo de Irigoyen aceptaba la propuesta. Esta decisión permitió resolver la disputa en torno a la gobernación de Buenos Aires, pero al mismo tiempo profundizó las tensiones existentes dentro del radicalismo. Como señala Alonso: “mientras que la aceptación de Irigoyen resolvió el problema de la gobernación de Buenos Aires, profundizó el conflicto entre las dos ramas de la UCR” (2000: 279). Desde los sectores cercanos a Irigoyen se intentó presentar esta resolución como una superación de las divisiones internas: “En el momento presente solo existen radicales. Con el Dr. B. de Irigoyen y contra el fraude”.^[12] 

Cuando a comienzos de febrero la legislatura logró finalmente reunirse, el camino quedó despejado para confirmar la elección de Bernardo de Irigoyen. Los resultados finales de la votación dejaban al PAN en el primer lugar, seguido por el mitrismo. Ninguna de estas fuerzas contaba con la cantidad suficiente de electores para imponerse por sí sola. En tercer lugar, aparecían las dos listas radicales, donde la mayoría correspondía a la UCR bonaerense que respondía a Hipólito Yrigoyen. Este sector obtuvo 11184 votos frente a 2810 de la fracción coalicionista. Tras conocerse estos resultados, el Tiempo publicó una editorial en la que intentaba minimizar las divisiones internas del radicalismo: “Las denominaciones radicales coalicionistas y radicales disidentes pertenecen a la historia de un momento político, pero afortunadamente, hoy no significan nada”.^[13]

 Más allá de estas afirmaciones, los resultados evidenciaban las limitaciones de la estrategia impulsada por la comisión reorganizadora del Comité en la provincia de Buenos Aires. Las actividades desarrolladas a lo largo de los últimos meses de 1897 no habían logrado modificar de manera significativa la capacidad de movilización del sector intransigente. Como resultado, la primera lista radical obtuvo veinte electores mientras que la segunda alcanzó solamente cuatro. Irigoyen recibió el voto de 37 electores del Partido Autonomista y 24 del radicalismo, superando la oposición de los 51 electores mitristas (Espil, 1971: 27).

A pesar de los intentos de recomponer la unidad partidaria, los acontecimientos de comienzos de 1898 evidenciaban la persistencia de tensiones profundas dentro del radicalismo. La elección de Bernardo de Irigoyen inauguraba una nueva etapa para el partido: por primera vez desde su fundación uno de sus principales dirigentes accedía al poder ejecutivo de una provincia.

3. El primer gobierno radical

Como sostiene Hirsch, el nuevo gobernador asumió “en un contexto de división política que le había permitido llegar al poder siendo la menor de las minorías” (2016: 146). La gobernación de Bernardo de Irigoyen estuvo marcada desde sus inicios por una serie de tensiones políticas que limitaron su margen de acción. La ruptura entre las distintas facciones del radicalismo bonaerense, las dificultades para consolidar una mayoría legislativa y las disputas en torno al control de cargos estratégicos dentro de la administración provincial se convirtieron en los principales obstáculos para la consolidación del nuevo gobierno.

Irigoyen inició sus actividades en mayo de 1898 perdiendo el apoyo del radicalismo intransigente. Dos meses antes, veinte electores de esta facción habían votado a favor de la llegada de Irigoyen al gobierno junto al apoyo del radicalismo coalicionista y al autonomismo provincial tras el acuerdo con Carlos Pellegrini. La ruptura de mayo se produjo en parte como consecuencia de la reorganización propuesta por el bernardismo con vistas a las elecciones legislativas de 1898. Frente a estos comicios, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, a través de la comisión provisional en la provincia, definió sus candidatos a legisladores bonaerenses. Todos pertenecían al sector coalicionista. En un comunicado firmado por Oscar Liliedal, Víctor Molina y Miguel Tedín, se llamaba a “concurrir al acto electoral a favor de los candidatos proclamados por los ciudadanos que responden a la política del Comité Nacional que ha presidido el doctor Bernardo de Irigoyen”.^[14]

Además de la composición de las listas como causal de ruptura, el conflicto se originó también por las negociaciones previas en torno a la distribución de cargos en el nuevo gobierno. Como indicó Fernando Barba, era esencial para los intransigentes obtener la jefatura de policía. (2001: 40) Pedro Berardi, en su análisis sobre la policía de la provincia de Buenos Aires, profundizó en este conflicto: “prevaleció un férreo rechazo, especialmente de los radicales intransigentes, al nombramiento del jefe de policía propuesto por Irigoyen. Solo después de dos nombramientos fallidos, el gobernador logró consensuar la elección de Juan Bautista Ocampo” (2019: 180).

En el sistema político provincial de fines del siglo XIX, el control de la policía tenía una importancia central no solo para el mantenimiento del orden público, sino también para la dinámica electoral en el control del territorio de las diferentes secciones provinciales. Por este motivo, la designación de sus autoridades se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto entre las distintas agrupaciones que formaron parte del poder en la provincia. En el caso del radicalismo, desde su formación revolucionaria a principios de la década de 1890, la importancia de la policía y de las fuerzas armadas en general resultó ser un elemento central en las estrategias políticas cercanas a Hipólito Yrigoyen, cuestión que volvería a manifestarse en la revolución de febrero de 1905. El rechazo de los intransigentes a los candidatos propuestos por Bernardo de Irigoyen debe comprenderse frente a esta importancia estratégica de las fuerzas a la hora de organizar tanto los armados electorales como las alternativas insurreccionales que algunos sectores del radicalismo aún contemplaban.

Las idas y vueltas en torno a la ruptura pueden observarse en la resolución de abril de 1898 del radicalismo de La Plata, de tendencia intransigente, que proponía fusionar los comités provinciales: “se comprende que este movimiento tiene por principal objeto robustecer en lo posible el partido que ha llegado al gobierno, y apoyar al gobernante en el desenvolvimiento de su programa”.^[15] A pesar de esa declaración, luego de cada reunión entre las dos facciones el sector intransigente volvía a suspender los trabajos de unificación. De esta manera la reorganización se aletargaba, constituyéndose como un problema central para el nuevo gobierno. El propio Irigoyen, en su discurso de asunción, indicó el carácter negativo de la división, señalando que generaba desconcierto tanto entre los integrantes del partido como en la opinión pública (cit. Fernández Olguín, 1910: 37).

En mayo de 1898 se inició un nuevo intento de reorganización. La comisión reorganizadora, después de varios meses de funcionamiento, estableció un nuevo Comité de la provincia integrado únicamente por dirigentes bernardistas. Su presidente provisional hasta septiembre de 1898 fue Oscar Liliedal, reemplazado entonces por Víctor Molina. Como veremos más adelante, Molina tendrá una participación central en la ruptura del bernardismo y en el debilitamiento de la facción coalicionista. El objetivo del nuevo comité era limitar a los radicales intransigentes que, desde las bancas que ocupaban en la legislatura bonaerense con Fernando Saguier como orador principal, se habían convertido en uno de los principales obstáculos para el nuevo gobernador.

En carta dirigida a Oscar Liliedal, Manuel Escobar enfatizaba la necesidad de que el radicalismo dejara atrás la división y reforzara la organización de los radicales bonaerenses, ya que la Unión Cívica Radical era ahora un partido de gobierno, con todo lo que esto implicaba para el futuro de la agrupación. El diario El Tiempo informaba a finales de junio de 1898 la formación de asambleas alineadas al nuevo Comité provincial en Quilmes, General Belgrano, Mar del Plata, San Vicente, Juárez, y Tres Arroyos. En la fundación de estos clubes, además de la designación de autoridades locales, se establecieron presidentes honorarios que indicaban su lealtad a los dirigentes que estaban llevando a cabo la reorganización. Se pueden destacar los nombres de, por ejemplo, Oscar Liliedal y José Nicolás Matienzo. En esa misma línea, el comité de General Belgrano decidió llevar el nombre de “Bernardo de Irigoyen”.

Sin embargo, el entusiasmo por restablecer la armonía dentro del radicalismo no se reflejó plenamente en la reorganización partidaria. El Tiempo señalaba que en algunos distritos el proceso no había respondido al objetivo de recomponer la unidad del partido.^[16] En la convención de la tercera sección electoral de La Plata, asistieron solamente veintisiete convencionales, menos de la mitad de los convocados. El diario justificaba estas ausencias señalando la resistencia de una minoría radical que se refugiaba en la legislatura y obstaculizaba la gobernación junto a los mitristas. De este modo, hacia mediados de 1898 el radicalismo se encontraba dividido entre un débil oficialismo y una fuerte oposición dentro de la provincia de Buenos Aires.

Tras reorganizarse los comités de las seis secciones de la provincia, se realizó una Convención para designar las nuevas autoridades del Comité de Buenos Aires. En septiembre de 1898 las maniobras desembocaron en la elección como presidente a Víctor Molina. La primera medida de Molina fue convocar a los presidentes de los comités seccionales a fiscalizar la inscripción de cara a los comicios. Además de formar una comisión de abogados para atender los reclamos de los miembros del partido en relación a la formación del padrón. Finalmente, Molina instaba a frenar todo acuerdo con la otra facción radical: “Pedir a los amigos de la legislatura que oficiosamente se ocupaban de arreglos con los radicales intransigentes no los prosigan, por cuanto se dan por terminadas todas las gestiones que con tal objeto se hubieran hecho”.^[17] 

Todos estos intentos de reordenar las filas del partido evidenciaron los grandes obstáculos de la facción que respondía al gobernador para sumar a los intransigentes. En las columnas de El Tiempo, el bernardismo aceptó algo que antes negaba: la verdadera fuerza del radicalismo en la provincia respondía al grupo intransigente. Después de medio año, el gobierno de Irigoyen no lograba consolidarse ni siquiera dentro de su propio partido. Con una legislatura adversa y llena de obstáculos, el gobernador los necesitaba. Irigoyen se mostró dispuesto a nombrar ministros del gusto de los intransigentes: “daría como inmediato resultado la cohesión necesaria para poder iniciar definitiva y sólidamente, la vida gubernativa de la provincia”.^[18] Sin embargo, la facción intransigente se mantuvo alejada de toda posibilidad de coalición que postulara el gobernador.

Uno de los grandes obstáculos que enfrentó el bernardismo a lo largo de toda la gestión fue el papel del vicegobernador Alfredo Demarchi. Este político de tendencia intransigente, que había llegado al cargo a partir del pacto entre Pellegrini, Irigoyen y el radicalismo bonaerense, se erigió como un opositor más a la figura del gobernador. Durante una semana en la que se desempeñó como gobernador interino, por el fallecimiento de la hija de Irigoyen, María en diciembre de 1898, Demarchi intentó reemplazar a los ministros de gobierno y de hacienda, Castellanos y Lavié por los radicales intransigentes Marcelo T. de Alvear y Manuel Durañona. También separó de su cargo al secretario privado de la gobernación, Manuel Iriondo. Todo esto provocó la indignación por parte de la fracción cercana a Bernardo de Irigoyen. El ministro de obras públicas Adolfo Saldías se negó a acompañar los actos del gobernador interino. La división del partido se expresaba en el día a día de la gobernación.

A pesar de los intentos de reorganización partidaria, el principal obstáculo para el gobierno de Irigoyen se encontraba en la legislatura provincial. A días de cumplirse un año de su gestión, en marzo de 1899, Bernardo de Irigoyen le escribía a Estanislao Zeballos lamentando el estado de la política provincial: “Vine con el propósito de presidir una administración constitucional y expansiva, sin exclusiones, sin planes contra ninguna de las fracciones en que se divide la opinión […] He tropezado, sin embargo, con agresiones inesperadas e injustas” (1899: 1). El gobernador señalaba además que los proyectos presentados por el Ejecutivo ni siquiera habían sido aceptados para su estudio en la legislatura.

Una mayoría formada por diputados mitristas en alianza con radicales intransigentes se imponía sistemáticamente a quienes apoyaban al Ejecutivo, a pesar de contar estos con el respaldo del autonomismo. De los treinta y seis senadores provinciales, trece pertenecían al radicalismo, pero solo tres respondían al gobernador: Juan Font, Manuel Escobar y Cesáreo Amenedo. Desde esta cámara, radicales como Fernando Saguier o Luis Monteverde formaron parte central de la oposición legislativa. Este conflicto fue descrito por el diputado bernardista De la Serna: “esto puede compararse a un combate naval: por un lado, la nave del Estado, por otro lado, un ariete; el ariete es el Partido Mitrista, los maquinistas sus directores y el espolón los miembros del partido Radical Intransigente”.^[19] 

En este contexto, la designación de cargos públicos se convirtió en uno de los principales focos de conflicto entre el Poder Ejecutivo y la legislatura provincial. La constitución bonaerense de 1873 otorgaba al Senado la facultad de intervenir en la aprobación de los ministros, lo que en un escenario de fragmentación política limitaba considerablemente la capacidad de acción del gobernador.^[20] A esto se sumaba la marcada descentralización política de la provincia, que dificultaba el control del interior por parte del gobernador. Hora advierte la debilidad de los gobiernos provinciales de esta época, principalmente en la gestión Udaondo y la del propio Irigoyen: “la división de la provincia en seis secciones electorales de gran tamaño y complejidad hizo que la política local resultara muy difícil de controlar desde la débil capital provincial” (2013: 58).

Las primeras designaciones propuestas por Irigoyen- José Nicolás Matienzo como ministro de Gobierno y Telémaco González como jefe de policía- enfrentaron el rechazo parlamentario de mitristas y radicales intransigentes. Los candidatos que le sucedieron, Joaquín Castellanos para el ministerio y Celindo Castro para la jefatura de policía, corrieron la misma suerte.

Ante estas reiteradas negativas, Irigoyen propuso nuevas designaciones. Pascual Beracochea fue postulado como ministro de Gobierno y Adolfo Múgica como jefe de policía, ambos cercanos al bernardismo.^[21] Sin embargo, el resultado volvió a ser el rechazo del Senado provincial.

Frente a la ausencia de un jefe de policía confirmado, Irigoyen designó el 23 de mayo de 1898 a Abel Pardo como comisario de órdenes para asumir el control de la policía provincial. En este contexto, El Tiempo comenzó a cuestionar las atribuciones del Senado en defensa de Irigoyen: “¿Cuál sería la autoridad del gobernador si en un acto tan personal como el del nombramiento de sus ministros se viera constreñido a dar satisfacción y cabida a distintas influencias ejercidas en forma depresiva para su carácter de mandatorio?”.^[22] 

Irigoyen había llegado a La Plata el 1 de mayo de 1898 pero su gobierno no arrancaba. La aprobación de funcionarios para estos cargos recién se produjo el 21 de junio de 1898 con la designación del doctor Abel Pardo como ministro de Gobierno y de Juan Bautista Ocampo como jefe de la policía de la provincia.

Los únicos dos ministros que iniciaron exitosamente su actividad en mayo de 1898 sin el rechazo de la legislatura fueron aquellos que en 1902 constituirían la fórmula del próximo ejecutivo provincial. Tanto Ugarte (autonomista) en Hacienda como Saldías (radical) en Obras públicas desplegaron una considerable actividad, teniendo en cuenta las obstrucciones que enfrentaban desde el parlamento provincial. Saldías desde la cartera de Obras Públicas fue el ministro que mayor tiempo estuvo en el cargo y solo presentó su renuncia cuando se oficializó su candidatura para vicegobernador.

Las renuncias y reemplazos constituyeron un problema grave para la gestión de Irigoyen. Por ejemplo, luego de 21 días de debate fue aceptado el nombramiento de Abel Pardo en la cartera de Gobierno y a las pocas semanas, este político debió renunciar a las pocas semanas debido a una grave enfermedad. Para el reemplazo de Pardo surgieron las candidaturas de Juan Bautista Ocampo y Joaquín Castellanos. Sobre este último se afirmó desde El Tiempo que contaba con el apoyo de: “los radicales de ambas fracciones, es mirada con marcada simpatía la candidatura, que bien puede ser prenda de unión entre los que hoy se encuentran distanciados por causas nimias”.^[23] Sin embargo, ambos postulantes fueron rechazados por el Senado provincial. El 14 de septiembre de 1898 Irigoyen decidió entonces nombrar a Castellanos como Oficial Mayor del Ministerio de Gobierno. Una renuncia a la administración bonaerense le costaba nuevos conflictos con la legislatura. En septiembre de 1899, este conflicto se solucionó con la designación de José Calderón, miembro del PAN bonaerense, como ministro de Gobierno. Preanunciado la creciente dependencia de la gobernación Irigoyen de las fuerzas del Autonomismo.

Como se ha señalado, la cuestión policial se mantuvo como un punto de conflicto constante. Según Pedro Berardi, para Irigoyen la policía se estableció como un “fuerte puntual en el espacio provincial” (2018: 154) frente a la oposición del mitrismo y del radicalismo intransigente. En este marco, el gobernador designó a Mariano Demaría (hijo) como comisario de órdenes, cargo desde el cual se organizaba gran parte de la policía provincial.

La actuación de Demaría generó fuertes críticas por parte de la oposición. En una sesión del Congreso provincial fue acusado de “montar la policía al antojo del Dr. Irigoyen y de combatir el elemento radical” (Berardi, 2018: 154). En septiembre de 1898 protagonizó una tensa discusión con el diputado radical intransigente Román Pacheco en la antesala del recinto legislativo, lo que incluso derivó en un supuesto pedido de duelo.^[24] Tras un escándalo policial en la localidad de Bragado que involucraba la detención y tortura de dos radicales opositores al gobierno (Berardi, 2018: 156), José Luis Cantilo, dirigente del grupo intransigente, cuestionó seriamente la intervención de Demaría en la policía y del gobierno de Irigoyen en términos generales: “en una forma tal, que se puede comparar a cualquier feudo de la Edad Media en pleno fin de siglo diez y nueve (sic)”.^[25] Este conflicto generó un intenso debate en la cámara de diputados en particular entre los representantes del bernardismo -de la Serna- frente a los referentes del mitrismo y del radicalismo disidente -Román Pacheco y José Luis Cantilo-.

Estos episodios reflejaban hasta qué punto las disputas internas del radicalismo se trasladaban al funcionamiento cotidiano del gobierno provincial. Las tensiones entre las distintas facciones del partido, sumadas a la oposición legislativa y a los conflictos en torno a los cargos, marcaron los primeros años de la gestión de Bernardo de Irigoyen y condicionaron significativamente su margen de acción política.

4. “El recinto convertido en campamento militar”

Las intervenciones federales constituyeron uno de los principales mecanismos mediante los cuales el poder nacional intervino en las provincias durante el régimen oligárquico. En la práctica fueron utilizadas como herramientas de mediación y control político. Botana señala al respecto los objetivos de esta práctica desde 1880: “por un lado, la lucha para fundar una unidad política; por el otro, la tarea más rutinaria para conservar un régimen” (2012: 104). El caso del gobierno de Irigoyen resulta ilustrativo en este sentido, ya que durante 1899 la provincia de Buenos Aires fue objeto de dos intervenciones sucesivas en el marco de una crisis política que enfrentó al Poder Ejecutivo con sectores de la legislatura entre los que se destacaban los radicales intransigentes.

El gobierno de Irigoyen se vio afectado por dos intervenciones por parte del gobierno nacional en mayo y en septiembre de 1899, con el objetivo de anular las elecciones de marzo de ese mismo año. La Nación acusó a Irigoyen, a su jefe de policía y al radicalismo coalicionista de haber cometido fraude. En este contexto, el 20 de abril cuarenta diputados y diecisiete senadores –miembros del partido mitrista, autonomistas independientes y radicales intransigentes- con el apoyo del vicegobernador Demarchi, se acuartelaron en la legislatura provincial. Eran miembros del partido mitrista, autonomistas independientes y los radicales intransigentes. Según el Tiempo, los mismos estaban “armados, con guardias y centinelas, tienen jefes militares, ocupan en el edificio posiciones estratégicas y no asoman ni la nariz al jardín, sin autorización del jefe del cuartel”. ^[26] Tres días más tarde, el Poder Ejecutivo decidió no reconocer a los diputados electos en los comicios de marzo. Al mismo tiempo, desde el oficialismo se denunció la ejecución del fraude por parte del mitrismo, grupo que introdujo en la legislatura su propio escrutinio, según el cual, de los veintiséis diputados electos, veinte correspondían a esa agrupación. Para aprobar este resultado el mitrismo contó con el apoyo de los intransigentes y del vicegobernador Demarchi.

Ante esta situación, Irigoyen ordenó la ocupación de la legislatura por parte de la policía provincial. El ministro interino de gobierno Joaquín Castellanos dirigió al jefe de policía, Juan B. Ocampo la siguiente nota: “no pudiendo tolerarse por más días que continúen apoderados de la casa de la legislatura grupos armados que tienen en alarma a la población (…) el señor gobernador ha resuelto que V.S. proceda inmediatamente a ocupar las adyacencias al edificio de la legislatura” (cit. Fernández Olguín, 1910: 114). Esta decisión provocó un fuerte rechazo por parte de la oposición, que no sólo criticó la intromisión del Poder Ejecutivo en el funcionamiento del cuerpo legislativo, sino que también denunció que el fraude había sido cometido por el propio oficialismo. La gravedad del conflicto se reflejó en los debates parlamentarios. El diputado mitrista Orlando Williams condenó la actuación del gobernador en duros términos:

“No puedo menos que pensar que el doctor Bernardo de Irigoyen no ha conseguido en los 50 años de vida pública, en que se ha constituido en apóstol; en defensor por medio de la palabra, de las libertades y principios constitucionales del país,- no han servido digo, para modificar sus instintos, carácter y sentimientos de los primeros años de su vida pública, demostrando sus actos de la época actual, existir y ser el mismo hombre que en épocas aciagas puso sus esfuerzos, su inteligencia brillante, al servicio de la causa luctuosa de la tiranía execrable de don Juan Manuel de Rozas (sic)”.^[27]

En la misma línea se expresó el senador radical intransigente Fernando Saguier a la vez que cuestionando la identidad radical del gobernador:

“Estoy obligado, como Senador de la Provincia que ha venido al Senado traído por el Partido Radical, a declarar que conceptúo que los actos que el Poder Ejecutivo realiza en estos momentos, no pueden ni deben de ninguna manera merecer el consentimiento de ese partido, porque ello significaría que ese gran partido que ha tenido una acción tan precisa y tan determinada en los últimos años de la vida nacional, ha sido un mistificador de la opinión pública. (…) La persona que desempeña el Poder Ejecutivo de la Provincia ha sido hasta muy poco tiempo el jefe del Partido Radical en la República y yo protesto como Senador y como representante de ese mismo partido, contra los actos incalificables realizados por ese mandatorio; dichos actos no son radicales, para que decir”.^[28]

Con el apoyo del vicegobernador Demarchi, treinta y nueve diputados solicitaron al Ministro del Interior, Felipe Yofré, la intervención de la provincia: “a fin de que venga en sostén de la autoridad de esta rama del Poder Legislativo de la provincia avasallada por actos violentos del P. E. que impiden su funcionamiento; estorba el acceso al local de sus sesiones y desconoce sus facultades y privilegios”.^[29] Tras la ocupación del edificio legislativo por la policía provincial, la legislatura continuó sesionando en la casa particular del vicegobernador.

Frente a las acusaciones, Irigoyen publicó el 26 de abril de 1899 un manifiesto en el que explicaba los motivos del decreto que rechazaba el escrutinio votado por el congreso provincial: “En tal virtud acabo de desconocer el acto inaceptable, moral y legalmente, que ha producido una parte de la Cámara de Diputados”.^[30] Su propio vicegobernador respondió criticando el accionar del gobernador durante los últimos meses de su gestión: “el gobernador ya no usó medios preventivos, recurre a los represivos, extralimitando a mi juicio, sus facultades; lo que no podrá justificar ni aun levantando la bandera de la pureza electoral, después de tanto acto de violencia innecesaria”.^[31] 

La repercusión del conflicto excedió el ámbito estrictamente institucional. La revista Caras y Caretas le dedicó la portada de su edición del 29 de abril de 1899 (Imagen n°1) cuestionando el accionar del gobernador, señalando que “el doctor Irigoyen atenta contras las leyes que rigen a los cuerpos colegisladores y hasta la de los cuerpos simples”.^[32]

Imagen N°1:

Caricatura de Bernardo de Irigoyen presentado como “Bernardo Moreira” en el contexto de los incidentes de la toma del Congreso de Buenos Aires.

Fuente: Caras y Caretas del 29 de abril de 1899.

En este contexto, el 28 de abril de 1899, el presidente Roca designó por decreto a Marco Avellaneda como interventor en la provincia de Buenos Aires. Avellaneda anuló las elecciones de marzo y convocó a nuevos comicios para el 2 de julio de 1899. Para los sectores de la oposición, el presidente había decidido apoyar a Irigoyen, su viejo amigo político. En esta línea se expresó el diputado Campos: “Esa es la lógica del Presidente de la República: pedimos la Intervención Nacional para garantirnos, y la manda para favorecer al Gobernador”.^[33]

El resultado de las nuevas elecciones fue completamente distinto al aprobado en abril por la legislatura: veinte diputados correspondieron al sector que apoyaba al gobernador –integrado por el PAN y la UCR bernardista- y sólo seis al mitrismo. No obstante, la disputa política no se resolvió con la finalización de la intervención. Los cívicos nacionales solicitaron nuevamente la intervención federal, argumentando que el escrutinio de los comicios de julio era ilegal.

A comienzos de septiembre de 1899 la cuestión fue tratada en el Congreso Nacional, en el seno de la comisión de negocios constitucionales. Aunque el mitrismo exigía la renuncia del gobernador, el propio presidente Roca rechazó esa posibilidad. La intervención fue aprobada y se designó a Mariano de Vedia con la misión de normalizar el funcionamiento de la provincia. El interventor citó a los miembros de la Cámara de Diputados a sesionar a comienzos de octubre. En las primeras convocatorias no se alcanzó el número necesario debido a la ausencia de mitristas, radicales intransigentes y autonomistas vinculados al general Bosch. Tras la mediación de Carlos Pellegrini con la fracción disidente del PAN, finalmente la Cámara logró reunirse y aprobar los resultados de la elección de julio. El nuevo reparto de bancas favorecía a los radicales coalicionistas y a los autonomistas nacionales. A partir de ese momento, el gobierno de Irigoyen pudo contar con un parlamento más favorable en comparación con las permanentes obstrucciones que habían caracterizado los primeros meses de su gestión. El hecho de que el congreso provincial aprobara los pliegos ministeriales sin la resistencia de los años anteriores indicaba que el equilibrio de fuerzas políticas en la provincia se había modificado.

Sin embargo, este nuevo escenario no significó una estabilización definitiva del sistema político provincial. El Poder Ejecutivo continuó enfrentando importantes dificultades para consolidar su autoridad y ampliar su margen de maniobra. En varias oportunidades recurrió al fraude y a la violencia electoral, como ocurrió en los comicios de diciembre de 1899. Caras y Caretas describió a estos episodios como “sangrientos”, señalando que en las localidades de Arrecifes, San Isidro, Nueve de Julio más que una votación de diputados se dio a lugar una elección de armas: “los mitristas con bastón más o menos pesado y nudoso: los autonomistas nacionales, con revolver; los vacunos, con pistolas de dos cañones; los radicales independientes con trabucos; y los irigoyenistas incondicionales con obús”.^[34] Según la crónica, los comisarios de estas localidades –vinculados al autonomismo- fueron quienes controlaron el desarrollo de las elecciones a favor del gobernador.

Que los nuevos ministros de Irigoyen, José María Calderón y Emilio Carranza, pertenecieran al autonomismo provincial evidenciaba, como se ha mencionado, la creciente gravitación del Poder Ejecutivo nacional en la gobernación de Buenos Aires. Si bien los radicales coalicionistas continuaban acompañando a Irigoyen, su peso dentro del gobierno se había reducido considerablemente. Las tensiones dentro del bernardismo se expresaron entonces en la discusión en torno al acuerdo con el PAN. El creciente protagonismo del autonomismo alejaba cada vez la posibilidad de una reunificación entre las dos fracciones del radicalismo provincial.

5. Conclusiones

La experiencia gubernamental de Bernardo de Irigoyen en la provincia de Buenos Aires puso de manifiesto las dificultades que enfrentaba el radicalismo para transformarse en una fuerza capaz de ejercer el poder dentro del régimen político de fines del siglo XIX. La llegada de Irigoyen a la gobernación en 1898 había sido posible gracias a una compleja articulación entre sectores del radicalismo y del autonomismo provincial, pero esa misma coalición contenía tensiones que pronto se manifestaron en el ejercicio del gobierno. A lo largo de su gestión, las disputas por el control del aparato estatal, la conflictiva relación con la legislatura y la intervención recurrente del gobierno nacional condicionaron la capacidad de acción de Irigoyen.

En ese contexto, las divisiones dentro del radicalismo se profundizaron progresivamente. Las idas y vueltas en torno a los proyectos de reorganización partidaria y, sobre todo, la consolidación del acuerdo con el autonomismo, terminaron provocando fracturas dentro del radicalismo coalicionista que respondía a Bernardo de Irigoyen. Los conflictos comenzaron a hacerse visibles hacia finales de 1899. Una intervención del ministro Saldías para promocionar el acuerdo con los autonomistas en una asamblea partidaria derivó en un enfrentamiento con Víctor Molina, presidente del comité reorganizador. El episodio fue debatido en el congreso provincial a partir de un pedido de interpelación al ministro, lo que dio lugar a la intervención del senador intransigente Fernando Saguier, quien cuestionó duramente la identidad radical de Saldías: “¿Cómo se concibe que pueda sostener con seriedad el señor Ministro de Obras Públicas actual, las doctrinas que sostiene, cuando ellas son diametralmente opuestas a las que sostuvo en otra época? (…) ¿Por qué razón fue miembro del Partido Radical entonces?”.^[35] 

En un clima en el que el grupo que había acompañado a Irigoyen comenzaba a resquebrajarse, la postura de Saguier reflejaba con claridad el discurso del radicalismo intransigente, que buscaba cuestionar la propia identidad radical de los dirigentes vinculados al gobierno provincial y denunciar los acuerdos con el autonomismo como una forma de transacción política incompatible con los principios del partido. Este tipo de impugnaciones resultaría central algunos años más tarde, durante el proceso de reorganización partidaria de 1903, cuando los sectores intransigentes buscaron excluir de la nueva estructura partidaria a quienes habían formado parte del bernardismo.

El análisis del gobierno de Bernardo de Irigoyen permite observar las tensiones que atravesaron al radicalismo en su tránsito desde la experiencia revolucionaria de comienzos de la década de 1890 hacia la participación institucional y ejercicio de un gobierno provincial. Lejos de constituir un episodio menor, la experiencia bernardista puso de relieve los dilemas que enfrentaba el partido al momento de gobernar: la necesidad de construir alianzas con otras fuerzas políticas, la disputa por el control de las fuerzas policiales y las profundas divergencias en las estrategias de los dos grupos radicales. Desde esta perspectiva, los conflictos que marcaron la gobernación de Irigoyen no solo explican la fractura del radicalismo en Buenos Aires, sino que también ayudan a comprender las condiciones que hicieron posible la reorganización partidaria y la consolidación de un nuevo rumbo dentro de la Unión Cívica Radical a partir de 1903.

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Nahuel Hernán Ojeda Silva es licenciado en Historia (Universidad Torcuato di Tella), Magister en investigación histórica (Universidad de San Andrés. Su actual línea de investigación se vincula a la historia política de fines del siglo XIX y principios del XX en Argentina, en particular al armado de la Unión Cívica Radical y el liderazgo de Hipólito Yrigoyen.

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