• Inicio
• Acerca de
• Iniciar sesión
• Categorías
• Buscar
• Actual
• Archivos
• Avisos
• Estadísticas

Inicio > Núm. 23 (2026) > Navajas

Pasado Abierto. Revista del CEHis. Nº23. Mar del Plata. Enero-junio de 2026.

ISSN Nº2451-6961. http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto

                                                                                       

Construir un partido, reformar la ley: la Unión Cívica Radical en la movilización electoral y el debate legislativo (1891-1895)

María José Navajas

Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina

mariajose.navajas@gmail.com

Recibido:        09/03/2026

Aceptado:        17/04/2026

Resumen

Este artículo analiza la organización partidaria y la movilización electoral de la Unión Cívica Radical en la ciudad de Buenos Aires durante la primera mitad de la década de 1890, a partir de su participación en los comicios de diputados nacionales de 1892 y 1894. A través del estudio de las prácticas desarrolladas por los comités parroquiales en dos coyunturas distintas se reconstruye y analiza el proceso mediante el cual los radicales conformaron una estructura organizativa eficaz para la competencia en los comicios y una identidad partidaria distintiva. Esa experiencia acumulada en los comicios es clave para interpretar la posición de Leandro N. Alem en el debate parlamentario por la reforma del régimen electoral: su propuesta, coherente con los obstáculos verificados en la práctica, revela también la imagen que la UCR tenía de sí misma como expresión de la nación en su conjunto, antes que como una parcialidad entre otras.

Palabras clave: Unión Cívica Radical, partidos políticos, movilización electoral, reforma electoral, identidad política

Building a Party, Reforming the Law: The Unión Cívica Radical in Electoral Mobilization and Legislative Debate (1891–1895)

Abstract

This article analyzes the party organization and electoral mobilization of the Unión Cívica Radical in the city of Buenos Aires during the first half of the 1890s, focusing on its participation in the national congressional elections of 1892 and 1894. Through the study of practices developed by parish committees in two distinct contexts, the article reconstructs and analyzes the process by which the Radicals built an effective organizational structure for electoral competition and a distinctive party identity. That experience accumulated in the electoral arena is key to interpreting Leandro N. Alem's position in the parliamentary debate over electoral reform: his proposal, consistent with the obstacles verified in practice, also reveals the image the UCR had of itself as an expression of the nation as a whole, rather than as one political faction among others.

Keywords: Unión Cívica Radical, party organization, electoral mobilization, electoral reform, political identity

Construir un partido, reformar la ley: la Unión Cívica Radical en la movilización electoral y el debate legislativo (1891-1895)

 Introducción

“Lo he felicitado por el triunfo obtenido y deseo hacerle conocer el verdadero alcance de esa felicitación: según mi criterio, poco o nada se ha conseguido con el ingreso de esos diputados que representan un factor de escasísima importancia en la lucha que tenemos empeñada; pero el acto trascendental en sí, de verdadera magnitud y gran resonancia para el País, ha sido y es la concurrencia del Partido al comicio, con una decisión admirable, que revela la existencia de ese espíritu nuevo de que Ud. me habla”^[1].

En las elecciones legislativas de 1894, la Unión Cívica Radical había obtenido trece bancas correspondientes a la provincia de Buenos Aires y a la Capital Federal. El resultado provocó reflexiones encontradas en Jorge Dupuis, quien alertaba por los costos de arriar la “bandera revolucionaria” y reconocer la legalidad del gobierno nacional a cambio de una participación electoral que había redundado en “unas cuantas diputaciones inofensivas”. Pero Dupuis también reconocía la importancia de esa participación que había expuesto la envergadura de la organización partidaria: una “brillante manifestación de opinión, virilmente demostrada”, más preciada que las bancas en un Congreso “nacido del fraude y de la violencia y divorciado con la opinión pública”. Era la segunda vez que el radicalismo disputaba las elecciones de diputados nacionales en la ciudad de Buenos Aires, exhibiendo una capacidad de movilización sostenida a lo largo de diversas jornadas y en variados escenarios. Durante los primeros años de la década de 1890, la dinámica electoral en la capital nacional se caracterizó por la competencia entre la UCR, el Partido Autonomista Nacional y la Unión Cívica Nacional, que dispusieron contingentes de votantes en una contienda vigorosa con una dosis considerable de incertidumbre acerca del resultado final (Alonso, 1993). Esa participación implicó para los radicales una meticulosa organización partidaria en los distintos barrios de la ciudad, involucrando una multiplicidad de sujetos y promoviendo un repertorio de prácticas que dieron sentido y carnadura al partido.^[2] A pesar de las adversidades y de los desacuerdos afrontados tras la Revolución del Parque, en poco tiempo lograron cimentar una estructura de comités reglamentada por la carta orgánica, fundamental para la disputa electoral y para la configuración de una identidad partidaria más allá de la épica revolucionaria.^[3] 

En este artículo propongo, en primer lugar, reconstruir y analizar esa organización partidaria, prestando particular atención al repertorio de acciones y discursos que articularon la participación radical en los comicios de la Capital Federal en 1892 y 1894, en un contexto marcado por la zozobra y la incertidumbre acerca del rumbo general del país.^[4] En segundo lugar, examino la posición de los radicales – y en particular de Leandro N. Alem – en el debate parlamentario sobre la reforma del régimen electoral, atendiendo los problemas que los actores señalaban como prioritarios y las tensiones generadas por la irrupción de los partidos en una vida pública cuyo diseño institucional aún no los contemplaba. El análisis de ambas dimensiones permite abordar un aspecto específico y clave de la conformación de los partidos modernos como actores centrales del sistema representativo, un tema destacado en la historiografía reciente. Considero que la organización partidaria desplegada en la escala parroquial y la práctica electoral concreta – sostenidas por los radicales tanto bajo el clima de fervor militante de 1891-1892 como bajo el rigor del estado de sitio en 1893-1894 – no fueron solo instrumentos para disputar votos sino un espacio clave donde se forjó la identidad política, una experiencia que, a su vez, resulta inseparable de la intervención de Alem en el debate parlamentario por la reforma del régimen electoral.

Tales cuestiones se inscriben en un campo de estudios que se ha beneficiado con diversos aportes a lo largo de las últimas décadas. La consolidación de las prácticas políticas como objeto de análisis – las movilizaciones, el asociacionismo, la prensa, los repertorios de intervención en la vida pública – remite a la obra pionera de Hilda Sabato (1998). Sobre el radicalismo en particular, contamos con reconstrucciones fundamentales de la trayectoria del partido y de las disputas en torno a su dirigencia, su programa y su identidad (Alonso, 1994; Persello, 2007), mientras que trabajos más recientes han desplazado el foco hacia los lenguajes, los rituales y las elaboraciones simbólicas de la causa partidaria (Reyes, 2018, 2022). A su vez, esos abordajes se articulan con miradas más generales sobre los partidos como actores del sistema representativo y sobre la historia del sufragio decimonónico que analizan las dimensiones normativas, los debates y el repertorio de prácticas (Hirsch, 2021; Hirsch, Sabato y Ternavasio, 2020; Sabato y Ternavasio, 2011). En diálogo con esos antecedentes, este artículo se concentra en una escala – la de los comités parroquiales en la Capital Federal – y en una relación – entre la organización y movilización electoral y el debate parlamentario por el marco normativo – que han sido menos transitadas y que permiten iluminar de manera específica el modo en que los radicales construyeron su organización y su identidad partidaria en los primeros años de la década de 1890, así como su papel en la reforma de las leyes electorales. Desde esa perspectiva, el artículo pretende contribuir a una comprensión más cabal sobre la intervención de los partidos políticos en la escena pública del entresiglos, precisando las maneras en qué modelaron las prácticas electorales y el debate sobre el sistema representativo.

El protagonismo alcanzado por los partidos como sujetos imprescindibles de la vida democrática estuvo inescindiblemente ligado a un cambio profundo en las ideas que habían orientado la formación de las repúblicas decimonónicas.^[5] Las cartas constitucionales de la primera mitad del siglo XIX se basaron en nociones organicistas de la comunidad política que comenzarían a ser revisadas durante el último cuarto de la centuria por una perspectiva que advertía la fragmentación del mundo social y la pluralidad de sus actores.^[6] La intervención de los partidos tensionó el marco normativo y promovió debates recurrentes, además de varios proyectos legislativos para resolver los problemas derivados de una reglamentación considerada ya obsoleta. Tales dilemas atraviesan el período aquí estudiado.

Para abordar los temas enunciados, el análisis recurre a un corpus principalmente hemerográfico, complementado con fuentes parlamentarias y documentales. Entre los periódicos consultados ocupa un lugar central El Argentino, fundado en 1890 como órgano de la Unión Cívica primero y de la Unión Cívica Radical después. Su seguimiento sistemático me permitió reconstruir el funcionamiento cotidiano de los comités parroquiales, la organización de los actos públicos y la elaboración de la retórica partidaria. Además, examino dos diarios de gran circulación con posiciones contrastantes: La Prensa, crítica de los gobiernos del PAN, y La Nación, alineada con la Unión Cívica Nacional. Los periódicos son considerados como fuente, pero también como actores clave del período en tanto contribuían a la configuración de las identidades políticas, articulaban la opinión pública y mediaban entre la dirigencia y los ciudadanos.^[7] El corpus se completa con el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, para abordar los debates parlamentarios por la reforma electoral, y una revisión de la normativa del período.

El texto está organizado en tres apartados. En el primero, examino la dinámica inaugurada con la ruptura de la Unión Cívica a mediados de 1891, antesala de la elección presidencial permeada por un clima de fervor militante que impregnó cada acto en las calles, clubes y teatros de los distintos barrios de la Capital hasta las primeras semanas de 1892. En el segundo, abordo el contexto que sucedió a los levantamientos armados de 1893, bajo el rigor del estado de sitio, cuyas medidas represivas afectaron particularmente a la dirigencia de la UCR y limitaron las actividades partidarias en general. A pesar de tales restricciones, la decisión de competir en las urnas se mantuvo hasta el final y demandó la utilización de diferentes recursos para asegurar una mayoría de votos. En el último apartado, retomo el debate parlamentario por el régimen electoral que tuvo entre sus protagonistas al presidente de la UCR, Leandro N. Alem, cuyo proyecto de reforma – presentado en dos ocasiones y finalmente aprobado en octubre de 1895 – permite determinar tanto el diagnóstico sobre los problemas del sistema electoral como la concepción de los partidos políticos que lo sustentaba.

De la ruptura al debut electoral^[8]

Las elecciones legislativas de 1892 tuvieron lugar siete meses después de la ruptura de la Unión Cívica. La división fue precedida por varios meses de tratativas entre la dirigencia que intentó sortear las disidencias abiertas por el acuerdo entre Roca y Mitre.^[9] Los cívicos habían proclamado recientemente a sus candidatos bajo el novedoso mecanismo de la convención partidaria y una parte de ellos insistía en la confrontación abierta contra el oficialismo para regenerar un sistema político corrompido por los pactos de camarillas.^[10] La fractura definitiva se produjo a finales de junio y abrió una disputa por la apropiación de las banderas de la Revolución del Parque. Quienes respaldaban la posición antiacuerdista del presidente del comité nacional, Leandro Alem, tomaron las calles para expresarse. La acción fue liderada por los estudiantes universitarios que organizaron tres manifestaciones en menos de diez días. El domingo 28 de junio, unos ochocientos jóvenes marcharon desde el comité nacional hasta la casa de Alem prorrumpiendo en gritos contra el acuerdo y los “traidores”. Apenas dos días después, interrumpieron una reunión de jóvenes acuerdistas en un salón de la calle Tacuarí para desarticular el acto y así demostrar que el pacto con el oficialismo sólo contaba con un apoyo minoritario.^[11] El despliegue callejero culminó con una manifestación en homenaje a Alem e Irigoyen que incluyó algunos incidentes con la policía.

La oratoria en esos actos reafirmó los motivos primigenios de la movilización iniciada casi dos años atrás: la palabra “intransigencia” fue repetida, siempre con una connotación virtuosa, e inscripta en una matriz cristiana que glorificaba la idea de sacrificio y martirio para la salvación de la República: “qué fue Jesucristo sino un gran intransigente de la idea, que no vaciló en beber el cáliz simbólico, la copa del martirio?”. La intransigencia era, además, la cualidad cívica requerida para salvaguardar la Constitución y defender a las “heroicas provincias… oprimidas y esclavizadas”. Se insistía en que la revolución de julio persistía en el espíritu público y que el presente era igual o peor a lo vivido en los meses previos al levantamiento y, por lo tanto, no era admisible la claudicación expresada por el acuerdo, ni tampoco la pasividad y la resignación. En este sentido, la figura de los jóvenes, encarnando la integridad y la virtud, así como la virilidad y el fervor, se recortaba como el estereotipo del militante ideal del naciente radicalismo.^[12]

En simultáneo con el despliegue por las calles, la estructura organizativa de los comités provinciales fue un tema clave que demandó la intervención directa de las autoridades partidarias nacionales. Los radicales debieron afrontar no solo el alejamiento de correligionarios que secundaron a Mitre, sino también la recomposición de varios clubes parroquiales y del comité capital para afrontar las tareas propias del proceso eleccionario y así demostrar que contaban con la capacidad de movilización necesaria para disputar los comicios. Esa labor involucró recursos materiales, liderazgos locales y una narrativa que legitimó la separación y dotó de sentido a la nueva agrupación.

La ciudad de Buenos Aires estaba dividida en dieciséis parroquias que funcionaban como distritos electorales. La reorganización partidaria debió contemplar esta estructura territorial, pero el proceso no fue uniforme: mientras en San Cristóbal, La Piedad, San Miguel, Montserrat y Pilar la adhesión al comité nacional presidido por Alem fue inmediata y prácticamente unánime, otras parroquias requirieron un trabajo más arduo. La reorganización siguió un procedimiento reconocible: los clubes locales emitían comunicados expresando su respaldo a la dirigencia antiacuerdista y su rechazo absoluto al convenio electoral. En esos documentos, además, justificaban la ruptura señalando a los acuerdistas como un “grupo diminuto” compuesto por “logreros” que no habían participado en la lucha de 1890; y convocaban a los vecinos de cada barrio a sumarse a la reorganización, cuyo acto final era una asamblea general para proclamar a las nuevas autoridades de las comisiones directivas.^[13] Estos actos fueron celebrados en teatros barriales o en los locales de los propios clubes, dependiendo de la magnitud de la convocatoria. La escenificación de estos eventos observó un guion común: la entonación del himno nacional, los discursos de las autoridades locales y el cierre con la oratoria encendida de Alem, presidente del partido. En varios casos, como en Balvanera o Concepción, los actos concluían con procesiones callejeras que exponían la fuerza numérica de la agrupación y su capacidad de ocupación del espacio público.

De ese modo, antes de finalizar 1891, los radicales habían logrado establecer más de treinta agrupaciones en el territorio de la capital. Esta multiplicación de clubes mostraba una densidad organizativa importante que incluía una diversidad de perfiles: junto a los comités parroquiales tradicionales coexistían agrupaciones como el club “Defensores del Pueblo”, organizado sobre la base de los integrantes de uno de los cantones de la Revolución del Parque. Los jóvenes demostraron un despliegue destacado: la Juventud Nacional Principista, heredera autoproclamada de la Unión Cívica de la Juventud, articuló cuatro clubes parroquiales en zonas tan disímiles como Balvanera, San Cristóbal, Santa Lucía y Socorro, además integraron la “Unión Cívica de Estudiantes”.

Mientras se completaba la grilla de clubes, la inscripción en el Registro Cívico ya estaba en marcha y requería de una organización prolija en cada parroquia para reclutar adeptos y movilizarlos hacia los atrios de las iglesias donde funcionaban las mesas inscriptoras. El Argentino publicaba diariamente avisos invitando a los vecinos a manifestar su adhesión y dejar sus datos en el registro del club parroquial.^[14] Esta información resultaba vital para refutar las impugnaciones que se resolvían en una instancia posterior, denominada “juicio de tachas”. La etapa de inscripción estuvo signada por los reclamos y denuncias habituales, y también por rumores de posibles levantamientos armados. Sin embargo, no se interrumpió el funcionamiento de las juntas. Los partidos cumplían un papel clave en la organización de los concurrentes: la figura de ciudadanos que asistían individualmente a inscribirse era casi inexistente en la práctica. Aunque la ley no lo contemplaba, los referentes de cada agrupación estipulaban acuerdos para ordenar el procedimiento, además, durante toda la jornada, los representantes partidarios fiscalizaban la actuación de las autoridades. De esa manera, un trámite burocrático se convertía en un acto proselitista que reforzaba las pertenencias y las identidades políticas. Al finalizar el período de inscripción, la UCR convocó a un gran evento con la excusa de rendir cuentas de la labor realizada, pero el tono de la invitación revelaba un propósito mucho más trascendente: “la asamblea del 20 de abril será un segundo 13 de abril”. Así, evocando la fecha fundacional de 1890 incitaban la participación de los ciudadanos para “hacer oír, una vez más, la enérgica protesta” contra los responsables de la situación económica y política del país.^[15]

La definición de las candidaturas se convirtió en una nueva ocasión para la movilización: luego de la convención para conformar la lista (siempre de acuerdo con la carta orgánica del partido) comenzaron los actos de proclamación en los clubes parroquiales. Estos eventos, realizados en teatros, clubes o parques según la magnitud esperada, buscaban “desplegar a la vista del jefe del partido las poderosas fuerzas de opinión que cuenta el radicalismo”.^[16] En cada acto participaba Alem, candidato a senador además de presidente del partido, junto con algunos candidatos a diputados. Los postulantes eran presentados como “representantes genuinos de nuestro partido”, “hombres probos, patriotas probados, formados en la lucha diaria”.^[17]

La jornada electoral del 7 de febrero de 1892 transcurrió bajo un importante despliegue policial por los rumores previos que anticipaban disturbios. Los radicales lograron competir en todas las parroquias, demostrando la eficacia de su estructura organizativa (la Capital fue el único distrito en el que la UCR compitió, en los demás, los comités resolvieron a última hora abstenerse). La disputa fue intensa e incluyó enfrentamientos violentos en algunas mesas, pero concluidos los comicios, El Argentino proclamó la victoria y Alem envió telegramas asegurando que habían obtenido una mayoría de votos en las urnas. El escrutinio oficial no convalidó ese cálculo y proclamó a los candidatos del acuerdo. El comité de la Capital resolvió continuar con la disputa en la justicia y designó una comisión de abogados, uno por parroquia, para recibir denuncias y testimonios que fundamentaran las presentaciones judiciales. Entretanto, el periódico partidario informó sobre una suscripción para socorrer a los heridos y víctimas de la violencia, y propuso la realización de un “meeting de indignación” por los abusos policiales cometidos durante la jornada electoral. Pero el fervor de las movilizaciones radicales y la intensificación de la retórica de la resistencia alertaron al gobierno que desautorizó la marcha. Sólo pudieron concretarse dos actos públicos: una velada literaria en un teatro, organizada por la Juventud Principista para reunir fondos para las víctimas, y un cortejo fúnebre por la muerte de un correligionario, herido en un enfrentamiento con la policía durante la votación. La ceremonia funcionó como un acto político para protestar “contra el oficialismo victimario”. El fallecido era una víctima más de un régimen despótico y también un mártir, asesinado en combate por la libertad y la honra de la patria. Por lo tanto, la tumba de los caídos debía convertirse en un templo donde consagrar un compromiso eterno por la libertad, jurando “vencer o morir”.^[18] 

Unos meses más tarde, la Cámara de Diputados proclamó el cómputo definitivo de los comicios que asignó las bancas a los candidatos del acuerdo. La certeza de la derrota llegaba en circunstancias difíciles para el radicalismo: las elecciones presidenciales ya habían tenido lugar y, a diferencia de las elecciones de febrero, no hubo competencia. Los principales dirigentes de la UCR fueron encarcelados horas antes del inicio de la votación bajo la acusación de conspiración contra el gobierno (Victorero, en este dossier).

Sin embargo, durante los meses transcurridos entre la ruptura de la Unión Cívica y los comicios legislativos había quedado demostrada la capacidad de los radicales de combinar la acción callejera con procedimientos deliberativos formales. La reorganización apeló a los mecanismos establecidos en la carta orgánica partidaria: convocatoria a convenciones, elección de delegados, selección democrática de candidatos. Estos procedimientos se articularon con una intensa movilización en el espacio público: las manifestaciones, los actos en teatros, las procesiones cívicas fueron momentos donde se materializaron los vínculos entre correligionarios y se cimentó el compromiso con la causa partidaria. A su vez, ese despliegue por la geografía urbana expuso el vigor de los radicales y configuró una ritualidad que combinó la demostración de fuerza numérica con la articulación de una retórica combativa. La impugnación a la propuesta acuerdista recogió nociones de una matriz cristiana que investía de sentido sagrado el sacrificio por la patria, cuyos primeros mártires provenían de la lucha en el Parque. En tal contexto, los jóvenes, especialmente los estudiantes universitarios, expresaron de manera cabal el estereotipo del militante radical, encarnando sus cualidades esenciales: integridad moral, fervor patriótico, espíritu de abnegación y rechazo a toda forma de claudicación.

De la derrota revolucionaria al triunfo en los comicios

La sucesión de levantamientos armados – entre julio y septiembre de 1893 – liderados por la UCR en distintos puntos del país provocó una profunda desestabilización y dio paso a una serie de medidas represivas que incluyeron la movilización de contingentes del ejército, leyes de intervención en las provincias convulsionadas y la declaración del estado de sitio para todo el territorio nacional. Al mismo tiempo, desde el Ejecutivo Federal se instruyó a las autoridades provinciales y a los interventores para que cumplieran con el calendario electoral, puesto que debían renovarse los cargos legislativos de ambas cámaras nacionales.

Los principales dirigentes del radicalismo estaban en prisión o en el exilio, por lo que la organización partidaria y los preparativos para los comicios quedaron a cargo de las segundas líneas. Además, en el marco del estado de sitio, el Presidente decretó la prohibición de “toda reunión popular de carácter político” y de “toda reunión pública en las calles o plazas, cualquiera que sea su objeto”.^[19] Así, la actividad de clubes y comités quedó sumamente acotada, dejando a criterio de la policía la disgregación de cualquier evento que contraviniera lo dispuesto. A pesar de tales restricciones, el gobierno insistió en que los partidos debían participar en las elecciones y buscar “en el Registro Cívico y en las urnas libres la solución política de la situación presente”.^[20]

Las autoridades de la UCR aún no habían definido qué postura adoptar, pero los comités parroquiales comenzaron a convocar a sus correligionarios para cumplir con el trámite de empadronamiento, y la Juventud Nacional Principista difundió un mensaje a sus “afiliados” recordando el “deber ineludible” de inscribirse en el Registro Cívico: “a fin de conservar el más sagrado de los derechos que garanten las instituciones democráticas y cuyo ejercicio y cumplimiento constituyen la suprema aspiración de la Unión Cívica Radical”.^[21] A los pocos días llegó un mensaje de las autoridades partidarias exiliadas en Montevideo invitando a “los miembros del Partido Radical de toda la República Argentina a inscribirse en el Registro Electoral”.^[22] Finalmente, a dos semanas de iniciada la inscripción, el comité de la Capital difundió un comunicado exhortando a empadronarse para así “obtener el triunfo anhelado por la opinión”. Pero el compromiso de los correligionarios no debía limitarse a dicho trámite, sino que también involucraba la tarea de “vigilar por la pureza de la inscripción”, por lo que debían denunciar toda transgresión a la legislación vigente. De esa manera, el radicalismo se proponía disputar los comicios y comprobar la validez de las promesas formuladas por el gobierno en cuanto a la “libertad electoral”.^[23] 

La resolución de la UCR fue celebrada por el diario La Prensa señalando, a su vez, la función clave de los partidos en los comicios para aquietar las “nerviosidades” que afectaban al país. Contrariamente al discurso que había caracterizado a los gobiernos del PAN en la década previa, se afirmaba que los “viejos males” de la República Argentina necesitaban del “bálsamo generoso” de elecciones regulares con la participación de “los ciudadanos de todos los matices de la opinión”. Esos matices debían encarnarse en partidos políticos dispuestos a concurrir a la jornada electoral y plantear una disputa abierta y franca.^[24]

No obstante, el contraste con el escenario de las elecciones de 1892 fue notorio: las restricciones impuestas por el estado de sitio impidieron las manifestaciones públicas y la ocupación de las calles, limitando el despliegue de los correligionarios y el acceso al favor del público general. Incluso, las actividades en las sedes de los clubes y comités quedaron condicionadas a una concurrencia acotada (sólo en los días previos a los comicios fueron permitidas las asambleas generales para proclamar a los candidatos).^[25] La prensa también resultó afectada, varios periódicos sufrieron suspensiones a lo largo de esos meses bajo la potestad del ministro del Interior, Quintana, quien había señalado que bajo el estado de sitio lo único prohibido era “discutir sin templanza las cuestiones políticas”.^[26] La imprecisión de tales límites quedó evidenciada en la sanción a un periódico rosarino por la publicación de un telegrama dirigido a Alem (en ese momento preso por su participación en los levantamientos de septiembre). El mensaje, firmado por un grupo de correligionarios salteños, saludaba “afectuosamente al esforzado campeón de la causa popular”, deseando que pronto recuperara la libertad. Quintana determinó que esas expresiones alentaban a que Alem perseverara “en su actitud revolucionaria” y constituían, por lo tanto, un “reto audaz” contra las leyes y el respeto a las autoridades.^[27] En consecuencia, el diario fue clausurado y los firmantes del telegrama, detenidos y trasladados a la capital, a disposición de las autoridades nacionales.

Así, el rigor con el que se aplicó el estado de sitio modificó la retórica de los periódicos partidarios: restringió el tipo de información que podían publicar y atemperó el tono de la comunicación, desde los avisos de los comités parroquiales hasta los manifiestos de la dirigencia. Las convocatorias a inscribirse combinaron la apelación al patriotismo con el compromiso partidario – “no sólo en ejercicio de un derecho sino en cumplimiento de los sagrados deberes que nuestro credo político nos impone” – mientras El Argentino instaba a afrontar la competencia electoral como una demostración del “amor a las instituciones” del radicalismo, porque “de las urnas, en sus resultados lealmente expresados, puede surgir la regeneración de la patria”.^[28] Esas expresiones redefinían el perfil del militante: en lugar del soldado dispuesto al sacrificio, emergía el ciudadano comprometido con la vida cívica, “consciente y convencido”, deseoso de que “la libertad de sufragio sea un hecho en toda la nación”. Atributos que, se subrayaba, resultaban ajenos a los demás partidos, cuyas filas estaban integradas “con reclutados poco menos que a la fuerza y con mercenarios”.^[29]

Aunque la retórica militante adoptó un tono atemperado y los actos públicos quedaron prácticamente proscritos, la actividad de los clubes no cesó desde principios de octubre, centrada en las distintas tareas que involucraba el empadronamiento y cumpliendo con el mandato del comité capital de “no descuidar un solo día la inscripción en el registro electoral”. Los obstáculos eran conocidos y diversos, y para cada uno se buscaron estrategias en el marco de la ley: frente a las acciones fraudulentas se formularon denuncias antes los jueces competentes, pero también se aplicaron medidas para anularlas de inmediato. Dado que uno de los fraudes más habituales era la inscripción con domicilio falso, los radicales destinaron considerables recursos a enviar circulares a los individuos sospechosos, valiéndose del servicio de devolución de correspondencia para detectar domicilios inexistentes y tachar así a un número importante de votantes adversarios.^[30] Finalmente, en la última jornada de inscripción, las autoridades partidarias brindaron instrucciones precisas a todos los comités parroquiales sobre cómo proceder ante la ausencia de las autoridades responsables (situación que impedía llevar a cabo la inscripción y que se había denunciado desde la apertura del Registro Cívico).^[31] La indicación consistía en “dejar constatado con prueba legal la presencia de los ciudadanos en el atrio, a fin de dejar a salvo sus derechos que deberán hacer valer ante la junta de reclamos”.

El papel de los partidos en la instancia del empadronamiento fue destacado por La Prensa que cuestionó la extensión del estado de sitio en tanto afectaba el funcionamiento regular de las agrupaciones. Al solicitar la prórroga ante las Cámaras, el gobierno había ratificado la necesidad de mantener las restricciones a la actividad política (argumentando que aún no se había desactivado el peligro de un nuevo levantamiento armado) y había expresado que la labor del Registro Cívico no se vería afectada porque “el empadronamiento es un acto individual, independiente de la acción colectiva de los partidos políticos”. El periódico rechazó esa idea y publicó un extenso editorial sobre el rol fundamental de los partidos para el “ejercicio de las constituciones democrático-representativas”. Puntualmente, sobre el acto de la inscripción, señalaba que era la instancia donde los partidos debían “desenvolver toda su actividad y computar sus elementos” y, por lo tanto, resultaba clave que pudiesen funcionar de manera plena, sin limitaciones. La acción de los partidos producía efectos beneficiosos y cruciales: en cuanto al empadronamiento, el trabajo realizado por las agrupaciones a través de “sus medios de propaganda y en sus variados recursos” contrarrestaba “la tradicional desidia de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos”. Además, los partidos representaban un “freno” frente a los “gobiernos provinciales opresores”, oficiando como “defensa de los ciudadanos contra las exigencias y amenazas de las autoridades”.^[32]

Apenas concluida la inscripción, la prensa radical anunció con tono épico el inicio de las “tachas”: se trataba de hacer realidad “la pureza del sufragio” y era el partido quien asumía esa tarea. Para ello, el comité de la Capital comunicó la conformación de una comisión para auxiliar a los clubes parroquiales en todo lo relativo a la depuración del padrón, que funcionaría todas las tardes hábiles en el local partidario:

“Ninguna tarea más imperiosamente reclamada por nuestro partido, que encarna el credo de una nueva escuela de regeneración política […] La violación de la verdad en el acto en que el pueblo elige sus representantes, como en los preparatorios que le preceden, es la negación misma del sistema democrático; y el padrón electoral, base de nuestro sistema político, debe ser objeto de una preferente atención por parte de los ciudadanos […]

Una situación excepcional, una ley deficiente son circunstancias que, lejos de rebajar nuestras energías, deben estimularlas en estos momentos y hacernos perseverar en la lucha por el triunfo de los principios proclamados en nuestra carta”.^[33]

El trámite para revertir las impugnaciones era la última etapa de la inscripción y también demandaba la acción de los comités parroquiales para organizar la concurrencia y reunir la documentación necesaria. Asimismo, la prensa desempeñaba un rol importante informando a los ciudadanos “tachados” sobre los horarios y lugares correspondientes. En este punto, los radicales debieron sortear otro problema: la suspensión de El Argentino a mediados de diciembre a causa de una publicación que transgredía las restricciones del estado de sitio.^[34]

Concluido el procedimiento de rectificación de los padrones, quedaron habilitados para votar poco más de veinte mil ciudadanos. El día previo a la elección, la dirigencia radical ratificó la consigna de disputar los comicios: “Con todos sus inconvenientes y desventajas, el comité de la capital no vacila en lanzar a la lucha a sus amigos”. Aunque impugnaba el registro electoral – “viciado por el fraude” de sus adversarios – y alertaba sobre los “obstáculos” que deberían sortearse, la recomendación a los correligionarios fue mantener la “templanza y moderación en los medios, sin salir un punto de la legalidad.” Siguiendo esa regla de conducta, los radicales habrían de “arrancar del comicio libre” la participación que legítimamente les correspondía en el gobierno en tanto representaban “el único partido popular que existe en la República con organización y vida nacional”.^[35]

Los primeros datos del escrutinio demostraron que la competencia había sido excepcional y pronto fue evidente que el triunfo correspondía a los radicales. Así lo reconoció La Nación, periódico que respaldaba las candidaturas de los cívicos nacionales: “Debemos decir ante todo que el triunfo de la elección de ayer ha sido del radicalismo”. Sin embargo, de inmediato aclaraba que los radicales habían contado con “la buena voluntad del partido nacional” y que se habían registrado “malos procedimientos”, que en algunos casos habían envuelto “caracteres de lo más deplorable”. Más allá de esa acusación imprecisa, se admitía que la jornada electoral había transcurrido sin incidentes violentos.^[36]

Pocos días después, La Nación publicó un informe del comité central de la UCN que atribuía su derrota a la conformación de las mesas electorales, integradas en su mayoría por adversarios, que había impedido votar a “una considerable parte” de sus afiliados. El documento también apuntaba a las “inexplicables deficiencias de nuestra ley electoral”, pero ordenaba a los comités parroquiales proseguir con “su propaganda y su acción” sin interrupciones, confirmando que los partidos políticos habían dejado de ser agrupaciones transitorias, propias del ciclo electoral, para constituirse en actores orgánicos y permanentes del sistema representativo.^[37] 

El debate por las reglas

La imagen de una comunidad política plural, estructurada en torno a organizaciones formales y reglamentadas, tensionó el funcionamiento del régimen electoral definido por una legislación que aún remitía a una noción organicista, casi refractaria a la división en partidos.^[38] Como vimos, la dinámica del ciclo electoral, desde la apertura del Registro Cívico hasta la finalización del escrutinio, intensificó los cuestionamientos e impugnaciones a prácticas que eran comunes a todos los contendientes. Pero a pesar de las disputas partidarias y de las acusaciones reiteradas, los diagnósticos solían coincidir: los problemas que afectaban a la vida política y al funcionamiento de la república podrían solucionarse con una modificación de la normativa electoral y el perfeccionamiento de las costumbres de la ciudadanía. En cuanto a lo primero, ya la reforma de 1874 había planteado los desajustes derivados de un sistema que no contemplaba la representación de minorías, pero en el transcurso del debate parlamentario surgieron varias objeciones y no fue posible consensuar una fórmula que reemplazara el criterio imperante desde 1853.^[39] En los años siguientes hubo varios intentos semejantes. Sin embargo, en ningún caso completaron el trámite parlamentario para convertirse en ley.^[40] 

Durante el primer quinquenio de la década, la cuestión fue abordada en diferentes momentos e incluyó varias propuestas que, sin embargo, partían de una preocupación compartida: la violencia y las impugnaciones, materia recurrente de las jornadas electorales, afectaban el regular desarrollo del orden político e impedían lograr la ansiada estabilidad. El proyecto más ambicioso y extenso fue debatido en 1895, pero había sido una de las primeras medidas impulsadas por Luis Sáenz Peña al asumir.^[41] Entre otros cambios importantes incluía la inscripción obligatoria en el padrón y la aplicación de las circunscripciones uninominales como criterio de representación. Pero al momento de su tratamiento, la discusión acerca de la constitucionalidad de las circunscripciones uninominales trabó el debate y el texto fue reenviado a comisión. En esas circunstancias, Alem logró que se considerara un breve proyecto que ya había presentado en 1891 cuando ocupaba una banca en el Senado. Aunque el diputado radical consideraba que tal vez la ley exigía “reformas más trascendentales”, argumentó que el plazo hasta los siguientes comicios no admitía modificaciones de fondo. Y si bien había anticipado un apoyo completo al proyecto del oficialismo, frente a la posibilidad de que fuese rechazado o aplazado su tratamiento, creyó pertinente presentar una nueva versión de su propuesta de 1891. Según su parecer, ese texto abarcaba “los puntos más fundamentales para defender la emisión libre del sufragio, atacando los abusos y los fraudes a que continuamente dan lugar las irregularidades y la actitud de ciertos funcionarios públicos que intervienen en el acto electoral”.^[42]  Propuso introducir enmiendas a la formación de los padrones electorales, ajustar la cantidad de votantes por mesa y agravar las penas para ciertas conductas que impedían el normal desarrollo de los comicios. Estaba ausente la cuestión de la representación de las minorías, así como cualquier modificación sobre las características del voto, que continuaría siendo voluntario y expresado en boletas en donde quedaban consignados el nombre y apellido del elector. Para Alem, ninguno de estos aspectos resultaba prioritario para corregir los vicios del sistema electoral: ni en la versión de 1891 ni en la de 1895 aparecía considerado el problema de cómo representar un pueblo que ya no se consideraba una entidad indivisa y uniforme, sino como un cuerpo plural que requería una traducción acorde en un gobierno cuyo principio de legitimidad era la soberanía popular. Tampoco se planteaba la urgencia de modificar la naturaleza del voto. Aunque el proyecto oficialista avanzaba en el sentido de la obligatoriedad, la propuesta del diputado radical no incorporaba ninguna modificación en ese sentido, y tampoco juzgaba necesaria la discusión acerca del voto secreto como garantía de autonomía del elector.^[43]

La propuesta de Alem apuntaba a resolver los obstáculos que solía plantear la actuación de las juntas de inscripción para la formación de los padrones y, además, eliminar la opción de sanciones pecuniarias para quienes se anotaran en más de una sección electoral o votaran con nombre falso. La ley de 1877 contemplaba para dichos fraudes la pena de prisión (dos meses) o una multa de $ 400, y Alem propuso que el castigo fuese prisión efectiva de seis meses. La modificación fue aceptada sin discrepancia ya que todos coincidían en que la multa era una alternativa accesible y benigna, ineficaz para desalentar la artimaña en cuestión porque los propios comités partidarios se encargaban de reunir fondos para pagarla y liberar de inmediato al reo. Con respecto a la actuación de las juntas, la reforma reconocía dos situaciones que impedían el correcto procedimiento para la formación de los padrones. Por una parte, las juntas solían incumplir los plazos estipulados por la ley y no atendían oportunamente los reclamos por inscripciones o exclusiones indebidas. Por otra parte, en ocasiones, como en los comicios de 1892, no acataban los fallos judiciales para depurar los padrones. La reforma impulsada por Alem ampliaba las facultades de los jueces federales para que pudieran atender de manera directa los reclamos y, además, en caso de desobediencia de las juntas, estipulaba que el padrón podría corregirse con la intervención de un escribano público por orden del magistrado actuante. Finalmente, se aceptó un cambio importante para el día de los comicios con la ampliación de las mesas de votación. A partir de entonces, cada 250 inscriptos (o fracción mayor de 100) debía instalarse una mesa (la ley anterior establecía una mesa cada 500 o fracción mayor de 200). De esa manera se aseguraba más tiempo para cada votante y se preveía desactivar un conflicto habitual en el desarrollo de la elección ocasionado por las demoras para cumplir con el ritual electoral.^[44] 

La reforma resultaba coherente con los obstáculos que habían enfrentado los radicales en la competencia electoral y, además, atendía cuestiones que contaban con un consenso casi unánime y que eran señaladas con frecuencia por la prensa. También se ajustaba al modo en que la UCR había intervenido en los comicios de 1892 y 1894: en esas instancias el partido había desarrollado una estructura organizativa capaz de movilizar adeptos, fiscalizar a sus adversarios y disputar cada una de las etapas del proceso electoral. En ese contexto, la ausencia del tema referido a la representación de las minorías puede interpretarse en consonancia con la imagen que los propios radicales tenían de su agrupación como “único partido popular con organización y vida nacional”.^[45] Esa concepción tendía a diluir el dilema representativo: si la UCR se pensaba a sí misma como expresión de la nación en su conjunto, la cuestión de las minorías difícilmente podía ocupar un lugar central en su agenda. Por otro lado, desde la experiencia adquirida en los comicios, los problemas señalados por Alem resultaban relevantes: las juntas que incumplían sus funciones o desacataban fallos judiciales, las inscripciones fraudulentas sancionadas con penas menores o la insuficiencia de mesas que dejaba a cientos de votantes sin posibilidad de sufragar. La reforma buscaba, en consecuencia, asegurar que la contienda electoral – en la que los partidos asumían un papel fundamental como motores de la participación ciudadana y custodios de la pureza del sufragio – pudiera desarrollarse sin los obstáculos operativos que la práctica había puesto en evidencia. En cambio, cuestiones como la representación de las minorías o la naturaleza del voto, objeto de debates recurrentes en el Congreso, remitían a un problema más amplio de diseño institucional cuya resolución no parecía inmediata ni urgente. Como ha señalado Persello (2007), en la discusión pública de esos años coexistían dos planos: por un lado, el dilema sobre las discrepancias entre las normas constitucionales y las prácticas políticas vigentes; por otro, un cuestionamiento más profundo, abierto tras 1890, sobre los principios mismos del régimen político. La propuesta de Alem, centrada en garantizar la efectividad del sufragio, se inscribía predominantemente en el primero de esos planos, mientras que las iniciativas que buscaban resolver la representación de las minorías remitían al segundo.

Por otro lado, una reforma de ese alcance, que no involucraba aspectos estructurales del sistema de representación, difícilmente podía conciliarse con la retórica radical sobre la crisis del régimen. Los cuestionamientos planteados en la Revolución del Parque – y retomados en los levantamientos armados de 1893 – no podrían resolverse mediante ajustes parciales de la legislación electoral, sino a través de una regeneración política profunda que implicara la desarticulación del régimen corrupto que, según denunciaban los radicales, había llevado a la nación al borde del abismo.^[46] Esa paradoja no era exclusiva de la UCR, sino que atravesaba al conjunto de la dirigencia política. A medida que los partidos se consolidaban como actores centrales de la vida pública y la sociedad comenzaba a pensarse como un conjunto plural de fuerzas en competencia, el problema de cómo traducir esa diversidad en la representación parlamentaria adquiría una nueva relevancia que no se soslayaba. Sin embargo, en el debate legislativo, las únicas iniciativas que lograron prosperar estuvieron centradas en la corrección de mecanismos de funcionamiento del sistema, mientras aquellas que se proponían replantear sus fundamentos representativos y la naturaleza del voto quedaron relegadas.  

A modo de cierre

Durante la última década del siglo XIX, los partidos políticos lograron un protagonismo notable en la vida política argentina, expresado en su capacidad organizativa dirigida a disputar los comicios, y también a coordinar manifestaciones y actos públicos de cierta envergadura (además de urdir y llevar a cabo levantamientos armados que pusieron en jaque a varios gobiernos provinciales). Las elecciones para diputados nacionales en la Capital Federal en 1892 y 1894 fueron una clara expresión de ese rol, concitando una participación destacada de la ciudadanía en el marco de la disputa entre radicales, cívicos nacionales y autonomistas. A pesar de la inmediatez temporal de los comicios considerados, cada una de las coyunturas tuvo especificidades importantes.

Las elecciones de 1892 tuvieron lugar a pocos meses de la ruptura de la Unión Cívica bajo un clima de fervor militante que permeó cada acto en las calles, clubes y teatros de los distintos barrios de la Capital durante el segundo semestre de 1891 y las primeras semanas de 1892. La contienda electoral demandó un trabajo de reorganización de los clubes parroquiales y promovió un ciclo de movilización que involucró a un público diverso en torno a distintas actividades organizadas desde los comités radicales para asegurar la adhesión de los ciudadanos porteños. Esas actividades, con concurrencias que oscilaban entre cientos y varios miles, tuvieron, en general, un tono celebratorio y entusiasta, encuadrado en una retórica identitaria que reafirmó el valor de la intransigencia como cualidad sobresaliente. En ese marco, los jóvenes tuvieron un protagonismo excepcional, especialmente en la confrontación entre acuerdistas y anti-acuerdistas, y encarnaron un perfil de militante dispuesto al sacrificio y bastión de la intransigencia adoptada como bandera partidaria.

En contraste, las elecciones de 1894 se desarrollaron bajo la vigencia del estado de sitio, lo que obligó a atemperar la retórica de la prensa política y de las proclamas partidarias y proscribió parte fundamental del repertorio de prácticas de los radicales. La ocupación de la calle quedó fuera de las posibilidades de acción y, con ella, los jóvenes – antes protagonistas clave de los actos públicos – perdieron un ámbito principal de actuación. Posiblemente ese cambio explique la desarticulación de varios clubes propios en el marco de una reducción más general de la cantidad de comités.

En ambas coyunturas, sin embargo, la organización partidaria no fue un mero instrumento para la movilización electoral, sino también el espacio donde se fue delineando la identidad radical. Las reuniones periódicas en los comités, las asambleas extraordinarias, los grandes actos y las movilizaciones callejeras, así como las jornadas de inscripción y votación, fueron instancias constitutivas en las que se forjaron los vínculos entre correligionarios y se cimentaron las referencias simbólicas y afectivas que nutrieron la causa partidaria. Esas mismas prácticas pueden leerse en relación con un concepto específico de ciudadanía política, donde la pertenencia a la república se expresa en el ejercicio activo de las libertades: marchar, asistir, deliberar, inscribirse, votar, que remitían a una tradición de la vida pública porteña de más larga data. Esa imbricación entre estructura organizativa, configuración identitaria y ejercicio ciudadano explica que la UCR pudiera sostener su cohesión y su capacidad de movilización incluso bajo condiciones adversas como las de 1893-1894.

Como han señalado los estudios sobre el radicalismo, un aspecto fundamental de la narrativa de la agrupación fue la pretensión de la UCR de no ser una parcialidad entre otras, sino la expresión genuina de la nación. Esa noción se articuló con tópicos como la intransigencia y con la figura del militante como soldado y mártir de la patria. Bajo el estado de sitio, esos tópicos y esa figura debieron atemperarse o reformularse. Sin embargo, no desapareció la reivindicación del partido como encarnación de los intereses nacionales. Esa lógica tuvo consecuencias prácticas que pudimos advertir en la propuesta de reforma electoral de Alem: la ausencia del problema de la representación de las minorías era coherente con una concepción del partido que tendía a disolver ese dilema antes de plantearlo. Si la UCR encarnaba la voluntad popular en su conjunto, la pregunta sobre cómo representar a quienes quedaban excluidos de la mayoría no resultaba pertinente. La reforma, al menos en lo que tenía de urgente, apuntó a garantizar las condiciones operativas de la competencia – padrón depurado, juntas que cumplieran su función, cantidad de mesas acorde al tiempo de votación y sanciones severas para los votantes fraudulentos – y postergó los aspectos que involucraban los fundamentos del sistema representativo.

Esa paradoja, sin embargo, no era exclusiva de los radicales: como se vio en el debate parlamentario, las iniciativas que lograron prosperar fueron aquellas orientadas a corregir mecanismos puntuales, mientras las que proponían reformas estructurales del sistema de representación quedaron relegadas (aun cuando contaran con el impulso del Ejecutivo). En ese sentido, el caso de la UCR ilumina una tensión más amplia que atravesaba a toda la dirigencia política del período: los partidos se habían convertido en actores indispensables de la vida pública, pero el marco normativo e institucional no encontraba la manera de procesar esa novedad.

Bibliografía

Alonso, Paula (1993). Politics and Elections in Buenos Aires, 1890–1898: The Performance of the Radical Party. Journal of Latin American Studies, Vol. 25, N° 3, pp. 465-487.

Alonso, Paula (1994). Entre la revolución y las urnas. Los orígenes de la Unión Cívica Radical y la política argentina en los años noventa. Buenos Aires: Sudamericana.

Alonso, Paula (2003). La política y sus laberintos. El Partido Autonomista Nacional entre 1880 y 1886. En Sabato, Hilda y Lettieri, Alberto (Comps.). La vida política en la Argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces (pp. 277-292). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Alonso, Paula (2010). Jardines secretos, legitimaciones públicas: El Partido Autonomista Nacional y la política argentina de fines del siglo XIX. Buenos Aires: Edhasa.

Alonso, Paula (2017). Los partidos políticos y la nueva historia política de la Argentina del "orden conservador". Entre la reflexión y el manifiesto. Investigaciones y Ensayos, N° 65, pp. 159-178.

Botana, Natalio y Gallo, Ezequiel (1997). De la república posible a la república verdadera (1880-1910). Biblioteca del Pensamiento Argentino, Tomo III. Buenos Aires: Ariel.

Cucchi, Laura y Rojkind, Inés (2018). El PAN y la inestabilidad política de los años noventa. Interpretaciones y cronologías. En 2° Taller de Discusión: La Política en la Argentina (1880-1916). Universidad de Buenos Aires/Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires.

Fors, Luis Ricardo (1895). 1893. Levantamiento, revolución y desarme de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires: Imprenta de Obras.

Gallo, Ezequiel (2013). La República en ciernes. Surgimiento de la vida política y social pampeana, 1850-1930. Buenos Aires: Siglo XXI.

Hirsch, Leonardo (2021). La consagración de los partidos. Política y representación en la provincia de Buenos Aires, 1870-1900. Buenos Aires: SB editorial.

Hirsch, Leonardo, Sabato, Hilda y Ternavasio, Marcela (2020). Representar la República. En Sabato, Hilda y Ternavasio, Marcela (Coords.). Variaciones de la república. La política en la Argentina del siglo XIX (pp. 39-58). Rosario: Prohistoria.

López, Mario Justo (2005). De la república oligárquica a la república democrática. Estudio sobre la reforma política de Roque Sáenz Peña. Buenos Aires: Lumiere.

Navajas, María José (2014). Las controversias por la reforma electoral. Argentina, 1873. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, N° 48, pp. 39-67.

Navajas, María José (2019). Las agrupaciones políticas juveniles frente a la crisis del juarismo. La formación de la “Unión Cívica de la Juventud” en Buenos Aires, Rosario y Tucumán, 1889-1890. Coordenadas. Revista de Historia local y regional, 6 (1), pp. 138-161.

Navajas, María José (2026). Movilización política e identidad partidaria en los inicios de la Unión Cívica Radical. Páginas. Revista digital de la Escuela de Historia, 18 (47). Recuperado de https://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas/article/view/1040/1517

Navajas, María José y Rojkind, Inés (2021). Incertidumbre, miedo y acción política. En Gantús, Fausta, Rodríguez Rey, Gabriela y Salmerón, Alicia (Coords). El miedo: la más política de las pasiones: Argentina y México, siglo XVII-XX. Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora – Universidad Autónoma de Zacatecas.

Palti, Elías (2007). El tiempo de la política: El siglo XIX reconsiderado. Buenos Aires: Siglo XXI.

Persello, Ana Virginia (2007). Historia del radicalismo. Buenos Aires: Edhasa.

Remorino, Jerónimo (1954). Anales de la legislación argentina. Complemento 1852-1880. Buenos Aires: La Ley.

Reyes, Francisco (2015). La Revolución como mito, la Regeneración como promesa. Ideas-fuerza en los orígenes de la Unión Cívica Radical. Ariadna histórica. Lenguajes, conceptos, metáforas, N°4, pp. 117–146. Recuperado de: https://ojs.ehu.eus/index.php/Ariadna/article/view/11551/Reyes

Reyes, Francisco (2018). Las identidades políticas como creencias. Sobre la Unión Cívica Radical como “religión cívica”. Pasado Abierto, N° 7, pp. 252-264. Recuperado de: https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto/article/view/2558/2763 

Reyes, Francisco (2022). Boinas blancas: Los orígenes de la identidad política del radicalismo (1890-1916). Rosario: Prohistoria.

Reyes, Francisco (2023). Adolfo Saldías, ¿intelectual del radicalismo? Sobre el compromiso político del “hombre de pensamiento” en la década de 1890. Anuario IEHS, Vol. 38, N° 2, pp. 105-128. Recuperado de: https://ojs2.fch.unicen.edu.ar/ojs-3.1.0/index.php/anuario-ies/article/view/1863

Rojkind, Inés (2012). La revolución está vencida, pero el gobierno está muerto. Crisis política, discursos periodísticos y demostraciones callejeras en Buenos Aires, 1890. Anuario de Estudios Americanos, 69 (2), pp. 507-532.

Rojkind, Inés (2019). El diario La Prensa en el cambio de siglo: modernización periodística y batallas políticas. Investigaciones y Ensayos, N° 68, pp. 55-79.

Rosanvallon, Pierre (2004). El pueblo inalcanzable: historia de la representación democrática en Francia. Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

Sabato, Hilda (1998). La política en las calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-1880. Buenos Aires: Sudamericana.

Sabato, Hilda y Ternavasio, Marcela (2011). El voto en la república. Historia del sufragio en el siglo XIX. En Sabato, Hilda, Ternavasio, Marcela, De Privitellio, Luciano y Persello, Virginia, Historia de las elecciones en la Argentina, 1805-2011(pp. 17-134). Buenos Aires: El Ateneo.

Sabato, Hilda (2021). Repúblicas del Nuevo Mundo. El experimento político latinoamericano del siglo XIX. Buenos Aires: Taurus.

Victorero, Nahuel (2025). El diario La Nación y la candidatura de Bartolomé Mitre. Prensa, política y noticias en 1891. PolHis. Revista Bibliográfica Del Programa Interuniversitario De Historia Política. N°35, pp. 123-153. Recuperado de: https://polhis.com.ar/index.php/polhis/article/view/121-151

⌘

María José Navajas es doctora en Historia por El Colegio de México, desde el 2012 se desempeña como investigadora del Instituto Ravignani e integrante del PEHESA. Es investigadora adjunta del CONICET. Se especializa en historia política de la segunda mitad del siglo XIX, con especial atención a la actividad electoral, la prensa y las dirigencias políticas. Actualmente está enfocada en el último cuarto del siglo XIX, analizando las tensiones, los conflictos y los debates en el marco de la república del “orden”. Durante ese periodo histórico analiza el papel desempeñado por los partidos, la prensa, las movilizaciones callejeras y los levantamientos armados, evaluando su intervención en la tramitación de los conflictos y en la incorporación de diversos actores a la vida política.

Pasado Abierto, Facultad de Humanidades, UNMDP se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional 

---

Enlaces refback

• No hay ningún enlace refback.

Copyright (c) 2026 Pasado Abierto


Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

---

	"Pasado Abierto" is a journal published by the Center for Historical Studies (CEHis) of the Faculty of Humanities at the National University of Mar del Plata . Email: pasado.abierto@gmail.com | Web: http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto ISSN 2451-6961  (online) Open Past is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Included in:
	ROAD  https://portal.issn.org/resource/ISSN/2451-6961
	LatinREV  https://latinrev.flacso.org.ar/mapa
	Latindex Directory  https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=26011
	Google Scholar Link
	BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Link
	Latin American (Association of Academic Journals of Humanities and Social Sciences) Link
	MIAR (Information Matrix for Journal Analysis) Link
	SUNCAT Link
	WorldDCat Link
	Ibero-American News Link
	CZ3 Electronische Zeitschriftenbibliothek Link
	Open Science Directory Link
	EC3 metrics Link
	JournalsTOCs Link
	Malena Link
Evaluated by:
	Latindex Catalog 2.0 Link
	Basic Core of Argentine Scientific Journals Link
	DOAJ (Directory of Open Access Journals)  Link
	ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) Link
	REDIB (Ibero-American Network of Innovation and Scientific Knowledge) Link
	CIRC (Integrated Classification of Scientific Journals) Link
Open Past uses the persistent identifier: