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Inicio > Núm. 23 (2026) > Motura

Pasado Abierto. Revista del CEHis. Nº23. Mar del Plata. Enero-junio de 2026.

ISSN Nº2451-6961. http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto

                                                                                       

La política por otros medios: violencia facciosa y cuestionamientos a la legitimidad Las revoluciones de Sabá Z. Hernández en Entre Ríos (1898-1900)

Nicolás Daniel Motura

Universidad Autónoma de Entre Ríos, Argentina

nicomotura@gmail.com 

Recibido:        03/02/2026

Aceptado:        11/03/2026

Resumen

Este artículo analiza los levantamientos armados liderados por Sabá Z. Hernández en Entre Ríos entre 1898 y 1900, interpretándolos como expresiones críticas de la cultura política argentina de entresiglos. A través del examen de la prensa de la época y los debates en el Congreso Nacional, se indaga en cómo el uso de la fuerza se consolidó como un recurso político calculado y legitimado ante la percepción de un orden institucional viciado por el nepotismo y el fraude. El trabajo sostiene que la apelación a la violencia no representó un quiebre irracional, sino una táctica de las facciones desplazadas para forzar la intervención federal y renegociar su cuota de poder frente a la hegemonía oficialista. En última instancia, el estudio de estos conflictos revela las debilidades estructurales del sistema de acuerdos de la élite y prefigura las reformas institucionales que marcarían el inicio del siglo XX en la región.

Palabras clave: Violencia política, Entre Ríos, Partido Nacional, revoluciones, élites, sistema federal.

Politics by Other Means: Factional Violence and Challenges to Legitimacy

 The Revolutions of Sabá Z. Hernández in Entre Ríos (1898–1900)

Abstract

This article analyzes the armed uprisings led by Sabá Z. Hernández in Entre Ríos between 1898 and 1900, interpreting them as critical expressions of Argentine political culture at the turn of the century. Through an examination of the contemporary press and debates in the National Congress, it investigates how the use of force became consolidated as a calculated and legitimized political resource in response to the perception of an institutional order tainted by nepotism and fraud. The study argues that the recourse to violence did not represent an irrational rupture, but rather a tactic employed by displaced factions to force federal intervention and renegotiate their share of power against the ruling hegemony. Ultimately, the analysis of these conflicts reveals the structural weaknesses of the elite’s system of agreements and foreshadows the institutional reforms that would mark the beginning of the 20th century in the region.

Keywords: Political violence, Entre Ríos, National Party, revolutions, elites, federal system.

La política por otros medios: violencia facciosa y cuestionamientos a la legitimidad

 Las revoluciones de Sabá Z. Hernández en Entre Ríos (1898-1900) ^[1]

Introducción

Durante el siglo XIX argentino, la violencia se consolidó como una práctica política legitimada, nutrida por los ideales republicanos de la Revolución Francesa y las guerras de independencia (Sabato, 2009). No obstante, la progresiva formación del Estado-Nación impuso la necesidad de institucionalizar la resolución de conflictos, desplazando gradualmente la confrontación armada hacia mecanismos pacíficos. En este proceso, el fortalecimiento del parlamento, el auge de los clubes políticos y la negociación entre élites surgieron como herramientas clave para dirimir intereses y preservar la estabilidad, en un marco de transformaciones socioeconómicas que reconfiguraron las estructuras gubernamentales (Djenderedjian & Schmit, 2008; Cucchi, 2017; Hirsch, 2021).

La administración de Julio A. Roca, hacia 1880, consolidó un orden republicano centralista mediante acuerdos entre grupos locales que alteraron profundamente la dinámica del sistema federal (Alonso, 2010, 2015). En Entre Ríos, tras el asesinato de Justo J. de Urquiza en 1870 y la posterior intervención nacional, se vivió una mutación política que desplazó al antiguo liderazgo federal (Bressan, 2018; Motura, 2022a; Pérez, 2023). Una vez sofocadas las revueltas de Ricardo López Jordán —último gran desafío a la institucionalización nacional— la provincia transitó un periodo de relativa calma entre 1876 y 1890 bajo una dirigencia que priorizó el orden ante el trauma de la guerra civil (Zimmermann, 2010; Bressan, 2019).

Sin embargo, este unanimismo aparente no estuvo exento de tensiones. El presente artículo analiza los levantamientos armados liderados por Sabá Z. Hernández —destacado dirigente del conservadurismo provincial y ex gobernador— en Entre Ríos entre 1898 y 1900, con el objetivo de explorar cómo el uso de la fuerza se constituyó como un recurso político legítimo y calculado por parte de sectores desplazados para posicionarse en la arena pública. Tal como han demostrado investigaciones de la nueva historia política, la violencia persistió como una expresión latente ante el quiebre de los acuerdos de cúpula (Malamud, 1998; Alonso, 2000; Sabato & Ternavasio, 2011).

Las revoluciones cívico-militares de entresiglos no fueron meros actos de sedición, sino expresiones de una convulsa dinámica donde la insurrección armada era un complemento válido de la participación electoral frente a gobiernos tildados de ilegítimos (Alonso, 2000; Rojkind & Hirsch, 2020). Esta cultura política hallaba sustento en la noción del “derecho de rebelión”, validada indirectamente por las amnistías concedidas tras las represiones (Malamud, 1998; Zimmermann, 2010; Reali, 2018). Así, el periodo entre la segunda presidencia de Roca y la reforma de 1912 se presenta como el “ocaso de la república oligárquica”, signado por el faccionalismo^[2] y el reformismo interno de la élite (Castro, 2012).

Bajo este marco, el estudio sitúa las acciones de Hernández no como un exabrupto anacrónico, sino como parte de las derivas del conservadurismo entrerriano y los debates sobre la representación de las minorías. El enfoque propuesto permite insertar el caso local en las tensiones nacionales de entresiglos, aportando una mirada crítica sobre las estrategias y discursos que definieron el “momento del noventa”.^[3] Asimismo, se exploran las implicancias de la nueva dinámica federal que validó las intervenciones nacionales para resolver conflictos internos, revelando las debilidades estructurales del sistema de acuerdos de la élite provincial y prefigurando las reformas institucionales de inicios del siglo XX.

Para este análisis se ha recurrido a una base documental diversa que permite contrastar los discursos en pugna. Se examina la prensa periódica de alcance provincial como El Entre Ríos (Paraná) y La Juventud (Concepción del Uruguay), voceros de las facciones en disputa; y publicaciones de circulación nacional como Caras y Caretas y Don Quijote, que ofrecían una mirada satírica y visual de la conflictividad. Estas fuentes se complementan con los Diarios de Sesiones del Congreso Nacional y escritos de contemporáneos como los de Luis Bonaparte, permitiendo reconstruir la lógica interna de los actores y la justificación del uso de la fuerza frente al orden institucional.

Desde una perspectiva historiográfica, el período de entresiglos en Entre Ríos ha sido abordado tradicionalmente por obras clásicas (Reula, 1969; Bosch, 1978; Argachá, 2020) centradas en la consolidación del orden institucional. Si bien investigaciones recientes^[4] han explorado la formación de elencos políticos en la región, este artículo se propone como un aporte original al desplazar el foco de la narrativa institucional hacia la insurgencia entendida como un recurso táctico deliberado. A diferencia de abordajes previos, este trabajo sostiene que los levantamientos de Hernández no fueron exabruptos anacrónicos de un caudillismo residual, sino una maniobra sofisticada de las facciones desplazadas para forzar el arbitraje del Poder Ejecutivo Nacional y renegociar su cuota de poder ante la clausura de los canales legales.

El trabajo se organiza en tres ejes principales. El primero contextualiza la crisis de hegemonía del oficialismo entrerriano y la articulación de la oposición liderada por Hernández. El segundo analiza la dimensión política de los levantamientos de 1898 y 1900, contrastando la prensa local con el impacto de los sucesos en publicaciones satíricas nacionales y el registro en las memorias de sus protagonistas. Posteriormente, se examina el debate parlamentario en torno al rechazo del pedido de intervención solicitado por Sabá, pieza clave para indagar en los discursos que justificaban —o cuestionaban— el derecho de rebelión y la legitimidad de dicha medida. Finalmente, las conclusiones reflexionan sobre el vínculo entre estos conflictos y las reformas institucionales de 1903 y 1904, entendidas como un intento de canalizar las tensiones de entresiglos mediante nuevos mecanismos de representación política.

2. El escenario político entrerriano: faccionalismo y liderazgos en transición (1870-1898)

Con la muerte de Justo José de Urquiza^[5] en 1870 y la consecuente intervención nacional, se produjo un recambio importante del personal político que catapultó a figuras anteriormente soslayadas (Bressan, 2018). Este proceso de institucionalización buscó disciplinar las dinámicas provinciales bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, integrando a Entre Ríos plenamente al sistema federal.^[6] La derrota definitiva del jordanismo en 1876 no solo clausuró el ciclo de las rebeliones montoneras, sino que instaló en la élite gobernante una actitud de cautela y una memoria colectiva de sospecha ante cualquier desorden, percibido como un retorno a la anarquía (Zimmermann, 2010; Bressan, 2019).

La experiencia traumática de la guerra civil y el impacto de la movilización armada jordanista dejaron una huella profunda en la sociabilidad local, signada por la crisis del antiguo partido federal y la erosión del liderazgo urquicista (Pérez, 2018). Este clima de inestabilidad, alimentado por rumores de levantamientos y el desplazamiento forzado de actores políticos hacia el exilio, reconfiguró las formas de construcción de poder en el espacio entrerriano (Bressan, 2019). En consecuencia, el recuerdo del conflicto actuó como un mecanismo de control social, donde la subordinación al orden nacional se presentaba como la única garantía frente a una violencia que había desarticulado las jerarquías previas y militarizado la participación ciudadana de los sectores subalternos (Alabart, 2018).

Los gobernadores y legisladores del periodo 1872-1900 formaban parte de una élite cuyo acceso a los cargos era tributario a recursos exteriores a la política, como vínculos sociales, poder económico y desempeño profesional (Motura, 2022a; Pérez, 2023). La creciente dependencia de fondos federales durante las administraciones de Emilio Duportal, Leónidas Echagüe y Ramón Febre incrementó la injerencia de funcionarios nacionales, transformando a la provincia en un distrito estrechamente vinculado a la política central.^[7] Esta dinámica definía una hegemonía gubernamental donde la cohesión del oficialismo dependía de una compleja ingeniería de acuerdos para la confección de listas y el acceso a los recursos estatales (Alonso, 2010).

En este esquema, el gobernador no actuaba como un ejecutor vertical, sino como un articulador de ligas regionales y grupos locales. Su rol consistía en mediar entre las exigencias nacionales y las aspiraciones de los notables de provincia, asegurando una sucesión que integrara a sus aliados para garantizar la estabilidad frente a las presiones de la periferia (Cucchi, 2015; 2017). Sin embargo, hacia 1890, este sistema de equilibrios comenzó a erosionarse debido a la crisis económica y política que derivó en la renuncia de Juárez Celman, actuando como catalizador de tensiones latentes entre las facciones del oficialismo y las fuerzas emergentes.

Es en este escenario de fragilidad interna donde la figura de Sabá Z. Hernández adquiere centralidad. Nacido en Diamante en 1856, su linaje lo vinculaba directamente con el poder tradicional de la provincia: era hijo de Luis Hernández, un reconocido comandante de la época de Urquiza que, a su vez, era sobrino del caudillo santafesino Estanislao López (Brumatti, 2004). Su formación, iniciada en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe y completada en la Universidad de Buenos Aires, precedió a una destacada carrera judicial como juez y fiscal en Paraná. Antes de llegar a la gobernación, Hernández ya había acumulado un importante capital político como convencional constituyente en 1883, legislador provincial y ministro de Gobierno de Eduardo Racedo y Clemente Basavilbaso; trayectoria que lo catapultó al Senado de la Nación con apenas 35 años.

Hacia 1890, en el marco de la sucesión de Basavilbaso, Hernández logró inclinar las preferencias de los grupos dominantes a su favor, desplazando las aspiraciones del diputado Miguel Laurencena, con quien había compartido gabinete bajo la gestión de Racedo. Este proceso sucesorio coincidió con el estallido de la Revolución del Parque en Buenos Aires y la consecuente renuncia del presidente Juárez Celman, eventos que alteraron profundamente el tablero local. El temor a una réplica insurgente en Entre Ríos derivó en un endurecimiento del control político que forzó a Laurencena a declinar su candidatura, permitiendo la proclamación de Hernández sin oposición formal. Este episodio no solo consolidó el ascenso de Sabá, sino que marcó un punto de inflexión irreversible: Laurencena rompería definitivamente con el oficialismo del Partido Nacional para convertirse, poco después, en la figura de referencia del radicalismo entrerriano (Motura, 2022b).

Durante su mandato (1891-1895), Sabá Hernández adoptó una postura pragmática orientada a insertar a Entre Ríos en el nuevo esquema de poder nacional, obteniendo el financiamiento necesario para unas finanzas locales golpeadas por la crisis económica. Esta estrategia de lealtad a la presidencia le permitió preservar la autonomía institucional frente al avance opositor, signando su gestión por la contención de las disidencias del Partido Nacional y la represión de los intentos de movilización de cívicos y radicales (Urquiza Almandoz, 1993; Argachá, 2020).

No obstante, la asunción de Salvador Maciá (1895-1899) marcó un giro drástico hacia la concentración personalista del mando. Junto a su círculo íntimo, apodado despectivamente como "nepotes" o la “Cámara de La Loma” (Reula, 1969), el nuevo mandatario intervino activamente en los comicios y rechazó cualquier mediación externa. Este círculo cerrado, integrado por familiares y aliados directos, rompió los canales tradicionales de negociación con otros agrupamientos locales, clausurando las vías de participación política que habían caracterizado la etapa anterior.

El estilo de Maciá generó tempranas disensiones dentro del elenco gobernante. El caso más emblemático fue el del vicegobernador Francisco Gigena, cuya destitución mediante juicio político en 1896, bajo acusaciones de conspiración e intromisión fraudulenta, agudizó la fractura interna (Garcilazo, 2022). Esta exclusión sistemática transformó a antiguos aliados en férreos opositores que comenzaron a impugnar la legitimidad de un régimen percibido como asfixiante, sentando las bases para la apelación a la violencia.

La transición de Hernández hacia la oposición armada refleja una lógica de resistencia compartida en diversos espacios provinciales del mismo periodo.^[8] En estos escenarios, el desplazamiento de los grupos locales y la falta de garantías de acceso empujaron a las elites a la movilización como herramienta de presión. Para estos sectores, la lucha armada funcionaba como una continuación de la política por otros medios: una vía para denunciar el fraude y lograr que el presidente de la Nación operara como árbitro frente a los personalismos provinciales (Alonso, 2015).

El lenguaje de la revolución comenzó a resonar nuevamente en la opinión pública; mientras para el oficialismo era sinónimo de anarquía, para los opositores excluidos constituía el único modo de torcer un poder tildado de despótico. Esta convergencia entre autonomistas desplazados y el naciente radicalismo bajo el liderazgo de Hernández preparó el terreno para los alzamientos de 1898 y 1900.

Bajo esta lógica, el fracaso de la vía insurreccional y la posterior intervención federal de 1900 no clausuraron el conflicto, sino que reorientaron las demandas de los actores hacia el terreno de la institucionalidad. Lejos de ser meros actos de sedición, estas revoluciones cívico-militares funcionaron como expresiones de una dinámica donde la movilización armada operaba como un complemento válido —y en ocasiones necesario— de la participación política (Alonso, 2000; Rojkind & Hirsch, 2020). Fue precisamente este agotamiento de la violencia facciosa lo que terminó por impulsar la reforma de la Constitución provincial en 1903, en un intento por estabilizar la hegemonía gubernamental ante la inminencia del Centenario. Sin embargo, para comprender este desenlace institucional, resulta indispensable analizar primero la génesis de la fractura en el elenco gobernante y los sucesivos estallidos que marcaron el cambio de siglo.

a. Los episodios de 1898

La destitución de Francisco Gigena en 1896 generó resentimientos y acusaciones mutuas de corrupción y nepotismo, tensionando las relaciones entre los líderes del Partido Nacional. Este contexto impulsó, durante el segundo semestre de 1897, la unificación de candidaturas para la elección legislativa nacional de abril de 1898, en la que Entre Ríos renovaría ocho escaños. El 10 de abril de 1898, Sabá Z. Hernández fue reelecto diputado, junto a otros siete miembros del oficialismo, en una elección sin incidentes.

A pesar del acuerdo para la unificación, un sector significativo de los cuadros políticos se resistía a la imposición del candidato del gobernador saliente, sin un debate previo. Como analizó Romina Garcilazo (2023), entre el 14 de marzo y el 28 de abril de 1898, ocho cartas anónimas se publicaron en la prensa nacional y local, denunciando la presunta intención de Salvador Maciá de imponer al senador Leónidas Echagüe en las elecciones del 15 de julio. Dichos textos solicitaban al recién electo presidente, Julio A. Roca, la intervención nacional para evitar lo que calificaban como una imposición. El periódico El Entre Ríos, defensor de las ideas del oficialismo, expresaba:

“La pregonada impopularidad del candidato solo ha existido y existe en las intrigas de unos cuantos descontentos y ambiciosos vulgares que se valen de cuanto medio bajo y ruin se les presenta para explotarlo a su paladar en los diarios grandes de Buenos Aires, que se han prestado, ignorantes de nuestras luchas y de nuestros hombres de valer, para reflejar los desahogos de media docena de ilusos que todo su prestigio lo cifran en la invención torpe y mezquina”.^[9] 

En ese marco el Partido Popular surgió como una coalición de figuras prominentes, disconformes con la dirección que tomaba el Partido Nacional. Integraron esta agrupación líderes de diversas extracciones políticas, incluyendo “los doctores José L. Churruarín y Miguel Laurencena, radicales; general Racedo y Dr. Sabá Z. Hernández, autonomistas, doctores Francisco Soler y Ramón Febre, cívicos nacionales y el Dr. Carlos Elía y Enrique Berduc, independientes”.^[10] Más que una estructura ideológica homogénea, esta unión de notables constituyó un acuerdo táctico nacido del desplazamiento político. En ella, los autonomistas aportaron su capital institucional, mientras que el sector radical liderado por Laurencena sumó capacidad de movilización callejera y un discurso sobre la pureza del sufragio; este último funcionó como un paraguas legitimador para justificar, de ser necesaria, la acción armada.

A pesar de la limitación temporal impuesta por la cercanía de las elecciones para gobernador, se logró establecer una red de clubes políticos a lo largo de la provincia. Estos clubes actuaron como centros de reclutamiento de líderes y electores, facilitando la movilización para los comicios. Tal como reflejaba el periódico La Juventud de Concepción del Uruguay:

“El pueblo de Entre Ríos en masa se va a presentar a los comicios y elegirá los representantes de su genuina voluntad. Esto lo sabe bien el gobernante de Entre Ríos, y como con ello no ha de conseguir nada, se refuerzan los piquetes, se llevan a los ciudadanos a hacer servicio de espía o permanecer en los cuarteles de guardia, burlando sus garantías más sagradas. Y con tal ostentación de fuerza se pretende el triunfo, se pretende impedir al ciudadano, por medio de esas amenazas estúpidas, que ejercite los derechos del sufragio”.^[11]

En un contexto caracterizado por la manipulación de los comicios, los miembros de la coalición conformaron una comisión política que buscó entrevistarse con el presidente para que disuelva la fórmula oficialista e intimase a sus miembros a negociar los términos del binomio gubernativo. Ante la negativa de Roca de “inmiscuirse en los asuntos internos de las provincias”^[12] los coalicionistas se aprestaron a desconocer el resultado, que daban por descontado que daría el triunfo al oficialismo.

El lenguaje de la revolución^[13] nuevamente comienza a resonar en la opinión pública entrerriana. Para quienes la condenaban, el término era sinónimo de anarquía: en su prédica, se remontaban a los tiempos de la organización nacional y los alzamientos armados, para graficar una situación de desorden contraria al progreso.^[14] Para sus promotores, es decir, para el variopinto arco de los opositores excluidos de la elite gobernante, la revolución constituía un modo legítimo de torcer un poder tiránico, déspota e injusto.^[15] Para “resistir la imposición” los cabecillas se aseguraron el aprovisionamiento de armas, además de poner a disposición un grupo de letrados que se presentarían a defender ante la justicia a las víctimas de “los actos autoritarios que diariamente está cometiendo nuestra policía”.^[16]

Los acontecimientos se precipitaron una semana antes de la elección, cuando se interceptaron y decomisaron carabinas y municiones, en vapores en las localidades de Gualeguaychú, Rosario del Tala y La Paz, provenientes de Corrientes.^[17] En ese episodio se demoró a Luis Clavarino^[18] y a Sebastián Etchevehere,^[19] quienes -según la versión oficial- tenían documentación que acreditaba la participación del diputado Sabá Z. Hernández en el contrabando.

Ante esta situación el juez de Gualeguaychú solicitó a la Cámara de Diputados de la Nación, su detención, pasando por alto los privilegios parlamentarios.^[20] Esto provocó una reacción airada del cuerpo, que rechazó tajantemente el pedido.^[21] Mientras se discutían los fueros del diputado, el 13 de julio de 1898 -dos días antes de la elección-, grupos armados vertiendo gritos contra el gobernador dispararon sobre la jefatura de policía de Nogoyá, provocando cuatro heridos.^[22] Rápidamente el Ejecutivo envió fuerzas a reprimir a los sublevados, quienes a las pocas horas depusieron su actitud. En Victoria y Rosario del Tala se produjeron hechos similares, siendo apresado Sabá Z. Hernández por el jefe político de Villaguay, Juan Severino Hermelo (Argachá, 2020: 127).

Controlada la situación, el 16 de julio, el gobernador decretó la amnistía y liberación de todos los sediciosos, dado “que ese movimiento no ha logrado alterar el orden y la normalidad sino muy parcialmente en la Provincia”.^[23] Fortalecido por el éxito en la represión, Maciá impuso a Leónidas Echagüe como su sucesor a la gobernación. El 20 de julio de 1898, Sabá Z. Hernández vuelve al recinto de la Cámara de Diputados, ensayando una fuerte defensa del accionar de la coalición:

“Todo cuanto se ha dicho alrededor de los hechos producidos en Entre Ríos, me veo obligado a decirlo es puramente una mistificación. Lo que ha pasado en Entre Ríos, está muy lejos de ser un acto revolucionario (...) Lo que allí se produce no es siquiera un movimiento político: es esencialmente un movimiento social”.^[24]

Despegándose de las imputaciones de sedición, Sabá Z. Hernández justificó el accionar de los rebeldes en los términos en que se defendía el uso de las armas durante gran parte del siglo XIX: era deber del ciudadano resistir a la tiranía y enfrentarse a la corrupción ejercida desde la cúspide del poder. Alimentadas por la certeza de una posterior amnistía, las rebeliones armadas de finales de siglo, constituían una forma solapada —y legitimada— de continuar el juego de la política, al margen de los comicios y los acuerdos de cúpula (Malamud, 1998; Zimmerman, 2010; Reali, 2018). El mismo ex gobernador, lo expresaba en esos términos:

“En la lucha, por desgracia, hay que chocar con influencias extrañas al ejercicio legítimo del voto; hay que luchar con las imposiciones oficiales, contra aquellos que esgrimen las armas de la autoridad y de la ley contra los ciudadanos que se disponen a hacer uso de un derecho legal. Ese pueblo, perfectamente dispuesto a defender sus derechos en todos los terrenos, comprendiendo la situación difícil en que los colocaba el gobierno, resolvió sostenerlos combatiendo palmo a palmo, contestando a la violencia con la violencia, al atentado con el atentado, a las armas con las armas”.^[25]

b. La intervención del 900

A pesar de la supresión de la rebelión, los reproches dentro del partido gobernante se intensificaron durante el período posterior. Tal como lo documenta Celomar Argachá (2020: 132), el diputado Enrique Carbó, hacia finales de 1899, llegó a pedir la renuncia del gobernador Echagüe, proponiendo su sustitución por el vicegobernador Samuel Parera Denis, para aliviar las tensiones entre las facciones conservadoras. No obstante, esta iniciativa fue rechazada por la dirección del Partido Nacional.

Sabá Z. Hernández, en contraste, consolidó su posición como líder de facto de la oposición (ver Imagen 3). A su coalición se sumaron gradualmente figuras de considerable renombre, incluyendo a los radicales Agustín y Alberto Carosini,^[26] Cándido Irazusta^[27] y Miguel Ruiz. También se integraron los periodistas Luis Bonaparte^[28] y Luis Lorenzo Etchevehere,^[29] así como los profesores normalistas Avelino Herrera y Eduardo Tibiletti,^[30] entre otros.

Aunque muchos de estos nuevos integrantes eran críticos del gobierno y, a menudo, ideológicamente opuestos a Hernández, su adhesión se produjo al observar la posibilidad de incorporar temas en la agenda como la pureza del sufragio o la incorporación de las minorías al juego político. Entre ellos figuraban incluso participantes en las revoluciones radicales de 1890 y 1893 en otras provincias, lo que subraya la heterogeneidad de la coalición y la capacidad de Hernández para aglutinar fuerzas dispares.^[31]

Las denuncias sobre actos de corrupción y desmanejos de las finanzas públicas se mantuvieron a lo largo de 1899. Desde periódicos opositores como La Juventud se incitaba a unirse a la nueva fuerza política y se estimulaba a la militancia a resistir la imposición de los candidatos oficialistas. Fue así que días después de las elecciones para diputados nacionales del 4 de marzo de 1900, nuevamente el engranaje de la revolución fue puesto en marcha, tal como lo insinuaba la prensa opositora:

“Por todas partes, en toda la línea, parodiando a un paisano que decía “Triunfó el pillaje” agregaremos: en toda la línea se impuso el machete policial que los Carbó dominan a su antojo. Pobre Entre Ríos, el desdichado anciano [Leónidas Echagüe] que por formula se le pretende hacer creer el gobernante, lleva en sus últimos años, éstos de la ancianidad que constituyen los del remordimiento, la más negra, horrorosa e impúdica de las páginas de la historia moderna. Los Carbó ambiciosos sin talla van imponiendo el capricho que les domina, marchan con la pretensión que les perderá, porque no pueden ser altivos, quienes tan solo son pigmeos. Este nepotismo, hemos dicho cientos de veces, contribuirá por sí mismo a su caída; ellos mismos se han decretado y ellos mismos han de soportar el peso horrible de su derrota justificada. La lucha se ha iniciado, el guante está echado”.^[32]

El 15 de marzo se produjo una revuelta con el fin de forzar la intervención federal en la provincia y la destitución de sus tres poderes. El gobierno provincial, sorprendido y sobrepasado, había desestimado previamente las señales de descontento. Ante la magnitud de la situación, se solicitó la intervención de fuerzas nacionales para restablecer el orden. ^[33] 

La organización y el alcance de la insurrección quedaron manifiestos en la toma de comisarías y edificios públicos en localidades como Villa Urquiza, La Picada, El Espinillo, Diamante, Villaguay, Rosario del Tala, Victoria, Colón y Concepción del Uruguay, superando en magnitud a un levantamiento similar ocurrido dos años antes. La visibilidad nacional que adquirió el episodio, contribuyó a evidenciar las tensiones locales al interior de la coalición de gobierno, tal como lo reflejan las imágenes 1 y 2.

En el transcurso de la revuelta, los ministros de gobierno Esteban Comaleras, junto con los legisladores provinciales Antonio Miranda, Miguel Mascaró y Tomás Comaleras, fueron capturados por los revolucionarios, quienes los trasladaron a la localidad de Victoria. Estos prisioneros se convirtieron en un elemento clave de negociación. Mientras tanto, el diputado provincial Cándido Irazusta, en representación de la revolución, intentaba obtener apoyo para la causa sublevada en la Capital Federal. Paralelamente, la llegada de las fuerzas de la Guardia Nacional, bajo el mando del general Lorenzo Vintter, presionaron a la Junta Revolucionaria, integrada por Ramón Otaño, Carlos Elía, Luis Etchevehere, Avelino Herrera, Luis Bonaparte, Juan Cartas, Juvenal de la Puente y José del Barco, a buscar una solución política al conflicto.

La prensa coalicionista, por su lado, dedicaba amplios espacios a la justificación épica de la violencia, argumentando que esta era necesaria para derrocar un gobierno que consideraba ilegítimo.

“¡El pueblo entrerriano se ha convulsionado! No es este por cierto el momento más oportuno para lanzarse en disquisiciones sobre la bondad, eficacia o esteridad (sic) de la lucha armada; baste saber que este pueblo se ha visto empujado a hacer uso de este último medio; se ha visto obligado a empuñar las armas; cumple con deber al dar su sangre en holocausto de la libertad política, inicialmente desconocida y de la honestidad administrativa (…) Sea cual fuere el resultado de la contienda, ¡honor al pueblo entrerriano levantado en armas que ha sabido dar a la faz de la república una nueva prueba de civismo!”.^[34]

El 23 de marzo de 1900, la fase armada de la revolución llegó a su fin con la rendición de los insurrectos, dando paso a una compleja resolución en los despachos oficiales. Luis Bonaparte, en sus memorias de 1930, atribuyó el levantamiento a una lógica de acción recurrente en la época: la convicción de los rebeldes de que el éxito militar forzaría el respaldo del presidente Roca y garantizaría la impunidad. Sin embargo, el desenlace reveló una realidad distinta. La rebelión se desmoronó ante lo que los actores percibieron como una traición del gobierno nacional, que desatendió las peticiones de reforma presentadas por sus propios mediadores en la capital. Como relata el propio Bonaparte sobre la ambigüedad del arbitraje roquista:

“El presidente Roca le había dicho al doctor Sabá Hernández, diputado nacional entonces, que lamentaría se produjesen disturbios armados en la Provincia, pero si ello ocurría probablemente se sancionaría el éxito. Se entendió ver en esto una garantía y nos fuimos a las cuchillas con éxito creciente. Y cuando ese éxito culminaba, el Presidente cambió de bordada y puso la proa a los revolucionarios, residenciándolos (…)” (1930: 18-19).

A pesar de la frustración inicial, la amnistía concedida por el gobierno nacional no fue un punto final, sino que allanó el camino para una nueva etapa de negociaciones. En el fondo, el conflicto subyacente giraba en torno al liderazgo y la disciplina interna del Partido Nacional; una disputa de poder que trascendía los límites provinciales para insertarse en la estructura de mando del roquismo. La intervención nacional, lejos de ser neutral, operó como un mecanismo para cercenar liderazgos alternativos, tal como lo expresó Bonaparte:

“Roca temió que a Sabá llegase a crecerle demasiado el pelo y le diese por disputarle la jefatura del Partido Nacional, que él conservó eficazmente desde la presidencia, aunque sabía que había no pocos cansados de obedecerle. Por eso nos intervino y consagró las cuatro familias susodichas [Echagüe, Carbó, Zavalla y Parera], que reaccionaron más tarde con Enrique Carbó hacia el prestigio, cuando los vencidos a sable nacional liaron sus petates” (1930: 20).

De esta manera, el fracaso de la vía armada en 1900 no solo consolidó a la facción oficialista en Entre Ríos, sino que reafirmó el papel de Roca como el gran árbitro de las situaciones provinciales (ver Imagen 4). Esta dinámica de “prescindencia” inicial seguida de una intervención disciplinadora prefiguró el agotamiento de la violencia facciosa y la necesidad de buscar nuevas salidas institucionales, proceso que culminaría con las reformas del ciclo de 1902-1903 (Motura, 2022c).

Imágenes 1 y 2

 “La Revolución de Entre Ríos”^[35]

Imagen 3

 “El jefe de los Boers de Entre Ríos”^[36]

Imagen 4

“El Vademécum Político”^[37]

3. El debate sobre la intervención a Entre Ríos

La intervención, lejos de pacificar el panorama político, exacerbó el descontento generalizado que se había ido gestando desde mediados de la década de 1890. La medida, que no satisfizo ni a partidarios ni a detractores, intensificó la crispación existente, tal como señalaba el periódico La Juventud días después de su implementación.

“Pésima impresión causó a todo el pueblo el decreto de intervención del gobierno nacional, por el cual manda que las fuerzas nacionales vengan a apuntalar el gobierno de Echagüe, por haber este pedido socorro, por hallarse imposibilitado para derrotar a la revolución, triunfante en la provincia. Al saberse que las fuerzas nacionales sostendrían a las autoridades constituidas, se hacían esta pregunta: ¿qué garantías tenemos? Si los entrerrianos levantados en armas se valieron de cuantos medios legales hay para que se les diera su participación en el gobierno, no habiendo[lo] conseguido, y en virtud de esto, protestan por la fuerza, provocando una intervención justa, la cual debió venir para garantizar a todos sus derechos, viene ahora que el gobierno nacional, sostiene a los únicos responsables de la sangre derramada; gobierno sin apoyo como lo prueba, el haberse visto precisado a pedir ayuda, para que fuerzas de la línea lo liberen de las garras del pueblo”.^[38]

En vista del rechazo presidencial a una mediación en favor de los sublevados, Sabá Z. Hernández, miembro de la Cámara de Diputados de la Nación, propuso una nueva intervención federal. Su iniciativa, presentada en el Congreso, buscaba “corregir los males” que, según él, afligían a la provincia. Argumentaba su solicitud basándose en una serie de circunstancias que consideraba incompatibles con los principios republicanos y constitucionales. Si bien anticipaba el fracaso de su proyecto, este fue admitido a trámite y debatido en el recinto parlamentario pocos meses después de los sucesos referidos.

El proyecto que logró dictamen de la Comisión de Negocios Constitucionales, se debatió entre el 16 de mayo y el 11 de junio de 1900. Entre los argumentos a favor de intervención, se denunciaba “nepotismo” en la administración, en perjuicio del erario provincial, que debía soportar “dietas abultadas” de familiares e “impuestos excesivos” para sostenerlas. También acusaba ilegitimidad en la conformación del poder Legislativo, producto de la irregularidad en la confección de las mesas de votación, el uso de padrones nacionales (en vez de provinciales como establecía la Constitución local) y atropellos al derecho de reunión, que impedían a los opositores, competir en igualdad de condiciones con el oficialismo. Este compendio de razones —en palabras de Hernández— justificaban el accionar de un conjunto de ciudadanos que, velando por las instituciones conculcadas, ofrecieron su vida para corregir estos excesos.

“(…) han tomado parte de ella [de la revolución], extremando los recursos políticos, hombres formados en la vida pública que tienen acreditado su amor a las instituciones y su celo en favor del progreso y del engrandecimiento de la provincia.

Estos hechos, como es de pública notoriedad, llevaron la intervención del gobierno nacional; pero desgraciadamente en una forma tal, que solo ha servido para reagravar la situación sin satisfacer absolutamente los anhelos de aquel pueblo”.^[39]

Tras el análisis del caso, el despacho de la comisión, presidida por Manuel Quintana, hizo caso omiso al pedido del ex gobernador, argumentando que las prerrogativas constitucionales de intervenir las provincias no podían ser usadas de manera discrecional por el presidente, por el simple hecho de no contentar a la oposición. En su descargo temían que una resolución favorable a los rebeldes pudiera sentar un precedente, que incentive los estallidos revolucionarios y los pedidos de intervención en otras provincias.

“¿Qué situación de provincia no cuenta con una oposición más o menos activa, más o menos numerosa? ¿Qué oposición resistiría a la tentación de firmar una solicitud análoga a la que ha presentado la Coalición de Entre Ríos, si abrigara la esperanza de la acogida benévola?”.^[40] 

Ante la negativa, Sabá Z. Hernández impugnó con vehemencia los argumentos y la documentación presentados por la comisión. Reconoció la violencia como único recurso, dada la obstrucción oficialista a los canales de participación.^[41] Si bien se identificó como miembro del Partido Nacional,^[42] rechazó rotundamente las aspiraciones unanimistas de Maciá y su círculo, a quienes acusó de socavar ilegítimamente la voluntad popular. Frente al rechazo de su propuesta, Hernández sentenció:

“(…) se condena a la revolución como motivo extremo, se incita al ejercicio de los derechos cívicos y luego se priva hasta el derecho de reunión para tratar la forma en que ese derecho se ha de ejercitar. (…) ¿De esta manera es que se desarma a los pueblos que recurren a los casos extremos cuando no tienen otro remedio para hacer respetar sus derechos?”.^[43]

En la otra orilla del debate se encontraba Enrique Carbó, diputado nacional y vocero del oficialismo provincial. Durante su intervención, minimizó el limitado respaldo popular de las revueltas y criticó las inconsistencias de Hernández, quien ahora cuestionaba los mismos métodos que le permitieron acceder al poder. Calificó de “oportunistas” a aquellos marginados del poder, argumentando que los gobiernos mayoritarios no debían ceder ante los deseos de una minoría.

El enfrentamiento dialéctico se caracterizó por acusaciones mutuas de obstruir la labor institucional y por denuncias diversas. Tras la retórica de fraude, violencia y corrupción, se ocultaban profundas discrepancias políticas dentro del gobierno. Se recurrió a la difamación y se sembró la duda sobre las verdaderas intenciones de los involucrados.^[44] Estos hechos son parte de una prolongada serie de disidencias que marcaron la década de 1890, erosionando el capital político del roquismo (Castro, 2012).

A pesar del escaso apoyo al proyecto de intervención, con solo dos votos favorables, la oposición instó al gobierno a implementar reformas y a buscar un diálogo con los grupos disidentes. Consecuentemente, hacia finales de 1902, el gobernador Echagüe elevó a la Legislatura provincial una solicitud de reforma constitucional, argumentando la imperiosa necesidad de adecuar la Carta Magna a la realidad económica provincial e integrar a las minorías en el ámbito político (Motura, 2022c).

Aunque la Coalición Popular se había erigido como una alternativa al Partido Nacional, sus elementos más radicales se fueron distanciando gradualmente. Partidos como el Radical e Independiente atrajeron a estos miembros, ganando terreno sobre los candidatos de la Coalición. La reelección de Sabá Z. Hernández en 1904, como candidato único del partido oficialista, marcó el fin de las luchas internas que habían comenzado en 1895. No obstante, este hecho también anticipó el surgimiento de nuevos conflictos y la consolidación de figuras emergentes en los albores del Centenario.

4. Algunas reflexiones finales

Las rebeliones de 1898 y 1900 en Entre Ríos no representaron un intento de expandir la participación democrática en términos modernos, sino que constituyeron una aspiración de sectores desplazados por restaurar un orden político basado en la negociación de espacios de poder en condiciones de equidad (Malamud, 1998; Alonso, 2000). Estos movimientos, protagonizados por disidencias del Partido Nacional y elementos del radicalismo, emplearon la violencia como un instrumento legítimo de presión ante la clausura de los canales institucionales. Esta conducta se inscribió en las complejas dinámicas de entresiglos, caracterizadas por una estructura federal donde la intervención nacional operaba como el principal mecanismo de resolución de conflictos facciosos.

A pesar de su derrota militar inmediata, estas insurrecciones evidenciaron las contradicciones estructurales del sistema político provincial. La precaria legitimidad de un régimen sostenido sobre acuerdos de élite y prácticas electorales irregulares quedó expuesta, lo que generó una demanda por reformas que asegurasen una representación genuina y una transición pacífica del poder. Tras la intervención federal de 1900, la provincia inició un proceso de apertura que facilitó la incorporación de las minorías opositoras al ámbito político, alterando la dinámica de funcionamiento del oficialismo (Motura, 2022c).

El discurso contra la corrupción administrativa y la impugnación de la legitimidad electoral otorgó una base de apoyo social significativa a estos levantamientos. Durante este proceso, el radicalismo, inicialmente aliado en la Coalición Popular, comenzó a delinear una identidad propia frente a la postura conciliadora de Sabá Z. Hernández. La activa participación de sus cuadros en los alzamientos de fin de siglo demostró que la vía armada fue una táctica compartida y un laboratorio de liderazgo para sus futuros dirigentes (Reyes, 2022; Motura, 2022b).

El ocaso de la vía insurreccional cristalizó un cambio de paradigma en la política entrerriana. El agotamiento de la violencia como recurso impulsó transformaciones institucionales concretas, tales como la reforma constitucional de 1903 y la ley electoral de 1904. Bajo la convicción de que las leyes eran el instrumento para corregir los males de la política, la reforma de 1903 se presentó como la vía para "extirpar" los vicios que alimentaban las revoluciones hernandistas.

La Convención Constituyente de 1903 se convirtió en la caja de resonancia de una clase política preocupada por reconocer la legitimidad de la oposición a través de organizaciones partidarias orgánicas en lugar de jefes facciosos. El principal hito fue la instauración del sistema de lista incompleta para la elección de diputados, dividiendo la provincia en nueve círculos donde se garantizaba un tercio de la representación para la minoría (Motura, 2022b). Esta medida buscaba que la oposición actuara siempre dentro de los recursos que la Constitución le otorgaba, neutralizando la exclusión total que Hernández señalaba como el motor principal de la insurgencia armada.

Por su parte, la ley electoral n.º 1964 de 1904, cristalizó estas preocupaciones al establecer un Registro Cívico permanente y trasladar el comicio de los atrios parroquiales a dependencias públicas para evitar las “batallas” por el control de las mesas. La normativa impuso la obligatoriedad del voto escrito y prohibió el “voto de palabra”, lo que en la práctica buscaba un votante más instruido y comprometido con la transparencia de los resultados. Aunque esta ley mantenía la dominación del oficialismo, permitió incorporar progresivamente a la oposición en cuotas controladas, desplazando la demanda política desde el campo de batalla hacia el ámbito de la legalidad institucional.

En definitiva, las rebeliones de 1898 y 1900 funcionaron como el factor que impulsó la reconfiguración de los mecanismos de representación en Entre Ríos, acelerando la transición de una política de facciones hacia una dinámica de partidos más orgánicos. Las reformas de 1903 y 1904 no fueron concesiones unilaterales, sino respuestas institucionales destinadas a canalizar el conflicto y asegurar la continuidad del oficialismo mediante la integración controlada de las minorías. Al agotarse la legitimidad de la vía armada como recurso de presión, los actores políticos aceptaron nuevas reglas de juego que, pese a sus limitaciones, sentaron las bases de una competencia electoral más previsible en los años previos al Centenario.

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Nicolás Daniel Motura es Profesor y Licenciado en Historia (UADER) y Licenciado en Ciencia Política (UNER), es un investigador dedicado al estudio de la política entrerriana del siglo XX. Actualmente, está finalizando su Doctorado en Estudios Sociales (UNL) y ejerce la docencia universitaria y de nivel medio.

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