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Inicio > Núm. 19 (2024) > Fabris

Pasado Abierto. Revista del CEHis. Nº19. Mar del Plata. Enero-Junio 2024.

ISSN Nº2451-6961. http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto

                                                                           

Prensa católica y dictadura: el tratamiento de la represión sobre los miembros de la Iglesia entre 1976 y 1978

 

Mariano Fabris

Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, Centro de Estudios Históricos, Universidad Nacional de Mar del Plata, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina

marianofabris76@gmail.com

Recibido: 16/02/2024

Aceptado: 12/03/2024

ARK CAICYT: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s24516961/qukow3tlo

Resumen

El objetivo de este artículo es analizar las posiciones asumidas por cuatro revistas católicas frente a distintas formas de violencia que afectaron a miembros de la Iglesia entre 1976 y 1978. El conocimiento sobre los posicionamientos y las actitudes de los católicos durante los años de la dictadura militar permite señalar que incluyó casos de complicidad con el aparato represivo, diversas formas de resistencia y actitudes que recorrieron caminos menos lineales. Las cuatro revistas seleccionadas son Criterio, Familia Cristiana, Cabildo y CIAS, publicaciones que presentan características singulares en términos de alcance, trayectoria, inserción institucional y perspectivas político-teológicas, que las convierten en casos relevantes. Proponemos un abordaje que reconstruye los posicionamientos de cada revista en la dinámica del proceso histórico y que da cuenta de un panorama diverso y cambiante. Desde esta diversidad, es posible sostener que las actitudes ante la represión no fueron lineales y escapan a caracterizaciones estáticas como las de una Iglesia “cómplice” y una “perseguida”.

Palabras clave: Iglesia, dictadura, prensa católica, derechos humanos.

Catholic Press and Dictatorship: The Treatment of Repression against Church Members between 1976 and 1978

Abstract

The objective of this article is to analyze the positions taken by four Catholic journals in relation to different forms of violence that affected members of the Church between 1976 and 1978. Understanding the stances and attitudes of Catholics during the years of the military dictatorship allows us to identify cases of complicity with the repressive apparatus, various forms of resistance, and attitudes that followed less linear paths. The four selected journals are Criterio, Familia Cristiana, Cabildo, and CIAS, publications that exhibit unique characteristics in terms of scope, trajectory, institutional insertion, and political-theological perspectives, making them relevant cases. We propose an approach that reconstructs the positions of each journal within the dynamics of the historical process, providing an account of a diverse and changing landscape. From this diversity, it is possible to argue that attitudes towards repression were not linear and defy static characterizations such as that of a "complicit" Church and a "persecuted" one.

Keywords: Church, dictatorship, Catholic press, human rights.

Prensa católica y dictadura: el tratamiento de la represión sobre los miembros de la Iglesia entre 1976 y 1978

Introducción

El conocimiento, aun fragmentario, sobre los posicionamientos y las actitudes de los católicos durante los años de la dictadura militar permite señalar, al menos como punto de partida, que incluyó casos de complicidad con el aparato represivo, diversas formas de resistencia y actitudes que recorrieron caminos menos definidos. El objetivo de este artículo es analizar de qué manera un conjunto de revistas católicas abordaron algunos de los principales hechos represivos que afectaron a miembros de la Iglesia entre el golpe de Estado de marzo de 1976 y principios de 1978.

Entendemos que el abordaje propuesto al reconstruir los posicionamientos de cada revista en la dinámica del proceso histórico nos permitirá dar cuenta de un panorama diverso y cambiante. Desde esta diversidad, podemos sostener, en línea con trabajos recientes (Morello, 2014; Catoggio, 2016), que las actitudes ante la represión desbordan la distinción habitual entre una Iglesia “cómplice” y una “perseguida”. Vale anticipar, de todas maneras, que señalar esta diversidad y esta dinámica, no implica negar la existencia de miembros de la Iglesia que, en todos sus niveles jerárquicos, fueron durante el período y por una variedad de razones -que pueden ir desde el convencimiento ideológico al interés personal- cómplices y/o participes directos en la vigilancia, desaparición o asesinato de otros católicos, cuya persecución fue, precisamente, la otra constante de esta historia.

Las revistas seleccionadas son Criterio, Familia Cristiana, Cabildo y CIAS, publicaciones que presentan características singulares que a nuestro entender las convierten en casos relevantes y que, en conjunto, nos permiten dar cuenta de un arco amplio de actitudes y representaciones que circulaban por el catolicismo argentino al comienzo de la dictadura. Consideramos el caso de Criterio por el reconocimiento que recibía como una referencia intelectual en el catolicismo argentino, capaz de convocar a algunas de sus plumas más destacadas o reflejar en sus páginas los debates teológicos que atravesaban al orbe cristiano. En términos políticos fue definida, principalmente por sus críticos, como representante de un catolicismo liberal. A Familia Cristiana, la seleccionamos por dos razones: en primer término, porque se trata de una publicación de interés general que llegaba en forma masiva a los hogares católicos. En segundo término, nos interesa porque se trató de una revista que mostró afinidad, aun sin ser parte, por las experiencias de los católicos comprometidos socialmente, recibió con expectativas favorables el retorno del peronismo en 1973 y fue objeto de persecución y control tanto durante el gobierno de Estela Martínez de Perón, como bajo la dictadura. Cabildo fue unas de las experiencias más relevantes del tradicionalismo católico, cultora de un tono polemista bien marcado. Desde su aparición en 1973 estaba embarcada en una “cruzada” contra los “infiltrados” en la Iglesia e incluía en su diatriba a figuras destacadas de la jerarquía eclesiástica. A su vez, sus cuestionamientos a los funcionarios gubernamentales, le valieron la clausura en 1975. CIAS, finalmente, resulta relevante dado su fuerte anclaje institucional ya que se trata de la revista editada por el Centro de Investigación y Acción Social dependiente de la Compañía de Jesús.

En el recorrido que proponemos partimos de una pregunta en apariencia sencilla: ¿cómo comprendieron los actores católicos aquí considerados las acciones represivas que afectaban a diferentes miembros de la Iglesia? Se trata de una pregunta que los abordajes previos, desde el trabajo clásico de Emilio Mignone (1986), han intentado responder, aunque con un marcado énfasis en el rol jugado por la jerarquía o alguno de sus miembros más representativos (Mignone, 1986; Zanatta, 1999; Obregón, 2005; Verbitsky, 2006; Bilbao y Lede, 2016). Entre la producción más reciente se destacan los trabajos de Gustavo Morello (2014) y de Soledad Catoggio (2016), quienes reconstruyen las respuestas que los propios actores católicos le dieron a los hechos represivos, las estrategias desplegadas y la recuperación de esas experiencias en las trayectorias creyentes.^[1]

En las páginas que siguen analizamos los dos primeros años de la dictadura que concentran los hechos represivos que podrían considerarse paradigmáticos y que, por ello mismo, nos permiten disponer de un caudal de información suficientemente amplio. Desde la perspectiva actual es posible afirmar que durante esa etapa la represión desatada sobre miembros de la Iglesia alcanzó un punto máximo e incluyó la desaparición de los seminaristas asuncionistas Raúl E. Rodríguez y Carlos A. Di Pietro, la masacre de la comunidad palotina, el asesinato de los curas Carlos de Dios Murias y Rogelio Gabriel Longueville, del laico Wenceslao Pedernera y del obispo Enrique Angelelli en La Rioja^[2] y la desaparición de las religiosas francesas Alice Domon y Lèonie Duquet. De todas maneras, la ola represiva comprendió también denuncias públicas y mediáticas a obispos -como el caso de Vicente Zazpe-, detenciones de laicos y miembros del clero, intervenciones a instituciones educativas y control, denuncia y censura de revistas y libros. Se trató de una gama amplia de acciones donde se solapaban la dimensión “legal” y pública de la represión, junto a las prácticas ilegales y clandestinas y donde tomaban parte las fuerzas de seguridad, pero también intelectuales y medios de comunicación afines al gobierno y miembros de las propias instituciones bajo sospecha. Un obispo, un miembro del clero o una revista podían ser objeto de un informe secreto, de alguna forma de amenaza o de denuncia pública en los principales diarios como ocurrió con la llamada “Biblia Latinoamericana” En conjunto, estas prácticas le dieron forma a una atmosfera opresiva cuyo impacto excedía a los actores directamente afectados.

Vale señalar que no abordaremos los hechos en sí, ya que sobre ellos existe bibliografía específica,^[3] sino su repercusión en las páginas de las revistas seleccionadas. A partir de esta reconstrucción obtendremos indicios relevantes para dar cuenta de la diversidad de actitudes e interpretaciones de los católicos ante la represión. Asimismo, en la medida en que estos posicionamientos deben ser ubicados en una trama más amplia, también será posible identificar representaciones sobre la política, la Iglesia, los vínculos y disputas al interior del catolicismo o el rol de la jerarquía, entre otras cuestiones.

Finalmente, es posible sostener que la dictadura por su radicalidad, por su pretendido carácter refundacional, extremó las tensiones que vivía el catolicismo desde la década previa y puso a prueba los lazos de solidaridad dentro de la Iglesia. Para algunos actores, asediados por la represión, el control y la vigilancia o afectamos por la atmosfera de sospecha, fue momento de afianzar su inserción institucional y buscar una protección que también tuvo sus costos. Mientras que los actores que habían desarrollado alguna forma de compromiso político y social -o apenas expresado coincidencias con los sectores comprometidos- buscaban esta protección institucional, desde el tradicionalismo católico se entendió que había llegado la hora de avanzar definitivamente contra los “enemigos” dentro de la Iglesia y por ello justificaron la represión y alentaron su profundización. Pero también hubo actores que aun rechazando la idea de “guerra santa”, pusieron en un segundo plano su pertenecía a la Iglesia a partir de las coincidencias políticas con el gobierno militar. En las revistas analizadas creemos encontrar algunas vías para adentrarnos en esta trama compleja y dolorosa, atravesada por la violencia y la muerte.

Criterio: entre la búsqueda de una explicación para la violencia y el apoyo a Videla

La revista Criterio se constituyó a lo largo del siglo XX en una de las principales tribunas del pensamiento católico argentino. Se había comenzado a publicar en 1928 a partir de la iniciativa de un grupo de intelectuales nacionalistas vinculados a los Cursos de Cultura Católica entre los que se destacaba su primer director, Atilio dell’Oro Maini (Rapalo, 1990). A lo largo de su trayectoria se mostró como una publicación preocupada por los debates políticos y teológicos, pero también atenta a la producción literaria, el cine, la música, las artes plásticas, la historia y la filosofía. Bajo la dirección de monseñor Gustavo Franceschi, entre las décadas de 1930 y 1950, adquirió cierto perfil clerical, que se matizó cunado el presbítero Jorge Mejía lo reemplazó y conformó un grupo de trabajo que alcanzó un rol protagónico en la renovación del catolicismo argentino.

Si Criterio no se encontró entre las voces que reclamaron el golpe de Estado, sí manifestó tempranamente una identificación con los militares que tomaron el poder y, en particular, con el primer presidente de facto, Gral. Jorge Videla. En este marco, tendieron a ubicar a las nuevas autoridades en un supuesto centro político, distante de la “guerrilla” a la que no le “conviene él estilo mesurado pero firme demostrado por las nuevas autoridades”, y de quienes “desde la otra punta”, reclaman “por una guerra de exterminio, alegando que sólo la aniquilación física de los subversivos resolvería el problema”. En contraste con estos extremos, para Criterio, se destacaba “la parquedad de los militares, que como auténticos profesionales, conocen mejor la guerra, y han sabido capitalizar su experiencia de los últimos años”.^[4] En cierta medida el planteo era una continuación de la cartografía política construida por la revista antes del golpe donde la guerrilla y los promotores de la cruzada tradicionalista se distribuían en los extremos de un mapa en cuyo centro se ubicaban algunos referentes de los partidos mayoritarios, los obispos, los militares “profesionales” y otras figuras del mundo empresarial e intelectual. La consolidación de ese centro político en el nuevo contexto y la suposición de que allí anidaba una idea compartida sobre una futura democracia depurada de los vicios que la habían condenado hasta entonces, fue su horizonte de expectativas.

La posición de Criterio se emparenta con aquello que Daniel Lvovich llama el “el mito de la moderación de Videla” (2020) aunque a diferencia de los actores de izquierda que analiza Lvovich, la revista católica no lo interpretó a Videla como un mal menor frente a los sectores duros, sino como una figura positiva cuyo triunfo en las internas militares podía dar lugar a un saneamiento de la política y a la emergencia, en el futuro, de una democracia renovada. Como evaluaban a seis meses del golpe,

 

“Estamos en una autocracia militar. La alternativa inmediata y realista no es, aún, entre autocracia y democracia moderna, sino entre una autocracia moderada e inteligente y una autocracia extremista y exasperada. Al cabo, se trata de que la autocracia sirva a un fin político mayor y no que se sirva a sí misma. Que sea fundacional, o sea capaz de generar un sistema político que valga la pena defender y en el que valga la pena vivir”.^[5]

Lo que sí señaló Criterio fue que era importante que el Estado mantuviera el monopolio del uso de la fuerza procurando el control de “la violencia privada que puede albergar su misma estructura institucional”.^[6] Estas supuestas fallas en el monopolio del uso de la fuerza resultarían para Criterio la clave explicativa de la violación a los DDHH a miembros de la Iglesia. No se trataba de una lectura exclusiva de la revista católica, sino que se había convertido en un argumento habitual al que recurrían los principales medios de comunicación, dirigentes políticos e incluso organismos defensores de los DDHH como la APDH durante los primeros años de la dictadura (Schindel, 2003; Iturralde, 2016).

Criterio expresó conmoción ante el asesinato de cinco miembros de la comunidad palotina en julio de 1976 y consideró que a partir de ese hecho se había sobrepasado “un nuevo limite en la creciente marea de barbarie”:

“la comunidad cristiana se ha sentido tocada en lo más vivo, no sólo la que atendían los padres y seminaristas sacrificados, sino toda la Iglesia argentina. Semejante sentimiento de rechazo se expresaba, y se expresa, con dos preguntas que por ahora quedan sin respuesta: ¿quién? y ¿por qué?”

Ahora bien, como se consideró que se trataba de “muertes esencialmente anónimas” cabía esperar de la sociedad y el Estado “lo humanamente posible para dar una explicación coherente del hecho y eventualmente restaurar el orden dañado por el crimen”.^[7] En la lectura de Criterio, hechos de esta índole resultaban incomprensibles y si bien merecían un rechazo absoluto, aparecían disociados de la “lucha contra la subversión” cuyos “éxitos” seguían reconociendo en forma paralela.

Poco después, al abordar las reuniones entre Videla y los representantes del episcopado en las que se trataron los hechos de violencia, Jorge Mejía hizo referencia al caso de los sacerdotes riojanos asesinados y salió al cruce de quienes los calificaban como “izquierdistas” o “tercermundistas” al sostener que “tales calificaciones no justifican nada”. Para Mejía quienes optaban por esa vía justificativa “plantean un nuevo e inquietante interrogante acerca del o los responsables de esas muertes”.^[8] La identificación como “tercermundistas” y la definición de tal identidad como la causa del asesinato cuestionaba el marco general de comprensión de las muertes ocurridas desde marzo de 1976 porque como se preguntaba un documento episcopal citado por el propio director de Criterio: “qué fuerzas tan poderosas son las que con toda impunidad y con todo anonimato pueden obrar a su arbitrio en medio de nuestra sociedad”.^[9] En otras palabras, el interrogante resultaba inquietante porque al conjugarse con la identificación político-religiosa de las victimas describía una racionalidad represiva que desbordaba el esquema comprensivo adoptado por la revista.

Mejía volvió a referirse a la violencia que sufrían miembros de la Iglesia cuando el arzobispo santafesino Vicente Zazpe fue detenido en Ecuador mientras asistía a una reunión sobre pastoral aborigen. Luego de señalar que la actitud del gobierno ecuatoriano solo se podía entender a partir de una convicción extendida, presente también en Argentina, que consideraba que la iglesia estaba infiltrada por el marxismo, concluía que “La Iglesia del Señor está, en el presente momento sometida a una doble tremenda ofensiva (…) La asedian respectivamente la izquierda y la derecha. Y lo peor es que cada una cree que favorece a la otra”.^[10]

A finales de 1976 Criterio reiteró su preocupación por la ola de acusaciones que afectaban a instituciones y miembros de la Iglesia. El caso de la llamada “Biblia Latinoamericana”, denunciada por poseer “contenidos marxistas” en una revista de actualidad, había disparado además una fuerte controversia al interior del Episcopado con obispos como Adolfo Tortolo o Ildefonso Sansierra que condenaban a esta versión de la Biblia y a las religiosas paulinas responsables de su edición, junto a otros como Zazpe que las respaldaba ante las acusaciones. Según registraba Criterio, el peligro era que se expusiera la división entre los obispos y la tentación del gobierno a intervenir sobre cuestiones que no le correspondían, aunque entendía que, finalmente, ambas cuestiones se habían subsanado.

La nota que abordó la visita de Videla a Venezuela en mayo de 1977 puede ser una síntesis de las perspectivas de la revista a un año del golpe y resulta importante, además, porque coincidió con la publicación de “Reflexión cristiana para el pueblo de la Patria”, el documento de la CEA que abordó más frontalmente la cuestión de las violaciones a los DDHH. El impacto del documento episcopal fue tal que Videla debió referirse al mismo a partir de las preguntas de los periodistas durante una de las conferencias que realizó en la gira.

Según entendieron en Criterio,

“Venezuela acogió a nuestro presidente en prenda de comprensión y de apoyo a un Gobierno que, desde la perspectiva de una guerra interna, no ha renunciado a los valores últimos de democracia responsable, pluralismo y orden constitucional. En esa circunstancia el Gral. Videla dio respuesta a una serie de interrogantes en una conferencia de prensa que no dudamos en calificar favorablemente. Allí campeó la sinceridad, despojada de segundas intenciones. Allí, la más alta magistratura reconoció los terribles condicionamientos de una guerra interna que las Fuerzas Armadas no buscaron que, sin embargo, provoca drama y desasosiego en muchos compatriotas.”

En respuesta a la enumeración de posibles causas de desaparición que había realizado Videla,^[11] Criterio sostuvo:

 “Sería injusto, negar las otras alternativas de desaparición de ciudadanos y extranjeros que señaló el Presidente, pero el reconocimiento de la última —un exceso de represión de las fuerzas del orden— marca la distinción entre un Estado autocrático que busca perpetuarse a través del encubrimiento y un Estado reorganizador que no olvida los principios y busca reconciliar las palabras con los hechos. ¿Signo de debilidad? Todo lo contrario: saludable testimonio, más bien, de la autoridad de un Gobierno decidido a mantener el rumbo por encima de las pasiones que desata la guerra. Así se comienza a transitar los caminos de la razón”.^[12]

Luego, la columna volvió sobre el documento episcopal y se preocupó por trazar una línea de coincidencia entre lo que habían sostenido los obispos y las declaraciones de Videla. En las palabras del dictador Criterio reconocía la “convocatoria a la razón y a los valores más profundos de nuestra tradición nacional” que también habían invocado los obispos en “Reflexión cristiana para el pueblo de la Patria”.^[13] Criterio se preocupaba por dejar aclarado que en el documento episcopal no había “ningún acto de oposición política”.^[14]

Un rasgo casi estructural de los documentos episcopales es que en ellos los obispos construyen un “justo medio” en el que se ubican para interpretar la vida política del país y ofrecer una narrativa que habilita diversas interpretaciones y que, en consecuencia, está disponible para una tribuna amplia de actores. Ahora bien, esta orientación de las intervenciones políticas del episcopado que una mirada retrospectiva también puede identificar en el documento de mayo de 1977, no funcionó así en aquel contexto. Más que una gama amplía de interpretaciones, el documento parece haber adquirido un sentido bastante más univoco: así como algunos organismos defensores de los DDHH lo consideraron un respaldo a sus reclamos (Verbitsky, 2006), el gobierno y los sectores tradicionalistas de la Iglesia se sintieron francamente incomprendidos por la actitud de los obispos. Criterio, optó por matizar este desencuentro y reforzar más bien aquel centro político donde también se ubicaba.

A mediados de 1977 Jorge Mejía confrontó, aunque sin dar nombres, con aquellas publicaciones católicas que denunciaban a otros miembros de la iglesia por supuestas vinculaciones con la guerrilla o por afinidad con el marxismo.^[15] Mejía sostuvo que acusar “siempre, pero hoy más que nunca, a una persona eclesiástica de ‘marxista’ o ‘subversivo’, sin pruebas apodícticas, y al contrario, con recursos al menos dudosos, es un gravísimo delito, ante Dios y ante los hombres”.^[16] Mejía no ignoraba que la “acusación” de marxista a un miembro de la Iglesia no era una novedad, pero tenía claro según se desprende de la frase “hoy más que nunca”, cual podía ser la suerte de quien así fuera catalogado en aquel contexto. Frases como esta, aun expresadas casi entre líneas, permiten hacernos una idea de la tensión que atravesaba Criterio entre la afinidad política que manifestaba con un sector del gobierno y los asesinatos y desapariciones que afectaban a los miembros de la comunidad católica.

La cobertura que la revista -no- le dio al secuestro de las religiosas francesas y del grupo de familiares de desaparecidos que se reunía en la Iglesia de la Santa Cruz explicita cómo resolvió aquella tensión. Si bien en el primer número de 1978 sostuvieron que “lo comunidad de seguridad dista aún de tener vigencia plena en el país (…) pese a los notables logros alcanzados en la lucha contra la subversión” e hicieron referencia a las “desapariciones injustificadas”,^[17] en el mismo número desaprobaron la decisión del arzobispo de París de negar una misa por el natalicio del Gral. San Martín como reclamo por la desaparición de las religiosas francesas. En este caso, Criterio compartió una forma de abordar el tema que fue predominante en los medios católicos y que se expresó cabalmente en el Boletín de la Agencia Informativa Católica, voz oficial de la jerarquía: el caso de las “monjas” se incorporó al debate público solo a partir de la protesta del arzobispo de París y lo hizo como un dato menor y secundario cuyo tratamiento, resultaba inevitable. La protesta del arzobispo François Marty obligó a hablar de un tema que la voz oficial de la Iglesia prefería tratar por otras vías.^[18]

Criterio entendió que las razones aducidas por el arzobispo parisino no justificaban una “medida tan extrema” que solo se entendía “por el clima enrarecido que vive la opinión pública francesa (…) que deforma sistemáticamente lo que acontece en el mundo, pero sobre todo las noticias que provienen de América”.^[19] Consideraron que la decisión del cardenal Marty era “de lamentar” ya que pretendía “sancionar moralmente al gobierno argentino, responsabilizándolo de hechos deleznables ocurridos en nuestro país, pero cuya autoría es desconocida”. Tal actitud, finalmente, reflejaba “un paternalismo frecuentemente utilizado para juzgar a países del tercer mundo”.

Familia Cristiana: el resguardo institucional y sus costos^[20] 

Familia Cristiana es una publicación de la Asociación Hijas de San Pablo (las “Paulinas”), congregación religiosa fundada en la segunda década del siglo XX con la tarea prioritaria de “llevar la Palabra de Dios a través de los medios de comunicación”.^[21] La revista surgió en Italia en 1931 y luego se comenzó a publicar en otros países. En Argentina se edita desde principios de la década de 1940 y hoy sigue vigente, aunque de manera digital. Desde temprano se presentó como una revista de actualidad dirigida a “toda la familia” con notas sobre política, información internacional, cocina, moda, belleza, humor, deporte, cine, libros, etc. La dirección de la revista era ejercida por integrantes de la congregación. Durante el período que analizamos la directora fue Elena Oshiro, religiosa paulina de origen japonés que había abandonado sus estudios de medicina para ingresar en la congregación.^[22] Bajo su gestión se comenzaron a publicar columnas editoriales en las que se abordaba de forma más o menos explícita el contexto sociopolítico nacional. Por entonces, era una de las revistas de orientación católica más leídas ya que, según las estadísticas informadas en 1973, vendían mensualmente 75 mil ejemplares (Fabris, 2023).^[23] Familia Cristiana había seguido con interés a algunas de las iniciativas de los católicos comprometidos en términos sociales y políticos y había deslizado una denuncia moderada del giro represivo del gobierno peronista iniciado en 1973. A raíz de esta crítica, la directora y algunos periodistas recibieron amenazas de la Triple A y como medida de protección, a mediados de 1975, dejaron de aparecer los datos del staff editorial y las notas firmadas.

Ya en dictadura, la cuestión de los DDHH apareció en el centro de una relación compleja y ambivalente con las autoridades eclesiásticas y militares. En algunos aspectos -como en la valoración positiva de la figura de Videla- la revista coincidió con Criterio. En otros, como fue precisamente el caso de la exposición de la violencia que afectaba a los miembros de la Iglesia, avanzó más y por ello fue objeto de vigilancia y censura, tanto del gobierno como de los obispos.

Luego del golpe reapareció el staff de la revista y la mayoría de las notas incluyeron la firma de sus autores. Si bien esta actitud podría sugerir que los responsables de Familia Cristiana habían recuperado la sensación de seguridad, lo cierto es que mantuvieron una mirada pesimista a raíz de la violencia que afectaba al país. En agosto de 1976 un editorial resumió su perspectiva sobre la situación imperante:

“Los distintos modos de violencia siguen golpeando cada vez con mayor impunidad. La impotencia, la indiferencia, la angustia, el dolor ya forman parte del andar cotidiano, casi con una obstinada insistencia. (…) [S]omos responsables de hacer conocer ciertos hechos, verdaderos crímenes que se están cometiendo. Grupos de jóvenes que aparecen acribillados sin que nadie pueda decir otra cosa que han sido asesinados. Los cinco religiosos de la Comunidad de los Palotinos y los dos sacerdotes ultimados en Chamical (La Rioja), que ya entraron en la tristísima antología de los crímenes”.^[24]

La revista respaldó a Zazpe luego de su detención de Ecuador y se preguntó si en Latinoamérica se estaba registrando una “ofensiva contra la Iglesia y los valores religiosos”.^[25]

Poco después, cuando se intensificó la vigilancia y la persecución en la Iglesia, Familia Cristiana y la editorial Paulinas estuvieron en la mira de las autoridades. Las cuestiones que motivaron el seguimiento fueron dos: por un lado, la editorial administrada por las religiosas Paulinas era una de las responsables de la publicación de la Biblia Latinoamericana por lo que fueron nombradas en la denuncia de la revista Gente^[26] y criticadas por algunos obispos. En este caso, desde Familia Cristiana evitaron la polémica y no se pronunciaron a la espera de lo que decidiera la CEA, cuya unidad y monopolio en cuestiones doctrinales defendieron con fuerza. Por otro lado, y según quedó registrado en un informe elaborado por la Dirección de Culto, la revista fue objetada por sus referencias a la cuestión de los DDHH. Las autoridades militares “visitaron” directamente la editorial y también dialogaron con obispos para que le llamaran la atención.^[27]

Familia Cristiana desplegaba una mirada similar a la de Criterio al identificar el problema de la violencia en la dificultad para monopolizar el uso de la fuerza por parte del Estado. Este posicionamiento se articulaba con una lectura donde las acciones violentas se comprendían como producto de los extremos, de izquierda o de derecha, y eran una continuidad con respecto a la etapa previa al golpe. Además, al igual que la revista dirigida por Jorge Mejía, puntualizaba en las buenas intenciones de Videla y reproducía aquella idea de la moderación frente a los sectores duros. De todas maneras, la represión que se abatía sobre los miembros de la Iglesia era abordaba con un tono más crítico y recurriendo como respaldo a mensajes de algunos obispos como el mencionado Vicente Zazpe, Miguel Hesayne (Viedma) o Jaime De Nevares (Neuquén). Asimismo, hay que señalar que Familia Cristiana no invocó la idea de una “campaña antiargentina” y, como veremos, informó sobre hechos puntuales que no tuvieron presencia en las páginas de otras publicaciones católicas.

En el número de marzo de 1977 se publicó una entrevista al almirante Massera que fue realizada por un periodista italiano para la versión europea de la revista. En esa oportunidad, acompañado por Elena Oshiro, el periodista le preguntó -con cautela y aclarando que se trataba de versiones “no pocas veces intencionadas”- por las denuncias que se realizaban en el exterior a propósito de que en Argentina “no se respetarían suficientemente los Derechos Humanos”.^[28] Más allá de la respuesta de Massera, que no salió de los parámetros habituales del discurso oficial que señalaba a la “subversión” por las campañas en el exterior, resulta interesante que en el mismo número y a partir de un mensaje dado a conocer por el obispo de Lomas de Zamora, Desiderio Collino, la revista publicó una de las denuncias más contundentes sobre la desaparición de un miembro del laicado. Collino, que no era un obispo que se descara por su compromiso con la defensa de llos DDHH, relató que con frecuencia acudían “a nosotros” familiares y amigos que describen procedimientos en los que “grupos de personas armadas” asaltan los domicilios “llevándose a uno o varios miembros de la familia sin dar ninguna clase de razón”. El obispo, si bien aclaraba que no podía confirmar “la veracidad de cada uno de los relatos”, afirmó que tampoco los podía negar dado que “desde que en la madrugada del 1 de febrero uno de esos grupos se llevó de su domicilio a nuestro querido hermano Daniel Esquivel, paraguayo, de 29 años, miembro de la comunidad de la Virgen de los Trabajadores de Villa Caraza y miembro del Equipo de Pastoral para los inmigrantes paraguayos”. Finalmente, el obispo aseguró que la decisión de hacer pública esa denuncia era resultado del fracaso de las gestiones privadas llevadas adelante hasta entonces.^[29]

Si bien el mansaje de Collino, más allá de los tramos citados, contenía los trazos anticomunistas propios del discurso habitual de la jerarquía y los gestos de aprobación y comprensión de la represión que estaban llevando a cabo las FFAA, también ofrecía detalles contundentes sobre los procedimientos implementados, sobre las formas “privadas” de gestionar el auxilio en un primer momento y sobre la decisión, probablemente por tratarse de una persona de su comunidad, de hacer público el caso. Para la revista, la publicación de este tipo de mensajes, podía ser la forma de abordar temas vedados contando con la protección que ofrecía una figura de la jerarquía, aunque en aquel contexto es probable que los protagonistas no tuvieran en claro si era una protección suficiente.

A lo largo de 1977 el tratamiento de la violencia que se abatía sobre los católicos fue perdiendo presencia, lo que seguramente responde al descenso en la cantidad de hechos en comparación con el segundo semestre de 1976 y a las presiones del gobierno y la propia jerarquía eclesiástica. En este sentido, puede resultar sintomático que cuando en el número de mayo de 1977 publicaron el documento episcopal “Reflexión cristiana para el pueblo de la Patria”, se limitaron a reproducirlo sin agregar comentarios sobre su contenido.

De todas maneras, en el último número de ese año y en el primero del año siguiente aparecieron dos referencias breves, aunque relevantes. La primera fue en una nota sobre una comunidad religiosa organizada en torno a la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, del barrio de Mataderos. Allí le preguntaron a uno de los miembros qué esperaban para ese fin de año y su respuesta fue “Que haya paz, pero paz duradera, de lo contrario Navidad sería una tregua sin sentido. Que haya menos pañuelos y más tenedores, porque no habrá tantos muertos y desaparecidos y sí, más amor y trabajo”.^[30] Según Emilio Mignone (1986) uno de los miembros de esa comunidad religiosa, el padre Mario Leonfanti, había realizado un intenso trabajo de asistencia a los familiares de los desaparecidos, razón por la cual fue desplazado por el arzobispo porteño Juan Carlos Aramburu.

En el número siguiente informaron sobre la desaparición de las religiosas francesas.^[31] Si bien se trató de una nota de unos pocos renglones en la que especulaban con una pronta solución del “problema”, la decisión de brindar alguna información sobresalió entre el silencio imperante. Familia Cristiana incluyó el nombre de las dos religiosas, aclaró que habían sido “secuestradas, junto con un grupo de laicos, en los primeros días de diciembre [por] grupos armados” sin identificar, mientras coordinaban “la ayuda a familiares de personas desaparecidas”. Además, la revista dio cuenta de las protestas del gobierno de Francia y del viaje de un obispo francés y otras personalidades a Buenos Aires en busca de información.^[32] Si bien el hecho no volvió a tratarse, tampoco hubo referencias a las protestas que generó la negativa del arzobispo de París a realizar la misa por San Martín.

Como señalamos, el tratamiento que la revista le había dado al tema de los DDHH despertó la preocupación del gobierno militar. El informe de la Dirección de Culto explicitaba que la tematización de las violaciones a los DDHH era el motivo por el cual la revista había entrado en los radares castrenses y registraba un cambio de actitud en la publicación luego del diálogo que habían mantenido con las autoridades eclesiásticas donde se les había solicitado que controlaran lo que se publicaba en Familia Cristiana (el informe está fechado en septiembre de 1977). Entonces, si bien las páginas de la revista pueden confirmar en general estas circunstancias, la publicación de aquella breve referencia a las “monjas” francesas adquiere relevancia porque desafiaba a las autoridades militares, pero también a las de la Iglesia.

Cabildo: la ofensiva del tradicionalismo

El primer número de Cabildo salió a la calle en mayo de 1973 bajo la dirección de Ricardo Curutchet y el acompañamiento de viejos y nuevos militantes e intelectuales católicos unidos por una visión tradicionalista y nacionalista que cuestionaba tanto el contexto político del país, como las derivas de la Iglesia católica desde el Concilio Vaticano II. La revista sufrió clausuras, pero reapareció con otros nombres (El Fortín y Restauración) para alentar una nueva intervención militar.

La revista inició su segunda época en agosto de 1976. Desde el comienzo de su nueva etapa la revista demostró un férreo compromiso con la represión, que había reclamado y que consideraba fundamental para depurar a la sociedad y al catolicismo. De todas maneras, el tratamiento que se dio a los primeros casos de miembros de la Iglesia asesinados tendió a vincularlos con el clima de violencia imperante. Así, en la crónica publicada en el primer número registraron:

“los palotinos y dos seminaristas de la congregación cruelmente asesinados en la parroquia capitalina de San Patricio, los dieciséis cadáveres encontrados en San Telmo y Villa Lugano, más el que apareció junto al Obelisco en la madrugada del 4 de julio, son un índice claro, aunque bien sombrío por cierto, del climax de violencia a que se ha llegado entre nosotros. El secuestro y posterior asesinato de los sacerdotes a cargo de la parroquia del Salvador, en Chamical, La Rioja. ocurrido el 21 del mismo mes, completan este cuadro demencial”.^[33]

Cabildo se preocupaba por dejar en claro que no le asignaba responsabilidad al gobierno, por ello cuando en la misma crónica se hizo referencia a los reclamos de los obispos a Videla se sostuvo que ello “provocó en esferas oficiales cierto disgusto ya que la expresión eclesiástica de repudio parecía asignarle al gobierno una responsabilidad que desde luego no tiene”.^[34]

En las páginas del mensuario tradicionalista se distinguió “guerrilla” de “subversión” y se reclamó a las autoridades que el combate no se detuviera en la primera, sino que prosiguiera en el “aparato subversivo” que era el que producía el fenómeno guerrillero. Los sectores católicos comprometidos caían, principalmente, dentro de la categoría de “subversión”. Desde esta lógica, aprovecharon la detención de Zazpe para criticar el progresismo en la Iglesia y los supuestos vínculos con el marxismo.^[35] En el contexto de profundización de la represión sobre los católicos, la revista publicó una carta abierta de la “COMISION PERMANENTE DE AGRUPACIONES DE CATOLICOS ARGENTINOS” apuntando particularmente contra el arzobispo de Santa Fe.

Poco después, el director de Cabildo, Ricardo Curutchet, anunció que había llegado el momento de denunciar que “el zarandeado tema de la violación de los derechos humanos” era “el pivote de una vasta y nada sutil acción de la izquierda internacional contra la estabilidad del gobierno militar.” Y agregó en referencia a la Iglesia

“¿Es que no puede exigírsele al Vaticano que retire de la circulación pseudo-pastoral a los sacerdotes que con escarnio de su propio carácter sagrado alientan a la guerrilla criminal y amoneste o castigue como sea a los Obispos que la amparan o bendicen? ¿Esto último es acaso contrario a nuestra condición de hijos fieles de la Santa Madre Iglesia, penetrada como es sabido por una legión de vicarios del Demonio que, con aire de redentores sociales, mienten la Palabra y ultrajan el Nombre de Dios? ¡Basta ya de falsos pietismos! ¡Basta ya de gazmoñerías diplomáticas! ¡Basta ya de pleitesías a los convencionalismos suicidas! ¡Basta ya de poner el honor de la Argentina en un platillo de la balanza comercial!”.^[36]

Luego Curutchet hizo mención a la Biblia Latinoamericana y apuntó, sin nombrarlo, contra Zazpe, quien había recomendado su lectura. Para el director de Cabildo ese “prelado incalificable” encarnaba al enemigo “que hay que vencer para ganar esta guerra en que ellos mismos nos han envuelto”.^[37]

La revista informó sobre un encuentro entre los miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEA y el gobierno en el cual se habría tratado el “tema de la infiltración marxista en la Iglesia, las exigencias que plantea la represión y la detención y desaparición de sacerdotes católicos”. En la misma nota dieron cuenta del reclamo del Papa al embajador argentino Guillermo Blanco por el esclarecimiento de “los recientes episodios, que han costado la pérdida de valiosas vidas humanas, incluidas las de diversas personalidades eclesiásticas”. Desde Cabildo, si bien reconocieron que la “requisitoria papal” era legitima, concluyeron que no estaba claro que se pudiera dar “respuesta satisfactoria a hechos producidos en medio de un combate en que las pasiones humanas desbordan a veces tanto a la autoridad civil cuanto, a la religiosa, y violan no menos la sagrada teología que los códigos temporales”.^[38] 

En el último número de 1976 publicaron una solicitada del “CENTRO DE ESTUDIOS NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED”, un espacio del que participaban los propios integrantes de Cabildo y a través del cual auspiciaban reuniones y charlas. La solicitada, volviendo sobre la Biblia Latinoamericana, se manifestaba con dureza en relación a la Iglesia: “sería escamotear la cuestión de fondo plantearse el problema de la BIBLIA LATINOAMERICANA como un caso aislado. Detrás y más allá de ella aparece la TENEBROSA CONSPIRACION BOLCHEVIQUE que hace tiempo ha golpeado las puertas de la Iglesia. Y en un rasgo de apostasía, desde dentro mismo de la Iglesia se le ha franqueado la entrada”.^[39]

Si en los primeros números, los asesinatos de los miembros de la comunidad palotina y los curas riojanos se habían asociado a un clima de violencia general, los hechos posteriores que afectaron a instituciones, sacerdotes y laicos se interpretaron directamente como parte de la “guerra contra la subversión”. La Biblia Latinoamericana primero y las detenciones y los allanamientos en colegios católicos, después, no hacían más que confirmar la penetración de la subversión:

“los obispos harán bien en recapacitar acerca de sus deberes y de sus responsabilidades frente a Dios y frente a su Patria, frente al pasado y frente al futuro. Por lo pronto deben esforzarse en no defraudar a quienes confían en la parroquia y en el colegio católico para educar a sus hijos. Devolverle a un padre un hijo revolucionario es una burla, una traición y una injusticia. (…). Todo ello es responsabilidad de la jerarquía, que ya no tiene derecho a la ambigüedad ni al disimulo, porque ahora se le exige que se defina: con el Orden o con la revolución marxista”.^[40]

Embriagados en la ofensiva contra los católicos, desde Cabildo le reclamaron a las FFAA que no se detuvieran ante los reclamos ya que la “izquierda cristiana” era la más peligrosa porque “ha conseguido en pocos años lo que el marxismo no consiguió en generaciones”.^[41]

Cabildo tenía la certeza de que se encontraban en medio de una guerra cuya batalla fundamental se desarrollaba dentro de la Iglesia. Su prédica contra los obispos y contra todo católico que atentara contra la “verdadera Iglesia”, era un rasgo característico de esta publicación desde 1973 y que se remontaba a otras empresas periodísticas previas vinculadas al tradicionalismo católico (Pattin, 2019). Sin embargo, el contexto dictatorial emergía como una oportunidad de definir favorablemente aquella batalla, lo que no hizo más que radicalizar su reclamo represivo y llamar la atención ante cualquier gesto del gobierno que consideraran una concesión frente a los “enemigos” o un desvío del objetivo de restaurar un orden tradicional fundado en la religión. Por esta razón, no dudaban que el gobierno debía intervenir con más fuerza en los colegios católicos sin detenerse ante la “nube de sacerdotes, religiosas, catequistas y monseñores” que elevaba sus quejas.^[42] 

En el marco de esta escalada, el documento CEA de mayo de 1977 fue interpretado como la muestra más evidente de que el Episcopado no se podía poner al frente en la guerra contra los “enemigos” de la Iglesia. Consideraban que los pocos obispos valiosos que tenía la Iglesia argentina se encontraban en desventaja en una Asamblea Episcopal de carácter colegiado y transaccional.^[43] Si la actitud de los obispos les generaba preocupación, algo parecido comenzaron a expresar frente al gobierno. Cabildo entendió que las autoridades estaban moderando su ofensiva contra la Iglesia “progresista” y que su objetivo final no era la destrucción de la “subversión”, sino solamente su efecto superficial, la “guerrilla”. La crítica y el distanciamiento frente al gobierno ya no se detendrían (Cersósimo, 2022; Fabris y Pattin, 2022).

En el número de septiembre de 1977 el reclamo de la revista se focalizó en una publicación que circulaba en algunos colegios, aunque se editaba en Italia, El Mensajero de San Antonio.^[44] El abordaje de este caso plantea la cuestión del vínculo entre actores civiles y los dispositivos de vigilancia y represión, ya que varias de las expresiones volcadas en la nota de Cabildo coincidían con el contenido del informe elaborado por la Dirección General de Culto al que hicimos referencia anteriormente. En el mensuario dirigido por Curutchet se denunciaba el carácter subversivo de la publicación, sus contenidos sexuales y se recordaba que “los frailes terroristas colaboradores de Monseñor ANGELELLI en La Rioja y muertos en Chamical” pertenecían a la misma congregación que editaba El Mensajero …  La nota de Cabildo se cerraba con el anuncio de que notificarían a “la Dirección de Cultos de la Cancillería” aunque es evidente que desde esta repartición se venía vigilando a la publicación con anterioridad.

En las páginas de Cabildo no aparecieron referencias a la desaparición de las “monjas” francesas, pero en el número de marzo 1978 se ocuparon de la decisión del arzobispo de París de suspender la misa en honor a San Martín. Según entendían, la decisión del Cardenal Marty respondía, por un lado, al “cerco internacional que la Subversión Marxista tiene montado en torno a nuestro país” y por el otro, a la “infiltración y [el] dominio que ha llegado a ejercitar el marxismo sobre vitales estructuras de la Iglesia”.^[45]

CIAS: reproducción y exégesis del discurso institucional

La revista CIAS era una publicación del Centro de Investigación y Acción Social perteneciente a la Compañía de Jesús. Surgió en 1952 como un boletín limitado a la reproducción de síntesis de artículos publicados en el exterior (Morello, 2000), pero desde comienzos de la década de 1960 aglutinó a las investigaciones que se desarrollaban en el Centro. Si bien se trataba de un proyecto creado e integrado por sacerdotes jesuitas, ni el Centro ni su revista constituían la línea oficial de la Compañía en nuestro país. Más bien se podría decir que conformaron un núcleo intelectual que participó de los debates y disputas que cruzaban a la provincia y a la Iglesia en sentido más amplio. En los años sesenta la revista se estableció como un agente de secularización que se abría a los debates contemporáneos de la teoría política, la sociología o la economía y si bien como proyecto intelectual reflejaba las vicisitudes de la Iglesia conciliar, tenía menos consideración por el discurso de la jerarquía local.  

Si bien CIAS no realizaba un seguimiento de la coyuntura política, le prestó atención a los hechos de violencia y la represión y a su impacto al interior de la Iglesia. En algunas oportunidades sus análisis trascendieron el espacio de circulación de la revista para alcanzar las páginas de otras publicaciones de carácter masivo.

En sus abordajes siguió como estrategia la reproducción de los discursos de las autoridades de la Iglesia, ya sea del Papa o los obispos argentinos. De todas maneras, no se limitó a reproducir esos discursos, sino que sobre ellos actuó en dos sentidos que pueden considerarse complementarios. Por un lado, dedicó buena parte de las intervenciones a subrayar el monopolio doctrinal de las autoridades de la Iglesia y el sentido religioso -como diferente de “político” y “coyuntural”- de sus documentos y mensajes. Por otro lado, a través de una especie de exégesis de los escritos episcopales reforzó la orientación de los obispos a plantear los reclamos en el marco de un distanciamiento frente a toda forma de violencia y, especialmente, a despejar de los posicionamientos de la CEA cualquier vínculo con el “marxismo”. Esta preocupación de CIAS no impidió que en sus páginas se incluyeran definiciones relevantes sobre la violación a los DDHH, pero en general flotaron en un enmarañado debate teológico y doctrinal que, en cierta medida y paradójicamente, terminó diluyendo intervenciones episcopales bastante más contundentes.

La primera referencia a la violación de los DDHH -aunque no se planteó en estos términos- llegó con el número de julio de 1976 en una nota que abordó la “masacre de San Patricio”. Obviando los detalles del hecho (no se hizo referencias a los datos de las víctimas ni a las circunstancias concretas) se lo comprendió como un crimen religioso que a la vez se enmarcaba en un contexto más amplio de persecución a la Iglesia:

“No sabemos cuántos son en la lista de asesinados, secuestrados o torturados, pero no hay duda de que entre ellos hay muchos y verdaderos mártires. Porque no nos equivoquemos en este caso como en otros, no nos encontramos ante un crimen político, ni siquiera ante un error político, sino lisa y llanamente, ante un crimen religioso, es decir, cometido en odio de la Fe y de la Predicación de la Palabra de Dios”.^[46]

Planteado en estos términos, donde se recurría a la idea de “martirio” y se ubicaba el crimen en un plano mayor, una cuestión fundamental era definir quienes eran “los enemigos de esa misma Fe que no han trepidado en apelar a los procedimientos más absurdos”. La respuesta a este interrogante ponía de manifiesto lo que sería una constante, la de representar dos extremos que perseguían una misma finalidad: “eliminar la influencia de la Iglesia que es Libertad, Verdad y Amor”.^[47] La masacre de los palotinos pasaba así a ubicarse en un marco general donde fuerzas de distinto signo combatían a la Iglesia.

La tendencia a abordar la violencia en este esquema se alimentaba a la vez del hecho de que la propia revista y los integrantes del Centro eran objeto de acusaciones que los asociaban a la “subversión” o al marxismo. En respuesta a esta atmosfera de sospecha y persecución, CIAS publicó un artículo de César Sánchez Aizcorbe que, bajo el título “Alternativas no admisibles para el cristiano”, consideraba las diferencias infranqueables entre cristianismo y socialismo.^[48] El autor, cura jesuita, no dejaba de reconocer las particulares circunstancias que motivaban su lectura:

“Hoy quizá debamos reconocer que el asunto ha llegado hasta el extremo de ser acaparador. Las revistas de teología, los periódicos, los estudios sociológicos, los informes ‘reservados’, los filósofos considerados otrora más cautos, los documentos episcopales; en síntesis, todo un conjunto literario, político y emocional presiona sobre nosotros y nos invita a reflexionar”.^[49]

La revista optó por un análisis extenso y pormenorizado de una experiencia particular, la de los “Cristianos por el socialismo”, que estuvo lejos de ser significativa en Argentina y que, probablemente, no ocupara un lugar central en aquel discurso anticomunista que se expandía con renovados bríos en el nuevo contexto. La estrategia defensiva implicó una diferenciación frente a una experiencia menor en el país cuando lo que se estaba enjuiciando era una construcción, la “subversión” en la Iglesia, mucho más basta y significativa y de limites porosos en la que entraban los católicos comprometidos con cualquier reivindicación de los sectores postergados. La construcción de ese “enemigo” por parte de las fuerzas de seguridad, grupos del tradicionalismo católico y algunos medios de comunicación no hacía disquisiciones demasiado finas sobre la teología de la liberación o el tercermundismo con todas sus líneas internas. Los miembros de CIAS, insertos en tan convulsionado contexto, no percibieron los límites del “enemigo” construido por el discurso dominante. Confiaban en que a esa altura todavía era posible definir lo que eran los cristianos marxistas y aun proponer el diálogo y el análisis de sus fundamentos por sobre la denuncia, la condena y la persecución.

Por esa época la revista cumplió 25 años lo que motivó la publicación de algunas notas que recorrían su trayectoria y también reflexionaban sobre el contexto en el que se daba ese aniversario. Allí, entre expectativas favorables frente al gobierno, señalaron también “errores que se refieren a aspectos tan fundamentales como los derechos humanos y el respeto a las personas”.^[50] La revista participaba de la idea de errores y de grupos sin control a la hora de explicar los casos en que los crímenes excedían los límites de una represión considerada legítima. A esos “grupos sin control” se les atribuía el “terror” del que “han sido víctimas sacerdotes y laicos católicos sin encontrarse todavía alguna explicación válida para los actos de violencia y terror con que se pretende suprimir el terrorismo de izquierda”. El análisis/reclamo ante estas situaciones no avanzaba más allá de la enunciación de la situación, aunque en ocasiones se cruzaba ese límite -tácito o no- y aun dejando en claro que el peor de los males era el comunismo, expresaba inquietudes más desafiantes: “Sería triste pensar en que para combatir al marxismo se estén usando métodos stalinistas”.^[51] 

El número de diciembre de 1976 resultó particularmente importante porque uno de sus artículos fue reproducido poco después en el diario La Opinión, rompiendo de esta manera los límites de circulación habituales de la publicación editada por los jesuitas. Pero, además, el tono del artículo provocó la censura del gobierno que secuestró los ejemplares de CIAS y del diario (Morello, 2000; Schindel, 2003: 83). Según Mignone (1986), ante esta situación, Vicente Pellegrini, autor del artículo, decidió abandonar el país por un tiempo.

El artículo en cuestión estaba incluido en un número especial dedicado a la convocatoria del Papa Pablo VI a la jornada mundial de la paz realizada bajo el lema “Si quieres la paz, defiende la vida”. Las principales preocupaciones del Papa, según el documento de la convocatoria, eran la guerra, el aborto y la tortura y estos fueron los ejes fundamentales de las intervenciones incluidas en CIAS. Si bien el artículo que motivó la reacción del gobierno se tituló “Los Derechos Humanos en el Presente Contexto Socio-Político de Argentina”,^[52] en las primeras páginas Pellegrini sustrajo la cuestión objeto de análisis de la coyuntura que atravesaba el país y la remitió a un proceso más amplio iniciado a comienzos de la década de 1970. Pero, además, en esa mirada puso énfasis en las actividades y la violencia de los grupos guerrilleros a los que asoció con la violación a los derechos humanos. Apeló incluso a un recurso frecuente entre los representantes del gobierno militar y entre algunos de sus apoyos característicos, que descalificaba la labor de los organismos de derechos humanos por su supuesto silencio frente a las violaciones en los países comunistas.^[53]

Cuando finalmente avanzó sobre lo ocurrido a partir del 24 de marzo sostuvo

“La revolución del 24 de marzo pasado tuvo su gran parte de consenso en el deseo mayoritario del pueblo argentino de volver a la seguridad y a la paz interior para poder ejercitar libremente sus derechos. Desgraciadamente los hechos posteriores al 24 de marzo no han devuelto al pueblo la tranquilidad esperada y esta se ve como una nueva y profunda frustración. A crear un clima de terror y de miedo contribuyeron como pocos los asesinatos de los sacerdotes y seminaristas de San Patricio y los asesinatos de los sacerdotes de Chamical, los católicos asesinados o detenidos por el solo hecho de ‘ser amigos de los curas’, así como las infames masacres de Pilar y de Buenos Aires que siguieron a los no menos infames atentados contra la Policía Federal con su secuela de muertos y heridos, el asesinato del General Actis y el atentado de Rosario contra un ómnibus de la policía, grupos armados no identificados que proceden con flagrante impunidad, desaparecidos innúmeros, y el accionar de grupos terroristas de diversos signos”.^[54]

Pellegrini destacó las intervenciones del Episcopado, en particular la de mayo de 1976 donde los obispos plantearon algunas inquietudes sobre la violencia y señalaron “errores” que, especulaba, serían “la fuente real de la actual campaña contra nuestro país”.^[55] Luego recorrió los aportes de la doctrina cristiana a la defensa de los derechos de las personas a través de documentos papales y conciliares y reprodujo intervenciones de Pablo VI contra la tortura: “los métodos policiales crueles e inhumanos para arrancar confesiones de labios de los prisioneros deben ser condenadas absolutamente. No son admisibles ni siquiera bajo pretexto de ejercitar la justicia y de defender el orden público”.^[56]

Para Pellegrini la Argentina se encontraba en una guerra no declarada que habían iniciado los grupos guerrilleros en los años previos, pero era una guerra que no se podía enfrentar usando la tortura, hacerlo de esta manera, repetía, implicaba adoptar “los métodos marxistas y stalinistas”.^[57] En definitiva, convertir “a un militar de honor, cuyo ideal es luchar por la justicia, en un vulgar torturador sería la mayor victoria del terrorismo”.^[58] Dentro del catálogo de torturas, el sacerdote jesuita hizo referencia a la situación de los familiares que no obtienen información “sobre el desaparecido”.^[59]

En la parte más contundente del artículo Pellegrini sostuvo: “El país todo anhelaba y confiaba en que el gobierno de las Fuerzas Armadas terminaría con esos crímenes. Pero no solamente no fue así, sino que el panorama se ensombreció aún más con crímenes cuya magnitud jamás habríamos podido sospechar”. Más adelante, aun recurriendo a la voz genérica de los “testimonios”, el autor fue más allá del espacio de información tolerado “Hay una coincidencia de testimonios que aseguran que tamaños grupos asesinos se presentan como si formaran parte de las fuerzas armadas o de la policía. En algunos casos llama la atención la tranquilidad y seguridad con que han actuado, como en los asesinatos masivos realizados en varias oportunidades”.^[60] Ciertamente, se seguía pensando en términos de “errores”, de “grupos” que no se controlaban o que se los toleraba. Sin embargo, si no se pasa por alto el contexto concreto de producción del artículo y a pesar de todos los elementos que por conveniencia o convicción se incluían y que funcionaban en los parámetros permitidos por el gobierno (incluso el hecho de reiterar hasta el hartazgo que violar los derechos humanos era asemejarse a los regímenes comunistas), la declaración contenía elementos disruptivos. Porque aun sosteniendo que “Caer en la trampa de los campos de concentración es ahorrarle trabajo a la penetración comunista”, se alumbraba un aspecto de la represión que, a la luz de la reacción del gobierno, debía quedar en un espacio menos evidente.^[61] En la misma dirección impactaba la mención a “tratos arbitrariamente incorrectos”, el aprovechamiento de “los procedimientos para torturar a los familiares de las personas buscadas” o para “robar lo que venga a mano convirtiendo un procedimiento policial o militar en un salvaje acto de vandalismo”. En definitiva, resultaba “desde todo punto de vista incomprensible que se detenga a las personas y luego nunca más se sepa de ellas.”^[62] 

Sobre el final Pellegrini se preguntó “¿No es hora ya de que el gobierno dé la lista y ubicación de los detenidos en todo el país?”.^[63] Afrontar esto, entendía, se “aventarían falsos rumores” y se “aliviaría la pena de muchas familias que sin haber compartido la subversión y aun oponiéndose a ella, no tiene porqué padecer este dolor que juzgamos innecesario”.^[64] Aquí se expresaba la ambivalencia con la cuál eran tratado el objeto de la represión, “el subversivo”, el “guerrillero”. No termina de estar del todo claro los límites de cada categoría ni cuál era el trato que les correspondía. Si por momentos rechazaba cualquier práctica represiva que sobrepasara los marcos legales, también se podía mostrar tolerante respecto a los sujetos que, en su perspectiva, correspondía reprimir.

En el número de marzo de 1977 la revista afrontó la polémica suscitada por la reproducción del artículo de Pellegrini en La Opinión. Si bien no se hizo referencia explícita al hecho, se subrayó que la labor que desarrollaban desde la revista se llevaba a cabo en estricto respeto a la Iglesia. Como señalamos, en el contexto dictatorial, cuando arreciaban las denuncias y el espíritu de sospecha, además de la represión directa, el primer recurso era acudir a la institución: “siempre quisimos en nuestras páginas, y nuestros lectores lo saben, reflejar el pensamiento de la Iglesia y su aplicación a los hechos concretos de nuestro ambiente y a sus estructuras”.^[65]

Luego recurrieron a palabras de Pablo VI que, de alguna manera, pretendían utilizarse para aclarar los motivos de la crítica que había desagradado al gobierno. Según el papa, cuando los católicos denunciaban la violencia, no era para “acusar y condenar”, sino para “ayudar a los mismos responsables políticos, sin invadir sus propias competencias”.^[66] A partir de esta aclaración, sostuvieron:

“Con este espíritu no creemos poder ser juzgados acerca de intenciones, ya que ni siquiera la Iglesia se anima a juzgarlas (…) Mucho menos lo puede hacer el Estado para quien la conciencia es una valla infranqueable. Creemos que esto es suficiente sobre los acontecimientos que son públicos (…) Tanto el Centro de Investigación y Acción Social, como la Compañía de Jesús de quien depende, tienen una larga trayectoria de fidelidad que los pone a cubierto de ideologías o embanderamientos ajenos a la doctrina de la Santa Madre Iglesia y a la obediencia al Romano Pontífice”.^[67]

No resulta casual que en el mismo número publicaran un artículo extenso sobre las enseñanzas de la Iglesia en la realidad social con especial énfasis en la cuestión de la autoridad. Si bien el artículo no hacía una defensa irrestricta de la verticalidad, reforzaba el lugar de los obispos y sostenía un rechazo claro a la intervención de otros poderes: “nadie de fuera de la Iglesia puede arrogarse el derecho de juzgar sobre la ortodoxia de un pensamiento o doctrina (…). Ningún poder ajeno a la Iglesia, ya sea privado, institucional, gubernamental o como sea, puede estar facultado para hacerlo”.^[68]

En julio de 1977 CIAS le dedicó un número especial al documento del Episcopado “Reflexión cristiana para el pueblo de la patria”. Siguiendo en la línea ya desarrollada, defendieron con énfasis la autoridad de los obispos y aclararon que su interés era abordar los principios teológicos en los que se fundaba el documento episcopal para no reducirlo “a una mera declaración de tipo político o coyunturalista”.^[69] En el análisis, según aclaraba la propia revista, participaron varios de los integrantes del CIAS, aunque los artículos no fueron firmados, lo que resaltó el carácter institucional de la lectura propuesta. La primera intervención, “La palabra esperada”,^[70] defendió el carácter religioso del documento: “Nuestros obispos dijeron la palabra esperada. Palabra netamente religiosa que ni los acontecimientos ni las tergiversaciones malintencionadas lograron alterar”.^[71] Agregaron que no correspondía a los gobiernos “para justificar su proceder, constituirse en autoridad doctrinal aventurando el juicio de que tal o cual postura es más o menos conforme con la doctrina o enseñanzas de la Iglesia, o que tal otra no lo es”.^[72]

Luego de un segundo trabajo que ponderó los principios teológicos en los que se fundaba el documento episcopal,^[73] el director de la revista Fernando Storni, abordó más frontalmente la cuestión de los DDHH. El artículo comenzó destacando la subordinación del orden social al respeto de las personas,^[74] para ofrecer una extensa defensa de la labor desempeñada históricamente por la Iglesia en este ámbito. Luego reclamó, en sintonía con el documento episcopal, que la represión estuviera enmarcada en las leyes:

“Hay por lo tanto, una coacción y represión que el mismo Concilio señala como necesaria en determinados casos —y esto prueba de paso el sentido realista de la doctrina de la Iglesia—, pero esta misma coacción y represión para ser expresión de justicia debe hacerse de acuerdo con las leyes necesariamente promulgadas con anterioridad. Para que se puedan medir la justicia de los procedimientos y la honorabilidad de los que aplican la represión y la coacción deben existir las leyes claras y no aplicarse castigos sino de acuerdo con las mismas”.^[75]

El texto, de todas maneras, no avanzó sobre situaciones más específicas y no hubo mención directa al gobierno militar. En el mismo número incluyeron una declaración de Videla sobre el documento -que no salía del tono formal y subrayaba el valor de la palabra de los obispos- y un conjunto de extractos de anteriores documentos de la jerarquía sobre la violencia que el propio episcopado había hecho distribuir. El sentido que se le dio a ese conjunto de documentos -y que seguramente fue el mismo que le otorgaron los obispos al hacer circular tal compilación- era demostrar que lo dicho en mayo de 1977 no representaba una novedad, sino más bien una prédica constante del Episcopado argentino más allá de las coyunturas y los gobiernos de turno.

En las páginas de CIAS no se abordó el secuestro de las religiosas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, aunque en el número de diciembre sí incluyeron una breve reflexión general sobre la violencia en la que sostuvieron que la navidad no estaba signada por la paz ya que el “terrorismo” se había cobrado “algunas vidas” y se habían producido “desapariciones de personas sin que se llegara a conocer las razones de las mismas.”^[76] Luego, una intervención de Fernando Storni profundizó en esta reflexión sobre la violencia reiterando que la mecha había sido encendida por la violencia insurreccional.^[77]

A modo de cierre

A lo largo de este trabajo propusimos un recorrido a través de las páginas de cuatro revistas católicas con el objetivo de reconstruir de qué manera habían abordado la represión que se desató sobre miembros de la Iglesia entre 1976 y 1978. Las revistas seleccionadas, Criterio, Familia Cristiana, Cabildo y CIAS, nos ofrecían un panorama bastante amplio en términos de alcance, trayectoria, inserción institucional y perspectivas político-teológicas. Si bien no agotan la variedad de actitudes, representaciones e interpretaciones sobre la violencia y la represión que circularon en el catolicismo, contienen algunos de los tópicos predominantes.

El planteo inicial fue analizar cómo las revistas católicas comprendieron las acciones represivas, pero una cuestión conexa sobre la que ofrecimos algunos indicios es la de qué acciones represivas fueron consideradas por estas revistas. Tomamos la decisión de enfocarnos en algunos casos paradigmáticos, pero hubo también toda una gama de acciones represivas que tuvieron menos presencia -o ninguna- en las revistas a pesar de ser, probablemente, más numerosas, frecuentes y sistemáticas como lo demuestran los trabajos de Catoggio (2016), Morello (2014) y Bilbao (2022). Los casos que estudiamos en las páginas precedentes fueron, por la exposición de las figuras objeto de la violencia, por la magnitud de los hechos o por sucesos colaterales (como el caso de las “monjas” francesas y el conflicto con el arzobispo de París), las muestras visibles de un proceso mucho más profundo y extendido que afectó a centenares de católicos y católicas en la década de 1970.

De las cuatro revistas analizadas, fue Familia Cristiana la que brindó desde una concepción crítica -hoy diríamos en “cuentagotas” (“como pudimos” recuerda una de sus editoras)-,^[78] algunos indicios que podrían permitir a sus lectores asomarse a aquel infierno represivo. En el caso de CIAS las lecturas enfocadas en el tema de la violencia y la represión estuvieron insertas en los marcos aportados por los documentos de la jerarquía eclesiástica y desde ese lugar primó una preocupación por resaltar el carácter religioso de los escritos episcopales sustrayéndolos al juicio de las autoridades, pero también de las voces opositoras. Se podría pensar que en ese espacio de pretendida exterioridad a la política se concreta justamente la potencialidad política del discurso religioso. Una potencialidad que se nutre del eufemismo (Bourdieu y De San Martin, 2009), la moderación y la idea de un “justo medio”.

Cabildo, por su parte, incluyó una cuota de información sobre la represión en su superficie redaccional, aunque inserta en una prédica que azuzaba edición tras edición a una profundización de la acción de las FFAA. Para este actor del tradicionalismo, la dictadura era la última oportunidad para poner en práctica un proyecto de refundación de la Iglesia y la sociedad. El caso de Criterio, finalmente, se puede leer casi en paralelo a la actitud predominante en aquellos sectores del Episcopado que, probablemente, con conocimiento de lo que ocurría y sin avalarlo completamente, optaron por el silencio o por el ajuste de los hechos a una lectura funcional a una afinidad política con un sector del gobierno.

Bibliografía

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Catoggio, María Soledad (2009). Intelectuales orgánicos del catolicismo frente a la represión en sus filas. El asesinato de Carlos Mugica en Criterio y la revista del CIAS. En XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires.

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Mariano Fabris es Doctor en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) donde se desempeña como docente en la asignatura Historia Social General. Es Investigador Independiente de CONICET, director del grupo de investigación Actores y Poder en la sociedad argentina (UNMdP) e integrante de la Red de Estudios de Historia de la Secularización y la Laicidad. Es autor de Iglesia y Democracia (Prohistoria, 2011) y compilador de Democracia en reconstrucción (junto a Roberto Tortorella] (Eudem, 2011), Criterio y el siglo XX argentino (junto a Miranda Lida) (Prohistoria, 2019) y El año que recuperamos la democracia (Eudem, 2023) (junto a Marcela Ferrari). Además, cuenta con numerosos artículos y capítulos de libros sobre la Iglesia y el catolicismo en la historia reciente.

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