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Pasado Abierto - Año de inicio: 2015 - Periodicidad: 2 por año
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto - ISSN 2451-6961 (en línea)

Pasado Abierto. Revista del CEHis. Nº17. Mar del Plata. Enero-junio 2023.

ISSN Nº2451-6961. http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto

¿Cómo modulan los afectos la puesta en acto de las políticas de género en las Universidades? Una aproximación a partir de los casos de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)

María Victoria Imperatore

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Universidad de Buenos Aires, Argentina

vicky.impe@gmail.com

Bárbara Trzenko

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Universidad de Buenos Aires, Argentina

btrzenko@gmail.com

Rafael Blanco

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,

Universidad de Buenos Aires, Argentina

rafaelblanco@conicet.gov.ar

Recibido:        16/03/2023

Aceptado:        03/05/2023

Resumen

Este artículo analiza el modo en que los afectos configuran la puesta en acto de las políticas de género en las universidades nacionales. A partir de diversas aportaciones del denominado giro afectivo partimos del supuesto de que los afectos (como pueden ser el odio, la incomodidad, la desconfianza o el temor) ocupan un lugar central en la regulación de la vida pública debido a su capacidad de orientar la acción. Asimismo, entendemos las políticas de género como estrategias, informadas política y teóricamente por los movimientos feministas y de la disidencia sexo genérica, que buscan redefinir lo público al modificar el umbral de lo que antes era considera del ámbito de lo privado, con el caso paradigmático de las violencias sexistas. Metodológicamente, recuperamos, a partir de un trabajo de entrevistas, el punto de vista de quienes forman parte de los equipos de gestión de políticas de género en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Nos centramos en el análisis de tres iniciativas institucionales: a) la creación de áreas de gestión en la conducción de cada universidad orientada a las políticas de género y sexualidades, b) la aplicación de instrumentos para el abordaje de las violencias sexistas y, c) la conformación de Consejerías de salud sexual y reproductiva. Como principal aporte señalamos que los afectos movilizados por estas políticas son la incomodidad, el temor, la incredulidad, el recelo y la indiferencia desde la perspectiva de nuestras interlocutoras.

Palabras clave: afectos, políticas de género, educación superior, giro afectivo.

How do affects modulate the enactment of gender policies in universities? An approximation from the cases of the Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) and the Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)

Abstract

This article analyzes the way in which affects shape the enactment of gender policies in national universities. Based on various contributions of the so-called affective turn, we start from the assumption that affects (such as hatred, discomfort, distrust or fear) occupy a central place in the regulation of public life due to their ability to guide the action. Likewise, we understand gender policies as strategies, informed politically and theoretically by feminist movements and gender dissidence, which seek to redefine what is public by modifying the threshold of what was previously considered to be the private sphere, with the paradigmatic case of sexist violence. Methodologically, we recover from an interview work the point of view of those who are part of the gender policy management teams at the Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) and the Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). We focus on the analysis of three institutional initiatives: a) the creation of management areas in the management of each university oriented towards gender and sexuality policies, b) the application of instruments to address sexist violence and, c) the conformation of Departments of sexual and reproductive health. As the main contribution, we point out that the emotions mobilized by these policies are discomfort, fear, disbelief, suspicion and indifference from the perspective of our interlocutors.

Keywords: affections, gender policies, higher education, affective turn.

¿Cómo modulan los afectos la puesta en acto de las políticas de género en las Universidades? Una aproximación a partir de los casos de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)[1]

Introducción

¿Cómo modulan los afectos la puesta en acto de las políticas de género en las Universidades? Tras esta pregunta buscamos recorrer un conjunto de iniciativas institucionales que están siendo movilizadas por oficinas especializadas creadas a partir del año 2015 en el ámbito universitario, y que amalgaman tanto con el trabajo realizado durante más de tres décadas por académicas feministas que impulsaron progresivamente estudios sobre la mujer, géneros y sexualidades en distintas universidades (Blanco, 2018; Barrancos, 2020; Moltoni, Bagnato y Blanco, 2020) como así también con la creciente incorporación de la agenda feminista y de la disidencia sexo genérica al activismo estudiantil (Blanco, 2016). Entendemos que la expansión de políticas de género -que excede el ámbito universitario- ha colaborado en redefinir el espacio público al colocar cuestiones anteriormente consideradas del orden de la intimidad como asuntos públicos, con el caso paradigmático de las violencias sexistas durante largo tiempo confinadas al silencio o la discreción. Como señala Giorgi (2020), esta reconfiguración de lo público suscita emociones y afectos como el odio, la incomodidad, la desconfianza o el temor, que resultan ambivalentes puesto que se orientan tanto a limitar estas iniciativas como así también a ser el motor de su impulso.

A manera de hipótesis, sostenemos que los afectos que las iniciativas movilizan constituyen un locus problemático para interrogar la compleja trama en la que estas se ponen en acto en el espacio universitario, teniendo en cuenta que la dimensión afectiva es frecuentemente desatendida frente a aspectos normativos, organizacionales o los recursos que estas iniciativas involucran. El objetivo del presente artículo es dar cuenta de cuáles son estos afectos y cómo se manifiestan desde la voz de los equipos especializados de gestión de políticas de género en dos universidades nacionales: la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).

Para abordar este objetivo realizamos una articulación teórica singular. En primer lugar, retomamos aquí distintas aportaciones del denominado giro afectivo, que postulan que los afectos ocupan un lugar central -y no accesorio- en la regulación de la vida pública debido a su capacidad para orientar la acción colectiva (Ahmed, 2015). En palabras de Macón y Solana, esta perspectiva teórica involucra “un proyecto destinado a explorar formas alternativas de aproximarse a la dimensión afectiva, pasional o emocional (…) a partir de su rol en el espacio público” (2015: 15-16). Frente a la creencia generalizada de que afectos y emociones refieren a meros estados psicológicos (Cuello, 2019), Macón (2020) señala que uno de los elementos constitutivos de esta perspectiva sostiene que estos no son estados internos, individuales y pasivos, sino que se trata de instancias de conformación y activación colectiva.

En segundo lugar, retomamos la perspectiva teórico-metodológica de Stephen Ball, en particular con su noción de puesta en acto (2015) y el proceso de “hacer” las políticas en tanto un proceso de interpretación y traducción. En esta línea, Haya y Meo (2016) señalan que las políticas públicas constituyen entidades sociales dinámicas atravesadas, en la acción, por el entrelazamiento de fuerzas políticas y sociales, instituciones, personas, eventos, intereses o azar. Consideramos que existe, además, una dimensión afectiva que forma parte y las constituye; de aquí entendemos que las políticas de género no se reducen a la “implementación” de un texto. Desde estas perspectivas buscamos atender al carácter performativo del afecto (Ahmed, 2019) en la gestión de las políticas de género, en la que las personas a cargo de las oficinas involucradas co-producen las políticas junto con quienes están destinadas, en un proceso signado por relaciones de poder, intereses y expectativas diversas puestas en juego. A la inversa, estas agentes no son meras “ejecutoras” sino que interpretan, negocian, adaptan y/o modifican las iniciativas en función de sus comunidades (afectivas).

El trabajo se estructura en seis secciones y unas conclusiones. Luego de esta Introducción, en la segunda sección presentamos el apartado metodológico y damos cuenta del enfoque cualitativo utilizado y de las características del corpus analizado, en este caso resultado de la indagación a partir de la realización de seis entrevistas en profundidad a las referentes de las dos universidades mencionadas, además de un trabajo de análisis documental de las iniciativas relevadas. En la tercera sección, detallamos las políticas de género que llevan adelante los equipos de las áreas de la Universidades Nacionales de Avellaneda (UNDAV) y San Martín (UNSAM). En este artículo hacemos foco en tres políticas específicas comunes por ambas instituciones: a) la existencia de un área de gestión en la conducción de cada universidad orientada a las políticas de género y sexualidades, b) la aplicación de instrumentos para el abordaje de las violencias sexistas y, c) la conformación de Consejerías de salud sexual y reproductiva. Las siguientes tres secciones están organizadas temáticamente. En la cuarta, damos cuenta de la incomodidad como el afecto central identificado a propósito de la conformación de áreas institucionales especialmente dedicadas a las políticas de género y sexualidades; en la quinta sección se hace lo propio considerando el funcionamiento de los protocolos de abordaje de situaciones de violencia machista y se vislumbran el temor y la incredulidad como las dos emociones que resultan más salientes en el análisis de los testimonios relevados; en la sexta, analizamos la puesta en acto de las Consejerías universitarias de salud sexual y reproductiva e identificamos el recelo y la indiferencia como las emociones asociadas a esta política, desde la perspectiva de nuestras interlocutoras. A modo de cierre, en el apartado de Palabras Finales retomamos el espectro de afectos que se despliega a partir de las emociones que cada una de estas políticas suscita y subrayamos la relevancia que tiene la dimensión afectiva y su capacidad performativa en la puesta en acto de las políticas de género en la universidad pública.

La estrategia metodológica para indagar sobre afectos en las políticas universitarias de género

Para la realización del presente artículo, de carácter exploratorio, se optó por un diseño cualitativo centrado en la realización de entrevistas en profundidad a las referentes institucionales de las áreas especializadas en género de UNDAV y UNSAM. Se juzgó pertinente reponer el punto de vista de las referentes entendiendo que, desde un enfoque constructivista, las percepciones y prácticas simbólicas forman parte de la producción de la realidad (Minayo, 2010; Palumbo, 2017). De manera secundaria se trabajó en el relevamiento y sistematización de diferentes documentos (resoluciones, proyectos, información disponible en sitios web, folletería). Se realizaron en total seis entrevistas en profundidad: cuatro de ellas a referentes del equipo de género de la UNDAV y dos a referentes del equipo de la UNSAM. A excepción de una entrevista virtual realizada en el año 2021 —cuando las Universidades todavía no habían retomado por completo sus actividades presenciales a causa de las medidas de aislamiento adoptadas por la pandemia de Covid-19— todas ellas fueron llevadas a cabo de manera presencial, en las oficinas de cada Universidad, entre los meses de abril y junio del 2022. Las personas entrevistadas comparten algunas características: todas ellas se perciben como mujeres cis, tienen entre 30 y 35 años de edad, son egresadas de carreras pertenecientes a las Ciencias Sociales y Humanas (Psicología, Ciencia Política, Ciencias de la Educación y Docencia de nivel inicial) y se consideran parte del movimiento feminista. En cuanto a su trayectoria profesional, todas cuentan con un recorrido en sus respectivas instituciones previo a su incorporación al equipo de género: algunas de ellas han estudiado en la Universidad en la que trabajan, otras dictan cursos y/o tienen experiencia de gestión en otras áreas institucionales.

Las entrevistas se organizaron a partir de una pauta diseñada con el doble propósito de conocer el perfil de cada referente y de aproximarnos a las características más salientes de las políticas de género a su cargo. En cuanto al primer punto, interesó conocer su formación académica, así como su trayectoria tanto profesional como activista o militante y sus motivaciones para formar parte del área. En lo que respecta al segundo punto, se buscó conocer cuáles son las líneas de trabajo de cada equipo y se indagó en los principales obstáculos o conflictos identificados por las entrevistadas en el desarrollo de sus tareas.

Si bien la pregunta por los afectos no fue formulada de manera directa en las entrevistas, algunos fueron mencionados espontáneamente a lo largo de las conversaciones, en especial cuando las referentes aludieron a situaciones conflictivas o tensiones advertidas entre sus equipos y sus respectivas comunidades. La incorporación de los aportes del giro afectivo al momento del análisis nos ofreció claves interpretativas para identificar la centralidad adquirida por la gestión de los afectos en la puesta en acto de las políticas de género en ambas universidades. Así, los hallazgos presentados en este artículo son producto de la sistematización y el análisis de los afectos referidos por las entrevistadas a propósito de situaciones conflictivas o tensiones suscitadas por su trabajo, así como algunos de los principales argumentos y motivaciones que las entrevistadas atribuyen a los sujetos individuales y/o colectivos involucrados en estos conflictos.

En lo que respecta a la selección de las universidades nacionales para este estudio, la decisión se sustentó principalmente en dos motivos. En primer lugar, se trata de instituciones que cuentan con una área de gestión específica de género y sexualidades de jerarquía media,[2] desde la que despliegan políticas orientadas a múltiples temáticas: la prevención y el abordaje de las violencias sexistas, la transversalización de la perspectiva de género en la formación de grado y posgrado, la promoción de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva; acciones tendientes a revertir el desigual reparto de las tareas de cuidado, entre otras. Este aspecto resultó especialmente relevante para el presente artículo, puesto que permitió sondear líneas de trabajo heterogéneas, sorteando así el abordaje de las políticas universitarias de género y sexualidades como un todo monolítico. La existencia de una variedad de políticas en ambas universidades habilitó una reflexión atenta a los posibles matices y diferencias entre las distintas iniciativas. Cabe destacar también que las áreas de género de las dos instituciones seleccionadas constituyen una referencia para otros equipos a nivel nacional. En el caso de la UNSAM, se trata de una de las primeras Universidades en sancionar su protocolo de abordaje de las violencias sexistas, activo desde el año 2015, y una de las principales impulsoras de la creación de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las violencias -acontecimiento que tuvo lugar en la propia UNSAM en ese mismo año-, antecedente de la Red Universitaria de Género (RUGE) finalmente institucionalizada en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el año 2018 (Moltoni, 2018; Torlucci; Vázquez Laba y Pérez Tort, 2019). Por su parte, la UNDAV también tuvo participación en la conformación de ambas redes y al momento de escribir este artículo detenta la coordinación del Consejo Regional de Planificación de la Educación Superior (CPRES) Metropolitano de la RUGE.

En segundo lugar, las instituciones seleccionadas forman parte de los casos de estudio trabajados en el marco de las investigaciones doctorales de una parte del equipo aquí conformado.[3] Es de los trayectos de investigación que anteceden el presente artículo (Trzenko, 2020; Blanco y Spataro, 2021; Moltoni, Bagnato y Blanco, 2021) que provienen, en buena medida, las inquietudes que movilizaron este trabajo, así como el material empírico utilizado para el análisis.

Por último, es preciso puntualizar que no forma parte de los objetivos de este trabajo evaluar las políticas de género y sexualidades en UNDAV y UNSAM, sino que el artículo aspira a contribuir a la comprensión de su puesta en acto (Ball, 2015), haciendo foco en la dimensión afectiva, frecuentemente desatendida frente a aspectos normativos y/o institucionales.

Las políticas de género en el ámbito universitario: el caso de la UNSAM y la UNDAV

Tal y como fue mencionado en la Introducción, a partir del año 2015 la agenda feminista fue creciendo en las universidades no sólo en términos de visibilidad, sino también de validez y legitimación (Blanco y Spataro, 2021). Sin embargo, además del desarrollo de los estudios de la mujer, de género y sexualidades desde décadas anteriores, ya existía producción e interés académico movilizado en torno al desarrollo de políticas de género en las casas de estudio. Un caso señero en este sentido fue el trabajo realizado por un conjunto de profesoras en la Universidad Nacional de Córdoba, en el que señalaban la existencia de “de un conjunto de apuestas, logros y capitales acumulados en la historia reciente de nuestra Universidad (...) los cuales explican la necesidad de asumir la decisión política de poner al género en uno de los primeros lugares de la agenda” (Rodigou Nocetti, Blanes, Burijovich y Domínguez, 2011: 7). En el caso del presente artículo, el foco está puesto en dar cuenta de los distintos afectos que se despliegan a partir de la puesta en acto de estas políticas en el ámbito universitario.

Si bien las dos universidades tomadas como caso para el presente artículo se encuentran emplazadas en el Conurbano bonaerense (CB), fueron creadas en etapas diferenciadas. En el caso de la UNSAM, se ubica dentro de la segunda etapa de creación de universidades emplazadas en el Conurbano bonaerense[4] entre los años 1988 y 1995, junto a las universidades de La Matanza (UNLaM), Quilmes (UNQ), General Sarmiento (UNGS), Tres de Febrero (UNTREF) y Lanús (UNLa). En cambio, la UNDAV, se ubica dentro de las universidades del Bicentenario creadas en el 2009 en el Oeste (UNO), Moreno (UNM), Arturo Jauretche (UNAJ) y José C. Paz (UNPAZ), todas ellas ubicadas en el segundo cordón del CB,[5] con excepción de la UNDAV.

La UNSAM cuenta con una Dirección de Género y Diversidad Sexual (DGyDS), es el área de la Secretaría Académica encargada de “establecer los lineamientos teóricos, académicos, de gestión y administración para el abordaje de la desigualdad estructural que afecta a mujeres e identidades no hegemónicas en la comunidad universitaria”.[6] Aunque creada en el 2018, se nutrió del legado y la experiencia del Programa contra la Violencia de Género acaecida entre los años 2013 y 2017, el cual evidenció la necesidad de trabajar por espacios de convivencia y respeto en el ámbito superior. En el caso de la UNDAV, en el año 2017 se crea (de forma casi simultánea al “Protocolo de intervención ante situaciones de violencia machista, acoso sexual, y/o discriminación por identidad de género y/o violencia de la sexualidad”), el Programa Transversal de Políticas de Géneros y Diversidad, dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario. Desde allí:

“se desarrollan políticas universitarias que contribuyan a transformar las construcciones de géneros cis-heteronormativas, que son el sustento material y simbólico de la discriminación, la violencia y la desigualdad sexistas, que afectan principalmente a mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros, intersex, queer y no binaries (LGBTTTIQNB+)”.[7]

A continuación, mencionamos algunas de las consideramos son las principales políticas de género y sexualidades existentes en las dos universidades mencionadas, para luego dar cuenta sobre cuáles pondremos el foco en el presente artículo. En el caso de la UNSAM, en el año 2015 fue creado el “Protocolo para la actuación en Situaciones de Discriminación por razones de género y/o Violencia de género”. Además, llevó adelante la implementación de las capacitaciones obligatorias en género en el marco de la sanción de la llamada “Ley Micaela” (de capacitación obligatoria para agentes estatales en género y violencia de género) a toda la comunidad universitaria. En otra línea de trabajo, también elaboró una “Guía para incorporar un uso inclusivo del lenguaje” en el ámbito académico y se creó en el año 2014 una Consejería Integral en Géneros y Sexualidades de la que se desprenden diversas actividades como encuentros, charlas en torno a diferentes temáticas vinculantes como la gestión menstrual, cuidados en las relaciones sexuales, prevención y tratamiento de la violencia, entre otras. En esta institución, la Consejería funciona como un dispositivo del que se desprenden dos líneas de intervención: una dedicada al Protocolo y otra vinculada a sexualidades. En relación a la dimensión de los saberes específicamente y la curricularización de la perspectiva de género, se encuentra la creación de la Diplomatura en género, diversidad sexual y derechos humanos, además de las materias optativas que se dictaron en el último semestre de 2020: “Corporalidades, afectos y subversiones. Mujeres artistas latinoamericanas 1960-1985”, “Etnografiando los feminismos”, “Lecturas en torno al cuerpo desde la historia del pensamiento feminista”, a cargo de las académicas feministas Georigina Gluzman, Laura Masson y Vanesa Vázquez Laba, respectivamente.

        Por su parte, si bien la UNDAV es una casa de estudio de reciente creación en el sistema universitario (en 2011, mientras que la UNSAM fue creada en 1992), también viene desarrollando diversas políticas de género en el plano de los cuidados, el abordaje de las violencias, el lenguaje y los saberes impulsadas desde el “Programa Transversal de Políticas de Géneros y Diversidad”. En primer lugar, la creación en el 2017 del Protocolo, la adhesión a la implementación de las Capacitaciones en género de la “Ley Micaela” a autoridades, docentes y no docentes de la universidad (actualmente en proceso de aplicación), la Ludoteca “María Elena Walsh” orientada a estudiantes, docentes y no docentes y la Consejería Integral en Salud Sexual y Derechos (no)reproductivos, creada en el 2020 (interrumpida su aplicación hasta el 2022 a causa de la Pandemia del Covid-19). Asimismo, en la dimensión de los saberes, la UNDAV cuenta con un conjunto de materias que transversalizan la perspectiva de género en los currículum en diferentes carreras de grado como de posgrado; la institución cuenta con una materia obligatoria llamada “Teoría y Filosofía del Derecho”, de la carrera de Abogacía del Departamento de Ciencias Sociales y con las materias optativas de; “Derecho y Género” (también de la carrera de Abogacía), la materia de “Género, comunicación y cultura” de la carrera de Periodismo perteneciente al Departamento de Cultura, Arte y Comunicación y la materia “Economía feminista” de la carrera de Economía del Departamento de Ciencias Sociales. Luego, la universidad ofrece un curso de posgrado “Herramientas Jurídico Penales frente a la Violencia Sexual”. Durante el mes de agosto del 2022 se lanzó desde el Programa la denominada “Liga de materias feministas”, se trata de un espacio de encuentro e intercambio para aquellas materias que incorporan a el currículum de la universidad la perspectiva de géneros y diversidades.

Teniendo en cuenta la anterior descripción de las distintas políticas y líneas de trabajo existentes, para el análisis del presente artículo nos ocuparemos de la dimensión afectiva que su puesta en acto involucra. Las tres políticas tomadas para este artículo ya mencionadas, nos permiten dar cuenta de que no todas las políticas de género despiertan los mismos afectos y/o emociones, estos varían según cuáles sean los intereses y/o susceptibilidades puestas en juego.

Las áreas de gestión especializadas en género y sexualidades: institucionalizar e incomodar(se)

La creación de espacios de gestión universitaria dedicados a políticas de géneros y sexualidades constituye una novedad en la historia de las universidades nacionales de Argentina que está antecedido por la confluencia de tres décadas de trabajo persistente de académicas feministas (Rodigou Nocetti, Blanes, Burijovich y Domínguez, 2011; Blanco, 2018; Martín y Rovetto, 2021), la creciente incorporación de los asuntos de género y sexualidades en las causas militantes del activismo estudiantil (Blanco, 2017) y, finalmente, un contexto histórico-político favorable a la popularización de las demandas feministas, iniciado el 3 de Junio de 2015 con la primer movilización organizada bajo la consigna “Ni una menos”. Este proceso significó la incorporación de una nueva agenda al compendio de responsabilidades asumidas por la institución universitaria (Bagnato, Imperatore, Moltoni y Trzenko, 2022). El alcance nacional de esta etapa se evidenció, por otra parte, en la creación de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias en el año 2015, con su posterior formulación institucional en el CIN como RUGE en el 2018.

        Las transformaciones vinculadas a este proceso afectaron la cotidianidad universitaria de formas disímiles. En la actualidad, el contexto parece marcado por crecientes cuestionamientos a las políticas de género dentro y fuera del ámbito universitario.[8] En este nuevo escenario, y de acuerdo con lo señalado por las entrevistadas, identificamos que el afecto predominante alrededor del cual orbitan algunas tensiones a propósito de la institucionalización de las políticas de género es la incomodidad. Este afecto asume dos formas distintas, sobre las que nos detendremos a continuación.

Por una parte, las entrevistadas señalaron la incomodidad que genera una estructura organizacional relativamente nueva, como son las áreas de gestión de políticas de género, en instituciones universitarias con una historia centenaria. Esto se evidencia, por ejemplo, en las tensiones desatadas entre los equipos de género y no docentes de otras áreas institucionales. El trabajo administrativo dentro de las universidades está marcado por mecanismos rutinizados y lógicas burocráticas instaladas a lo largo de los años. Tal como señala Ahmed las instituciones universitarias se parecen a un vestido viejo: “adquieren la forma de quienes suelen usarlo; se vuelve cada vez más fácil de usar si una tiene esa forma” (2020: 229). En este sentido, la jerarquización de las políticas de género y sexualidades no sólo introduce un nuevo recuadro en el organigrama de las universidades, sino que levanta una alerta sobre su carácter androcéntrico y exige cambios en procedimientos administrativos, para los cuales es fundamental la coordinación con otras áreas de gestión. En términos institucionales esto implica un encuentro conflictivo con normas y modos de hacer ya establecidos, cuya modificación puede generar tensiones (Spataro, Azparren, Imperatore y Pais Andrade, 2021).

La tarea cotidiana de las feministas universitarias en gestión puede ser considerada por parte de quienes trabajan en otras áreas, como el de una aguafiestas institucional (Ahmed, 2020). Dicho de otro modo, las referentes advierten que las modificaciones administrativas, tales como el cambio registral de acuerdo a la identidad de género autopercibida o la consolidación de circuitos burocráticos necesarios para la aplicación de los protocolos de abordaje de las violencias sexistas, a las que ellas refieren positivamente como “cambios estructurales”, pueden provocar la incomodidad de trabajadores de otras áreas, a quienes se les solicita que transformen su tarea cotidiana.

Por otra parte, el diálogo con las referentes nos permitió relevar otro tipo de incomodidad, en este caso experimentada por ellas mismas y vinculada a dos peligros asociados al proceso de institucionalización: la burocratización del feminismo universitario y la metonimia entre gestión e institución (Blanco y Spataro, 2019). En consonancia con lo expresado por las entrevistadas, podemos afirmar que el proceso de institucionalización de las políticas de género y sexualidades trajo consigo algunas transformaciones en la relación entre el activismo estudiantil, docente y no docente y la gestión universitaria. Haciendo foco en el claustro estudiantil, desde el momento en que las áreas especializadas en género hicieron suya una agenda promovida por el conjunto de organizaciones -desde la “izquierda popular” o “independiente”, hasta las “reformistas” o “moderadas” (Blanco, 2014 y 2016)- esto produjo un cierto reacomodamiento en el diálogo político establecido. Las referentes perciben, en este punto, incomodidades políticas que responden a la sensación de que la gestión está “disputando un tema que les pertenece”, lo que genera “disputas internas con el estudiantado”, tal como lo expresan en sus palabras. Estudios anteriores han reflexionado sobre las relaciones establecidas entre las estrategias institucionales y la autogestión estudiantil a propósito de la agenda feminista en la Universidad de Buenos Aires (Blanco y Spataro, 2021).

La emergencia de desconfianzas políticas sobre el accionar institucional respecto del funcionamiento del Protocolo allí analizada, encuentra eco en lo percibido por las referentes de UNDAV y UNSAM en relación a la incorporación de la agenda feminista a la gestión universitaria. En estos casos, las incomodidades experimentadas por parte del movimiento estudiantil cuando siente que la gestión institucional se apropia de un tema propio de otro claustro, se combina con una desconfianza en torno al solapamiento entre gestión e institución, que desborda los límites de los estudiantes organizados y se extiende al estudiantado en general. A este solapamiento apunta también el testimonio de las referentes cuando señalan las incomodidades que despiertan los comentarios y charlas de pasillo con no docentes cuando hablan sobre su trabajo como la “lavada de cara de la gestión” o “el pinkwashing de la universidad”.[9]

El entrecruzamiento entre gestión y co-gobierno universitario enciende una alarma sobre el riesgo de los usos político-instrumentales de las políticas de géneros y sexualidades. Ese riesgo aparece, en ocasiones, experimentado por integrantes de la comunidad universitaria como un temor que atenta contra la posibilidad de acercarse al espacio, si la persona tiene -en palabras de una entrevistada- “alguna dificultad con la gestión”. La metonimia entre institución y gestión (o autoridades) puede alimentar la desconfianza en torno al trabajo de los equipos de género y, al mismo tiempo, incomodar a las referentes que son ubicadas por su comunidad como parte del oficialismo de una gestión, antes que como trabajadoras de un área institucional dedicada a las políticas de género con una autonomía relativa. Señalamientos acusatorios como los relevados (pinkwashing o “lavada de cara de la gestión”) pueden resultar particularmente incómodos para feministas con una trayectoria activista y en ámbitos comunitarios por fuera de la institución universitaria, como es el caso de las entrevistadas cuyas voces son aquí recuperadas.

El Protocolo de abordaje contra las violencias de género: entre el temor y la incredulidad

En este apartado, nos centramos en los afectos que, desde la voz de las referentes entrevistadas, vislumbran que provoca el instrumento conocido comúnmente con el nombre de “protocolo” de actuación, herramienta que responde a normativas aprobadas por el Consejo Superior de cada de las universidades nacionales de nuestro país y que desde el 2014 reglamenta las violencias por motivos de género (Rovetto y Figueroa, 2017). La existencia de protocolos alcanzó en 2019 al 73,8% del sistema universitario,[10] porcentaje que incluye a las universidades tomadas como caso de estudio para este artículo (Moltoni, Bagnato y Blanco, 2021). A partir de los testimonios analizados, identificamos un primer afecto que es el temor o la sensación de amenaza que produce esta política:

“(...) empezó siendo resistidísima mal (...) es al día de hoy que nos hacen chistes. Muchos de ´delante de las chicas no hagas esos chistes porque bueno´ (...) Hay chistes que se escuchan en los pasillos que son tremendos. Hay algo como de un señalamiento, pero sí, la política más resistida y que fue más modificada desde su concepción, fue el protocolo”.[11]

En este fragmento de conversación con una referente podemos identificar que el Protocolo representa una suerte de amenaza que acecha y cuyo criterio de aplicación resulta incluso arbitrario; como recupera la entrevistada en el testimonio “ojo con ellas que te meten una denuncia, eh”,[12] como si se tratara más de una persecución “caprichosa”, que de un área institucional con sus respectivas normas y pautas de procedimiento abocada al cuidado de la población universitaria.[13] Estos temores y resquemores suscitados por la existencia del Protocolo, pueden deberse a que se trata de un dispositivo que propone la interrupción de los privilegios y pone de manifiesto cuáles son las posiciones sociales que encarnan la norma en la institución universitaria, es decir, deja en evidencia la pregunta de a qué sujetos la institución aloja y cuáles expulsa (Ahmed, 2020). Es por ello que, como señalamos en el anterior apartado, según la autora, las “trabajadoras de la diversidad” suelen considerarse aguafiestas institucionales frente a las que “no se pueden hacer chistes”, como observamos en el testimonio recién citado.

En segundo lugar, otro de los afectos identificados desde la voz de las entrevistadas refiere a la incredulidad que produce esta herramienta en términos de su efectividad, asociada principalmente a dos cuestiones. La primera se vincula con el desconocimiento respecto de cómo son los procedimientos formales de abordaje y seguimiento de los casos de violencia (Blanco y Spataro, 2019). A propósito de esto, las referentes relatan que suelen recibir comentarios en los que se les exige una única vía de resolución frente al conflicto; “¿por qué no lo escrachan, por qué no lo echan?”,[14] como señala una entrevista que suele referirse ante un caso que adquiere notoriedad, sin advertir que no todos los casos son iguales ni requieren el mismo abordaje. La segunda cuestión a la que está asociada la incredulidad es al cuestionamiento de la institución universitaria en sí misma en relación a sus alcances y su real capacidad de transformación. Este posicionamiento advierte que la herramienta se configura desde un “como sí”, especialmente cuando quienes son denunciados forman parte del cuerpo docente y/o de las autoridades de la universidad. En esta línea, otra de las referentes señala: “Yo siempre digo lo mismo, siempre es más fácil jugar a las feministas cuando trabajamos con estudiantes que jugar a las feministas cuando trabajamos hacia arriba (...)”.[15] En este testimonio, que utiliza el recurso retórico de la ironía en la expresión “jugar a las feministas”, la referente deja entrever una reflexión acerca de los dificultades, desafíos y tensiones que para ellas mismas representa la gestión en el espacio universitario, en este caso, del protocolo. Es decir, que las tensiones asociadas a las jerarquías y posiciones de poder efectivamente tienen su peso y son identificadas por diferentes actores de la comunidad universitaria, incluyendo a las mismas referentes, como un factor que complejiza y afecta la puesta en acto del protocolo. A propósito de ello, la misma entrevistada agrega: “Trabajamos desde el lugar de que no nos dé miedo. A nosotras no nos da miedo, nos haremos mayor mala sangre, pero… porque sino, yo siempre digo lo mismo: el día que a mí me de miedo hacer algo entonces no puedo trabajar más acá”.[16]

El lugar ocupado por las referentes es particularmente sensible por dos motivos centrales. El primero se vincula con que son quienes deben tramitar y gestionar las expectativas punitivistas de un sector de la comunidad universitaria, como indica uno de los testimonios ya citados; “¿por qué no los echan?”. Cuando aludimos al “punitivismo” en el ámbito universitario nos referimos a la demanda de un “castigo” o una suerte de escarnio público hacia quien es denunciado como única vía para la obtención de justicia (Arduino, 2020). Esta demanda entra en conflicto con varios puntos de la aplicación del protocolo. El primero se refiere a que, generalmente este pedido de sanción más extrema hacia los denunciados, suele acompañar la exigencia de una resolución inmediata del conflicto cuando, por el contrario, la gestión universitaria de estas denuncias implica mediaciones que llevan tiempo y procesos particulares. El segundo punto de tensión, se asocia con el hecho de que al ser la confidencialidad un requisito central del modo de proceder del protocolo, esto dificulta el poder dar cuenta públicamente del avance o desarrollo de cada uno de los casos, con el riesgo de que esto pueda percibirse como desinterés o desidia institucional, “al no poder contar lo que hacemos, parece que no hacemos nada”[17] como señala una de las referentes. El tercer y último punto de tensión en relación a esta “expectativa punitivista” por parte de la comunidad, se vincula con el hecho de que la demanda de una sanción como la expulsión de un denunciado, colisiona con el derecho a la educación con el que cuenta por ley la población universitaria en su totalidad sin excepciones.

El otro motivo por el cual el lugar que ocupan las referentes se trata de un lugar sensible, está íntimamente vinculado con lo antedicho contemplando que efectivamente existen condicionamientos político-institucionales concretos que en ocasiones obstaculizan la aplicación del Protocolo. Como mencionan las entrevistadas en los testimonios citados, “es más fácil jugar a las feministas cuando trabajamos con estudiantes que jugar a las feministas cuando trabajamos hacia arriba”. En este punto, aluden a esas dificultades y tensiones propias de la dinámica de gestión institucional mediada por jerarquías entre claustros que dificultan su real puesta en acto y que abonan, en todo caso, a esos afectos de incredulidad y cuestionamiento de la institución misma previamente desarrollados.

Por último, observamos en los relatos cómo la herramienta del protocolo resulta ser una política a la que las mismas referentes, en algunos casos, buscan desjerarquizar por tratarse de una política que “acapara” la atención frente a otras políticas de género como lo son, por ejemplo, aquellas orientadas a problematizar y morigerar la desigual distribución de las tareas de cuidado o políticas vinculadas a la atención de la salud sexual y reproductiva de mujeres y disidencias sexo genéricas, dimensiones tan urgentes y necesarias de ser atendidas como lo son las políticas de abordaje contra las violencias. Como observamos a continuación, en un testimonio una de las referentes cuenta que la “Consejería integral en violencia de género y sexualidades” cambió de nombre a “Consejería integral en géneros y sexualidades”. Ella señaló que el cambio de nombre respondió a una evaluación realizada por el equipo, de acuerdo a que identificaron que la consejería era vista por otras áreas institucionales de la universidad como asociada casi exclusivamente al abordaje de la erradicación de las violencias, lo que producía un solapamiento y homologación con la noción de género. Es en base a ello que decidieron quitar la palabra “violencias” del nombre del espacio, como se menciona en el siguiente extracto de entrevista: “queremos darle un impulso mayor al área de sexualidades, porque sino queda toda la consejería muy pegada a las cuestiones de violencia de género exclusivamente, que es lo que más se conoce, es como lo que más rápidamente se difunde de la consejería también y expulsa otro tipo de acercamientos”.

En síntesis, si bien el protocolo es una de las políticas de género que más se ha institucionalizado y extendido en las universidades nacionales desde el año 2014 en adelante (Moltoni, Bagnato y Blanco, 2021), advertimos que su puesta en acto despierta afectos como el temor y la incredulidad, entre otros que seguramente encontremos al avanzar la indagación de las investigaciones aún en curso, en el interior de la comunidad universitaria. Aunque, por un lado, se constituye como “puerta de entrada” para la creación de otras políticas de género (Spataro, Azparren, Imperatore y Pais Andrade, 2021), por otro, también suscita estos afectos que la obligan a estar en permanente reconfiguración, como se vislumbra en uno de los testimonios: “la política más resistida y la más modificada desde su concepción fue el protocolo”.[18]

Consejerías universitarias de salud sexual y reproductiva: recelo, rechazo e indiferencia

La tercera política institucional en la que queremos analizar el modo en que los afectos están modulando la puesta en acto de las políticas de género en UNDAV y UNSAM es la de las Consejerías de salud sexual y reproductiva. La conformación de estos espacios es identificada por las referentes como otra política que suscita tensiones, tanto entre los equipos de las áreas de género y estudiantes, como entre los equipos y trabajadores de otras áreas institucionales y/o unidades académicas dedicadas a temáticas de salud. A través del análisis de sus testimonios identificamos tres afectos sobre los que nos detendremos a continuación: recelo, rechazo e indiferencia.

El abordaje de la salud (ya sea física, emocional o psíquica) no es un asunto nuevo para las universidades y su tratamiento involucra incumbencias disciplinares de carreras como Psicología, Trabajo Social, las vinculadas al deporte y Ciencias Médicas en general. En este sentido, reclamar un lugar en el trabajo con temas de salud puede significar, de acuerdo con las entrevistadas, una “disputa por el discurso en torno a la salud”, en la que se intersectan intereses de orden “político, religioso, epistemológico, teórico”.[19] En el diálogo con las referentes identificamos, además, que estas tensiones se inscriben en debates con una historia más larga que la de los feminismos universitarios. A esto se refería una de ellas cuando decía, por caso, que en lo que respecta a la referencia del área de salud dentro de la universidad chocan dos modelos: “entre el modelo médico hegemónico y el modelo comunitario de la enfermería”. Aunque un análisis sobre los términos de este “choque de modelos” excede los límites del presente artículo, se vislumbra que estas incumbencias político-disciplinares puestas en tensión pueden aportar elementos para la comprensión del recelo que encontraron las referentes en relación a su involucramiento en temas de salud -particularmente sexual y reproductiva- desde una perspectiva feminista.

¿Por qué motivos sería razonable que las áreas de género se involucren en el abordaje de temáticas de salud? Tal como señala Barrancos (2019), aunque deben reconocerse las contribuciones con las que contamos desde hace décadas en el país, la dimensión de la salud no constituye el escenario más concurrido por las indagaciones en clave generizada. En concordancia con ello, entendemos que la controversia entre modelos (o entre modos de pensar y producir salud) antes señalada, tiene plena vigencia en la actualidad y está, todavía, lejos de ser resuelta. El recelo disciplinar que emerge del análisis puede ser interpretado, en buena medida, como expresión de ese conflicto de intereses entre el sistema médico hegemónico[20] y las interpelaciones feministas al campo de la salud, que han ganado mayor visibilidad a partir del debate por la legalización del aborto entre 2018 y 2020 (Fundación soberanía sanitaria, 2019).

        De las entrevistas también surgieron los rechazos que despiertan algunas cuestiones específicas trabajadas por las Consejerías. Mayoritariamente orientadas a la promoción de derechos sexuales y reproductivos, así como a prácticas de cuidado relativas a la anticoncepción, la prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) -por mencionar algunas de las líneas más importantes-; las Consejerías incluyen en su repertorio de acciones aquellas vinculadas al aborto. Tras un recorrido de casi tres décadas, atravesado por fuertes tensiones políticas y luego de ser presentado ante el Congreso en otras seis oportunidades, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) fue finalmente legalizada en Argentina en el año 2020. Antecedidas por una activa militancia entre estudiantes, docentes e investigadoras feministas, las Consejerías universitarias participaron de las discusiones inauguradas por el debate parlamentario de 2018[21] e incorporaron abiertamente el aborto a su agenda de trabajo.[22] Sin embargo, las referentes advierten que el tema continúa despertando profundos rechazos por parte de integrantes de la comunidad que sostienen posicionamientos irreconciliables con la legalización del aborto. En esta dirección apuntaba una entrevistada cuando recordaba la “reacción en redes” durante aquellos años, cuando “la línea pañuelo celeste estaba muy activa” y se veía “mucha estudiante acá con pañuelo celeste”.[23]

Lo acontecido alrededor de la ley IVE brinda algunas pistas acerca de los cuestionamientos que pueden despertar asuntos de salud sexual y no reproductiva cuando la gestión universitaria los asume en diálogo con saberes y discusiones promovidas por los movimientos feministas y de la diversidad sexual. Recuperando las palabras de una entrevistada, las Consejerías están involucradas en temas “espinosos”, por lo que es preciso calibrar los apoyos y el momento adecuado para trabajarlos, considerando la posibilidad de que existan, por ejemplo, intereses disciplinares y posicionamientos políticos contrapuestos. En este punto, resulta interesante detenerse en el efecto disuasivo que tiene para las referentes advertir el rechazo que el abordaje de determinados temas provoca en una parte de la comunidad universitaria. Los comentarios o gestos recibidos en este sentido, constituyen un aprendizaje por parte de las referentes acerca de cuáles son los temas “espinosos” para la población con la que trabajan. Esto no sólo dispara interrogantes acerca de la conveniencia de llevar adelante determinadas acciones, sino que colabora en la forma específica que las distintas políticas -en este caso las de salud sexual y reproductiva- adquieren tales como en qué momento dar impulso a una iniciativa, cómo difundirla, con qué actores establecer articulaciones, entre otras acciones.

Por último, en el diálogo con las referentes se registra cierta indiferencia con respecto a la política de las Consejerías por parte de estudiantes, en el que confluyen factores estructurales y -nuevamente- intereses disciplinares. En lo que respecta al primer punto, se destaca la influencia de la dimensión espacial. La necesidad de generar un espacio cómodo y con autonomía -es decir con cerramientos que permitan garantizar la privacidad de las consultas, propicio para el diálogo y la escucha atenta-, resulta determinante para la elección de una oficina dentro de los edificios universitarios para las Consejerías. El lugar físico que finalmente ocupan parece colaborar en el grado de visibilidad y proximidad que consiguen establecer con la comunidad universitaria. A modo de ejemplo, una de las entrevistadas se detenía en las dificultades para hacer llegar la política de su Consejería a estudiantes y docentes de carreras que no se dictan en el mismo campus en el que se encuentra la oficina, por lo que “el contacto con nosotros es mínimo o casi inexistente”. Por su parte, los intereses disciplinares también son registrados por las referentes como factor explicativo del alcance diferencial que las Consejerías presentan en las distintas carreras que conforman la Universidad. En este punto, vuelven a aparecer las tensiones entre distintos modelos de salud. En palabras de una entrevistada, el interés decrece entre quienes estudian en áreas de salud “pero vinculadas al sistema médico hegemónico”. Siguiendo el argumento anterior, aluden a una tendencia a sentir mayor “sensibilización” con las temáticas de la Consejería por parte de quienes integran carreras “más afines”[24] como las de Ciencias Sociales y Humanas.

Recapitulando lo expuesto, identificamos en relación a la puesta en acto de las Consejerías un abanico de afectos que incluye el recelo, el rechazo y la indiferencia. Entendemos que existe un hilo que une estos afectos aparentemente contradictorios y es el de las dificultades para instalar la reflexión en torno al poder en las prácticas de salud. Tanto las disputas disciplinares como los posicionamientos políticos contrapuestos que emergieron del relato de las entrevistadas pueden pensarse en relación a la pelea por definir cuáles son los saberes y las prácticas legítimas en el terreno de la política sanitaria. Esto constituye, sin dudas, un enorme desafío para quienes tienen a cargo las Consejerías. ¿Cómo reclamar desde los feminismos un lugar en el abordaje de la salud sexual que no quede atrapado entre pañuelos verdes y celestes o en el “choque de modelos”? La respuesta a este interrogante no resulta obvia ni sencilla. Sin embargo, apostamos a que la incorporación de los afectos al análisis de la puesta en acto de las políticas de género brinde herramientas para profundizar la reflexión en futuras investigaciones.

Palabras finales

De los testimonios relevados, arribamos a la idea de que las políticas de género provocan diferentes afectos que, al mismo tiempo, moldean su puesta en acto; es decir, las constituyen en su devenir cotidiano. Hacer foco en las situaciones de tensión señaladas por las referentes de las áreas involucradas otorgó la posibilidad de identificar -siguiendo el punto de vista de las entrevistadas- que algunas de estas estrategias institucionales desplegadas resultan particularmente conflictivas en las dos universidades analizadas. Éstas fueron: la conformación de las áreas de gestión especializadas en políticas de género y sexualidades, los Protocolos de abordaje de situaciones de violencia sexista y las Consejerías universitarias de salud sexual y reproductiva. Las incomodidades, el temor, la incredulidad, el recelo, el rechazo y la indiferencia son los principales afectos que se desprendieron del análisis de cada una de las políticas seleccionadas y que conforman el conjunto de afectos que desarrollamos en este trabajo.

En cuanto a las áreas de gestión especializadas en género y sexualidades, se identifica como afecto predominante la incomodidad, expresada de dos modos distintos. Uno guarda relación con la incomodidad de introducir una estructura de gestión nueva (como lo son las áreas de políticas de género) en una institución androcéntrica, con una historia de cientos de años. El otro modo de expresión de la incomodidad que encontramos se vincula con dos peligros asociados al proceso mismo de institucionalización: la burocratización del feminismo universitario y la metonimia entre gestión e institución. Los señalamientos acusatorios relevados (“pinkwashing”, “lavada de cara de la gestión” o la idea de una apropiación de la agenda feminista por parte de la institución) pueden resultar particularmente incómodos para feministas con una trayectoria activista en la calle y en ámbitos comunitarios por fuera de la institución universitaria, como es el caso de las entrevistadas.

En el caso de la herramienta del Protocolo de actuación contra las violencias de género, los afectos y tensiones que emergen de los testimonios analizados son fundamentalmente; el temor y la incredulidad. El temor o sensación de amenaza es señalada por las entrevistadas como una reacción frente a una política que se propone subvertir dinámicas de desigualdad de género poniendo en cuestión lógicas y dinámicas de privilegio. Esto produce, señalan las referentes entrevistadas, una fantasía de persecución que se tilda de arbitraria como un modo de neutralizarla. En el caso de la incredulidad, puede interpretarse en dos sentidos distintos. Por un lado, con una falta de conocimiento de lo que la normativa permite y a lo que apuntan sus objetivos, la decepción de la expectativa de un “castigo” duro e inmediato que no llega, por ejemplo, puede abonar al potenciamiento de este afecto. Por otro lado, con la incredulidad o el descreimiento como resultado de las limitaciones institucionales y/o políticas realmente existentes que impiden, sobre todo en los casos en que los denunciados ocupan un rol de jerarquía, que el protocolo sea realmente aplicado.

En lo que respecta a las Consejerías de salud sexual y reproductiva, se identifica, a partir del análisis de la voz de las entrevistadas, la emergencia de tres afectos: el recelo alimentado por disputas disciplinares, el rechazo por motivos político-ideológicos y la indiferencia asociada principalmente al desconocimiento de la política. Del análisis de los argumentos esgrimidos para cada uno de estos afectos aparentemente contradictorios, se identifica que todos ellos se vinculan de algún modo a las dificultades para instalar la reflexión en torno al poder en las prácticas de salud. Tanto el alcance diferencial de la política de Consejerías según las carreras, como las disputas disciplinares y los posicionamientos políticos contrapuestos que emergieron del relato de las entrevistadas pueden pensarse en relación a la pelea por definir cuáles son los saberes y las prácticas legítimas en el campo de la salud.

De lo anterior se desprenden dos puntos que este artículo propone como aportes centrales. La primera es que las políticas de género universitarias suscitan afectos de distinta índole dependiendo de cuáles sean las susceptibilidades o intereses puestos en juego, que permiten la puesta en acto de estas iniciativas de manera diferencial. En otras palabras, no se trata de adhesiones y rechazos sin más, sino que los afectos relevados señalan zonas intermedias que requieren acciones específicas atendiendo a las culturas institucionales, disciplinares y políticas de cada casa de estudio. La segunda consiste en que la gestión institucional de tales afectos colabora en moldear las acciones, estrategias y posibilidades concretas de la puesta en acto de cada política. Dicho de otro modo, el repertorio afectivo que suscitan las diferentes políticas de género no son un elemento exógeno a ellas mismas, sino que, por el contrario, las constituyen. En virtud de esto es que se presume que resultará productivo continuar atendiendo a la dimensión afectiva de la puesta en acto de las políticas de género y sexualidades en las Universidades Nacionales de Argentina en futuras investigaciones.

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María Victoria Imperatore es Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y diplomada en Género y Salud en un mundo global por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Es becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede en el Área de Salud y Población del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG-UBA). Coordinadora de la Consejería de Salud Sexual Integral en la Secretaría de Políticas de Género y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales UBA.

Bárbara Trzenko es Magíster en Educación por la Universidad de San Andrés (UdeSA) y Licenciada y Profesora en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede en el Área de Salud y Población del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG-UBA). Se especializa en el campo de estudios sobre el nivel superior de enseñanza, las desigualdades allí existentes y los estudios de género y sexualidades. Se desempeña como docente en la Universidad Tecnológica Nacional y en la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Rafael Blanco es Posdoctor en Ciencias Sociales, Humanidades y Artes por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales (UBA). Es Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales (IIGG-UBA), en donde se desempeña como Co-coordinador del Área de Salud y Población. Actualmente es Profesor del Doctorado en Ciencias Sociales de la UBA, del Doctorado en Educación de la Universidad de San Andrés y del Doctorado en Ciencias Sociales de FLACSO Argentina. Docente Regular en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), se desempeña en las carreras de Ciencias de la Comunicación y Sociología. Es autor del libro Universidad íntima y sexualidades públicas. La gestión de la identidad en la experiencia estudiantil (Buenos Aires, Ed. Miño y Dávila) y de Escenas militantes. Lenguajes, identidades políticas y nuevas agendas del activismo estudiantil universitario (Buenos Aires: Grupo Editor Universitario/CLACSO).

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[1] Este artículo se realiza con financiamiento del Proyecto UBACyT 20020190200117BA “Demandas feministas, disidencia sexual y universidad. Transformaciones recientes en los saberes, los espacios y la sociabilidad cotidiana en la Universidad de Buenos Aires” dirigido por el Dr. Rafael Blanco y co-dirigido por la Dra. Carolina Spataro en el Área de Salud y Población del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires.

[2] De acuerdo con el último informe publicado por la Red Interuniversitaria de Género (RUGE) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) (RUGE-CIN, 2021), en el último lustro se han jerarquizado e institucionalizado espacios de gestión de políticas de género en el 75% de las universidades nacionales. El 55,8% de los espacios tiene una jerarquía media (Dirección, Programa, Coordinación o Consejería); mientras que el 37,2% una jerarquía baja (Observatorios, Comisiones, Comités y Mesas de Trabajo). De manera incipiente, el 7% de las universidades consolidó espacios de alta jerarquía, creando Secretarías, Subsecretarías y Áreas específicas para abordar la agenda feminista.

[3] Se trata de las tesis doctorales en curso de Bárbara Trzenko (dirigida por el Dr. Rafael Blanco y co-dirigida por el Dr. Daniel Jones) y de Victoria Imperatore (dirigida por la Dra. Carolina Spataro y co-dirigida por el Dr. Rafael Blanco), ambas financiadas por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Área de Salud y Población del Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA).

[4] Teniendo en cuenta que la primera etapa de creación de universidades nacionales emplazadas en el CB fue entre 1971 y 1973, en el marco del Plan Taquini (Rovelli, 2009).

[5] El primer cordón del Conurbano bonaerense abarca los partidos de: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Morón, Tres de Febrero, San Martín, Vicente López y San Isidro. Mientras que el segundo cordón está integrado por los partidos de: Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Moreno, Merlo, Malvinas Argentinas, Hurlingham, Ituzaingó, Tigre, San Fernando, José C. Paz, San Miguel, La Matanza (otra parte) y Almirante Brown.

[6] Página y sitio web Universidad Nacional de San Martín. (2023). Información pública. https://www.unsam.edu.ar/secretarias/academica/dgyds.asp

[7] Página y sitio web Universidad Nacional de Avellaneda. (2023). Información pública. https://www.undav.edu.ar/index.php?idcateg=435

[8] Para ilustrar el estado del debate abierto en torno a la actualidad política del movimiento feminista en Argentina recomendamos la lectura de Bergel Varela y Mariasch (9 de marzo de 2023). No estamos desorientadas, estamos recalculando. Revista Anfibia. Recuperado de https://www.revistaanfibia.com/no-estamos-desorientadas-estamos-recalculando/. Consultado: 20/03/2023.

[9] Si bien el concepto de “pinkwashing” refiere al usufructo simbólico y económico que obtienen algunas empresas y/o gobiernos mediante la apropiación de derechos y referencias simbólicas propias de la comunidad LGBTIQ+, en este artículo lo retomamos para hacer referencia a las críticas respecto a los riesgos de la institucionalización de la agenda de mujeres y de género en la universidad.

[10] RUGE (2021). Diagnóstico sobre la implementación de políticas de género en el sistema universitario argentino. Informe final. Red Interuniversitaria de Género. Recuperado de: https://ruge.cin.edu.ar/attachments/article/65/RUGE%20Informe-digital%20(1).pdf 

[11] Entrevista a Laura, realizada por les autores, septiembre de 2022. Los nombres utilizados en el presente artículo son de fantasía a los fines de preservar la identidad y resguardar la confidencialidad de las personas entrevistadas.

[12] Entrevista a Laura, realizada por les autores, septiembre de 2022.

[13] En el caso de la UNDAV, por ejemplo, la normativa indica que los pasos a seguir son; luego de recibirse la consulta, se realiza una entrevista para ratificar la denuncia, se inicia un expediente, se notifica a la parte denunciada, se aplican medidas preventivas, se recolectan las pruebas de ambas partes, se toma declaración de testigues, se realiza un informe de evaluación, se deriva el expediente con recomendaciones a Asesoría Jurídica y, por último, Asesoría Jurídica dictamina. UNDAV (2023). Protocolo de intervención ante situaciones de violencia machista, acoso sexual y/o discriminación por identidad de género y/o vivencia de la sexualidad. Avellaneda: UNDAV. Disponible en https://www.undav.edu.ar/general/recursos/adjuntos/33369.pdf. Consultado: 20/03/2023.

[14] Entrevista a Magdalena, realizada por les autores, agosto de 2022.

[15] Entrevista a Silvia, realizada por les autores, abril de 2022.

[16] Entrevista a Silvia, realizada por les autores, abril de 2022.

[17] Entrevista a Laura, realizada por les autores, septiembre 2022

[18] Entrevista a Magdalena, realizada por les autores, agosto de 2022.

[19] Entrevista a Laura, realizada por les autores, junio de 2022.

[20] De acuerdo con lo trabajado por Menéndez (1990) el modelo médico hegemónico presenta algunos rasgos estructurales, entre los que queremos reponer para este artículo tres: el biologicismo (es decir que el modelo subordina metodológica e ideológicamente otros niveles explicativos posibles del proceso salud-enfermedad-atención-cuidado a la biología), la asociabilidad (por la que tanto la dimensión social como la dimensión subjetiva son excluidas del proceso de atención clínica para lograr objetividad) y la asimetría en el vínculo entre el equipo de salud y las personas usuarias (por el que se entiende que son los profesionales quienes portan el saber, excluyendo el conocimiento de quienes consultan y promoviendo de su parte una actitud pasiva).

[21] Año en que el proyecto de ley adquirió, por primera vez, estado parlamentario. Para un análisis más detallado sobre este proceso ver Lucaccini, Zaidan y Pecheny (2019).

[22] Si bien el Protocolo para la atención integral de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo editado por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015 ya brindaba amparo normativo para el abordaje de esta temática, fueron la definitiva legalización de las interrupciones voluntarias y la extendida deliberación pública que acompañó el debate en el Congreso, las que otorgaron mayor impulso y legitimidad al involucramiento de las Consejerías en la práctica del aborto.

[23] Entrevista a Magdalena, realizada por les autores, junio de 2022.

[24] Entrevista a Silvia, realizada por les autores, abril de 2022.

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