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Inicio > Núm. 15 (2022) > Morant i Ariño

Pasado Abierto. Revista del CEHis. Nº15. Mar del Plata. Enero-junio 2022.

ISSN Nº2451-6961. http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto

                                                                           

Conmemorar qué nombres, habitar qué calles. Algunas reflexiones sobre el papel de la ciencia histórica en la revisión del nomenclátor urbano del franquismo

Toni Morant i Ariño

Àrea d’Història Contemporània, Universitat de València, Valencia

toni.morant@uv.es

Recibido:        16/04/2022

Aceptado:        27/05/2022

Resumen

Las calles que habitamos están llenas de significado y en el caso español, como también en el argentino, muchos de sus nombres proceden de épocas dictatoriales. El presente texto comienza insertando la revisión crítica del nomenclátor urbano de nuestras sociedades postdictatoriales en la joven tradición de los street naming studies. A continuación, propone algunas reflexiones sobre el papel de la ciencia histórica en dicha revisión, a partir de la experiencia práctica del Aula d’Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València asesorando a diferentes ayuntamientos en su intento de eliminar la exaltación de la dictadura franquista del espacio público de sus poblaciones.

Palabras clave: street naming, historia pública, dictaduras, memoria.

Whose names to commemorate, whose streets to inhabit. Some reflections on the role of historical science in the revision of the urban nomenclature of Franco's regime.

Abstract

The streets we live in are full of meaning, and in the case of Spain, as in that of Argentina, many of their names come from dictatorial times. This text begins by inserting a critical revision of the urban nomenclature of our post-dictatorial societies into the still recent tradition of street naming studies. It then proposes some reflections on the role of historical science in this revision, based on the practical experience of the Aula d’Història i Memòria Democràtica of the Universitat de València in advising different town councils in their attempt to eliminate the exaltation of Franco’s dictatorship from the public space.

Keywords: street naming, public history, dictatorships, remembrance. 

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Conmemorar qué nombres, habitar qué calles. Algunas reflexiones sobre el papel de la ciencia histórica en la revisión del nomenclátor urbano del franquismo^[1]

Introducción

Tan acostumbrados estamos a los nombres de las vías públicas que pisamos, atravesamos, habitamos a lo largo de nuestras vidas, tan normales nos resultan, que no prestamos atención a su importancia y función. La orientación que nos ofrecen es fundamental para saber movernos por nuestro mundo, no sólo espacial, sino también vital. De hecho, una de las primeras cosas que aprendemos en nuestra infancia es el nombre de nuestra calle, la dirección de nuestro hogar. Y lo hacemos para, literalmente, no perdernos o, si lo hacemos, encontrar el camino de vuelta. Tan omnipresentes son esos nombres, que la mayoría de las veces damos por supuesto que siempre han estado ahí… y que siempre van a estarlo. Ahora bien, si de repente cambian, se convierten en visibles y su importancia en evidente. Lo saben muy bien quienes han visto cómo se rebautizaba su calle de toda la vida, o –por un cambio de ciudad o, aún más, de país– se han encontrado de pronto en medio de un territorio desconocido, entre unos nombres que, al menos al principio, les resultan vacíos de significado.

En realidad, si tanto nos llama la atención, nos sorprende o, incluso, molesta cuando una determinada vía pública cambia de nombre y, por tanto, de significado, eso quiere decir que lo normal es que su nombre sí que tenga un significado y, por ende, importancia para nosotros… aunque nunca hubiéramos reparado en ello. Muchas personas ven en las vías públicas de una localidad cualquiera el reflejo, la huella sedimentada de La Historia (así, con mayúsculas). Con el paso de los años, las décadas e, incluso, los siglos, el pasado se habría ido posando en ellas, dejando de manera natural en el espacio público sus restos en forma de nombres, placas, estatuas… Es ésta una creencia bastante extendida, en la que no obstante subyace una concepción escasamente crítica de –y, a su vez, con– la historia, que implícitamente la entiende como una secuencia lógica e inevitable de hechos incontestados y, de hecho, incontestables.

Los Street-Naming Studies

No obstante, como afirmaron el grupo de historiadores austriacos que hace una década revisaron en profundidad el caso de Viena, los nombres de las vías públicas no son el resultado natural del paso del tiempo, ni tampoco conforman de por sí ninguna lección o libro de Historia (Rathkolb, Autengruber, Nemec y Wenninger, 2013:11). Constituyen, más bien, “listados de hegemonías” (Wenninger, 2018: 319), que reflejan las relaciones de poder en el momento concreto de su rotulación y conforman “la memoria de un Poder con voluntad de permanencia” (Calvo Vicente, 1993: 347). Más que de La Historia, el nomenclátor urbano aparece así como el reflejo de las –ciertamente diferentes y para nada incontestadas– relaciones de poder a lo largo de la historia. En palabras del geógrafo cultural israelí Amos Azaryahu, rotular una calle constituye “una manifestación de autoridad (…), un acto de apropiación”, que convierte lo que, en un principio, no habría sido sino un acto meramente administrativo en “una expresión de poder” (Azaryahu, 1996: 323; 2011: 483). 

Azaryahu es uno de los impulsores del giro crítico de los denominados street naming studies en las últimas dos décadas. Ahora mismo nos encontramos en todo el planeta, según Derek Alderman, otro influyente geógrafo en este caso estadounidense, en un “naming moment”: los nombres de calle han pasado a ser entendidos como “herramientas reparadoras”, instrumentos que pueden ser utilizados para escribir en nuestros tejidos urbanos –y a través de ellos, en nuestras identidades colectivas– “new histories, identities, and more inclusive social values” (en prensa). Ya no son vistos como elementos aproblemáticos, sino que su rotulación ha pasado a ser entendida como un proceso activo y abierto, disputable cuando no directamente conflictivo. En este sentido, el nomenclátor es percibido actualmente como un “espacio de contestación social”, controvertidos “cultural arenas” (Rose-Redwood, Alderman y Azaryahu, 2010: 456) o “memorial arenas” (Alderman, 2002).

El nomenclátor franquista en la actual democracia española

El caso español es paradigmático de las reticencias a afrontar determinadas partes de su pasado en el marco de un debate público, partes además nada secundarias para su historia como Estado y para la construcción de su identidad nacional. No me refiero ahora a su pasado colonial, ni al de sus antiguas colonias en el continente americano, “perdidas” hace casi dos siglos, ni tampoco a sus mucho más cercanas posesiones africanas (Marruecos, el Sáhara occidental o Guinea). Me refiero a la dictadura franquista (1939-1975), ese “pasado que no puede pasar” (Saz, 2003), y a su presencia en el espacio público del país, en forma de estatuas, placas y nombres de vías públicas.

En diciembre de 2015, a los cuarenta años de la muerte del dictador, un diario digital localizó 1.171 calles, repartidas en 637 localidades, cuyos nombres conmemoraban el pasado franquista. La cifra debía de ser mucho mayor, pues el estudio se limitaba al nombre de apenas nueve figuras de primer rango, como por ejemplo el propio Franco (317 calles) y el líder del partido fascista, José Antonio Primo de Rivera (373 calles).^[2] Aun así, eran cifras muy inferiores a las de apenas quince años antes, cuando se habían contado 3.400 calles con nombres franquistas (828 recordando a Primo de Rivera; 522, a Franco), que hacían que al acabar el siglo el 42% de la población española viviera en localidades que seguían conmemorando la dictadura en sus calles (Duch Plana, 2002).

No obstante, la persistencia –treinta y siete años después de la aprobación de la actual Constitución– de este millar de calles franquistas no debe llevar a pensar que nada se había hecho en España tras el retorno de la democracia. De hecho, aunque la reducción de dos tercios entre 2000 y 2015 así lo demuestra, el primer esfuerzo había empezado ya a finales de los años setenta, tras la celebración de las primeras elecciones municipales democráticas en más de cuatro décadas. Dado que la rotulación de calles es competencia municipal, muchos de los ayuntamientos elegidos en 1979 no tardaron en abordar la persistencia en su espacio público de los restos de las políticas oficiales de memoria de la dictadura franquista.

En su punto de mira estaban los monumentos y nombres de vías que remitían a representantes destacados del franquismo, incluido al propio dictador. Aunque no sin resistencias (también a pie de calle), no tardaron en desaparecer hasta los primeros años ochenta una parte importante de las Plazas del Caudillo y Avenidas de José Antonio, así como también las de destacados miembros de Falange o del Ejército. Por ejemplo, en Madrid, el gobierno municipal ordenó en 1980 la retirada de veintisiete nombres franquistas. En Lleida (Catalunya) un alcalde socialista ordenó retirar el nombre de cuarenta calles, mientras en Bilbao, el ayuntamiento del Partido Nacionalista Vasco, cambió el de casi un centenar de calles (Alonso Carballés, 2009).

Para poder contextualizar el proceso y sus limitaciones hay que tener en cuenta qué pasó en España en la denominada Transición, es decir, durante el paso de una dictadura a una democracia parlamentaria. Franco murió en un hospital madrileño en 1975. Encabezada sobre todo por el movimiento obrero y estudiantil, la oposición antifranquista no había sido capaz de hacer caer al régimen por sí sola, pese a la fuerza y la influencia social y cultural alcanzada en la década anterior. Pero tampoco la dictadura era ya lo suficiente fuerte como para asegurar la supervivencia inalterada de un franquismo sin Franco. Así pues, tuvo lugar a partir de 1976 no una cesura o ruptura abrupta, sino una serie de pactos políticos entre destacadas figuras de la dictadura y la oposición de izquierdas, así como la catalana y la vasca. El resultado no fue la restauración del precedente democrático inmediatamente anterior (la República), sino una transición negociada durante años hacia una monarquía constitucional: la “ruptura pactada”, sustentada políticamente –“de la ley a la ley”- a partir de la Ley para la Reforma Política, aprobada en 1976. Al contrario de lo que había ocurrido en países como Italia, Alemania o, más recientemente, en Portugal, la peculiaridad pactista de del caso español impidió toda “ruptura drástica con el pasado” (Rina, 2019: 193).

Durante las décadas posteriores esta Transición no sólo se convirtió en el verdadero mito fundacional de la actual democracia española, sino que fue presentada, dentro y fuera de España, como ejemplar y modélica, también para otras regiones del mundo, como por ejemplo en Argentina, donde se ha hablado de forma recurrente de la necesidad de una “Moncloa local”. En realidad, fueron años marcados por el miedo –azuzado durante décadas por la dictadura– a una nueva guerra civil, la incertidumbre política, las dificultades económicas, la violencia (de la organización terrorista ETA, pero también de atentados de extrema-derecha y de represión policial) y varias intentonas de golpe de Estado, una ejecutada en 1981, cuando todavía no habían pasado cinco años del de Argentina. En este amenazador clima, y convencida de que exigir pasar cuentas a cuarenta años de dictadura podía agudizar la polarización política y poner en peligro a la joven democracia, la sociedad española optó mayoritariamente por una “demanda social de olvido” (Saz, 2003: 54), por un “echar al olvido” (Juliá, 2003).

El caso de la ciudad de València

En 2016 el Ayuntamiento de València, capital del País Valenciano y –con unos 800.000 habitantes– tercera ciudad con más población en España, se hizo eco de una sostenida protesta ciudadana contra la pervivencia de simbología franquista en sus calles. Un año antes se había producido un vuelco electoral que había puesto fin a casi un cuarto de siglo de mayorías conservadoras en la ciudad y llevado al poder a una coalición de partidos progresistas. La protesta no era puntual, sino que se enmarcaba en el cambio de paradigma vivido en la sociedad en las dos décadas anteriores, cuando se había ido fraguando una “demanda social de memoria” (Saz, 2003: 56) liderada por generaciones que no habían vivido la Transición. Tampoco era una excepción española, puesto que se enmarcaba en el boom global de la memoria y las “guerras de memoria” tras el final de la Guerra Fría, y coincidía con movimientos similares en diferentes lugares con pasados traumáticos, como Francia, Sudáfrica, la Europa postcomunista, o América Latina.

Así pues, el Ayuntamiento encargó al Aula d’Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València la realización de un informe sobre el nomenclátor urbano. Desde su creación a principios de 2016, el Aula ha centrado su labor en la investigación, la formación y la difusión del conocimiento sobre la historia valenciana y española del período entre 1931 (proclamación de la II República española) y el final de la Transición.^[3] Compuesta por diferentes generaciones de especialistas en Historia Contemporánea, Didáctica de la Historia o Historia de la Educación, el Aula está dirigida por una coordinadora de nueve personas. En seis años, se ha convertido en la institución de referencia en la provincia de València y se ha labrado un reconocimiento, también a nivel estatal, por su efectiva labor de asesoramiento a instituciones públicas en todos sus niveles: local, provincial y regional.

Ciertamente, en el caso de València, se contaba ya un trabajo previo: entre 1979 y 1987 los primeros ayuntamientos de izquierdas habían cambiado el nombre a veintiséis calles de la ciudad, de cuyo espacio público había retirado además dos monumentos franquistas (las estatuas de Franco y Primo de Rivera), además de resignificar el “Monumento a los Caídos”, situado en una céntrica plaza. Sin embargo, los nombres entonces retirados hacían referencia únicamente a figuras y símbolos centrales del franquismo, y desde finales de los noventa el tejido asociativo había estado denunciando que quedaban muchos más, que básicamente remitían a figuras menos conocidas o cuyo papel sólo se había ido conociendo posteriormente.

El encargo preveía un plazo de cuatro meses para su ejecución y contaba con un presupuesto de 14.837,02 €, que fue íntegramente a cubrir los costes de personal. El Aula configuró un equipo paritario de tres jóvenes investigadoras, todas ellas expertas en la historia de España entre los años treinta y los setenta del siglo XX, coordinado por el autor de estas páginas. El marco legislativo venía dado por la ley estatal 52/2007,^[4] comúnmente conocida como “Ley de Memoria Histórica”, en concreto por su artículo 15.1, que ordenaba a las administraciones públicas retirar “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.^[5] A partir de aquí, nuestro proceder fue el siguiente. Desde el principio decidimos limitarnos a las calles rotuladas antes de 1979, es decir, durante el periodo no democrático. A la hora de configurar el listado, decidimos no partir de los nombres publicados por las asociaciones de memoria, de manera que no condicionaran nuestra propia selección. Por el contrario, solicitamos al ayuntamiento un listado oficial de todas las calles de la ciudad, que repasamos haciendo una preselección de nombres que fueran susceptibles de contravenir la mencionada ley.

Una vez que tuvimos un primer listado, buscamos más información de los nombres o hechos históricos (normalmente, batallas) a los que remitían. Si no encontrábamos o si teníamos dudas sobre si cumplían o no los criterios, optamos por la precaución y consideramos mejor no cometer errores (por ejemplo, de homonimia) que pudieran “contaminar” el resto de nombres sobre los que no había dudas. En cambio, si teníamos suficientes indicios, pasaban al siguiente listado e iniciábamos una búsqueda de información en profundidad. Empezamos por la propia documentación oficial de los procesos de rotulación (conservada en el Arxiu Històric Municipal), siguiendo con fuentes secundarias y, por último, bibliografía específica. Con todo ello, elaboramos informes personalizados para cada uno de los nombres, normalmente de entre dos y seis páginas, cada uno con su propia bibliografía. Todavía como borradores, los elevamos a la coordinación del Aula o a expertos en un campo específico y obtuvimos en todos los casos su aprobación. En noviembre de 2016, entregamos al Ayuntamiento el resultado definitivo, que constaba de 55 informes, un breve anexo gráfico y 176 páginas de extensión final.

Siguiendo el mencionado caso de Viena, tuvimos claro de entrada que nuestra labor como profesionales de la Historia era informar cada nombre susceptible de contravenir la ley e indicar, a modo de conclusión, la necesidad de someterlos a un debate público desde el punto de vista de la memoria democrática. Pero, siguiendo claramente la distinción entre universidad y ayuntamiento, la decisión de retirarlos o no correspondía al gobierno de la ciudad. Su regidora de Cultura, competente en la materia, no tuvo conocimiento del informe final (y los nombres incluidos) hasta el día de la entrega definitiva. Y en ningún caso recibimos presiones por su parte o la de ningún otro miembro del equipo de gobierno para incluir o excluir nombre alguno. Tras realizar los trámites administrativos necesarios, exponer los nombres al conocimiento de la ciudadanía local e informar a las más de 20.000 personas residentes en las vías afectadas, en septiembre del año siguiente el ayuntamiento procedió al cambio de 51 nombres (el Aula no participó en los nuevos nombres) y la resignificación de cuatro más. La mitad de los nombres informados pertenecían a un pequeño barrio de construcción falangista (el Grupo de Viviendas Antonio Rueda) cuyas calles habían recibido, a principios de los años setenta, el nombre de “caídos por Dios o por la Patria”, considerado el culto central de la dictadura franquista.

A lo largo del proceso surgieron algunos obstáculos. En primer lugar, éramos conscientes de las dudas de algunos compañeros de profesión, que no ven con buenos ojos la revisión del callejero ni, en general, la participación de historiadores en labores de memoria o de historia pública. Pero el Aula es bien consciente de la función social de una profesión que, como la nuestra, no puede quedarse encerrada entre los muros de las facultades, especialmente cuando es necesario el asesoramiento científico en cuestiones relevantes y se puede garantizar el mantenimiento de estándares de calidad e independencia académicas. En segundo lugar, el plazo recibido era suficiente para cumplir los objetivos, pero obligaba a aprovechar bien el tiempo y a ser estrictos con los nombres que incluíamos. En algunos casos no fue fácil encontrar información, sobre todo si se trataba de figuras cuya relevancia no iba más allá del ámbito local y/o habían sido víctimas de la violencia republicana al principio de la guerra; como ya se ha dicho, si había dudas o se consideraba que no había suficiente información disponible, no pasaban al informe final. En tercer lugar, una vez conocido el contenido de los informes, sólo en tres casos puntuales hubo protestas públicas; en dos de ellos, el ayuntamiento nos solicitó informes complementarios, tras cuya presentación pasó a desestimar los recursos de casación. Sólo en uno de los cincuenta y cinco informes, un juez ha acabado aceptando la argumentación de la influyente familia de un psiquiatra franquista y antiguo alto cargo falangista de que, en realidad, se habría tratado de una “víctima de la represión franquista”, algo más que cuestionable desde el punto de visto histórico.

Por último, fuimos muy conscientes desde el principio de la necesidad de evitar una repetición de lo ocurrido apenas unos meses antes en el caso de Madrid, donde una evidente descoordinación –cuando no, directamente, falta de entendimiento y confianza– entre gobierno local y expertos académicos (Vadillo, 2017) abrió la puerta a la completa politización y judicialización de todo el proceso de cambio de nombres y, en última instancia, a su impugnación y anulación (Escudero Alay, 2018; Capdepón, 2020). El caso de la capital española nos hizo tener muy presentes que la colaboración entre instituciones públicas de diferente naturaleza, como son una universidad y un ayuntamiento, debe de partir de la conciencia de la diversidad de finalidades, intereses y ritmos de trabajo entre una y otro. Así, los tiempos de la política suelen ser más cortos, mientras que la ciencia necesita de periodos más largos de trabajo y reflexión. Además, no siempre es fácil convencer a las instancias políticas de la necesidad de colaborar a largo plazo o de que una medida concreta –por amplia que sea– no puede sustituir a todo un programa de políticas públicas de memoria que cubra, al menos, la mayor parte de una legislatura. Además, hay que saber conservar la independencia académica. En ocasiones posteriores en que el Aula, también a raíz del éxito del informe de València, ha sido contactada, sí que han surgido otro tipo de problemas. Así, un determinado ayuntamiento pretendió imponer los nombres a informar (quizá para evitar suscitar malestares locales) y cuando se le dijo que el Aula no funcionaba así, que los criterios eran científicos y se revisaba todo el callejero, cortaron toda comunicación y dejaron de responder. En otro caso, un ayuntamiento nos pidió colaboración y cuando le expusimos nuestra propuesta, les pareció muy bien, pero decidieron que para llevarla a cabo contratarían a dos jóvenes del pueblo, quizá más fáciles de tutelar. Todo ello, así como marcar distancias con los medios de comunicación para poder trabajar con la discreción y la tranquilidad necesarias, ha de ser tenido en cuenta para lograr una aproximación realista y que se quiera con perspectivas de éxito en este tipo de colaboraciones públicas.

Al fin y al cabo, a no ser que se opte por numerar las calles para que no tengan nombres (algo que tampoco sería una opción apolítica), debemos ser conscientes de que los espacios que habitamos están llenos de significado, que nos dan orden y estructura… espacial, pero no sólo. Conmemorar a alguien mediante la rotulación de una calle es uno de los más altos honores que puede otorgar un ayuntamiento. Revisar críticamente los nombres de los espacios que pueblan nuestras vidas no es borrar la historia, sino una prueba de madurez democrática por parte de sociedades con un traumático pasado reciente. Revisitar ese pasado a través de un debate público y democrático tal vez sea doloroso, pero puede ayudar a modificar las coordenadas semánticas y políticas que dictaduras con voluntad de perpetuidad pretendieron imponernos. Poblar nuestros espacios públicos con nombres que no sean innombrables constituye también un acto de emancipación democrática.

Bibliografía

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Toni Morant i Ariño es Profesor Contratado Doctor (Associate Professor) de Historia Contemporánea en la Universitat de València, y miembro de la coordinación del Aula d’Història i Memòria Democràtica de la misma universidad. Previamente fue investigador y director de proyecto en el Cluster of Excellence Religion and Politics, de la Universidad de Münster (Alemania). Ha sido también Research Fellow y profesor invitado en varias universidades alemanas, austríacas y españolas. Su doctorado internacional se centró en las relaciones entre la Sección Femenina de Falange Española y las organizaciones femeninas y juveniles de la Alemania nazi. Sus principales intereses de investigación son el análisis de los fascismos de entreguerras desde una perspectiva transnacional y de género, así como el estudio de la simbología de la dictadura franquista en el espacio público.

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