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Pasado Abierto. Revista del CEHis. Nº15. Mar del Plata. Enero-junio 2022.
ISSN Nº2451-6961. http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto
El regreso de los soldados de Malvinas en la temprana posguerra como problema de Estado (1982-1983). Problematización, invención y acumulación originaria de un tipo de veteranía
Daniel Chao
Instituto de Investigaciones Geohistóricas, Universidad Nacional del Nordeste, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina
Recibido: 31/08/2021
Aceptado: 11/03/2022
Resumen
El artículo muestra las formas en que fue tratado el regreso de los soldados, oficiales y suboficiales argentinos que lucharon contra Gran Bretaña en la guerra de Malvinas. El análisis se enfoca en documentos militares de las tres FFAA (Armada, Ejército y Fuerza Aérea) y la Junta Militar, producidos entre junio de 1982 y diciembre de 1983. Propongo centrarme en los modos en que fueron proyectados los problemas de los veteranos y las familias de los caídos y desaparecidos en la guerra, y las resoluciones propuestas desde los Estados Mayores de cada Fuerza, los cuales inventaron un tipo de veteranía que se mantiene aún hoy. Discuto los resultados analíticos a la luz de tres conceptos: problematización, invención y acumulación originaria, con los cuales planteo una mirada sobre el período de la transición a la democracia en Argentina.
Palabras clave: guerra de Malvinas, veteranos, posguerra, problematización, invención, acumulación originaria
The return of soldiers from Malvinas as a State problem in the early postwar (1982-1983). Problematization, invention and primitive accumulation of a veteran kind.
Abstract
This paper shows the ways in which the return of Argentine soldiers, officers and N.C.O’s who fought against Britain in the Malvinas War was treated. The analysis focuses on military documents of the three Armed Forces (Navy, Army and Air Force) and the Military Junta, produced between June 1982 and December 1983. I propose to focus on the moods in which the problems of veterans and the families were projected, and the resolutions proposed by the General Staff of each Force, which invented a veteran kind that continues even today. Finally, I discuss the analytical results given three concepts: problematization, invention and primitive accumulation, with which I propose a look at the period of the transition to democracy in Argentina.
Keywords: Malvinas war, veterans, postwar period, problematization, invention, primitive accumulation
El regreso de los soldados de Malvinas en la temprana posguerra como problema de Estado (1982-1983). Problematización, invención y acumulación originaria de un tipo de veteranía
Introducción
El trabajo aquí presentado retoma parte de lo que hemos desarrollado en otros lugares (Chao, 2020; 2021), incorporando algunas fuentes no relevadas como los documentos de la Comisión de Análisis Legislativo (CAL), y buscando ampliar algunas discusiones que he sugerido en torno lo que llamo el nacimiento del veterano de Malvinas como un problema de Estado.[1] Propongo mostrar algunas formas en que fue tratado el regreso de los soldados, oficiales y suboficiales entre junio de 1982 (alto al fuego) y diciembre de 1983, cuando se disolvió la Junta Militar y asumió la presidencia Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical, ganador en las elecciones de octubre tras siete años de dictadura (1976-1983). Nuestra apuesta es mostrar que las formas en que fueron proyectados los problemas de los veteranos y las familias de los caídos y desaparecidos en la guerra, y las resoluciones propuestas desde los Estados Mayores de cada Fuerza, inventaron un tipo de veteranía que se mantiene aún hoy.
El artículo consta de tres partes. En la primera, y a requerimiento especial del dossier que nos convoca, desarrollo un estado de la cuestión señalando algunas referencias importantes para el estudio de la veteranía de guerra como un resultado de disputas en posguerra, para luego centrarme específicamente en la guerra de Malvinas y el diálogo sobre la literatura que aborda la transición democrática desde el punto de vista militar. En segundo término, puntualizo las coordenadas teóricas desde las cuales construyo y abordo el corpus analítico, centrándome en el diálogo entre los conceptos de problematización, invención y acumulación originaria, para poder pensar aquel nacimiento de la veteranía de Malvinas. En último lugar, desarrollo el análisis del corpus propuesto.
La veteranía, la guerra de Malvinas y la transición democrática
Nuestro abordaje dialoga con un corpus teórico que podemos desplegar en tres variantes. Por un lado, los estudios que han ubicado a la guerra en el centro del debate sobre las sociedades pos bélicas, mirando especialmente la relación entre los veteranos, su reinserción y los impactos políticos que esa integración generó (Alcalde, 2018). Entre ellos, el trabajo de Theda Skocpol (1992) tiene el mérito de entrelazar el nacimiento de las políticas sociales de los Estados Unidos con el sistema de beneficios y pensiones para los veteranos de la guerra de la secesión estadounidense (1861-1865), el cual, para la autora, tuvo un objetivo político (dado el amplio porcentaje de posibles votantes) e instauró una práctica de patronazgo, prebendas y control discrecional del Partido Republicano. Las hipótesis de este trabajo son retomadas en otros que enlazan la institución de un tipo de ciudadanía especial como la del veterano, con el nacimiento y proliferación de otros ciudadanos especiales, necesitados de ayuda estatal (Kelly, 1997); o los que ubican las políticas de protección hacia veteranos de guerra en el mapa de políticas sociales norteamericanas (Greenberg, 1997; Bennett, 2000).
La segunda obra fundamental que se pregunta por la reintegración de los veteranos de guerra y su impacto político es The thanks of the Fatherland de James Diehl (1993) que analiza los procesos políticos de inclusión a los veteranos alemanes de la primera y la segunda guerra mundial y su peso en el tejido socioeconómico y político de ese país. Esta visión de conjunto fue recuperada y ha permitido estudiar de manera más integral la influencia política de las guerras en tiempos de paz y, fundamentalmente, dio paso a la reflexión sobre la situación social de los veteranos como un objeto de indagación. La compilación de David Gerber (2000), cuyo objeto son los veteranos discapacitados, analiza –especialmente en Estados Unidos- las representaciones de la discapacidad, las políticas públicas desplegadas en EEUU en diversas posguerras, y las experiencias de vida, mostrando, por un lado, cómo el activismo político permitió un cambio de perspectivas, y por otro, cómo el sistema de políticas de salud dio pasó a un número de categorías sociales que jugaron un papel importante en la configuración identitaria de los veteranos. Por otra parte, y tomando a los veteranos discapacitados como objetos de comparación entre Gran Bretaña y Alemania luego de la primera guerra mundial, Cohen (2001) analiza los modos de integración de los soldados en posguerra advirtiendo sobre la importancia de mirar no sólo el papel de las asociaciones de veteranos y el Estado, sino también el despliegue de la sociedad civil y las redes de organizaciones filantrópicas y voluntarias, y su papel en la pacificación. Ligados a esta perspectiva, otros han resaltado el análisis de las políticas sociales de reintegración en posguerra tanto en el Reino Unido (Dandeker, Wessely, Iversen y Ross, 2006), Rusia (Danilova, 2010), la ex Yugoslavia (Newman, 2015), Estados Unidos y Canadá (Paris y Sisk, 2009; Ortiz, 2012). Por otro lado, resaltando la influencia de la reintegración de los veteranos –y su acción- en los procesos de pacificación en distintas latitudes, pero bajo la premisa de que es necesario mirar las continuidades y discontinuidades en el habitus de la violencia en tiempos de transición, la compilación de Nathalie Duclos (2012) analiza las posguerras (no sólo las que se dan entre Estados, también las guerras civiles) en Rusia, Turquía, Perú, Costa de Marfil, Canadá, Serbia, entre otros. El objetivo es mostrar que las experiencias de reintegración, en un contexto de restablecimiento político, son diversas y no tiene un efecto único.
Por otro lado, los estudios específicos sobre la posguerra de Malvinas en líneas generales se han centrado en cuatro tipos de abordajes: aquellos que se han ocupado de a) la cultura política, los imaginarios y conflictos a nivel interno motorizados por la cuestión Malvinas (entre otros Guber, 2001; Palermo, 2014); b) la salud de los veteranos de guerra (Dupen, 2002; Leguizamón, Correché y Gómez, 2012; Silva, 2006); c) las representaciones y objetos de memoria presentes especialmente en los medios de comunicación y la literatura (Escudero Chauvel, 1996; Giordano, 2012; Vitullo, 2012; Segade, 2014) y d) las disputas por la memoria de la guerra, la identidad y la experiencia bélica de los veteranos en posguerra. Por su cercanía con mis objetivos, desarrollaré con un detenimiento este último.
Veteranos de Malvinas y posguerra
Quizá una de las primeras reflexiones sobre los veteranos de Malvinas en posguerra sea la de Miguel Bonasso, publicada en Nueva Sociedad en 1985. En ese artículo, Bonasso intentó hacer un anclaje generacional entre los jóvenes militantes desaparecidos y perseguidos por la Dictadura Militar (1976-1983) con los jóvenes soldados (específicamente los conscriptos) que protagonizaron la guerra de Malvinas, ya que ambas generaciones “jugaron sus vidas para defender conceptos afines de liberación (en un caso) y de soberanía nacional (en el segundo)” (Bonasso, 1985: 54). Pese a su tono político, Bonasso señaló la importancia del fenómeno de los excombatientes y su posicionamiento en la sociedad, cuestión que es retomada en estudios que se preguntan por la identidad nacional y la comunidad imaginada durante la guerra de Malvinas, pero fundamentalmente en las representaciones sobre lo nacional presentes en rituales de los veteranos en posguerra (Menéndez y Romero, 1988; Menéndez, 1998).
No obstante, recién en los primeros años del nuevo milenio se inauguran una serie de exploraciones referidas a la identidad y la posición de los veteranos de Malvinas a nivel social y cultural, fundamentalmente gracias al aporte de Rosana Guber (2001; 2004) y el historiador Federico Lorenz (2012). La primera se preocupa por el significado de Malvinas para los argentinos en la primera década de posguerra, haciendo foco en el lugar social creado colectivamente en torno a la identidad de los ex soldados. La autora define esta construcción identitaria como liminal “es decir, una identidad no encuadrada en el sistema clasificatorio con que opera el sentido común de los argentinos” (Guber, 2004: 16), y a partir de ella entiende cómo los argentinos conciben su sentido de comunidad nacional. Por otro lado, con algunos objetivos comunes, pero tomando un período más prolongado (1982-2012), Lorenz señala que indagar en la posguerra de Malvinas y el posicionamiento de los veteranos permite entender de qué manera la sociedad argentina “se relaciona con sus jóvenes, les otorga y vive su protagonismo y los disciplina. [Su libro] es, en consecuencia, una aproximación al lugar de las juventudes en la política” (Lorenz, 2012: 24). El historiador se concentra fundamentalmente en los veteranos, sus acciones y sus relaciones con otros actores que intentaron proponer/imponer memorias (que el autor define como discursos dominantes) del conflicto y definiciones sobre los propios ex soldados (víctimas, generación antiimperialista, próceres escolares), y la utilización política de Malvinas en distintas coyunturas.
Las hipótesis desarrolladas por Guber y Lorenz influenciaron a numerosos autores que indagaron en la posguerra de Malvinas. La liminalidad, los silencios impuestos socialmente y la construcción identitaria son recuperados en investigaciones historiográficas como la de Andrea Rodríguez (2020) que aborda los retornos, las experiencias de posguerra de los conscriptos, suboficiales y oficiales del Apostadero Naval Malvinas (una unidad logística de la Armada creada durante la guerra; o por el lado de la antropología, la ligazón entre liminalidad, nombramiento de los combatientes y rituales de memoria es considerada para analizar las formas en que se enfrentan a la muerte los familiares de caídos en Malvinas (a los cuales compara con los familiares de desaparecidos durante la dictadura en Panizo, 2017). Así también, la importancia de las representaciones de la guerra en la configuración identitaria por sus protagonistas en distintas coyunturas (Rettig, 2011; Werth, 2013; Mantiñán, 2015; Alves da Silva, 2016; Climent, 2016); la experiencia de guerra (Bleichmar, 2007; Tozzi, 2008); y las construcciones identitarias y disputas por reconocimiento de distintos movimientos de ex soldados (Valencia, 2006; Larumbe, 2008; Pratesi, 2010; Arias, 2013; Chao, 2015; 2017; Bonnin, 2017).
Si tomamos en consideración esta síntesis, las preguntas por los procesos de reintegración, las políticas dirigidas hacia veteranos y la acción estatal aparecen escondidas o subsumidas en otras preocupaciones. El grueso de análisis no recupera la relación entre Estado y veteranos, salvo para marcar cuestiones coyunturales, de intereses políticos o de representaciones y discursos dominantes, centrándose en el problema identitario de los veteranos y mezclando la agencia estatal entre otros actores de la cultura política. Por otra parte, los análisis en torno a distintos procesos posbélicos alrededor del mundo muestran la multiplicidad de aspectos que desataron -y destacan- las dificultades y tensiones existentes en lo que se denomina comúnmente la reinserción de los veteranos a sus sociedades. Como vimos, desde los Estados se han brindado diversas respuestas a la pregunta sobre qué hacer con los individuos protagonistas de la guerra lo que resalta la importancia de las acciones estatales hacia los veteranos de guerra como objeto.
Finalmente, la propuesta aquí esbozada dialoga con el conjunto de indagaciones que han aparecido en los últimos años y que procuran repensar el período de la transición y la postdictadura, haciendo foco en los años 1982-1984 especialmente, pero remarcando la necesidad de pensar el período como un proceso y no como un corte dado por lo que O’Donnell llamó la “transición por colapso” (1988). Ligada a las propuestas de Frederic (2013), Soprano (2019), Franco y Feld (2015) o Feld y Salvi (2019), que indagaron en las voces y los conflictos de las FFAA durante la transición, en lo últimos años han aparecido algunos acercamientos sobre el lugar de la guerra de Malvinas y el tratamiento de los veteranos en la temprana posguerra. Entre ellos podemos señalar los abordajes sobre el retorno, la experiencia de guerra y los centros de recuperación de Florencia Gándara (2020; 2021), el lugar de la guerra en la disputa política de Sabrina Morán (2018), los abordajes que se han centrado en las vejaciones de soldados por parte de algunos oficiales y las formas en que este hecho fue abordado en el retorno de las islas (Ranalletti, 2017; Guerrero Iraola, 2021) o lo que se ha señalado como una política de ocultamiento del regreso de los soldados y oficialidades tras el 14 de junio de 1982 (Gamarnik, Guembe, Agostini y Flores, 2019).
Problematización, invención y acumulación
La guerra, sus formas de planearla y llevarla adelante, junto a la derrota, fueron un momento de crisis; es decir, un acontecimiento que generó una fuerte incertidumbre y pérdida del sentido sobre lo conocido. Este colapso -retomando a O’Donnell- desató una serie amplia de respuestas en todos los aspectos, pues las FFAA y los civiles que los apoyaban aún gobernaban y este hecho no debería ser despreciado. Entre esas respuestas, como veremos, aparecen los seres humanos que formaron parte de la contienda bélica. En los intersticios críticos es, en términos de Foucault (1999), donde se constituye la problematización, como el resultado de una serie de prácticas que intentan estabilizar lo que ha perdido familiaridad, y en ese conjunto se instituye lo verdadero y lo falso, y los objetos tienden a volverse inteligibles.
Así la problematización implica dos aspectos. Por un lado, permite un análisis de los problemas a partir de las formas en que ciertas prácticas que intentan dar soluciones, construyen un fenómeno como un problema inteligible, desplegando para ello diagnósticos que incluyen formas de caracterizar a los sujetos implicados, conceptos sobre los objetos que los rodean y señalizaciones sobre los mejores espacios en donde los problemas pueden resolverse (Bacchi, 2019). A la par, posibilita pensar que las conmociones no siempre son novedades absolutas si se inscriben en una problematización, entendida como “la existencia de un haz unificado de interrogantes (cuyas características comunes es preciso definir), que ha emergido en un momento dado (que hay que datar), que han sido reformulado varias veces a través de crisis e integrando datos nuevos (hay que periodizar esas transformaciones) y que siguen vivos en la actualidad” (Castel, 1995: 19).
Recordemos, además, que este trabajo se centra en el Estado, o para ser más preciso, en el conjunto de portavoces del Estado o autoridades legitimadas que dicen hablar en nombre del Estado, y que con sus decisiones modifican nuestra vida. Este aspecto se complejiza al momento de pensar en el período que analizo, puesto que se trata de gobierno autocrático y autoritario, que desarrolló por mucho tiempo un tipo de mando que se sostuvo en la violencia, pero también en el consenso. En ese sentido es que hablo de la invención de la veteranía, no sólo para mostrar el carácter variante y disputado de las formas en que se construye esta noción, también para recuperar lo que Donzelot decía sobre la invención de lo social como un conjuro político ante “las terribles ambigüedades inherentes al concepto de soberanía” (Donzelot, 2007: 11).
Este proceso de invención como conjuro,[2] en el intersticio entre lo nuevo y lo viejo, nos deja ver que el nacimiento de un problema abre una instancia de acumulación originaria, concepto que nos permitimos usar libremente y desplazado de su objeto original. A pesar de las polémicas desatadas en torno a su uso, la categoría le permitió a Marx abordar el proceso histórico en el que el productor y los medios y condiciones de producción se disociaron, lo que, por un lado, implicó la pérdida de servidumbre y de cierta coacción de los gremios sobre el trabajo, pero por el otro, un violento despojo de los medios de producción. En la reflexión marxiana esto no fue un “simple cambio de forma” sino una “expropiación del productor directo” de sus medios (Marx, 1974: 148-149). Lo que proponemos, como coordenadas, es pensar en esa instancia de llegada de una urdimbre de hombres y mujeres que volvían con la derrota a cuestas, a un país convulsionado, y que activaron preguntas diversas sobre qué hacer con ellos. Ese problema fue tratado de diversas formas que usaron recursos existentes y crearon nuevos, pero que en su estabilización surgió el tipo de veteranía que regulan nuestras leyes hasta hoy.
En los siguientes apartados abordaremos un corpus de análisis de documentos estatales y algunos discursos de autoridades militares y civiles, producidos entre 1982 y 1983, en donde los humanos que formaron parte del bando argentino en la guerra de Malvinas aparecen como un problema a resolver. Nos basamos en el concepto de foucaulteano de texto práctico, definidos como aquellos “que pretenden dar reglas, opiniones, consejos para comportarse como se debe (…) y que en sí mismos son objeto de ‘práctica’ en la medida en que están hechos para ser leídos, aprendidos, meditados, utilizados, puestos a prueba y en que buscan constituir finalmente el armazón de la conducta diaria” (Foucault, 2012: 19).Usaremos dos recursos: por un lado, la cita directa, y por el otro la indirecta o parafraseo para rescatar algunos términos utilizados en los documentos originales. El fin, y como estrategia de abordaje, es mantener, en la medida de lo posible, los términos utilizados por los actores para constituir el problema.
Esos humanos que vuelven y son un problema
El 14 de junio de 1982 se firmó la capitulación argentina y comenzó un proceso de organización del regreso de los soldados, oficiales y suboficiales (algunos quedaron prisioneros hasta mediados de julio). En su discurso del 15 de junio, al anunciar la caída de Puerto Argentino, el general y presidente Leopoldo Galtieri, eligió referirse de manera sintética a la experiencia bélica y también a quienes la protagonizaron. Esos que combatieron con más coraje que armamento fueron nombrados como héroes del presente. Esas primeras palabras anticiparon un problema que sería muy importante para la Junta hasta su disolución en diciembre de 1983:
“No permitamos que esa unidad lograda, a través de una causa justa y esperada, que respaldó más de medio mundo (…) sea perturbada y dañada por la actitud disociadora de una minoría descalificada. Con el mismo denuedo conque lucharon nuestros hombres, trabajaremos sin pausa y sin descanso para adelantar lo postergado. Han luchado para que vivamos plenamente. Hay un cambio en la Nación y nadie podrá eludirlo.”[3]
En estos términos, Galtieri vinculaba tempranamente a los héroes con el período político que iniciaba y, por supuesto, con el futuro de las Fuerzas Armadas (FFAA) dentro de él. Ese mismo día, el presidente de facto firmó la ley 22.607[4] de condecoraciones militares para premiar acciones de mérito y acontecimientos extraordinarios en combate que merezcan la gratitud de la Nación (Art. 1), dirigida a personal militar, de las Fuerzas de seguridad y civiles bajo cuatro posibilidades: Cruz al Heroico Valor en Combate; y las medallas al Valor en Combate, al Muerto en Combate y al Herido en Combate (Art. 2). En la última el mérito se daría por ser portador de secuelas, es decir que “quedare como secuela enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable o debilitación permanente de la salud [o] inutilidad permanente para el trabajo” (Art. 6).
En su asunción como cabeza del Ejército el 18 de junio de 1982, Cristino Nicolaides también vinculó a los héroes con la nueva democracia, pero con sus palabras inauguró un vínculo y el nacimiento de un nuevo problema político al asumir “un compromiso irrenunciable para con las familias que hoy enfrentan el dolor de las pérdidas irreparables. He de poner para cumplirlo, todas mis capacidades de modo tal para asegurar el apoyo que el Estado está obligado a proporcionar para hacer justicia al sacrificio y al dolor de quienes ofrendaron su sangre en aras de la patria”.[5]
Estos elementos adquirieron mayor coherencia en la Orden Especial N° 763/82 del 21 de julio de 1982 que organizaba tareas de apoyo a ex combatientes.[6] Este documento del Comando en Jefe del Ejército es importante por una serie de cuestiones. En principio define y delimita un sujeto presentado como prioritario: “debe considerarse como ex-combatiente a aquel personal integrante del Ejército que haya participado en las operaciones en Malvinas, esté o no actualmente incorporado. La prioridad estará materializada en soldados y sus familiares y en suboficiales preferentemente subalternos”.
El objetivo de esta priorización era lograr la recuperación moral y física a fin de superar las consecuencias que la guerra pudo acarrear sobre el personal. Esa recuperación se sostenía en cinco puntos:
“1) Contribuir a la recuperación moral, psíquica y física de los ex –combatientes de la Fuerza; 2) Satisfacer necesidades espirituales y materiales de familiares directos de muertos, desaparecidos y discapacitados; 3) Promover el reconocimiento ciudadano al sacrificio realizado por los ex-combatientes; 4) Fortalecer la imagen de la Fuerza y su vínculo con la población [y finalmente]; 5) Negar espacio a las organizaciones subversivas y a los actores adversos a la Fuerza”.[7]
Estas definiciones de sujetos a abarcar, diagnósticos y objetivos habilitaban la intervención mediante una serie de soluciones concretas como reunir información y determinar la situación física, anímica y administrativa de los ex-combatientes y sus familias; entregar subsidios, medicamentos, prótesis; asignar una ubicación laboral; facilitar beneficios educacionales; crear y orientar a las Comisiones de apoyo y homenajes y promover actos de reconocimiento. A su vez, la orden procuró adelantarse a posibles reclamos sociales por lo cual sugería que las autoridades militares canalicen los problemas que no pudieron resolverse desde ámbitos oficiales, pero sobre todo exhortaba a “evitar la formación de comisiones similares que se superpongan a las ya reconocidas, en especial aquellas que se integren con fines insidiosos”.[8]
Al vincular la recuperación moral, psíquica y física de los ex combatientes y las necesidades de los familiares con el reconocimiento al sacrificio, las diversas prácticas de la temprana posguerra comienzan a armar un perímetro de necesidades y prioridades, presentados como responsabilidad de las Fuerzas. Podríamos decir que aquella Orden Especial reforzó la intención de gobernar la continuidad de la vida de los civiles que lucharon en Malvinas bajo bandera[9], mediante una serie finita de soluciones: trabajo, salud, educación y subsidios para quien lo necesite, y homenajes para todos.
De esta manera, para fines de julio de 1982 los excombatientes (así denominados por las FFAA) y familiares de caídos y desaparecidos en Malvinas emergían como un problema social, solucionable mediante políticas sociales; pero también se convertían en una figura a reconocer mediante símbolo nacionalidad y patriotismo. Esta dualidad anticipó los reclamos de las primeras organizaciones de excombatientes como podemos ver en la primera declaración de principios del primer centro de ex soldados, el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Capital Federal (CESCEM), enunciada públicamente el 26 de agosto de 1982:
“los componentes del CENTRO DE EX SOLDADOS COMBATIENTES EN MALVINAS se comprometen a cumplir fielmente los principios que a continuación se enumeran:
Honrar pública y permanentemente a los soldados caídos.
Solidarizarnos con los excombatientes y familiares de aquellos que regresaron imposibilitados tanto física como psíquicamente.
Mantener encendida la llama de la nacionalidad que ha iluminado al Pueblo Argentino en la recuperación de nuestras islas Malvinas.
Incentivar a todos los sectores de la población a realizar actos solidarios con los excombatientes (…).
Realizar ayuda material y psicológica a los excombatientes imposibilitados, y en un futuro trasladar esa ayuda a toda la población.”[10]
Lo que nos interesa señalar con esto es la coincidencia entre lo que la declaración del CESCEM y la Orden Especial entendían como los problemas que debían resolverse,[11] pese a las distancias políticas y representacionales. De hecho, debemos remarcar que esta organización de ex soldados aparece rotulada como “De tendencia contraria a las FFAA” en un Informe de la Secretaría General de la Junta Militar denominado “Consideraciones sobre organizaciones y actividades de apoyo a ex combatientes y a sus familiares” producido a fines de 1982,[12] lo cual refuerza nuestra hipótesis: desde la esfera militar se presentó una paleta de problemas a resolver que convivían y en muchos casos anticiparon las demandas de los propios beneficiarios. Volveremos sobre este punto más adelante.
Reconocimiento, cuerpos y soberanía
Regresando al teatro bélico, luego de la capitulación argentina, y junto a la toma de prisioneros, se dieron inicio a las inhumaciones de los caídos en batalla que estuvieron a cargo de algunos contingentes de argentinos y británicos supervisados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en diferentes puntos de la isla. Informes posteriores de esta institución señalaron que parte del personal argentino desconocía la Convención de Ginebra y el procedimiento reglamentario de identificación, cuestión que incluía fallas como “placas sin grabar, identificaciones de cartón recubiertas con cinta plástica o uso de hilo para colgar las placas”.[13] Esto dificultó el reconocimiento posterior, lo que se agravó con el hecho de que cada Fuerza llevara a cabo su propio registro necrológico, el cual en algunos puntos no coincidió con los dos enviados por los británicos, uno en noviembre de 1982 y otro en abril de 1983. Esta cuestión vinculada fuertemente a la improvisación de la guerra muestra un elemento que será recurrente en la posguerra: el desconocimiento del Estado argentino sobre el total de muertos y enterrados, y sus identidades.
En el binomio 1982 – 1983 la cuestión de los caídos y desaparecidos en la guerra, el estatus de los muertos, la posibilidad del traslado de los cuerpos al continente y la organización de viajes de familiares para visitar las tumbas, se convertirían en un aspecto fundante de las formas de interpretación y lectura del acontecimiento bélico y el tipo de posguerra que se conformaba. El 24 de agosto de 1982, la Armada Argentina produjo un documento informativo titulado “Traslado restos del personal militar muerto en Malvinas” en donde presentaba la posición de la fuerza ante este aspecto, quizá motivado por las tensiones con los familiares que reclamaban saber el paradero de sus seres queridos. En este texto se llega a la conclusión de la no conveniencia de trasladar los cuerpos pues
“La gestión -cualquiera sea su modalidad- tendrá resultados inciertos y eventualmente el traslado mismo de los cuerpos, identificarlos o no, resultará deprimente para la opinión pública y seguramente también para los deudos.
En estas circunstancias y sin descartar que más adelante puedan ser recuperados, los altos intereses nacionales permanentes deben primar por sobre los sentimientos de los familiares que desearían reunirse con los restos mortales de sus seres queridos.
Su ‘repatriación’ implicaría que la tierra malvinense no es su patria y por el contrario su permanencia allí testifica ante el mundo y la historia que lucharon y perecieron por recuperar su soberanía”.[14]
Las posibles gestiones ante los británicos solo traerían “mayores deterioros a la imagen internacional de la Argentina en el tema ‘Derechos Humanos’ (por lo cual) el gobierno Argentino (sic) debería limitarse a requerir a través del país de enlace diplomático y por la Cruz Roja, que el ejército inglés (sic) de ocupación entierre cristianamente a nuestros muertos”. En esa misma línea, la Fuerza Aérea Argentina (FAA) elaboró en septiembre un posicionamiento institucional con destino a comunicado de prensa sobre las condecoraciones (proponía condecorar solo a los caídos y heridos en combate) en el cual se aseguraba que “la presencia de ellos [los muertos y enterrados] en el territorio de las Islas Malvinas, constituye un hecho irrefutable de soberanía y presencia nacional”.[15] Esta postura fue reforzada en octubre de 1982 mediante un estudio de Estado Mayor titulado “Traslado de restos del personal caído e inhumado en Malvinas”, que partía del problema de la “natural y lógica expectativa en los familiares de los soldados para obtener los restos de sus seres queridos”.[16]
En el documento se proyectaban dos soluciones: a) “Efectuar el traslado de restos, realizando a su arribo una solemne ceremonia conjunta, y posterior entrega de los mismos a sus familiares”; y b) “Construir un monumento o cementerio (tipo Arlingtown[17][sic]) para que en forma simbólica se rindan los honores y respetos a los caídos dejando el traslado de los restos para cuando se produzca la recuperación definitiva de las islas”. Optar por la primera solución, implicaría, según el texto, no sólo negociar con el enemigo, también quitar “la posibilidad del incentivo que significa la presencia latente de argentinos enterrados en la tierra patria de las Malvinas”, por lo cual se optó por la segunda ya que lograba “atemperar las expectativas al brindar a corto plazo un lugar físico para que los familiares puedan honrar y visitar simbólicamente sus muertos pensando orgullosos en la presencia de sus seres queridos en tierra irredenta” y a la vez pondría en pie de igualdad a los desaparecidos en el mar y a los muertos en las islas. De esta forma, el cuerpo enterrado constituía “un hecho irrefutable de soberanía”.
Según Federico Lorenz, en noviembre el gobierno de Gran Bretaña solicitó al Estado argentino que informe sobre qué hacer con los cuerpos que aún yacían sin sepultura en las islas (Lorenz, 2017: 121), información que trascendió a la prensa. Por esta razón, a principios de diciembre este tema aparece en las actas de la Junta Militar, desde donde se propone “implementar por vía de cada una de las Fuerzas una operación de acción psicológica [[18]] de persona (sic) a familia o deudos, partiendo de la premisa de conseguir asentimiento de los mismos para que los restos permanezcan en la Isla”.[19]
Este posicionamiento de la Junta se vincula a un estudio de Estado Mayor Conjunto (EMC) elaborado a inicios de diciembre cuya meta era “fundamentar la decisión dé (sic) las FFAA, referente a la permanencia de los restos de los combatientes sepultados en las Islas del Atlántico Sur”.[20] El estudio enumera 14 “hechos” que definen al problema:
“1. El conflicto subyace aun cuando haya un cese de hostilidades.
2. La presencia silente de nuestros muertos en las Islas del Atlántico Sur constituye un hecho irrefutable de Soberanía.
3. En general las Fuerzas conocen el lugar en que fueron inhumados provisoriamente los restos del personal de las mismas.
4. Existe personal desaparecido, cuyos restos no podrán ser recuperados por estar en el mar o en Islas del Atlántico Sur (No determinadas).
5. Se produjo una demora en la reacción propia para adoptar una decisión sobre el problema.
6. Existen reacciones de padres y/o deudos, apoyados por grupos interesados, que propician la recuperación de los restos.
7. Intensa acción psicológica desarrollada por Gran Bretaña al respecto.
8. Durante las acciones de guerra se produjeron muertes entre el personal de las propias Fuerzas, siendo algunos inhumados en las Islas en forma temporaria.
9. Dado el resultado final de la batalla fue imposible realizar la recuperación de los mismos para su inhumación definitiva.
10. Existe una natural y lógica expectativa en los familiares de los caídos y ciertos sectores en el orden Nacional e Internacional, para obtener la recuperación de los restos de los combatientes.
11. Existen evidencias concretas que Gran Bretaña procura que Argentina traslade los restos al Continente (Cruz Roja Internacional).
12. Las FFAA dieron participación de los Organismos Legales pertinentes, quienes se expidieron produciendo las Actas de Defunción de la mayoría de los muertos en combate.
13. Existen antecedentes propios de la guerra, nacionales y extranjeros, que corroboran que los muertos en combates en la mayoría de los casos, fueron inhumados y permanecen en el Teatro de Operaciones.
14. La Legislación Nacional no contempla la prohibición, del traslado de restos mortales dentro del propio territorio y aún desde el extranjero”.[21]
Esta sumatoria de hechos alimenta un problema y define dos soluciones: 1) “sostener la permanencia legal de los muertos argentinos en las Islas del Atlántico Sur como un acto irrefutable de Soberanía” y 2) deja en “en libertad de acción a los familiares”. La segunda no comportaría ventajas y afectaría la soberanía en disputa, además de profundizar en “el deterioro de la imagen de las FFAA al no intervenir ante la existencia de un problema real, de agudo contenido social”; por lo cual, en consonancia con los análisis de cada Fuerza, la mejor opción era la primera porque, pese a no permitir a los familiares reunirse con los restos de sus seres queridos, permitía desarticular “la acción del enemigo tendiente a vulnerar un acto de Soberanía Nacional”.[22]
Esta solución se sostendría en oficializar como respuesta de Estado la permanencia de los restos y, a la vez, en la campaña de acción psicológica mencionada en el acta de la Junta Militar. Las acciones tendrían tres fases iniciando el 20 de diciembre de 1982, incluirían entrevistas a realizar con familiares desde enero del año siguiente y concluirían con un acto aniversario de “Homenaje Nacional a los muertos en la guerra por la recuperación de las MALVINAS, en oportunidad de la inauguración del monumento a los caídos y/o cementerios simbólicos”. A principios de 1983 el gobierno de Bignone autorizó a los británicos a enterrar los cuerpos de los soldados argentinos que estaban en las islas, pero “reservándose el derecho a decidir, cuando [fuera] adecuado, acerca del traslado de los restos de los soldados argentinos desde esa parte de su territorio al continente” (Lorenz, 2017: 121).[23]
Si los muertos y enterrados en Malvinas marcaban la continuidad de las hostilidades y el reclamo de soberanía, los “caídos” (es decir, no solo los enterrados, también los desaparecidos en el mar y el aire) activaron otras formas de nacionalidad. Como vimos, la Junta Militar ponía entre sus planes de acción psicológica la realización de uno o más monumentos (a la postre, nunca realizados hasta 1990), cuestión que aparece como problema desde los primeros meses de posguerra. El 17 de septiembre de 1982 la secretaría general de la Presidencia de la Nación remitió a la CAL un proyecto (N°368-DEFENSA) para erigir un monumento que fue cuestionado por la propia CAL por la falta de estudios y análisis sobre el momento político, a lo que se suma que los comandantes de cada Fuerza no tenían conocimiento de tal iniciativa.[24] Sin embargo, esta posibilidad ya había emergido antes, por ejemplo en el Informativo de la Marina de agosto de 1982, en el comunicado de prensa de las Fuerza Aérea de septiembre o en el Estudio de Estado Mayor de la FAA de octubre.
En octubre de 1982 la Junta Militar trató, según surge del acta, la realización de un “Monumento a los caídos en Malvinas” que, se estipulaba, debía ser inaugurado al inicio del gobierno constitucional. El objetivo era integrar en una sola construcción conmemorativa “el homenaje totalizador del pueblo de la Nación Argentina a sus muertos por la Patria, como un monumento único al espíritu, valor y desprendimiento de los caídos en defensa de la soberanía nacional”.[25] El tema aparece también en una reunión de los secretarios generales de las FFAA del 18 de octubre de 1982, en donde se establece la necesidad de organizar comisiones y un Equipo de Compatibilización Interfuerzas (ECI)[26] con el objetivo de trabajar sobre la realización del monumento.[27]
No obstante, en diciembre esta posibilidad sale del plano y no aparece entre las operaciones de acción psicológicas propuestas por la Junta Militar en torno a los enterrados en Malvinas. Entre las razones que lo explican tenemos que recordar que en esos meses se habían conformado las primeras organizaciones de padres de caídos en un contexto de poca información sobre los muertos y desaparecidos en las islas (Panizo, 2017; Guber, 2004). En ese escenario, un Informe producido por los secretarios generales del 3 de diciembre de 1982 hace un análisis proveniente de un expediente iniciado por el coronel Juan Carlos Benito de la CAL y elevado al secretario general del Ejército, el cual propone iniciar acciones legales por injurias a dos padres de soldados caídos en Malvinas que escribieron cartas de opinión (una en octubre y la otra en noviembre) de repudio a las FFAA frente a la desinformación respecto al paradero sus muertos.
Frente a esto, el Departamento I del Estado Mayor Especial de la Marina elevó un informe al secretario general Naval en donde recordaba que el ECI conformado para el estudio sobre la erección del monumento había convenido “replantear la conveniencia de un monumento de estas características, hasta tanto no se consolide la justificación histórica de la operación, se supere las secuelas de la acción militar y se atraiga a la masa de la opinión pública en favor de esta iniciativa”.[28] En ese sentido, la evaluación sobre el expediente propone no tomar medidas legales contra los padres y concluye:
“Trascendidos tales como el actual proyecto de erección de un monumento a los caídos en Malvinas, cuando aún se discuten responsabilidades, no se han completado los estudios y análisis de las actuaciones, se procese a personal militar involucrado y el Tribunal Superior de Honor de las FF.AA. trata denuncias por faltas al honor militar, producen sobre la opinión pública en general, y sobre los deudos de los caídos en las operaciones en particular, reacciones muy negativas, y opuestas al verdadero objetivo de tales realizaciones”.[29]
El monumento deja de aparecer como posible resolución del problema de los reclamos familiares, aunque el interés de asegurar la adhesión de los deudos respecto a mantener a sus muertos enterrados en Malvinas continuaba. La meta principal era evitar que la “subversión capitalice a su favor el dolor y/o el resentimiento de los familiares”[30] de los soldados muertos y desaparecidos, a lo que agregaba otra “de divulgación de reconocimientos y ‘reparaciones’ que el Estado contempla para los heridos, muertos y desaparecidos en esta gesta heroica”.[31] En ese marco, el comité militar y la secretaría de planeamiento de la presidencia elaboraron entre diciembre de 1982 y enero de 1983 la Directiva de Estrategia Nacional (DENAC) N°3/82 (la 1/82 y 2/82 fueron elaboradas en el marco de la guerra) cuyo objetivo era orientar las acciones respecto a la soberanía de Malvinas, sobre todo pensando en el proceso transicional que se atravesaba. Entre las acciones de fortalecimiento dirigidas al “campo político interior” se buscaba “incrementar las motivaciones y el consenso, exaltar los valores del patriotismo, clarificar la justicia de nuestra causa, confiar en la ineludible victoria final y revitalizar las vocaciones de apoyo evidenciadas durante las operaciones bélicas”,[32] vigilar que “no se lleven a cabo actos que invaliden los hechos de reafirmación de soberanía realizados con empleo de la fuerza en el Archipiélago austral” y “obtener la mayor continuidad de la estrategia general formulada para cuando se lleve a cabo el traspaso del poder al gobierno constitucional”.[33]
En ese marco, a partir de febrero de 1983 la campaña de acción psicológica encarada por la Junta incluía brindar conferencias de prensa, oficializar las listas de fallecidos y desaparecidos, e inculpar directamente a Gran Bretaña por los errores y el desconocimiento en relación a la inhumación de los muertos en Malvinas, sin hablar de un monumento “totalizador” como se pensó oportunamente. A la vez, se planificaron monolitos, nominalización de calles con nombres de caídos en las ciudades donde residía el combatiente, y sobre todo se decidió la fecha de esta gama de homenajes: el 2 de abril, día de la recuperación armada de Malvinas que pasaría a llamarse “DIA DE LAS MALVINAS (sic), con alcance de feriado nacional”.[34] Asimismo, en el intento de lograr adhesión de la población, se previó que la entrega de las condecoraciones a los muertos en combate en los actos nacionales, eligiendo localidades donde haya deudos. Claramente el plan de homenaje oficial tenía en los caídos a su objeto principal. No obstante, la organización de los homenajes de aniversario preveía que no se trate en ninguna conferencia de prensa el tema de los muertos y los desaparecidos en Malvinas -cuestión reclamada por algunas organizaciones de padres- “por estimarse que actualmente no es necesaria ni conveniente”.[35]
Finalmente, los actos del primer aniversario se realizaron el lunes 4 de abril, puesto que el día 2 coincidió con el sábado de ceniza de la Semana Santa católica. Unos días antes, el Ejecutivo decretó que la totalidad de desaparecidos sería acreedora de la medalla al Muerto en Combate, con lo cual oficialmente se materializaba aquel pie de igualdad entre fallecidos y aquellos cuyo paradero se desconocía.[36] El Estado promovió la entrega de condecoraciones a 778 personas (oficiales, suboficiales, soldados conscriptos y civiles) en las cuatro categorías establecidas por la ley 22.607 (cruz al valor, medalla al valor, a los heridos y a los muertos), de los cuales 597 fueron categorizados como muertos y las medallas fueron entregadas a sus deudos.[37] El 2 de abril fue declarado “Día de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur”, y su condición de feriado nacional exhortaba a recordar y reafirmar los derechos territoriales y, sobre todo, honrar la memoria de quienes cayeron en su recuperación y defensa.
Esa conexión entre soberanía y muerte se actualizó el 28 de abril de 1983 cuando en la reunión de la Junta Militar se debatió la realización de un homenaje “a todos los combatientes civiles y militares muertos” del buque ARA General Belgrano, en el mismo lugar del hundimiento “destacando a tal efecto una unidad de superficie de la Armada Argentina”, mientras que se continuaba “analizando las posibilidades y oportunidades de realización de un viaje a las Islas Malvinas, para rendir homenaje a los caídos por la Patria y que están sepultados en ese rincón de nuestro territorio”.[38] Según surge del acta, la Junta elaboró la Resolución 2/83 desde la cual puso a disposición el buque mercante “Lago Lacar” para que una comitiva de familiares directos acompañara “a las unidades de las FFAA que rendirán el homenaje señalado”, el cual se llevaría a cabo el 2 de mayo. El viaje de los familiares fue impulsado por un grupo de padres de soldados caídos y el Centro de Voluntarios de la Patria, organización de apoyo encabezada por Osvaldo Destefanis.[39] El buque zarpó el 29 de abril, pero no logró su cometido, en parte por cuestiones climáticas, pero fundamentalmente por la advertencia británica de no superar la zona de exclusión con lo cual el viaje no logró sus objetivos, aunque atrajo las miradas de los medios locales e internacionales.
La visibilidad del hecho llevó a que las FFAA establecieran un Equipo de Compatibilización Interfuerza para evaluar lo sucedido y proceder. El 6 de julio de 1983, en el acta de la reunión del ECI se estableció la necesidad de “preparar una Directiva para que el EMC asuma la responsabilidad y centralice la organización de un nuevo viaje a las islas Malvinas con la finalidad de que los familiares de los combatientes caídos en dichas islas puedan rendir homenaje ante sus tumbas”.[40] Se concluyó que la operación acción psicológica llevada a cabo los meses previos sobre los familiares mostró la “conveniencia” de asegurar ese viaje, enmarcarlo en una necesidad humanitaria, atendiendo las exigencias de Gran Bretaña siempre que estas no acarreen desprestigio contra las FFAA y “atenten contra los principios de soberanía y la posición sustentada por la Nación Argentina en el conflicto del Atlántico Sur”.[41]
En ese marco, tanto el ECI como los secretarios generales de cada Fuerza en el marco del EMC elaboraron una evaluación de lo sucedido entre julio y agosto. El equipo compatibilizador consideró que “la repercusión periodística que tuvo la realización del primer viaje, fue negativa para las FFAA”[42] mientras que el EMC consideró que el tratamiento fue neutral y que la responsabilidad recayó sobre el prestigio de Destefanis y el Centro de Voluntario de la Patria. Asimismo, mientras el ECI planteaba que sea el Estado Mayor y sus comandantes quienes asuman la responsabilidad de un nuevo viaje evitando “todo tipo de contacto o participación en el evento de organizaciones civiles de apoyo a familiares de caídos, ex-combatientes, veteranos de guerra”, el EMC proponía una comisión formada por miembros de cancillería, la secretaría de planeamiento, las FFAA y el ministerio de economía.
El viaje, finalmente no llevado a cabo, se enmarcaba en los intentos de mantener el convencimiento de las familias de nos traer los restos al continente dentro de los objetivos trazados en la DENAC 3/82, específicamente los de mantener la vigencia de Malvinas como tema y mostrar que el cese de hostilidades no estaba realmente materializado, a la par de contrarrestar la imagen desvirtuada por, según el documento, la acción psicológica británica. Asimismo, reactualizaría la cuestión Malvinas en el contexto eleccionario “dado el alto grado de expectativa y sensibilidad que tal hecho ha ocasionado en la situación psicosocial del país”,[43] y mostraría una imagen “humanitaria” y la “preocupación cristiana” de las FFAA ante el dolor de las familias. En septiembre el problema seguía en agenda como muestra el acta de reunión de los secretarios generales de la Junta Militar[44] y elevada al Jefe del EMC, Contraalmirante Carlos Busser,[45] en la cual se asignaba al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto la responsabilidad de analizar la situación y ponía a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación como el lugar de canalización de inquietudes de la Fuerzas.
No obstante, el viaje no se llevó adelante pues primó la opinión de Cancillería, la Secretaría de Planeamiento y el Ministerio de Defensa, cuyos diagnósticos sobre el problema mostraban una “no conveniencia”.[46] Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se consideraba que el viaje no era “oportuno ni apto para el mejor tratamiento internacional de la ‘Cuestión Malvinas’ (y que la) acción psicológica británica estaría en condiciones de mostrar al mundo que la Argentina acepta las condiciones impuestas por el Reino Unido, que aprovecharía además la oportunidad de agitar el tema de la ‘repatriación’ de los restos” y el Ministerio de Defensa aseguraba que no constituía una operación militar, por lo tanto “no es necesario encomendar esta tarea al EMC, lo cual, además, comprometería a las FFAA”.[47] En este sentido, el problema de la vinculación entre los restos enterrados y la soberanía dejaba a un lado a los familiares,[48] y ponía como un problema mayor la imagen institucional y las disputas diplomáticas que se encaraban.
Lejos de sus muertos, las familias de los caídos fueron problematizadas por otras vías. En octubre de 1983 se aprobó la ley 22.944 que exceptuaba del servicio militar obligatorio a “los hermanos del ciudadano que haya perdido la vida por acto de servicio, mientras estuvo incorporado en alguna de las FFAA cumpliendo el servicio militar”.[49] La ley procuraba la protección del núcleo familiar que ya había “contribuido suficientemente con su cuota de sacrificio para con la Patria”, mostrando que muerte y familia se erigieron un núcleo casi indivisible en esos primeros meses de posguerra. Este acto de servicio contemplaba “la situación de aquellos hermanos de soldados que han muerto luchando contra la subversión, en la guerra de las Malvinas o en cumplimiento del servicio militar, ya que el grupo familiar ha sufrido la pérdida de una vida”.[50]
A esto se debe agregar que el carácter ciudadano del servicio militar obligatorio lo vuelve un elemento importante para mostrar el reconocimiento de los gobernantes al sacrificio de los gobernados y paralelamente introduce el problema “social” del trabajo y el bienestar familiar, pues con esta norma se conectaban “los supremos intereses de la defensa nacional con los de la ciudadanía, incidiendo la incorporación de los soldados en los problemas sociales y laborales del núcleo familiar”.[51] En el siguiente apartado nos centraremos en las diversas formas en que los veteranos y las familias de los caídos fueron presentados como problema social, es decir como un problema que requería apoyos económicos, laborales, sanitarios o educativos.
Resocialización, protección, cohesión
A pocos días del fin de la guerra, el 17 de junio, el ministro de Educación Cayetano Licciardo impulsó de manera “excepcional” un premio de “honor” a los estudiantes que prestaron servicios en Malvinas. Mediante la resolución N° 752/82[52] (no publicada en el BORA), la medida prometía garantizar el derecho a ingresar a la Universidad mediante la “prioridad dentro de los regímenes de becas y (también) contemplar la situación de lisiados o disminuidos”. A pesar de sus distancias, se puede señalar un vínculo entre este decreto y las condecoraciones: la importancia de la premiación, sobre todo de quienes traigan secuelas. Lo indudable es que estas medidas empiezan a trazar campos de acción y señalar problemas a resolver.
Ligado a esto, recordemos que en el marco de las medidas de apoyo que empezaban a discutirse desde julio (recordemos la Orden Especial 763/82 del Estado Mayor del Ejército), figuraba la entrega de subsidios, asignaciones de lugares de trabajo, beneficios educacionales y reunión de fondos para prótesis y medicamentos. No obstante, la primera medida concreta, al menos en el plano legal, fue la ley de subsidios extraordinario para excombatientes con discapacidades o para deudos de los fallecidos, que comenzó a discutirse en el mes de septiembre al interior de las fuerzas.[53] El mismo sería, para el caso de los discapacitados, “uniforme, sin distinción de jerarquías” al igual que para los deudos que debía ser “igual para todos, sea cual fuere la jerarquía y/o cargo del personal fallecido”.[54]
Dicha medida se concretó en noviembre de ese año mediante el decreto N° 1158/82 que habilitó una cuenta especial denominada “asistencia a excombatientes” y dirigida a los afectados psicofísicamente en acciones bélicas y a familiares de caídos.[55] Tras esa habilitación, el 12 de noviembre se promulgó la ley Nº 22.674 de subsidio a quienes sufrieron una inutilización o disminución psicofísica afectando su capacidad de trabajo y a los deudos de fallecidos durante el conflicto contra el Reino Unido, siempre que ambos acontecimientos hayan ocurrido dentro del “Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y en la Zona de Despliegue Continental”. En el apartado de fundamentación de la ley, el Ministro de Defensa, Julio Martínez Vivot, afirmaba que la medida de “compensación” surgió de una necesidad de auxilio a los “afectados”, mientras que su aplicación se justificaba en que era la “comunidad toda” quien debía demostrar agradecimiento respecto de quienes no “dudaron en ofrecer su vida” en defensa de la soberanía nacional.[56]
En la lectura de la CAL pueden verse algunos puntos sobre interesantes sobre los particulares de la ley. En principio, se modificó el índice de subsidio para adaptarse al remanente del Fondo Patriótico “y a sus finalidades, poniendo de resalto que el otorgamiento del subsidio -con el remanente del mismo, contribuyo a dar estricto cumplimiento a esos objetivos”, cuestión vinculada a las denuncias mediáticas sobre el uso de los fondos depositados en la cuenta habilitada por el Estado nacional. Asimismo, se quitó la especificidad en el articulado original de los términos “personal militar de las FFAA, al de Seguridad de la Gendarmería Racional y de la Prefectura Naval Argentina y el personal civil convocado según los Decretos Nros. 005/32, 806/62 y 807/82”, lo cual fue reemplazado por el genérico persona “dado el carácter solidario del subsidio que se otorga, a la voz que las mismas pudieran prestarse a apresuradas conclusiones que desnaturalicen el verdadero sentido y alcance de la medida propuesta”.[57]
Asimismo, en el tratamiento de la CAL surgen algunos números que se manejaban desde las FFAA sobre el universo del subsidio: 650 muertos,[58] 44 personas con una incapacidad mayor al 66%; 77 con incapacidades entre 30 y 66% y 112 con incapacidades menores al 30%. Recordemos que la ley aprobada respondió a dos criterios: a) en caso de fallecimiento o incapacidad para el trabajo en la vida civil mayor al 66% correspondía la totalidad del subsidio y b) quienes presentaban una incapacidad menor al 66% recibirían un monto reducido según el porcentaje de inutilidad.[59] La comprobación de los hechos y sus circunstancias quedaría bajo tutela militar, a la vez que el pago se calculó tomando como referencia lo que percibía un Teniente General (multiplicado por 10).
Al amalgamar diagnósticos clínicos (porcentaje de incapacidad) y laborales (la escala propuesta incorpora las catalogaciones de la ley 9.688 sobre accidentes de trabajo que data del año 1913 y su modificatorias), el dispositivo montado articuló saberes militares, legislativo-laborales y médicos para proponer una de las primeras intervenciones directas sobre la vida de una parte de los ex-combatientes. Esto se refuerza con la determinación de incompatibilidad del subsidio con pensiones incluidas en las leyes 19.101 de personal militar, 18.037 de jubilaciones y pensiones, 19.349 de gendarmería, 20.281 para prefectos navales y 21.507 de subsidios extraordinarios para personal de las FFAA y de Seguridad que fallezca o sufra inutilizaciones “como consecuencia de su intervención en la lucha contrasubversiva”.[60]
En este sentido, la ley de subsidio extraordinario usó un criterio similar al de la ley que protegía a combatientes contra la subversión (ley pensada especialmente, aunque no exclusivamente para los movilizados en el Operativo Independencia en Tucumán), tanto en los esquemas usados para otorgar el beneficio como en la inclusión en el mismo rango de oficiales y suboficiales de las FFAA, de las Fuerzas de Seguridad y de conscriptos.[61] La diferencia se establecía en que la ley de 1982 no establecía jerarquías por rango militar. Finalmente, un dato técnico fundamental es el perímetro geográfico usado como argumento: haber participado en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y en la Zona de Despliegue Continental, el cual será un aspecto crucial a lo largo de la historia de la definición de beneficios para veteranos.
En el memorándum elaborado por la CAL, se sintetiza el lugar “solidario” en donde se ubicaba al veterano merece ser citado pese a su extensión:
“El proyecto venido en consideración se fundamenta en los principios de la seguridad social, cuyo objeto es la protección del hombre contra las contingencias sociales, utilizando todos los medios que estime necesarios para su realización.
Una contingencia como la invalidez, estado de alteración orgánica o funcional más o menos permanente que incapacita al individuo para el trabajo, es cubierta por el otorgamiento del beneficio extraordinario propuesto (…) Se ampara también el fallecimiento de los que lucharon en Malvinas, pues la muerte produce la pérdida permanente de ingresos para quienes vivían al amparo económico del fallecido, ya que la familia queda en un estado de necesidad (…) [E]s una contingencia extraordinaria ajena a la actividad normal del personal aludido. Es decir que, aparte de las que las leyes pertinentes otorgan al personal inutilizado en actos de servicios, o a los deudos de los fallecidos en similares circunstancias, a través de esta ley se otorga una contribución extraordinaria, ya que extraordinarias han sido las causas que la provocaron. En el conflicto nuestras FFAA enfrentaron a un enemigo superior en número, experiencia y material bélico. Por la recuperación y soberanía de nuestras Islas Malvinas, lucharon en un medio hostil, dejando muchos de ellos sus vidas o sufriendo heridas de guerra.”[62]
Estas circunstancias extraordinarias también motivaron otras medidas de apoyo, usadas como argumento de acción que buscaron intervenir en colectivos u organizaciones que también apoyaban a los excombatientes por fuera del Estado. Por ejemplo, el 16 de diciembre de 1982 la Junta Militar aprobaba la centralización y conducción de la relación entre las “organizaciones de ex-combatientes” y las FFAA, proponiendo constituir una comisión organizada al efecto.[63] En esa línea, un documento de noviembre de 1982 de la Secretaría General de la Junta Militar, proponía instituir un ECI que “proponga las disposiciones de sostén y la coordinación de los agrupamientos pro -Instituciones Armadas”[64] y que compatibilice “los criterios que regirán la relación ‘FFAA-Organizaciones de apoyo’, regulando el sostén y la coordinación”. Este documento, ya mencionado, hacía una lista con datos específicos entre las organizaciones de “tendencia contraria a las FFAA”,[65] “de tendencia no determinada o sin tendencia”[66] y las de “tendencia pro FAA”.[67]
Como puede interpretarse, las agrupaciones de ex soldados pasaron a convertirse en un problema de gobierno del afuera. En el acta a la que aludimos se incluyó una propuesta de compatibilización de criterios para regir la relación con las organizaciones, aprobada el 9 de noviembre de 1982, cuyo fin era “obtener el control de ellas, a fin de coordinar su accionar y evitar la infiltración política que pueda incidir negativamente”. De esta manera, la Junta Militar reconocía a las organizaciones de ex soldados como un dato político, y, en su control, un modo de regulación social (sobre todo del afuera subversivo y peligroso). La comisión debía estar integrada por un coordinador designado por el Estado Mayor Conjunto y un oficial superior por cada fuerza, y debía:
“Mantener la iniciativa en el enlace con las comisiones; Interiorizarse de los problemas no detectados (…); Encaminar los requerimientos que para solucionar problemas o necesidades de los ex –combatientes, presentan las organizaciones (…); Intervenir en las acciones de carácter público que estas organizaciones pretendan realizar, encaminándoles, orientándoles y facilitándole los trámites para obtención de los medios (…); Mantener informada a la opinión pública sobre las actividades en desarrollo y programadas”. [68]
Si bien no hemos podido encontrar documentos que muestren la concreción de esta comisión, al menos el Ejército creó, en enero de 1983, el Departamento VIII denominado “De apoyo a excombatientes” cuyo objetivo de conducción e intervención era la “recuperación moral y física de dichos excombatientes y la consolidación de su vinculación espiritual con la INSTITUCIÓN (sic)”.[69] El problema nuevamente era evitar que organizaciones políticas puedan “instrumentarlos para los propios fines” ya que, en palabras de Rosana Guber, “el temor a actos de insubordinación de parte de quienes fueran los subalternos en el campo de batalla estaba a la orden del día (Guber, 2004: 35-36). Para poder contener esta posibilidad, desde la fuerza terrestre se planteó como misión
“apoyar al personal discapacitado para su inserción en el medio social, (…) implementar medidas para mantener contacto permanente y favorecer la integración de los ex-combatientes con los núcleos de reservistas (…) neutralizando la acción de organizaciones políticas (y) apoyar a las organizaciones de ex-combatientes de cada jurisdicción, previa evaluación de sus posibles implicancias políticas para lograr el objetivo interior.”[70]
A la vez la secretaría de la Junta Militar elaboró a fines de 1982, un análisis que definía como tema de relevancia a la inserción laboral de los ex soldados y sus familiares, en el marco de la coordinación de los agrupamientos “pro-Instituciones Armadas” titulado “Empleo a Excombatientes del TOAS” (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur). Allí se planteaba que “[d]entro de los beneficios otorgados a los ex-combatientes del TOAS, haberes, indemnizaciones, etc. resulta conveniente hacer otra manifestación de reconocimiento público en cuando a sus posibilidades de empleo”. Este apalancamiento al ingreso laboral estaría destinado al Estado, empresas estatales o de participación estatal, aunque la acción debía evitar “alterar los procedimientos legales establecidos y no transformarse en un medio indebido de beneficencia a costa del erario público” fijando una duración y “excluyendo a aquellos que no las merezcan”. El excombatiente pasaría a erigirse como un sujeto prioritario bajo el criterio de “a iguales condiciones de idoneidad para el cargo, debe preferirse a los veteranos del TOAS”. La prioridad se sostenía, adicionalmente, en tres aspectos. Para los “aptos físicamente” se propuso establecer contrataciones de que no superen los tres años, mientras que para quienes tenían “alguna incapacidad física o psíquica, como secuela de las operaciones en el TOAS” podría ser indefinido. Por último, el documento señalaba que el “beneficio debe ser negado, discretamente, a aquellos que, haciendo valer su condición de veteranos, se suman a las manifestaciones contra las FF AA o a las expresiones de los sectores para -subversivos”. [71]
Sobre este aspecto, en mayo de 1983 el ministro de Trabajo, Héctor Villaveirán, creó el “Registro de Empleo Especial para ex-combatientes del Atlántico Sur” con el fin de centralizar las solicitudes y conectar a los veteranos con vacantes disponibles en organismos y empresas del Estado. La prerrogativa del registro era dar “tratamiento preferente a las cuestiones laborales que planteen los ex-combatientes (…) según las respectivas competencias que tienen”.[72] Ese carácter “especial” y “preferente”, junto a la prioridad, se fue consolidando como una manera de referirse y argumentar las propuestas de intervención estatal sobre las vidas de quienes volvieron del frente de guerra. Tal es el caso de algunos señalamientos de la actuación del Ejército en las “medidas de apoyo” consignadas en el Informe Oficial del Ejército Argentino que circuló públicamente a partir de agosto de 1983 y en donde, entre otras cosas,[73] se dio cuenta del plan de centralización y apoyo proyectado desde el fin de la guerra.
El Tomo II, destinado a informes, da cuenta de algunas de las tres dimensiones en que se pensaron aquellas medidas hacia veteranos de guerra. Entre ellas, el subsidio extraordinario donde se presentó el pago a 235 miembros del personal herido y a 202 deudos del personal muerto al 8 de agosto de 1983. Y en segundo término la dimensión laboral, tanto desde requerimientos a organismos oficiales y empresas[74] que en ese momento ascendía a 2.387, como de las 1.039 designaciones comunicadas de las cuales 677 correspondieron a ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones), 98 a SEGBA (Servicio Eléctrico del Gran Buenos Aires), 70 a ENCOTEL (Empresa Nacional de Correos y Telégrafos), 51 al Banco Provincia de Buenos Aires, entre las que mayores números de excombatientes absorbieron (Chao, 2021).
Las pensiones y el núcleo familiar también fueron incorporados como problema, más allá de los subsidios a discapacitados y familiares de caídos. En noviembre de 1983 se aprobó la ley 22.986[75] que instituyó un régimen de excepción para deudos del personal de la Marina Mercante fallecido a consecuencia de las acciones bélicas. En el memorándum de la CAL se recuperaban las palabras del ministro de Acción Social, Adolfo Navajas Artaza:
“El régimen de excepción propuesto, está fundamentalmente destinado a reconocer, de manera indirecta, a quienes - sin tener estado militar y que, por consiguiente no se hallaban comprendidos en las disposiciones legales que, previendo contingencias como la que nos ocupa, amparan el hogar del militar fallecido en combate, voluntariamente prestaron patrióticos y abnegados servicios, imprescindibles en plena zona de guerra, haciéndose merecedores de la más profunda gratitud de la Nación. Asimismo, se intenta paliar en alguna medida, el deterioro económico sufrido por las familias del personal fallecido”.[76]
Claramente el problema de la protección comenzaba a responderse desde argumentos civiles y bajo instrumentos técnicos que corrían a lo militar de la ecuación. Esto se reforzó con la última acción respecto a Malvinas de Reynaldo Bignone, quien el 9 de diciembre de 1983 -un día antes de la asunción del presidente electo por sufragio Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical)- firmó el Decreto N° 3278/83 que prorrogó sin plazos el uso del Fondo Patriótico para gastos de indemnización destinados a los “afectados psicofísicamente y a los familiares de las víctimas caídas”.[77]
Conclusiones
Las veteranías de guerra están lejos de ser asuntos estables, y su invención o construcción depende de múltiples factores, entre los cuales la agencia del Estado es fundamental. En este análisis hemos querido puntualizar en el período 1982-1983, al que consideramos crucial y fundante para lo que sucedería años más adelante con los veteranos argentinos.
Nuestro artículo procuró ubicar un campo de discusiones sobre la posguerra y los veteranos a nivel internacional, para luego hacer foco en el escenario posbélico argentino, rescatando dos cuestiones: la desnaturalización y heterogeneidad de la veteranía de Malvinas y la vacancia desde las ciencias sociales locales respecto al papel de lo estatal. A la vez, pusimos atención en la importancia de estudiar qué se hizo (o se quiso hacer) con los veteranos de Malvinas para contribuir con los estudios que analizan la transición a la democracia argentina. Las coordenadas teóricas elegidas para avanzar han sido los conceptos de invención y acumulación originaria, puestos a discutir desde las nociones de problema y problematización. Los problemas nos permiten hacer puente entre las diversas medidas adoptadas -o propuestas- y darles coherencia; mientras que la problematización nos posibilita ver que la invención de la veteranía se fue tejiendo desde diversas formas de reconocer y resocializara quienes fueron a la guerra, a partir de políticas que podríamos llamar clásicas (trabajo, salud, educación y un despliegue de imaginería patriótica y escolar). Reconocer patrióticamente y resocializar solidariamente fueron las premisas. Pero, como dice el dicho, el diablo está en los detalles, y en ellos se juega el péndulo entre lo nuevo y lo viejo que una crisis pone en tensión y produce algo diferente.
El intento de control sobre las organizaciones, los modos en que los cuerpos fueron guardia de la soberanía territorial, las maneras en que los familiares dependieron del viaje a las islas como modo de apaciguar el reclamo y el dolor, y los arreglos mínimos propuestos desde el trabajo o los subsidios para normalizar a aquellos anormales de la guerra, se presentaron desde diversas prácticas del Estado argentino como respuestas para conjurar cierto riesgo de fractura sobre una cohesión ya puesta en duda. Conjuro que se basó en el corrimiento de la agencia de los propios protagonistas.
Este aspecto es central porque las políticas públicas desplegadas en democracia sobre los veteranos, excombatientes, sus familias, las familias de los caídos y desaparecidos en combate, y sobre los cuerpos enterrados en Malvinas, estuvieron justificadas en fundamentos que tienen un fuerte grado de vinculación con muchas de las primeras soluciones acumuladas al calor de la guerra, y por una Junta Militar que gobernaba de facto (Chao, 2020; 2021). Las décadas de 1980, 1990 y las primeras del siglo XXI se caracterizaron por políticas de arreglos mínimos, subsidios y pensiones, prioridad y protección focalizada mediante el trabajo, despersonalización y falta de especialización en la salud, becas de estudio para hijos, acciones sobre las familias para mantener a los muertos enterrados en Malvinas, interés en controlar a las asociaciones vinculadas a los excombatientes, y ojos puestos -sobre todo-en los ex soldados conscriptos.
A modo de cierre, resta pensar si las maneras en que se inventó la veteranía de Malvinas implican una novedad absoluta o se inscriben en formas anteriores de problematizar a los civiles en armas o los sectores marginales (o ambos a la vez). A la vez, y con el cuadragésimo aniversario de la guerra como telón de fondo, deberíamos reflexionar sobre lo expropiado a los protagonistas en esos años transicionales: la experiencia y la especificidad propia de la guerra de Malvinas vivida por una heterogeneidad de humanos, cambiada por un emparejamiento de las explicaciones y relatos de lo que la guerra fue. Tal vez estas reflexiones requieran un trabajo empírico de larga duración y discusiones teóricas más robustas, pero en todo caso no deja de ser una invitación a volver sobre un período fundamental de nuestra historia del presente.
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Daniel Chao es Doctor en Ciencias Sociales y Especialista en Historia Regional, IIGHI (UNNE-CONICET), sus líneas de investigación incluyen estudios de la guerra, las posguerras y los conflictos armados (con énfasis en las veteranías de guerra) e historia de lo social y el Estado desde la perspectiva de la gubernamentalidad. Actualmente se desempeña como Investigador Asistente del CONICET y Profesor Adjunto del Seminario de Tesina, Departamento de Comunicación Social, Facultad de Humanidades (Universidad Nacional del Nordeste).
Pasado Abierto, Facultad de Humanidades, UNMDP se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.
[1] En este trabajo aparecen indistintamente los términos veteranos o excombatientes, pese a que no desconozco las disputas respecto a los sentidos de estos términos y las luchas que han encarado diversos sectores por reivindicarse en uno u otro. Al ubicarme desde el punto de vista estatal, reconozco que ambos fueron utilizados de manera aleatoria en distintos momentos de la historia en los diversos documentos y declaraciones políticas, que pocas veces se ocuparon de aclarar los sentidos que los propios actores –veteranos o excombatientes- le atribuían. Esto me permite dar cuenta de la volatilidad de formas de nombrar a esos humanos que cumplieron un lugar en el campo de batalla malvinense frente a los británicos. Opto por sostener el término veterano puesto que su uso es el más habitual, por ejemplo, en la ley de pensiones o en la sigla VGM (Veterano de la guerra de Malvinas) utilizada para distinguir y reconocer a quienes pelearon en Malvinas desde las instituciones estatales (civiles y militares). Para un desarrollo sobre el tema, ver Guber (2004) y Lorenz (2012).
[2] Que acerca a lo que Castel define como cuestión social, es decir la “aporía fundamental en la cual una sociedad experimenta el enigma de su cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura” (Castel, 1995: 20).
[3] Archivo Histórico RTA (Buenos Aires), Video, RTA SE, Cadena nacional: Galtieri comunica la finalización de la Guerra de Malvinas, AV-5166 15/06/1982. Recuperado de https://www.archivorta.com.ar/asset/cadena-nacional-galtieri-comunica-la-finalizacion-de-la-guerra-de-malvinas-15-06-1982. Consultado: 16/05/2022.
[4] Boletín Oficial de la República Argentina (en adelante BORA) N° 24.943. 17 de junio de 1982. Recuperado de https://www.boletinoficial.gob.ar/. Consultado: 01/08/2021.
[5] “Crisis militar: Nicolaides asume el comando en jefe del Ejército, 1982” y “Nicolaides con soldados conscriptos después de la guerra de Malvinas, 1982”. Video. Recuperados de http://www.archivoprisma.com.ar/registro/nicolaides‐con‐soldados‐conscriptos‐despues‐de‐la‐guerra‐de‐malvinas‐1982/. Consultados: 15/07/2017.
[6] Servicio Histórico del Ejército (en adelante SHE). Fondo Documental Comisión Especial Malvinas (en adelante FDCEM). Caja 39. Carpeta 7.
[7] Servicio Histórico del Ejército (en adelante SHE). Fondo Documental Comisión Especial Malvinas (en adelante FDCEM). Caja 39. Carpeta 7.
[8] SHE. FDCEM. Caja 39. Carpeta 7.
[9] La Orden Especial del Comandante en Jefe del Ejército Nº763/82 de distribuyó en diversas unidades del país, como por ejemplo el IV Cuerpo del Ejército sito en Santa Rosa. Orden especial 28/82. Para apoyo de ex combatientes del Ejército en las Malvinas. SHE. FDCEM. Caja 41. Carpeta 1.
[10] Citado en Lorenz, 2012: 219.
[11] Podemos reforzar esta hipótesis con prácticas menos opacas que un documento militar. Por ejemplo, la promulgación la ley Nº 22.660 que extendió los derechos que otorgaba el Instituto de Vivienda de la Fuerza Aérea (acceder a créditos para tal fin) a los deudos del personal de la Fuerza Aérea caído en acciones bélicas. BORA, Nº 25.032, 25 de octubre de 1982. Recuperado de https://www.boletinoficial.gob.ar/. Consultado: 01/08/2021.
[12] En este Informe se señala vínculos entre el CESCEM con, entre otros, la Federación Juvenil Comunista o militantes por los Derechos Humanos como Adolfo Pérez Esquivel. El documento incluye otras organizaciones de “tendencia negativa”, “no determinada o sin tendencia”, y “de tendencia pro FAA”. Fondo Comisión de Asesoramiento Legislativo 1976 – 1983. Archivo General de la Nación. Departamento Archivo Intermedio (en adelante Fondo CAL). Código A3-00-00-06-00-01-064.
[13] Informe Cruz Roja Internacional. Prisioneros de guerra. Departamento de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea. Fondo Colección Malvinas. Caja 30. Carpeta 4.
[14] Fondo CAL. Código: A3-00-00-09-00-02-001.
[15] Fondo CAL. Comunicado para difundir a la opinión pública y/o interna de la fuerza y acta de reunión del ECI sobre el asunto de condecoraciones militares. Código: A3-00-00-09-00-02-001.
[16] Departamento de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea (DEHFA). Fondo Colección Malvinas. Caja 12. Carpeta 8. Folios 23-35. La fecha fue tomada de la mención en el documento del Fondo CAL mencionado en la referencia anterior.
[17] El documento hace referencia al cementerio militar de Arlington, situado en la ciudad de Washington, Estados Unidos, que ostenta la famosa tumba al soldado desconocido. Esta posibilidad también fue barajada en el documento de la Marina antes analizado.
[18] Se trata de operaciones orientadas a crear ideas, inducir sentimientos y provocar actitudes convenientes en diversos momentos, tanto en situaciones de guerra contra otra Fuerza Armada, como en una guerra irregular. Las operaciones de acción psicológica llevadas a cabo por las FFAA sobre población civil en Argentina han sido trabajadas en Risler (2018) para el período 1955-1981.
[19] Acta Nº 244. Reunión de la Junta Militar del 16 de diciembre de 1982. Ministerio de Defensa (2014a). Actas de la Dictadura: documentos de la Junta Militar encontrados en el Edificio Cóndor. Tomo V. Buenos Aires: Ministerio de Defensa, pp. 133-134.
[20] Fondo CAL. Caídos en el Atlántico Sur, consideración de la propuesta de los Secretarios Generales. Código: A4-00-00-06-02-00-064. En dicho estudio se encuentra un breve anexo con un Estudio de Estado Mayor del Ejército con tres conclusiones: 1) sostener la intención de trasladar los restos una vez que la situación internacional lo permita; 2) efectuar una campaña de acción psicológica para convencer a los familiares de mantener “la presencia argentina en las Islas a través de los mismos” (los restos sepultados); 3) mantener esa presencia legal para cuidar a los restos.
[21] Fondo CAL. Caídos en el Atlántico Sur, consideración de la propuesta de los Secretarios Generales. Código: A4-00-00-06-02-00-064.
[22] Fondo CAL. Caídos en el Atlántico Sur, consideración de la propuesta de los Secretarios Generales. Código: A4-00-00-06-02-00-064.
[23] En base a esa respuesta el 19 de febrero de ese año, el cuerpo de militares ingleses que aún quedaban en Malvinas organizó un entierro formal bajo parámetros militares cerca del Puerto de Darwin, situado en la Isla Soledad, en lo que hoy se conoce como el Cementerio de Darwin.
[24] Fondo CAL. Consideraciones sobre cartas publicadas en diario Clarín respecto a la guerra de Malvinas. Código: A3-00-00-06-00-01-057.
[25] Acta Nº 236. Reunión de la Junta Militar del 14 de octubre de 1982. Ministerio de Defensa (2014a). Actas de la Dictadura: documentos de la Junta Militar encontrados en el Edificio Cóndor. Tomo V. Buenos Aires: Ministerio de Defensa, p. 85.
[26]Cabe señalar que la convivencia política de las tres Fuerzas Armadas durante la dictadura militar del Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) estaba lejos de ser armoniosa. Los Equipos de Compatibilización Interfuerzas (ECI) tenían como misión estudiar diversos asuntos de orden político para brindar soluciones medianamente consensuadas entre la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea (Canelo, 2016), y estaban formados por, al menos un miembro, de cada Fuerza.
[27] Fondo CAL. Acta 9 de reunión de Secretarios Generales. Código: A2-00-00-04-00-00-018.
[28] Fondo CAL. Consideraciones sobre cartas publicadas en diario Clarín respecto a la guerra de Malvinas. Código: A3-00-00-06-00-01-057.
[29] Fondo CAL. Consideraciones sobre cartas publicadas en diario Clarín respecto a la guerra de Malvinas. Código: A3-00-00-06-00-01-057.
[30] Estado Mayor General del Ejército. Jefatura de Inteligencia II. Campaña de acción sicológica (sistematización de las acciones previstas). SHE, Caja 7, Carpeta 1.
[31]Estado Mayor General del Ejército. Jefatura de Inteligencia II. Campaña de acción sicológica (sistematización de las acciones previstas). SHE, Caja 7, Carpeta 1.
[32] Fondo CAL. Directiva de Estrategia Nacional (DENAC) 03/82 (Malvinas) -ejemplar 04-. Código: A3-00-00-14-00-15-001.
[33] Cabe señalar que la DENAC N°3/82 y su ejecución se mantuvo como tema tratado por los secretarios generales de cada fuerza, cuestión que remarca las tensiones existentes y el clima transicional que se vivía. Esto puede verse, por ejemplo, en un documento de trabajo elaborado por la secretaria de la Junta Militar de octubre de 1983 que afirma que la DENAC de diciembre-enero no estaba aprobada y que además no se vinculó a una Directiva de Estrategia Militar (DEMIL, las DENAC 1 y 2 si lo estaban) pues “las Fuerzas no se pusieron de acuerdo para formularla (…) ARA no contestó a un requerimiento y porque F. Aérea objetó un esquema”. Fondo CAL. Documentos de trabajo sobre DENAC 03/82 (caso Malvinas). Código: A3-00-00-13-00-03-023.
[34] Acta Nº 246. Reunión de la Junta Militar del 7 de febrero de 1983. Ministerio de Defensa (2014a). Actas de la Dictadura: documentos de la Junta Militar encontrados en el Edificio Cóndor. Tomo V. Buenos Aires: Ministerio de Defensa, p. 156.
[35] Acta Nº 251. Reunión de la Junta Militar del 2 de marzo de 1983. Ministerio de Defensa (2014a). Actas de la Dictadura: documentos de la Junta Militar encontrados en el Edificio Cóndor. Tomo V. Buenos Aires: Ministerio de Defensa, p. 192.
[36] Decreto 577/82. BORA, Nº 25138, 15 de marzo de 1982. Recuperado de https://www.boletinoficial.gob.ar/. Consultado: 01/08/2021.
[37] En los meses subsiguientes se incluyó y excluyó a varias personas, lo cual muestra el poco control sobre las listas que aún poseían las Fuerza Armadas. Entre los decretos que excluyen se encuentran el 1553/83 del 24 de junio y el 2681/83 del 14 de octubre; mientras que los inclusivos fueron el 1554/83 del 24 de junio, el 2281/83 del 6 de septiembre y el 2923/83 del 7 de noviembre. Ya en democracia, se continuó con el proceso de reconocimiento fundado en la acción inicial de la Junta Militar con dos decretos: el 2/84 del 2 de enero de 1984, y el 2084/86 del 11 de noviembre de 1986 donde se realiza una nueva lista de beneficiarios de estas distinciones. Para ese año, los condecorados bajo la ley 22.607 llegaron a 885, completando la lista oficial de 649 muertos en combate.
[38] Acta Nº 258. Reunión de la Junta Militar del 28 de abril de 1983. Ministerio de Defensa (2014b). Actas de la Dictadura: documentos de la Junta Militar encontrados en el Edificio Cóndor. Tomo VI. Buenos Aires: Ministerio de Defensa, p. 62.
[39] Osvaldo Destefanis tuvo un protagonismo mediático importante en esos años, logrando viajar como polizón hacia Malvinas en noviembre de 1983. Luego, en un velero, y junto a Ramón Pizarro, izó una bandera argentina en Cabo Belgrano, al sur de la Gran Malvina, en marzo de 1984. Este hecho significó la destitución del comandante militar de las Falklands, Major General Keith Spacie.
[40] Fondo CAL. Acta de reunión del equipo de compatibilización interfuerzas. Código: A1-00-00-09-00-03-003.
[41] Fondo CAL. Acta de reunión del equipo de compatibilización interfuerzas. Código: A1-00-00-09-00-03-003.
[42] Fondo Cal. Resumen comparativo, estudio Estado Mayor. Código: A1-00-00-09-00-03-001.
[43] Fondo CAL. Viaje a Malvinas, antecedentes para el ECI, centro de voluntarios por la patria. Código: A1-00-00-09-00-04-001.
[44] Fondo CAL. Acta de reunión de Secretarios Generales 28/83 (con anotaciones manuscritas). Código: A3-00-00-13-00-03-058.
[45] Fondo CAL. Nota al Jefe del Estado Mayor Conjunto. Código: A3-00-00-13-00-03-065.
[46] Fondo CAL. Acta de reunión de Secretarios Generales 26/83 (con anotaciones manuscritas). Código: A3-00-00-13-00-03-085.
[47] Defensa proponía que el viaje sea patrocinado por la Cruz Roja Internacional, pero sostenido económicamente y de manera no oficial por el Estado Mayor.
[48] Recién en 1989 un grupo de familiares pudo realizar un viaje a Malvinas para visitar el cementerio de Darwin.
[49]Ley 22.944. BORA, Nº 25.279, 17 de octubre de 1983. Recuperado de https://www.boletinoficial.gob.ar/. Consultado: 01/01/2021.
[50] Fondo CAL. Mensaje y proyecto de ley. PEN N° 247. Código: H1-01-02-04-00-18-001.
[51] Fondo CAL. Mensaje y proyecto de ley. PEN N° 247. Código: H1-01-02-04-00-18-001.
[52] Recuperado de http://www.trabajo.gob.ar/downloads/veteranos/res0752_82.doc. Consultado: 01/01/2021.
[53] Acta N° 231. Reunión de la Junta Militar del 21 de septiembre de 1982. Ministerio de Defensa (2014a). Actas de la Dictadura: documentos de la Junta Militar encontrados en el Edificio Cóndor. Tomo V. Buenos Aires: Ministerio de Defensa, p. 67.
[54] Fondo CAL. Acta 07 de reunión del Comité Militar. FAA. Código: A3-00-00-01-00-01-039.
[55] La cuenta se conformaría con los sobrantes del Fondo Patriótico creado por decreto Nº 753/82 durante los días de guerra.
[56] BORA Nº 25.048 del 16 de noviembre de 1982. Recuperado de https://www.boletinoficial.gob.ar/. Consultado: 01/01/2021.
[57] Fondo CAL. PEN Nº 148. Mensaje y proyecto de ley. Código: H1-01-02-06-00-10-001.
[58] Recordemos que hoy el número oficial es de 649.
[59] Los porcentajes iban desde el 1 al 9 % de inutilidad se recibiría un 20% del subsidio; 10 a 19 % un 40%; 20 a 29 % un 50 %; 30 a 39 % un 60 %; 40 a 49 % un 70 %; 50 a 59 % un 80 %, y de 60 a 65 % un 90 %.
[60] Ley 21.507 del 19 de enero de 1977. Recuperada de https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-21507-193620/texto. Consultada: 01/01/2021.
[61] Esto puede verse en el Anexo 1 de la ley 21.507 donde se muestra el índice que se utilizaría de acuerdo la clasificación de grado militar de muertos e inutilizados.
[62] Fondo CAL. Mensaje y proyecto de ley mediante el cual se otorga un subsidio a quienes hubiesen resultado con una incapacidad psicofisica permanente como consecuencia de su intervención en el conflicto con el Reino Unido de Gran Bretaña o Irlanda del Norte en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y en la Zona de Despliegue Continental. Código: H1-01-02-06-00-10-001.
[63] Acta Nº 243. Reunión de la Junta Militar del 16 de diciembre de 1982. Ministerio de Defensa (2014a). Actas de la Dictadura: documentos de la Junta Militar encontrados en el Edificio Cóndor. Tomo V. Buenos Aires: Ministerio de Defensa, p. 133. Las organizaciones de soldados vieron la luz al poco tiempo de finalizada la guerra, aunque todavía no tenían la estructura y organicidad que tendrían más adelante. Una de las primeras fue el CESCEM Capital, que tuvo su acto inaugural en agosto (Vázquez, 2006); aunque para fines de 1982, junto a centros de Corrientes, Chaco, La Plata entre otros ya se había conformado una Coordinadora Nacional (Guber, 2004) y los excombatientes iniciaban un camino de disputa por la memoria pública del conflicto (Lorenz, 2012).
[64] Fondo CAL. Consideraciones sobre organizaciones y actividades de apoyo a ex combatientes y a sus familiares. Código: A3-00-00-06-00-01-064.
[65] Entre las que se incluía a el Centro de ex Soldados Combatientes en Malvinas, en Buenos Aires; Movilización Fraterna en Buenos Aires; Gestiones personales de Isaias Lenin Giménez, en Santa Fe y Paraná; Comisión de asesoramiento jurídico gratuito para ex combatientes en Rosario.
[66] Grupo de Padres de Soldados, en La Plata; Comisión de Homenaje a los conscriptos, en Villa Elisa; Asociación de Entidades de Bien Público, en Beriso; Asociación Argentina de Psicoterapia de Grupo, La Plata; Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires; Movimientos de Padres y Amigos del soldado, en Monte Grande; Centro de ex Soldados Combatientes en Malvinas, Rosario; Estudio jurídico del Doctor Nestor Alfonso Lonegro, en Buenos Aires.
[67] CONAMA (Sra. de Fortabat y grupo de empresarios); ADPA (Asociación de dirigentes de personal de la Argentina); Voluntarias para la Patria; ACMA.
[68] Fondo CAL. Acta de reunión de secretarios generales 17/82. Código: A3-00-00-06-00-01-047.
[69] Orden Especial del Comando en Jefe del Ejército N°778/83 y Nº 783/83. SHE. FDCEM. Caja 2. Carpeta 5.
[70] Orden Especial del Comando en Jefe del Ejército N°778/83 y Nº 783/83. SHE. FDCEM. Caja 2. Carpeta 5.
[71] Fondo CAL. Consideraciones sobre organizaciones y actividades de apoyo a ex combatientes y a sus familiares. Código: A3-00-00-06-00-01-064. Mi resaltado.
[72] Resolución Nº 487/83 (no publicada en el BORA), Ministerio de Trabajo. Biblioteca “Dr. Juan Bialet Masse”. Memoria histórica del Ministerio de Trabajo. Normativa. Agradezco al VGM Daniel Gionco por facilitarme el acceso a este documento.
[73] Este documento constituyó la explicación y auto exculpación del arma terrestre respecto de lo acontecido en el suelo malvinense. Por esta razón el Ejército se ocupó de que circule a nivel público, junto al “Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”, donde se justificaba el accionar de las FFAA respecto al secuestro, tortura y desaparición de militantes entre 1976 y 1982 construyendo un escenario bélico.
[74] Entre las instituciones se encontraba CONAMA (Comisión Nacional Malvinas) y las empresas estatales ENCOTEL y ENTEL (telefonía), YPF (petrolífera), Ferrocarriles Argentinos, Policía Federal, Municipios, Ministerios, entre otros.
[75] BORA, Nº 25.308, 25 de noviembre de 1983. Recuperado de https://www.boletinoficial.gob.ar/. Consultado: 01/01/2021.
[76] Fondo CAL. Mensaje y proyecto de ley. PEN N°320. Código: H1-02-02-05-00-16-001. El 7 de diciembre la Junta también sancionó la ley 23.017 dirigida a ciudadanos -no militares- disminuidos para el trabajo. El Estado otorgó una pensión graciable a 25 personas incluidas en una lista. BORA, Nº 25.318, 12 de diciembre de 1983. Recuperado de https://www.boletinoficial.gob.ar/. Consultado: 01/01/2021.
[77] BORA Nº 25.327 del 23 de diciembre de 1983. Recuperado de https://www.boletinoficial.gob.ar/. Consultado: 01/01/2021.
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