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Inicio > Vol. 4, Núm. 8 (2018) > Molina

Pasado Abierto. Revista del CEHis. Nº8. Mar del Plata. Julio-Diciembre 2018.  ISSN Nº2451-6961. http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto

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Circulación de ideas, orden público y acción judicial en el contexto político  posrevolucionario. Un estudio de caso en Mendoza, 1825-1826

Eugenia Molina

Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales, Universidad  Nacional de Cuyo, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas,  Argentina

eramolina@hotmail.com 

Recibido: 15/05/2018

Aceptado: 15/12/2018

Resumen

Se aborda un expediente de 1826 iniciado por la justicia ordinaria a solicitud del vicario foráneo  de Mendoza por expresiones contrarias a la religión católica, con el objetivo de analizar los modos  a través de los cuales la élite mendocina intentó reubicar ésta dentro del nuevo orden político y  las estrategias judiciales desplegadas a fin de garantizar la gobernabilidad. Se trabajará con  fuentes originales conservadas en el Archivo Histórico de la Provincia de Mendoza, atendiendo  tanto a las formas de circulación de doctrinas científicas y filosóficas fuera de los ámbitos  formales de educación y sociabilidad, como a la trama argumental construida por los actores  implicados para acusar y defenderse, y a la acción del gobierno en una coyuntura de crisis  institucional regional.

Palabras clave: circulación de ideas, orden público, religión católica

Circulation of ideas, public order and judicial action in the provincial post revolutionary context. A case study in Mendoza, 1825-1826

Abstract

We approach an 1826 file started by the ordinary justice by requirement of the foreigner vicar  from Mendoza that contains opinions against Catholicism. Our objective is to analyse the means by which the elite in Mendoza tried to relocate it within the new political order and the judicial  strategies spread so as to guarantee governability. We work with original sources kept in the  Historical Archive of Mendoza, dealing with the ways of circulation of scientific and  philosophical doctrines outside the formal fields of education and sociability, the argumentative  plot built by the implied actors to accuse and defend themselves, and the governmental action in  the juncture of an institutional regional crisis.

Keywords: Circulation of ideas, public order, catholic religion

Circulación de ideas, orden público y acción judicial en el contexto  político posrevolucionario. Un estudio de caso en Mendoza, 1825-1826

Introducción

La historiografía sobre la configuración de los órdenes políticos rioplatenses  posteriores a 1820 ha alcanzado un notable desarrollo, superando una mirada restringida  a lo institucional para incorporar la cuestión de los reacomodamientos de las élites y de  la religión en la sociedad (Ayrolo, 2017; Ayrolo y Verdo, 2016; Lanteri y Nanni, 2016;  Calvo, 2004; Lida, 2004). Los estudios sobre la “feliz experiencia” porteña han  complejizado su perspectiva (Di Pasquale, 2014, 2016; Gallo, 2012; Ternavasio, 2000,  2004; Myers, 2003a, 2003b) y sus relaciones con los programas reformistas en las  provincias, mostrando que, si el ejemplo rivadaviano estaba en el horizonte de  expectativas, aquellos también se vincularon con dinámicas propias relacionadas con las  herencias revolucionarias. En Mendoza, estas últimas incluían una población habituada a  un debate público intenso; no obstante, si se sabe cuáles fueron los embates intra élite y  cómo se aplicaron las reformas, poco se conoce del modo en que podían formarse y  expresarse las opiniones más allá de la prensa, la Sala de Representantes y las  asociaciones como marcos priorizados en la época para formar la opinión pública  (Molina, 2009; Roig, 1968).  

Este trabajo indaga en el modo en que circulaban las teorías filosóficas más allá de  los marcos educativos, académicos o de sociabilidad formalizada y cómo se pensaba y  experimentaba la libertad de expresión en general -y la religiosa en particular- en la  coyuntura de reformas eclesiásticas, buscando comprender cómo los procesos político

institucionales impactaron en las representaciones y relaciones sociales. Se aborda una  causa de fines de 1826 solicitada por el vicario foráneo de Mendoza contra un hombre  por “aver vertido públicamente expresiones en contra de la religión católica”.^[1] Si bien ya  se ha examinado este expediente (Molina, 2004; Acevedo, 1975), en esta ocasión el  interés apunta a observar cómo la élite reubicó la religión en el nuevo orden político y las  estrategias judiciales desplegadas para conservarlo. La exposición se desarrolla en tres  apartados: primero se realiza una breve descripción del proceso político de la ciudad  devenida provincia desde 1820, luego se relata el caso usado como mirador y, finalmente,  se reflexiona en torno de la cuestión propuesta a partir de la lectura del expediente.

Orden provincial: legitimidad y conflictividad  

El levantamiento del Regimiento de Cazadores acantonado en San Juan, en enero  de 1820, inició la desintegración de la intendencia cuyana y la configuración de tres  espacios políticos diversos. En Mendoza, esa crisis institucional fue saldada con el  nombramiento como gobernador de Tomás Godoy Cruz y la creación de una Sala de  Representantes (Bragoni, 2008; Comadrán Ruiz, 1991: 96). Esta pasó de tener solo un rol  consultivo a desplegar un inusitado protagonismo durante los conflictos por el Colegio  de la Santísima Trinidad y la Sociedad Lancasteriana, la cual buscaba extender un método  de enseñanza inglés que por ello se consideraba de dudosa ortodoxia religiosa. En ese  marco, la Sociedad de la Biblioteca estimuló la circulación de nuevas prácticas de lectura  mientras la prensa dotó de complejidad a una esfera pública de discusión no exenta de  intentos de censura por los problemas que generaba al orden político en ciernes.^[2]

La presencia de Juan Crisóstomo Lafinur atizó aún más ese debate. Ya su docencia  en Buenos Aires había predispuesto mal los ánimos de los sectores más tradicionales al  difundir doctrinas que rompían con la escolástica (Di Pasquale, 2015: 20-21) y su  participación en Mendoza en la Sociedad Lancasteriana,^[3]en el Colegio y en las páginas  de El Verdadero Amigo del Pays, generó tanto revuelo que fue expulsado a pedido del  Cabildo. Aunque corta, su estancia sirvió al clivaje de la élite para delinear dos posturas  que se enfrentaron durante 1822 y en los años siguientes, por proyectos diversos sobre la  extensión que debía darse al orden republicano representativo (Molina, 2011: 39-43).

Uno de ellos planteaba la cuestión de la institucionalidad de la soberanía popular.  Como en otras provincias (Romano, 2010; Tío Vallejo, 2011; Tedeschi, 2011), se produjo aquí un desplazamiento de la representatividad desde el Cabildo a la Sala, evidenciado en  la duplicación de sus miembros y en la discusión sobre el procedimiento para  conformarla. La Junta Electoral que elegía sus integrantes y los capitulares fue puesta en  discusión por el vicio de origen con el que estaba engendrada,^[4]ya que no incluía a la  población de la campaña,^[5]pero también por los rumores sobre la manipulación de  votantes. Estos últimos aumentaron al suspenderse el comicio a fines de 1823, lo que  evidenció no solo cómo el mecanismo indirecto creaba intersticios para el fraude, sino  que los límites legales no eran claros en una práctica política relativamente novedosa  (Molina, 2015).

Este debate se producía en el contexto de una profunda crisis económico-financiera,  trama de factores que desestabilizó al gobierno durante toda la primera mitad de 1824  (Molina, 2014; Bragoni, 2004). Para julio de ese año el grupo reformista conectado con  las prácticas asociativas, la prensa y las propuestas de sufragio directo copó los puestos  decisionales, colocando un ejecutivo adicto y obteniendo escaños en la Sala. En pocos  días se nombraron jueces de primera instancia civil y criminal en reemplazo de los  alcaldes ordinarios, se designó defensor de menores, pobres y esclavos y un juez de  policía.^[6] Con ello se vació de contenido la funcionalidad del Cabildo en la estructura  política,^[7]por lo que cuando un año después se lo declaró extinto, solo se trató de un gesto  formal (Acevedo, 1979: 36-40).^[8]Incluso se dictó un nuevo reglamento de elecciones,  recogiendo las inquietudes de los meses anteriores.^[9] También se concretaron cambios en la organización eclesiástica.^[10] Se dispuso que  los conventos regulares ya no reconocerían a la autoridad de sus provinciales, quedando  sujetos al obispo, y se estableció que elegirían en sus conventos a los prelados conforme  a sus instituciones, remitiendo notificación al diocesano por conducto del vicario foráneo  citadino (Ayrolo, 2017: 45). En la ciudad de San Juan se adoptaron medidas más osadas.  La Carta de Mayo, así, no solo reconoció los derechos individuales sino también la  libertad de conciencia, incluyendo la religiosa. Y si el levantamiento pelucón iniciado el  26 de julio de 1825 destituyó al gobernador, una expedición enviada por su colega  mendocino derrotó a los rebeldes y lo reinstaló (Varese y Arias, 1966: 155-158).  

Según el cristal con que se mire

A fines de octubre de 1826, el vicario foráneo, José Godoy, se dirigió al gobernador  solicitando “poner en salvo à la Provincia de tan inminente peligro” como el que  representaba José Angel Falconi, un “advenedizo” que en “conversaciones subversivas”  había atacado los dogmas de la religión católica.^[11] Si bien pedía que no se le impusiera  pena aflictiva (esto es, que afectara su integridad física y simbólica), sí requería una  pronta intervención para frenar su prédica, recolectar los libros que poseía y los prestados  “para que no cause con ellos igual perjuicio en otra parte”.^[12] Al día siguiente el ejecutivo  pasó al juez del crimen la nota para iniciar sumario indagatorio.^[13] 

El juzgado llamó como testigo a Joaquín Sosa y Lima, quien había tenido un  encuentro con el acusado. Este le había dicho varias expresiones “blasfemas”, como que  las Sagradas Escrituras tenían “contradicciones y mentiras” por lo cual no era fiable que  fuera un libro canónico dictado por el Espíritu Santo, y que quienes creían eso eran unos  ilusos o bien este era “un pícaro”. Afirmó que ya se había presentado al cura párroco para  relatar la conversación y este había levantado un auto, agregando que en ese entonces este  tenía dos libros del acusado, de autores “materialistas” e “incrédulos” que, según dijo,  había introducido en casas de familia.^[14] También llamó el juez a Antonia Pereyra, quien  dijo haber solicitado la presencia de Falconi en su casa como médico y que éste le instó  a tomar el “medicamento del Panquimagogo”.^[15] Ella le había preguntado sobre el éxito  de la citada expedición a San Juan para restablecer al gobernador, a lo que le había  respondido que había entrado “felizmente” y que “los pelucones que defendían la  religión” debían haber sido quemados. Empezó a hablar contra los frailes: que engañaban  a las mujeres para que fueran a misa, a confesarse y a bautizar a sus hijos. Y dijo que si  fuera gobierno colgaría a todos sus partidarios con “una tripa de Fraile”, luego de atacar  a la Virgen sosteniendo que tenía varios hijos. La declarante sostuvo, además, que había  hablado en la pulpería de un tal García “à presencia del conjunto que allí se hallaba”.^[16]

El juez dictó prisión contra Falconi y embargo de sus libros, encomendando al  comandante de Granaderos de Infantería cuidar de su incomunicación en el cuartel y pidió  al vicario la sumaria iniciada un año antes referida por Sosa y Lima.^[17] El listado de los  libros mostró una nutrida biblioteca de 35 títulos, varios en dos o tres tomos, que incluían  materias médicas (alrededor de 10),^[18] mineralógicas (1), jurídicas (2),^[19] históricas (2),^[20] y  filosófico-literarias de la autoría del barón d’ Holbach (3),^[21] Voltaire (2),^[22] Denis Diderot  (1),^[23] Jean Jacques Rousseau (1),^[24] César Du Marsais (1),^[25] Charles Dupuis (1)^[26] y Henri Joseph Du Laurens.^[27] También tenía un ejemplar de la Biblia.^[28] 

El vicario presentó copia de la sumaria iniciada un año antes, afirmando que había  comenzado el trámite ante el Superior Diocesano pero no había obtenido resolución  alguna.^[29] En ella se decía que Sosa y Lima se había apersonado ante el cura “sin ser  llamado” y “por descargo de conciencia” para detallar las expresiones “formalmente  heréticas” y “blasfemas” que había oído de Falconi. Puntualizó que la charla había sido  en casa de Juana y Josefa Rosas, pero también podían declarar el presbítero Mayorga, el  guardián de San Francisco, Gervasio del Pardo y Félix Espinoza. Había predicado  también en los hogares de Isabel y Juan Rosas, y afirmaba que era “publica bos y fama”  que era “un Ateo ô materialista refinado”, pues no hablaba de otra cosa en las casas que  frecuentaba, aclarando que no presentaba signos de locura ni de hacerlo por chanza.^[30]Junto con este, el vicario presentó un segundo descargo de conciencia, producido varios  meses después, en julio de 1826, el cual precisó que Falconi había intentado atraer al  testigo a su “partido i opinión”.^[31] Ambas declaraciones fueron agregadas a la causa y a  vista de lo que contenían el juez dispuso que se tomase confesión al reo y se dejase en  depósito los libros, encargando “reserva de su lectura hasta el reconocimiento que de ellos  se haga”.^[32]

El preso dijo ser natural de Montevideo, viudo, de 51 años, médico y actualmente  “minero”.^[33] Había oído decir que se hallaba en prisión por petición eclesiástica debido a  sus “opiniones religiosas”. Al preguntársele su parecer sobre la religión católica,  respondió que luego de 36 años de lecturas de la Biblia, obras “anticuarias” y de religiones  del mundo “se halla indeciso en la creencia de alguna religión sin agrabio de ninguna”.  Cuando el juez insistió en la perversidad de sus intenciones al conversar con personas  “sin conocimiento” para convencerlas, contestó que sus charlas no fueron persuasivas, sino que indagaban en sus errores para desprenderse de ellos. Su argumento ancló en la  publicidad de sus dichos como prueba de sinceridad, confiando en la libertad de opinión  que creía vigente. Cuando se lo consultó por la lectura de libros prohibidos, sostuvo que  algunos estaban en los estantes públicos de los comercios donde los había comprado y afirmó que había prestado textos (incluso a un mercedario), para que lo ayudaran en su  búsqueda de la verdad.^[34]

Se nombró fiscal a Juan de Rosas, uno de sus interlocutores según los testimonios,  pero el reo lo recusó por considerarlo de pocos conocimientos, un argumento inédito en  las recusaciones del escenario judicial local. Solicitó libertad bajo fianza y más tarde  propuso como fiscal a Juan Agustín Maza, Fabián González o Nicolás Villanueva (a quien  había ofrecido antes como fiador), hombres vinculados a las letras y las prácticas  asociativas.^[35] El juzgado no hizo lugar a sus pedidos, confirmando al fiscal, aunque este  renunció ante la “desconfianza” del reo. Se nombró entonces al defensor de menores,  quien intentó excusarse sin éxito.^[36]

Su dictamen empezó definiendo tres conceptos según los “theólogos”: herejía,  blasfemia y apostasía. Acusó a Falconi de herejía “mista”, interna y externa, pues negaba  la autenticidad de los Libros Sagrados. Citó la encíclica de León XII, la cual se había  referido a los abusos de la imprenta en lengua vulgar y los problemas que traía a la  doctrina cristiana por las “interpretaciones perversas” que podía generar, para mostrar  que era precisamente lo que había ocurrido a Falconi. El fiscal sospechaba de su búsqueda  de la verdad, pues sostenía que no la encontraría en “sistemas corrompidos” como los del “materialista” barón d’ Holbach, el “blasfemo Dumar Sais” o el “mentiroso” Voltaire,  considerando que era un “hombre obcecado y boluntariamente siego” que agravaba su  conducta con un lenguaje blasfemo. Lo calificó como un apóstata “protervo”, “un Ateo,  y un incrédulo”, que debía escarmentarse ejemplarmente por haber tanteado el oído de  ignorantes “ê incautos”, eludiendo a los “sabios y literatos”. Pidió, entonces, la pena  capital prevista en la Recopilación de Castilla y las Partidas para “lavar el oprobio, la  vergüenza y la degradación de aber sido tolerado por tanto tiempo este hombre en un país  católico y virtuoso como el nuestro”, agregando que las “naciones cultas” nunca miraron  con indiferencia a un hombre que atacaba la “religión del Estado”. Además, exigió la  quema de sus libros en la plaza pública, pidiendo que se recogiera los de igual temática  en los comercios.^[37]

En su traslado Falconi se dirigió al gobernador, insistiendo en su creencia de que  en la provincia regía la libre expresión, por lo que no había habido perversidad en su  conducta sino yerro sobre el contenido de las leyes.^[38] Solicitaba su protección para que  se considerasen los sufrimientos vividos en prisión como castigo suficiente y se le  permitiese estar dos meses más en la provincia antes de salir, prometiendo no tocar  materias religiosas.^[39] El gobernador dio pase al juzgado y pidió que se considerasen las  solicitudes del reo a “la brevedad”.^[40] El 15 de diciembre el juez dictó sentencia,  estableciendo que, si bien correspondía la pena más grave prevista por la Recopilación de  Castilla, el juzgado la conmutaba por la expatriación, debiendo salir en 15 días, pagando  costas procesales, perdiendo los libros de doctrinas “perniciosas” y contrarias a los  dogmas (los cuales pasarían al vicario para darles destino conveniente).^[41]

Circulación de ideas y orden público

El caso de Falconi conforma una excepcionalidad en la jurisdicción mendocina.  Una compulsa documental realizada en diversos trabajos previos para el periodo 1770- 1850, no ha dado cuenta de otro procesamiento por opiniones religiosas en sí.^[42] Quizá el  único caso similar en cuanto a la implicancia conceptual del orden político-cultural establecido pudo ser un expediente que, dentro de lo que podría considerarse como lesa  majestad real, fue sustanciado en el contexto del gran levantamiento andino de fines del  siglo XVIII, aunque tanto el procedimiento institucional como el objeto de la injuria  fueron bien diversos (Molina, 2012). De hecho, la judicialidad al servicio de reprimir  palabras y actos subversivos se conectó en la época con la lucha facciosa intra élite en un  creciente contexto de enfrentamiento regional (Molina, 2014). No obstante, como fuente,  este expediente da cuenta de una trama social y cultural que nada tiene de excepcional.

En efecto, su análisis revela que si bien la sociabilidad formal había tenido un rol  clave para la élite como ámbito para generar reformas culturales e institucionales, las  tertulias y encuentros domésticos podían funcionar como espacios habituales para  departir sobre acontecimientos y debates filosóficos coetáneos.^[43] Falconi había hablado con casi una quincena de interlocutores en diferentes casas que referían a una trama de  relaciones en la cual este advenedizo se estuvo moviendo durante por lo menos un año y  medio antes de ser denunciado. Los hogares de los Rosas y los Lima fueron escenarios  de sus exposiciones, una parentela enraizada en el núcleo de la élite prerrevolucionaria  pero que también se relacionaba con las novedades asociativas e institucionales del primer  lustro de 1820. Allí dialogó no solo con los hermanos Juana, Josefa y José Rosas y Lima,^[44]sino también con Mayorga.^[45] Y hasta el gobernador, Juan Corvalán, pudo estar enterado aún antes de la denuncia, pues era cuñado del principal denunciante, Sosa y Lima.^[46] Otro foco de relaciones se generó en torno de los Zuloaga, pues estuvo en la casa  de dos mujeres de esta familia, conectada a su vez con Nicolás Villanueva,^[47] por lo que  no es extraño que al ofrecer fianza para su libertad Falconi lo propusiera como garante,  habiendo sido actor clave en la Sociedad Lancasteriana, la Biblioteca^[48]y la prensa, e ingresado a la Sala con el recambio que aseguró en julio de 1824 el control político al  grupo radical.^[49] A la par de estos lazos con lo más rancio de la élite mendocina, Falconi  tuvo charlas con otros, no tan encumbrados y no solo en la intimidad de los espacios  domésticos sino también en una pulpería. Así, un año antes de su procesamiento era  “publica vos y fama” que era un “Ateo ô materialista refinado”.

Sus opiniones impugnaban dogmas católicos como la virginidad de María o la inspiración divina de la Biblia, temáticas abordadas en ciertos libros incautados; no  obstante, sus dichos sobre la falta de disciplina monástica no eran originales, pues  conformaba un argumento ya planteado desde las reformas borbónicas.^[50] Por los textos  que tenía se puede apreciar que sus ideas derivaban de un proceso reflexivo en el que la  lectura de autores materialistas se conectó con su profesión médica. Si bien dijo haber  abandonado esta, fue llamado por ella a uno de los domicilios y mostró estar actualizado  al recomendar el remedio purgante del “panquimagogo” llegado hacía poco tiempo a  Buenos Aires y Mendoza. Esto confirma las estrechas relaciones intelectuales entre  medicina y filosofía evidenciadas en la idéologie, en la que los aportes de Cabanis habían incorporado el discurso fisiológico al registro filosófico (Di Pasquale, 2015: 18).  Siguiendo a Di Pasquale, es posible pensar que los idéologes fueron más conocidos por  las relecturas locales, como las del mismo Lafinur, que por el acceso directo a sus obras  (2014: 131),^[51] y en ese marco, el reo mostró conocer la discusión sensualista y racionalista  que se venía extendiendo por los saberes galénicos.^[52] 

Pero había otro núcleo de ideas que el reo manejaba bien: las que definían el marco  de un debate público legítimo por ser racional y sincero. Usó la doctrina elaborada en la  época para fundamentar la libertad de expresión y sostener la necesidad del debate para formar la opinión pública por gobiernos que se decían republicanos y representativos,  basados en la soberanía popular, afirmando haber expresado sus opiniones abiertamente  y con honestidad como prueba de su buena intención, pues se había movido en la creencia  de que regía en la provincia una amplia libertad, como parecía evidenciarlo la tolerancia  del gobierno respecto de la prensa. Esto mostraba una apropiación del discurso sobre los  beneficios de una esfera pública de discusión en la que las racionalidades individuales se  enfrentaran en condiciones de igualdad, garantizadas por la sinceridad de los  participantes.^[53] De hecho, dijo que algunos textos los había comprado en Mendoza,  estando públicamente expuestos; en tal sentido, ya se ha marcado el notable crecimiento  que hubo en la importación de textos europeos en el mercado porteño durante el primer  lustro de 1820 (Di Pasquale, 2014: 130) y que pudo reflejarse en Mendoza en la labor de  la Biblioteca, la cual ya había preocupado al Cabildo por haber incorporado obras de  “doctrinas inmorales” que podían sembrar “semillas de la impiedad” en el “religioso pueblo” mendocino.^[54] Su “investigación de la verdad” se sostenía, incluso, en otro punto  del discurso de la opinión pública, el de la suspensión del juicio para abrirse al diálogo y  aceptar el error (Roig, 1968: 30).^[55]

El dictamen del fiscal basó su pedido de pena capital en la conservación del orden  público,^[56]  pues si la religión del Estado era la católica y las leyes la protegían, cualquier  atentado contra ella resultaba un ataque a la sociedad política. Falconi había alterado ese  orden no solo por haber expresado críticas a ella sino por haber intentado atraer adeptos,  minando las bases del orden legal. La sentencia final, lejos de buscar la expiación  comunitaria con un castigo que vindicase a la población de la vergüenza de haber acogido a un hereje, apuntó a excluirlo por debilitar los pilares de la vida sociopolítica,y lejos  de exigir un acto ritual ejemplificador como la quema pública de los libros, dispuso su  recolección y depósito.^[57] 

Consideraciones finales

El expediente judicial ha servido para observar cómo se producía en la experiencia  cotidiana la circulación de opiniones en el periodo posrevolucionario. Se vio cómo las  doctrinas filosóficas ilustradas llegaban a diversos actores sociales, incluyendo mujeres  que no eran de la élite, por lo que si bien las prácticas asociativas y la prensa resultaron  claves en la discusión que los gobiernos estimularon, las conversaciones y debates sobre  temáticas que también se discutían en ellas evidencian su circulación por fuera de marcos  letrados, constituidos por prácticas de sociabilidad doméstica y por el trato interindividual  que incluía el préstamo de libros. Lo interesante es que los interlocutores escucharon a  Falconi hasta configurar la opinión de que era un ateo, pero no evitaron su trato. Durante  un año y medio, al menos, Falconi anduvo exponiendo sus ideas sobre los dogmas  católicos, la inconducta de los frailes y las sospechas sobre los santos. De hecho, que  Joaquín Sosa y Lima lo denunciara varios meses después de que supiera de sus  “investigaciones”, pudo tener que ver con el entredicho público en el que podían poner a  su parentela los vínculos con un hombre tal en un contexto caldeado por las discusiones  sobre la reforma eclesiástica y las consecuencias de la libertad de expresión que había  tenido en las ciudades cuyanas una coyuntura clave en la segunda mitad de 1825. Pero es sugerente que solo él, dentro de su entramado familiar, hubiera intentado descargar la conciencia, cuando varios habían asistido a sus dichos. Ello muestra que el dispositivo  del escándalo ya no resultaba tan efectivo,^[58] quizá por los efectos de la prédica de la  prensa, las discusiones públicas y los hechos de los últimos años, todo reproducido y  amplificado en la experiencia cotidiana por el intercambio interpersonal.  La causa no siguió un carril habitual, pues el reo no fue puesto en vigilancia en la  cárcel pública sino en un cuartel, lo que muestra una situación peculiar que reproduce la  de los expedientes por conspiraciones políticas de la época (Molina, 2014). También  rompiendo con el procedimiento formal, Falconi salió del circuito judicial para dirigirse  al gobernador y pedirle su libertad y si bien este no contestó su oficio, sí presionó al juez  para que dictase sentencia a la brevedad, teniendo presente sus propuestas. Esta estrategia  resultó exitosa, vinculándose con otra nota particular: nunca llegó a nombrársele un  defensor, ya que se determinó su salida como única pena junto al pago de las costas. Esto evidencia que la causa debía terminarse antes de que reencendiera el debate sobre la  religión y la libertad de expresión. Una agilidad de la justicia para finiquitar el asunto en  poco más de un mes que solo solía verse, en general, en la judicialización del  faccionalismo político (Molina, 2014), pues los procesos por otros delitos podían durar a  veces de cinco meses a un año, o más.^[59] 

Si bien el fiscal acusó a Falconi por su múltiple delito de herejía, blasfemia y  apostasía, centró su dictamen en el potencial subversivo de su comportamiento. Sin  abandonar la noción de una comunidad trascendente de reciprocidad en la que el pecado  y la desviación podían afectar la salvación colectiva (Lempérière, 1998), su argumento y la sentencia abrevaron en la noción de “religión de Estado” del catolicismo, la cual implicaba al orden público. De allí que en el interrogatorio se indagó en la intencionalidad  de predicación, al minar un pilar básico de la vida social según el reacomodamiento de  aquella dentro del novel marco republicano (Ayrolo, 2010: 279).  Finalmente, el caso confirma la estrecha relación entre saberes médicos,  filosóficos y política, pues si bien Falconi decía haber abandonado su profesión, tanto su  biblioteca como ciertos autores que leyó y en torno a cuyas tesis reflexionó, reflejaban cómo estos saberes se articulaban por las vías del materialismo y el sensualismo, lo que  podía ser potencialmente peligroso al ser aplicado sin limitaciones a las consideraciones  de la libertad de expresión según los cambios institucionales de los marcos provinciales.

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Eugenia Molina es Doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata,  investigadora adjunta de CONICET, docente efectiva de la UNCuyo. Especialista en el  estudio de los procesos de configuración estatal en el Río de la Plata en el periodo  comprendido entre las Reformas Borbónicas y la coyuntura constituyente nacional. Sus  investigaciones se insertan en la línea de la Historia social de la justicia como vía de  indagación de las modalidades de construcción del poder, la autoridad y la legitimidad.

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Pasado Abierto. Nº 8. Julio-Diciembre de 2018 Página 159  

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