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Pasado Abierto - Año de inicio: 2015 - Periodicidad: 2 por año
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Pasado Abierto. Revista del CEHis. Nº13. Mar del Plata. Enero-junio 2021.

ISSN Nº2451-6961. http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto

                                                                           

Historia y memorias de las manifestaciones callejeras de los “lisiados” a principios de los años 70 en el Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay).

Gildas Brégain

Universidad de Rennes,

 Centro Nacional de Investigaciones Científicas, Francia.

 gildas.bregain@ehesp.fr

Recibido:        17/12/2020

Aceptado:        31/03/2021

Resumen

Este artículo busca comparar tres manifestaciones callejeras organizadas por personas “lisiadas” en Chile, Uruguay y Argentina a principios de la década de los 70. Concretamente, se focaliza en tres casos acontecidos en Santiago de Chile (22 marzo de 1972), Montevideo (4 de diciembre de 1972) y Buenos Aires (24 de julio de 1973). Para lograr este fin analiza ciertas características de estas manifestaciones: los grupos sociales que las organizan; el número y la composición social de los manifestantes; los grupos de interés y los partidos políticos que los apoyan; sus objetivos; su estrategia de autopresentación; su duración, el grado de represión policial, el nivel de éxito, el papel de las circulaciones transnacionales en su desarrollo; su cobertura mediática, así como el uso político de su memoria histórica. Se utilizan una variedad de fuentes: la prensa nacional y/o alternativa, entrevistas con los líderes asociativos, pero también redes sociales (Facebook, Twitter) y programas de televisión grabados y publicados en Youtube.

Palabras clave: manifestación, discapacidad, derechos, empleo, historia comparada

History and memories of the street demonstrations of the “crippled” in the early seventies in the Southern Cone (Argentina, Chile, Uruguay)

Abstract

This article tries to compare three street demonstrations organised by “crippled” people in Chile, Uruguay and Argentina in the early 1970s: in Santiago de Chile (March 22th, 1972), in Montevideo (December 14th, 1972) and in Buenos Aires (July 24th, 1973). To this end, we will analyse a series of characteristics: the social groups that organised them; the number and social composition of the demonstrators; the interest groups and political parties that supported them; the objectives of these demonstrations; their strategy of self-presentation; their duration, the degree of police repression, the degree of success, the role of transnational circulations; their media coverage, as well as the political use of their historical memory. We use a variety of sources: the national or alternative press, interviews with association leaders, but also social networks (Facebook, Twitter) and television programmes recorded and published on Youtube.

Keywords: manifestation, disability, rights, employment, comparative history

Historia y memorias de las manifestaciones callejeras de los “lisiados” a principios de los años 70 en el Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay)

Introducción

La historia de las protestas de las hoy llamadas personas con discapacidad es un campo problemático relevante porque poseen un fuerte impacto en la construcción de las políticas públicas y en el imaginario social. Si esta relevancia ha transformado a las mismas en un tema de estudio para los historiadores en Estados Unidos y Francia, pocos trabajos se han centrado en las movilizaciones de las personas con discapacidad en los países de América Latina. En este sentido, Diego Armus (2005) ha documentado las movilizaciones de los tuberculosos en sanatorios argentinos e Irene Molinari (2016) las de los leprosos. Por su parte, Ann Ellis (2016) estudió la huelga liderada por estudiantes ciegos en el Instituto Nacional para Ciegos en Buenos Aires el 1 de septiembre de 1917. En dicho reclamo se exigió mejor alimentación, sábanas limpias y una representación igualitaria en el comité directivo de la institución. Christian Jullian Montañez (2013) analizó las protestas de los estudiantes ciegos mexicanos, quienes durante los años 30 utilizaron múltiples peticiones y huelgas para denunciar su precaria situación y la necesidad de reformas profundas para que los alumnos pudieran contar con un autogobierno. En investigaciones previas (Brégain, 2013), he estudiado las protestas de las personas con discapacidad durante el periodo que va desde 1968 a 1982 en Argentina, Brasil y España, demostrando que las mismas eran una de las tantas expresiones de las movilizaciones emancipadoras que las personas con discapacidad estaban protagonizando en muchos países en un contexto internacional favorable.        

En este artículo me concentraré en analizar tres manifestaciones callejeras organizadas por personas con discapacidades físicas y sensoriales -conocidas entonces como “lisiados”- en Chile, Uruguay y Argentina a principios de los 70. Los escenarios de las mismas lo constituyen: Santiago de Chile (22 de marzo de 1972), Montevideo (4 de diciembre de 1972) y Buenos Aires (24 de julio de 1973). Estas protestas fueron acontecimientos excepcionales en cada uno de estos países, sin que por ello se pueda invocar su carácter pionero en el campo de la discapacidad. Estas manifestaciones no eran más que una expresión, entre otras tantas formas de acción colectiva, que utilizaron las personas “lisiadas” para defender sus derechos (huelga de hambre, huelga laboral, ocupación de edificios administrativos, etc.). La presencia de dictaduras durante los años siguientes en Argentina (1976-1983), Chile (1973-1989) y Uruguay (1973-1984) limitó considerablemente la gama de estrategias que los actores de las asociaciones podían utilizar para defender sus derechos. Las autoridades de los tres países no dudaron en utilizar la censura, la represión política, la tortura y las desapariciones, así como las amenazas para reprimir cualquier protesta social. No obstante, se pueden observar otras concentraciones públicas de personas con discapacidad durante las horas más oscuras de la dictadura de Jorge Rafael Videla (1976-1981). De hecho, en 1977 y en 1978, una treintena de vendedores ambulantes ciegos en la ciudad de Buenos Aires organizaron varias concentraciones públicas frente a las instituciones encargadas de expedir los permisos para desarrollar este tipo de actividad. Ante la negación del municipio a renovar sus habilitaciones, aludiendo a razones de privilegio del orden público, gritaron por el derecho a mantener sus fuentes de trabajo.[1] Asimismo, el 8 de agosto de 1981, una docena de personas con discapacidad física se reunieron pacíficamente frente a un almacén en el puerto de Buenos Aires para protestar por el retraso en la promulgación de una ley que las eximiera de pagar cualquier tipo de impuesto sobre los automóviles importados con comandos ortopédicos.[2] Entre sus reclamos estaban los de poder retirar sus coches adaptados de la aduana con celeridad sin tener que pagar impuestos de importación. En los casos mencionados, las personas con discapacidad protestaron en el espacio público sin marchar en las calles.

El recorte temporal de este trabajo y nuestro interés por centrarnos únicamente en comparar las manifestaciones callejeras organizadas a principios de los 70 se justifica en una serie de elementos en común y en confrontación: la relativa similitud de los grupos sociales que los organizaron, su concomitancia cronológica, pero también el papel de estas manifestaciones en la conquista de una ciudadanía política. Ni la organización de protestas, ni la participación en ellas eran prácticas habituales para las personas “lisiadas” en los tres países estudiados, ya que sus bajos niveles de alfabetización y el aislamiento social eran obstáculos para esa participación. Las concentraciones en la vía pública eran una forma teatralizada de expresar sus demandas políticas. Esta teatralización fue más intensa dado que las personas “lisiadas” eran percibidas tradicionalmente como pasivas. Gracias a su movilización colectiva, este grupo de personas se constituyó como un nuevo actor político a nivel nacional. Sus reclamos permitieron que las demandas individuales y extraoficiales aparecieran como problemas sociales, “un trabajo social de producción de la creencia colectiva y de legitimación de las prácticas que precede y acompaña al trabajo específico que se realiza en el ámbito jurídico” (Lenoir, 1986: 30-31). Las movilizaciones formaban parte de la construcción de la legitimidad democrática de sus demandas políticas. Cabe señalar que las demandas de estas tres manifestaciones formaron parte de marcos más amplios de movilizaciones que se venían realizando desde hace varios años y que apuntaban a la aprobación de legislaciones que promovieran el acceso al empleo y a la movilidad.

Otros puntos de divergencia entre estas manifestaciones llaman inmediatamente nuestra atención. Por un lado, la historiografía de cada uno de estos países presta una atención muy desigual a estos eventos: varios artículos lo mencionan en el caso de Argentina (Brégain, 2012; Médica y Villegas, 2017). La poca relevancia dada a la manifestación chilena en la historiografía del período (Suazo-Paredes y Reyes, 2019) y la ausencia de literatura sobre la historia de la discapacidad en Uruguay, sugieren que la manifestación argentina fue pionera en el Cono Sur. Por otro lado, es posible observar formas muy diferentes de usos memoriales de estos eventos. En efecto, la movilización del 24 de julio de 1973 constituye una apuesta memorial destacada dentro de los movimientos en pro de los derechos de las personas con discapacidad en Argentina, lo que no ocurrió en los otros dos países. La noción de memoria es polisémica; puede entenderse como el recuerdo de la experiencia vivida o transmitida, pero también como “la instrumentalización de esta experiencia según los usos políticos del pasado” (Lavabre, 2007: 139-147). Me interesan especialmente los “marcos de la memoria” en torno a estas manifestaciones, es decir, las condiciones sociales de la producción y la evocación de esos recuerdos.

El objetivo de este artículo es, por lo tanto, analizar la originalidad y la especificidad de las tres manifestaciones callejeras de personas “lisiadas” organizadas en estos países del Cono Sur. Este análisis cruzado de las demostraciones se llevará a cabo sobre la base de una serie de criterios: los grupos sociales que las organizaron; el número y la composición social de los manifestantes; los grupos de interés y los partidos políticos que las apoyaron (Mc Adam, Tarrow y Tilly, 1998); los objetivos de esas manifestaciones y su grado de subversión del orden social; su estrategia (corporal o no) de autopresentación (Soutrenon, 1998); su duración; el grado de represión policial; el nivel de éxito (conquistas sociales y legislativas); el papel de las circulaciones transnacionales (transferencias de ideas, formas de organización y acciones); su cobertura mediática y sus usos memoriales. Consideramos que las manifestaciones constituyen “una forma de expresión política [que] se refiere a un universo de prácticas múltiples, pero no infinitas, codificadas y rutinarias, pero susceptibles de transformación, históricamente constituidas y culturalmente delimitadas, pero siempre en evolución” (Fillieule y Tartakowsky, 2013: 11).

Para lograr este fin, utilizaremos una amplia variedad de fuentes de información: la prensa nacional o alternativa, entrevistas con líderes asociativos de la época, pero también las redes sociales (Facebook y Twitter) y los programas de televisión grabados y publicados en Youtube. El uso de las fuentes de la web es legítimo para el historiador (Rygiel, 2011), tanto más cuanto que los actuales activistas las utilizan para evocar las antiguas manifestaciones y promover su acción. Los artículos de prensa tienden a dar una interpretación simplificada de las manifestaciones, enmascarando la diversidad de la composición social de los manifestantes y las motivaciones de los actores presentes. Generalmente dan una imagen monocromática de las manifestaciones, destacando sistemáticamente los discursos y las pancartas de los organizadores. A veces ocultan cierta información, como la identidad de los líderes de estas acciones, su origen social y su trayectoria profesional. Las entrevistas con los líderes de las asociaciones permiten saber cómo se representaron y recordaron los hechos. El testigo nos proporciona un testimonio revelador de una memoria colectiva selectiva, hecha de olvido e imaginación, y desgarrada con otras memorias colectivas debido a las multi-filiaciones y multi-identificaciones de los individuos.

Con la intención de mantener la precisión histórica, y no caer en un anacronismo, en lo relativo al pasado en este artículo se opta por los términos utilizados en la época estudiada (lisiado, discapacitados, personas discapacitadas). Si bien estos términos hoy resultan en desuso por su carga peyorativa y la terminología vigente aceptada es persona con discapacidad, la opción por recuperar el uso literal constituye un recurso de análisis socio-histórico central para comprender los sentidos atribuidos a la discapacidad en el período analizado y, también, cómo los propios protagonistas se reapropiaron de una categoría ofensiva para unirse en una lucha por sus derechos humanos. Una solución habitual a este tema suele usar el uso de comillas. En la parte final del texto, donde establezco diálogos con el presente, recupero la noción persona con discapacidad, ya que es la actualmente usada por este colectivo.

Perspectivas cruzadas sobre la historia de estas manifestaciones

En esta sección se examina la historia de estas demostraciones comparando sus características: su temporalidad, su ubicación, sus objetivos, el grado de represión policial, y sus consecuencias políticas y sociales.

La concomitancia cronológica de las manifestaciones organizadas en los tres países

La concomitancia cronológica de las protestas organizadas en Argentina, Uruguay y Chile puede explicarse por una serie de factores. En primer lugar, la condición de posibilidad de estas demostraciones se basa en la presencia en los tres países de agrupaciones de “lisiados” en instituciones (escuelas, institutos de rehabilitación, talleres protegidos) o dentro de movimientos asociativos, que intercambiaban sus experiencias de vida y sus dificultades. Cuando “lisiados” previamente aislados se encontraban allí, descubrían que compartían un destino e identidad común. Los profesionales del sector de la rehabilitación (médicos y trabajadores sociales) contribuyeron a interpelar a los “lisiados” para que pudieran asumir su condición de tales y, en menor medida, se reconocieran como sujetos de derecho. Las asociaciones desempeñaron un papel fundamental en la politización de los “lisiados”. De hecho, fue generalmente en el seno de las mismas que los líderes trataron de movilizar recursos humanos para organizar y participar en manifestaciones callejeras. En los tres países, la manifestación fue promovida por una única asociación de “lisiados”, lo que refuerza la idea de una relativa homogeneidad de las reivindicaciones políticas dentro de las protestas. Sin embargo, debemos tener cuidado de no generalizar, ya que los movimientos asociativos que organizaron estas manifestaciones eran heterogéneos y plurales, y nuestras fuentes siguen siendo demasiado limitadas.

La movilización uruguaya fue organizada por la Organización Nacional pro-Laboral para Lisiados (ONPLI), una institución creada en noviembre de 1972 por jóvenes que compartían una cultura generacional común: eran casi todas víctimas de la epidemia de polio, casi todos antiguos alumnos de la Escuela Especializada Roosevelt. Durante mucho tiempo, habían participado en eventos recreativos organizados por la Asociación Pro Recuperación del Inválido (APRI), pero habían decidido crear una nueva organización, ya que tenían desacuerdos con los dirigentes de la APRI asociados a: 1) los objetivos de la organización (una asociación dedicada a eventos recreativos y culturales, y no a la defensa del derecho al trabajo),[3] 2) la necesidad de un cambio radical en la composición del consejo directivo (hasta entonces compuesto únicamente por personas mayores de clase media o alta) y 3) los modos de acción (la dirección se negaba a utilizar las manifestaciones como forma de acción política por temor a la represión).[4]

Muchos integrantes de la ONPLI siguieron participando de las actividades de la APRI durante algún tiempo. De hecho, los nuevos dirigentes de la ONPLI conversaron con dirigentes de la APRI para ver si ella quería apoyar la ONPLI en su lucha política por el empleo, pero los dirigentes de la APRI, en su totalidad trabajadores, no quisieron involucrar en la manifestación el nombre de APRI. Sin embargo, algunos integrantes de la APRI, como de otras instituciones (Talleres vocacionales de la Escuela Roosevelt, Fundación Braille, etc.), acompañaron la protesta a título personal. La única organización que apoyó oficialmente la movilización fue la Unión Nacional de ciegos del Uruguay.

La ONPLI rápidamente reunió varios cientos de miembros. Estaba dirigida en ese momento por Juan Carlos Álvarez, Washington Herbert Chamorro Silva, y la secretaria administrativa era entonces una mujer, Blanca Velázquez. Esos dirigentes, como los demás miembros más activos, eran adultos jóvenes (entre 17 y 25 años), en mayor parte de diferentes sensibilidades de izquierda y simpatizantes del Frente Amplio. Se reunían en casas particulares o en las sedes de organismos políticos (Frente Amplio, Partido Comunista) o sindicales (Sindicato Único Nacional de la Construcción y anexos).[5] Los líderes de la ONPLI incorporaron una cultura de la protesta participando en manifestaciones callejeras organizadas por el Frente Amplio.

La manifestación argentina fue planeada por los dirigentes del Frente de Lisiados Peronistas (FLP), un grupo de militantes peronistas recientemente formado (diciembre de 1972) e influido por el marxismo. Estos jóvenes solían compartir una cultura social común: la mayoría de ellos había completado su rehabilitación profesional en el Instituto Nacional de Rehabilitación y luego había trabajado en talleres protegidos. Habían participado anteriormente en la formación de un club de baloncesto en silla de ruedas, el Club Integración Deportistas Discapacitados de Argentina, que reunía a jóvenes de la escuela profesional ACIR de clase social baja y oriundos de las provincias (Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, etc.).[6] Estos jóvenes no fueron aceptados en el Club de Baloncesto ACIR, que estaba formado por personas de un nivel social acomodado, y solían ser despreciados (Ferrante, 2012: 46). Eran considerados como “cabecitas negras”, debido a la racialización de las relaciones de clase. Cuando se creó en diciembre de 1972, el FLP era tan heterogéneo como el peronismo, pero poco a poco se convirtió en el estandarte de los Montoneros, esos jóvenes peronistas de orientación marxista quienes optaron por la lucha armada para combatir la dictadura. Los “lisiados” pertenecientes a la derecha peronista se retiraron entonces del FLP. Los dirigentes del FLP forjaron una cultura de protesta participando en manifestaciones y otras acciones promovidas por organizaciones peronistas (especialmente la Juventud Peronista).

Tenemos menos información sobre la composición de la Asociación Chilena de Lisiados (ASOCHILI). Fundada a finales de los años 60 como Movimiento Nacional de Lisiados, la asociación estaba encabezada por Mario Alejandro Hernández Pérez, un joven ejecutivo quien fue víctima de la polio, y su presidente honorario fue un diputado con discapacidad del Partido Demócrata Cristiano, Gustavo Cardemil Alfaro. La ASOCHILI fue una organización reconocida, que ya negociaba con las administraciones en comisiones administrativas, a diferencia de las organizaciones uruguaya y argentina que eran de reciente creación. Su objetivo fue promover la rehabilitación, el acceso al transporte y al empleo. Aunque incluía a personas “lisiadas” de todas las clases sociales, parecía estar dirigida por personas de las clases media y alta.

La concomitancia cronológica de las protestas organizadas en Argentina, Uruguay y Chile puede explicarse, en segundo lugar, porque había un clima político favorable a nivel internacional con la generalización del concepto de los derechos de las personas discapacitadas durante el periodo que va desde 1968 a 1982. Desde finales de los años 60, las ONG destacaron la necesidad de adoptar instrumentos jurídicos internacionalmente vinculantes, así como legislaciones a nivel nacional, para proteger los derechos de las personas discapacitadas y garantizar la organización de los servicios necesarios para gozar de ellos. Durante los años 60, se fue consolidando la idea de fomentar una norma jurídica única que protegiera los derechos de todas las personas discapacitadas. Algunos movimientos asociativos (en particular, de los sordos, de los padres de niños con deficiencia intelectual) se oponían a esta idea y deseaban que se adoptara un texto internacional que legitimara los derechos específicos de una sola categoría. En 1964, durante su Congreso Mundial, el World Council for the Welfare of the Blind aprobó una Resolución (64-20) alentando a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) a aprobar una Declaration of the Rights of Disabled Persons.[7] En agosto de 1968, un grupo de trabajo estudió los derechos de las personas discapacitadas físicas durante el International Council on Social Welfare en Helsinki (Finlandia), recomendando la aprobación de una declaración universal de los derechos humanos de las personas discapacitadas.[8] En una resolución, estos participantes legitimaban el derecho al trabajo “en la mayor medida posible”, la eliminación de las barreras arquitectónicas, el derecho de acceso a “ayudas técnicas y aparatos especiales”. El grupo no mencionó la idea de las cuotas obligatorias de empleo, un concepto muy utilizado en los países europeos después de la Primera Guerra Mundial, pero que había sido devaluado por muchos actores anglosajones en favor de soluciones compatibles con la lógica económica liberal (como la colocación selectiva y los talleres protegidos) (Brégain, 2020). Ese mismo año, la International League of the Societies for the Mentally Handicapped aprobó una declaración de los derechos de los denominados históricamente “retrasados mentales”, que luego fue adoptada por la ONU en diciembre de 1971. En agosto del mismo año, la World Federation of the Deaf aprobó una declaración de los derechos de los deficientes auditivos. La Declaración de los Derechos de los Impedidos fue aprobada por la ONU en 1975. Estableció la idea de que todas las categorías de personas discapacitadas debían tener los mismos derechos.

La proclamación de los derechos interpeló a los principales interesados y a sus familias y consolidó nuevas aspiraciones en ellos. Las personas “lisiadas” informadas se consideraban ahora como titulares de derechos. La comparación entre la discriminación que sufrían y lo que creían merecer generaba en ellos un sentimiento de injusticia. Esto es particularmente cierto en el caso del derecho al trabajo, que, cuando se le invocaba, transformaba una situación de trabajo precario, previamente tolerable, en una situación inaceptable. Este contexto caracterizado por el incremento del sentimiento de injusticia puede observarse en los tres países desde finales de los años 60 y proporcionó un clima favorable para que las personas se sintieran enfadadas cuando un evento específico las afectaba. En muchos países, la combinación de dinámicas vinculadas a la fuerte politización y a la proclamación de los derechos de las personas discapacitadas reforzaron los procesos de emancipación y de protestas dentro de los colectivos de personas discapacitadas. Además, las competencias deportivas internacionales colaboraron en la difusión de las políticas públicas extranjeras y la politización de las personas discapacitadas. Así, los dirigentes de la ONPLI participaron en algunos concursos internacionales de deporte en sillas de ruedas, en particular en Argentina, lo que les permitió conocer los logros y las reivindicaciones políticas de los actores.

En tercer lugar, existía también un contexto político democrático favorable a nivel nacional, con la presencia de regímenes democráticos en Uruguay y Chile hasta 1973, y en Argentina hasta 1976. En este último país, la llegada al poder del peronista Héctor Cámpora en mayo de 1973, configuró un contexto político favorable para canalizar el malestar social, en particular en el sector de la salud. Su llegada despertó una enorme esperanza de justicia social y del derrocamiento del orden económico capitalista en una fracción de la población. Los peronistas -y especialmente la Juventud Peronista- se movilizaron en el espacio público para transformar radicalmente la atención médica que se prestaba a la población y permitir el acceso de todos a una prestación de calidad sin ninguna condición de recursos. La manifestación chilena tuvo lugar en un período crucial del gobierno de la Unidad Popular, durante el cual aparecieron públicamente divisiones ideológicas entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, cuyas posiciones eran más moderadas y tenían como objetivo obtener el apoyo de las clases medias (Seguel-Boccara, 1997: 338). En su primer año de gobierno, ya había adoptado varias medidas para lograr una sociedad socialista y democrática. Había promovido la participación política de las clases trabajadoras y aplicado una política de redistribución de la renta nacional mediante el aumento de los salarios y de las primas. Esta política dio lugar a una notable mejora de las condiciones de vida de los desfavorecidos y suscitó las esperanzas de muchos miembros de los sectores populares. Los más desfavorecidos se veían ahora como compañeros, iguales en dignidad a los de las clases media y alta (Seguel-Boccara, 1997: 202). Sin embargo, a partir de fines de 1971, comenzaron a acumularse problemas para el gobierno de la Unidad Popular: la escasez de alimentos era real, el gobierno se enfrentó a la brutal reducción de las reservas de divisas del país y parte de la clase media (una franja de la Democracia Cristiana) retiró su apoyo a la acción del gobierno, por temor al socialismo revolucionario. De allí, que la manifestación chilena tuviera lugar en un contexto de creciente tensión política dentro de los partidos miembros de la Unidad Popular y de gradual distanciamiento de las clases medias.

En los tres países, el clima político era muy tenso en el momento de las manifestaciones, debido a la presencia de las fuerzas armadas revolucionarias (Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Chile, Tupamaros en Uruguay, Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo en Argentina) que realizaban acciones armadas ocasionales, en particular contra los bancos y el asesinato de actores políticos. En Uruguay y en Argentina, estos movimientos revolucionarios fueron reprimidos por parte de las Fuerzas Armadas a partir de septiembre de 1971. En Uruguay (Nahum, 2006: 284) y en Argentina de la mano de las Fuerzas Armadas y, en el último país, también por parte de la extrema derecha peronista y, posteriormente, de la Alianza Anticomunista Argentina creada por José López Rega (Svampa, 2007: 423).

En cuarto lugar, el detonante de las protestas fue la existencia de fallas estructurales en las políticas públicas de empleo de las personas “lisiadas” (en Argentina y Uruguay), o la adopción de decisiones más puntuales (que determinan el aumento de los impuestos para la importación de vehículos adaptados en Chile).

Cuadro Nº 1: Lista de las manifestaciones callejeras organizadas para defender los derechos de las personas “lisiadas” en Argentina, Uruguay y Chile

Fecha

Ubicación

Protagonistas

Número estimado de participantes

22 de marzo de 1972

Santiago de Chile

Asociación Chilena de Lisiados

300

4 de diciembre de 1972

Montevideo

ONPLI

60 a 90

24 de julio de 1973

Buenos Aires

Frente de Lisiados Peronistas

50 a 80

Fuente: elaboración propia a través de fuentes consultadas.

Estrategias comunes de activismo: manifestando en el corazón histórico de las ciudades capitales

¿Cómo podemos explicar la elección de este repertorio de acción por parte de los activistas? Sin lugar a duda, fue porque creían en su eficacia para desafiar a las autoridades y a la opinión pública. Los archivos no brindan indicios sobre las fuentes de inspiración de los dirigentes asociativos: ¿Se influenciaron por experiencias extranjeras (en particular las movilizaciones chilenas y uruguayas de personas “lisiadas”) o más bien en protestas organizadas en el país por otros grupos sociales (partidos políticos, sindicatos, etc.) en el pasado o en su propia época? Es imposible responder con certeza. Por una parte, en los tres países, muchos grupos sociales han utilizado este medio de acción con anterioridad y han definido sus formas e implementación (Offerlé, 2008: 196). Como resultado, estas manifestaciones de personas “lisiadas” encajaban en las diferentes tradiciones históricas nacionales, reinventando una forma de acción con los recursos a su disposición. En los tres países, las manifestaciones fueron un fenómeno político importante, con concentraciones multitudinarias (en primer lugar, por los jóvenes o estudiantes) y sirvieron para apoyar o interpelar a estos gobiernos. Por otra parte, es posible que los activistas argentinos y uruguayos se enteraran de la manifestación chilena la cual recibió mucha atención de los medios de comunicación internacionales, y, a la vez, que los militantes argentinos se anoticiaran de la movilización de la ONPLI en favor de una ley para el empleo de los discapacitados dados  sus intercambios regulares durante los torneos de baloncesto en sillas de ruedas, pero también porque la revista argentina Deportes para Lisiados informó sobre ella en su número de abril de 1973.[9]

Sin embargo, el uso de los mismos medios de acción no significa que los actores les hayan otorgado el mismo significado. Como señala Eugenia Palieraki, los revolucionarios de Chile consideraban que las manifestaciones callejeras eran “la expresión espontánea y auténtica de la voluntad popular” (2002), es decir, un medio concreto de construir la democracia directa. Los miembros de la corriente “reformista” de la Unidad Popular (especialmente el Partido Comunista) reducían la función de la manifestación a “un simple desafío a la fuerza del adversario y una demostración de su propia fuerza” (Palieraki, 2002). Los activistas “lisiados” uruguayos y chilenos parecían adherirse más a la segunda concepción, mientras que los argentinos se encuadraban más en la primera debido a sus convicciones revolucionarias. De hecho, en Argentina, ellos mostraban con orgullo su identidad peronista y revolucionaria durante la manifestación, especialmente a través de los lemas (“libres o muertos, jamás esclavos”). En cambio, en Uruguay y Chile, los activistas de las asociaciones no mostraron ningún signo de afiliación política durante la protesta. Al respecto, en rigor, los dirigentes chilenos desvinculaban su manifestación de lecturas políticas, afirmando que “su marcha no tenía finalidad política alguna”.[10] En tanto, los uruguayos consideraban que su movilización poseía un propósito político, pero el mismo no era reducible a lo partidario. En los tres países, las manifestaciones callejeras se celebraron en el corazón histórico de los centros urbanos industrializados, es decir, en espacios simbólicos en los cuales los acontecimientos tenían una fuerte mediatización nacional. Los activistas “lisiados” solían optar por la estrategia de máxima visibilidad, eligiendo como escenario de las movilizaciones sitios neurálgicos de la ciudad, sea por su alta circulación de transeúntes y/o vehículos (como es la avenida Libertador en Buenos Aires o la avenida General Flores en Montevideo) o por su valor histórico (la Casa de la Moneda, recinto presidencial, en Santiago). La elección del destino de la protesta también estuvo guiada por el deseo de obtener entrevistas con los dirigentes políticos: los manifestantes querían conversar con los parlamentarios de las distintas bancadas en el Palacio Legislativo (Uruguay)[11] y con el presidente de la República en el Palacio de la Moneda (Chile). Por el contrario, en Argentina, los manifestantes pretendían alertar a la opinión pública y a las autoridades sobre la falta de diálogo y el silencio del Ministerio de Bienestar Social, no obstante, expresaron a las agentes de policía su deseo de reunirse con funcionarios de dicho ministerio. Si las tres manifestaciones son encuadrables en la categoría “manifestaciones-peticiones”, cuyo objetivo era presentar una lista de demandas a las autoridades “por moción y delegación o simbólicamente por medio de consignas y pancartas” (Tartakowsky, 1998: 42), no menos cierto es que la concentración argentina tuvo un perfil más híbrido, ya que compartía ciertas características que la homologan también al tipo “manifestación-insurrección”, es decir, aquella que “se dirige a la sede de un órgano de gobierno para obligarlo, bajo presión pero sin violencia, a tomar decisiones que no estaban en consonancia con sus opiniones” (Tartakowsky, 1998:  43).

La manifestación uruguaya (casi veinte cuadras) fue más larga que la marcha chilena (3 cuadras)[12] y la argentina (unas pocas docenas de metros). Esta larga distancia recorrida contribuyó a construir la imagen de una “dramática marcha de decenas de personas lisiadas” según el periódico El Popular.[13] En Argentina, los dirigentes del FLP detuvieron el tráfico por medio de la colocación de camas y sillas ortopédicas en las calles, sólo recorrieron unas decenas de metros, ya que el objetivo mayor era invadir el espacio y prohibir la circulación del tráfico en esta importante arteria automovilística en el centro porteño. Por lo tanto, la manifestación uruguaya fue más duradera que las otras dos.

La manifestación chilena se distinguió por un mayor número de participantes (unos 300 según la prensa), mientras que las acciones uruguayas y argentinas estuvieron encabezadas por unas pocas docenas de personas. No obstante, una posible explicación a este bajo nivel de movilización puede asociarse a la dificultad experimentada por las personas en muletas, sillas de ruedas o en camas ortopédicas para trasladarse hasta el lugar de la movilización en un contexto de falta de accesibilidad. Muchos sólo podían participar con la ayuda de otras personas (amigos o familiares) que los llevaron allí. Los líderes de la ONPLI sostienen que tuvieron que superar muchos obstáculos para organizar su manifestación, pero lograron tener “una camioneta para ir a buscar compañeros discapacitados”.[14] Por esta razón, la mera existencia de estas manifestaciones, incluso con una baja participación, permitía dar visibilidad en el espacio público a este sector social atravesado por el fuerte aislamiento social. Las fuentes no identifican la presencia de representantes políticos o religiosos en ninguno de los tres eventos. Del mismo modo, en los tres países, los activistas se manifestaron abiertamente a pesar de los riesgos políticos. La composición social de los manifestantes no era similar en los tres países: los activistas argentinos y uruguayos parecían ser en su mayoría jóvenes y de origen más popular debido a su código de vestimenta, mientras que la cabeza de la manifestación chilena parecía estar compuesto por hombres y mujeres adultos, bien vestidos, algunos hombres de traje y corbata, signo de respetabilidad burguesa.

Manifestaciones en Argentina y Uruguay para el empleo, en contraste con la manifestación chilena para el acceso a la movilidad motorizada individual

La manifestación argentina y la uruguaya compartieron el objetivo común de luchar por un empleo digno y remunerado. En ambos países, varias docenas de jóvenes “lisiados” de las clases sociales más bajas quienes habían sido sometidos a un proceso de escolarización o de rehabilitación profesional no podían acceder a un trabajo. Aunque ellos habían aprendido un oficio manual (encuadernación, carpintería, aparado de calzado, etc.), les resultaba difícil encontrar un trabajo en el sector privado porque los empleadores conservaban enormes prejuicios sobre las capacidades productivas de los “lisiados”, y no tenían los lazos familiares ni las redes sociales que les permitirían obtener un empleo a través del “favor” de un empleador privado. En Argentina, ante la falta de oportunidades de empleo en el sector regular, se desarrollaron talleres especiales de empleo por iniciativa de las asociaciones privadas Asociación de Orientación y Ayuda al Inválido (AOI) y Coordinación de Obras de Rehabilitación (COR). El trabajo era precario y mal pagado. En Uruguay, solo existía un pequeño taller protegido en un espacio de la Escuela Roosevelt en Montevideo, donde algunos empleadores privados (en particular la empresa Phillips) ofrecían trabajo a destajo a 6 o 7 personas “lisiadas”. También la obra allí era muy complicada por la falta de equipo, estaba mal remunerada y presentaba irregularidades.[15] Por lo tanto, en ambos países fueron la falta de oportunidades de trabajo digno y su debida remuneración los dos factores que despertaron la ira y activaron la manifestación. Los empleos precarios que se les ofrecía tendían a reforzar los prejuicios sobre su incapacidad para trabajar de forma productiva; una idea que era rechazada por estos jóvenes “lisiados”. Los manifestantes uruguayos “reivindican el derecho al trabajo ya que entienden que son personas aptas para ello. Han expresado que pueden perfectamente desempeñarse en tareas artesanales, técnicas, de oficios, administrativas y otras”.[16] Desde su creación, la ONPLI ha propuesto incluir una medida legislativa sobre el empleo de “lisiados” en los debates sobre el tema presupuestal de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores. Los jóvenes líderes de la asociación pudieron redactar un proyecto de ley gracias al apoyo de un delegado sindical del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA). Este proyecto de ley asignaba el 3% de las vacantes a “personas que adolezcan de defectos físicos” calificadas en las planillas de la Administración Central, entes autónomos y servicios descentralizados. Los dirigentes de la ONPLI defendían la idea de un sistema de cuotas sólo en las administraciones públicas, porque consideraban que el Estado debía ser el ejemplo de lo que debía hacer a continuación la empresa privada.[17]

En Argentina, antes de realizar su manifestación, miembros del FLP ocuparon la sede de la AOI para denunciar la precariedad y la peligrosidad del empleo en los talleres protegidos. La decisión de ocupar la Avenida Libertador se tomó después de varios días de espera en las aceras, con la esperanza de obtener una cita con el ministro de Bienestar Social para defender su derecho al empleo. Ante la falta de respuesta, considerando esta actitud del ministro como un desprecio, los “lisiados” decidieron cortar la avenida Libertador. Esta manifestación del 24 de julio tuvo como objetivo protestar contra la explotación laboral de la que eran objeto los talleres protegidos dirigidos por las asociaciones COR y AOI, que les pagaban un salario miserable. Desarrollaron una interpretación marxista de la discriminación profesional que sufrían. Denunciaron los beneficios obtenidos por las empresas (Phillips, Bendix, Winco, etc.) quienes terciarizaban de manera precaria el trabajo en los talleres protegidos de estas asociaciones. El periódico El Descamisado resumió sus críticas presentando una fotografía de la manifestación titulada “COR y AOI: falsa caridad para explotar a los discapacitados”.[18] Los movilizados denunciaban el enfoque caritativo y compasivo de la discapacidad y desafiaban la acción de las damas de AOI y COR, mujeres de clase acomodada que encabezaban estas instituciones como parte de su accionar benéfico. Así afirmaban su deseo de controlar su propio destino. El lema del FLP era significativo a este respecto: “Los lisiados seremos artífices de nuestro propio destino, nunca más instrumento de la ambición de nadie”. Otras consignas que aparecieron en las fotos y en la descripción de la manifestación por El Descamisado tendieron a mostrar que esta protesta callejera tuvo como objetivo reivindicar el derecho a un empleo digno y remunerado. Aunque los miembros del FLP ya habían organizado el proyecto de la Unión Nacional Socio-Económica del Lisiado, y exigían que se aprobara una legislación que obligara a las administraciones y empresas, públicas, mixtas o privadas, a reservar al menos el 4% de los puestos de trabajo para personas con discapacidad, no tenemos prueba de que reivindicaron en esta manifestación una ley de cuota. Como puede advertirse, sin que se pueda considerar una consigna coordinada internacionalmente, los grupos comprometidos de ambos países utilizaron en sus acciones eslóganes como "queremos nuestros derechos, no caridad" o "justicia social, no caridad".

Por el contrario, la manifestación chilena tenía por objeto impugnar la legislación recientemente adoptada que fue percibida como desfavorable para los automovilistas “lisiados”. En efecto, el reglamento de ley del 16 de marzo de 1972 aumentaba el costo de la importación de vehículos adaptados y de otros aparatos ortopédicos, con un costo de un 35% sobre el valor aduanero de la mercadería.[19] El dinero así percibido sería destinado a un Fondo Especial de Ayuda al Lisiado para facilitar la adquisición de sillas de ruedas y prótesis. Esta medida fue adoptada por el gobierno de Salvador Allende en un contexto en el cual carecía de reservas de divisas y de recursos para financiar políticas sociales. En esa época, la mayoría de los automóviles adaptados se importaban de Europa ya que casi todos los comandos ortopédicos se fabricaban en Alemania. Como resultado, la compra de un coche adaptado habría tenido lógicamente un alto costo debido a los impuestos aduaneros, pero la ASOCHILI había obtenido una exención de impuestos unos años antes. Esta reivindicación la hacían principalmente los “lisiados” que ya tenían un trabajo debidamente remunerado o que provenían de familias de clase media o acomodada y contaban con recursos económicos para comprar un automóvil. A raíz de que en las grandes ciudades chilenas la mayor parte de los transportes públicos (autobús y metro) eran inaccesibles, la posesión de un automóvil adaptado era un elemento fundamental para la movilidad de las personas “lisiadas” quienes deseaban obtener y mantener un empleo. Adicionalmente, la posesión de un automóvil conducía a ganancias en términos de capital simbólico: ya que era un símbolo de distinción social, permitía ascender en la jerarquía social y acceder más fácilmente a otros bienes (matrimonio, etc.) (Ferrante y Ferreira, 2008).

¿Cómo podemos explicar esta diferencia en los objetivos de las manifestaciones? Por un lado, las asociaciones de “lisiados” de Argentina y de Uruguay ya habían obtenido desde hace más de una década importantes exenciones para importar automóviles adaptados, sin que estos beneficios hubieran sido cuestionados. Por el otro, varios factores pueden revelar la falta de uso de las manifestaciones para expresar una fuerte demanda política en materia de empleo en Chile: por un lado, la ASOCHILI se interesaba por el tema de la rehabilitación profesional y del empleo, pero estaba dirigida por personas de clase media que ya habían resuelto el problema de su integración laboral y que daban prioridad al derecho a la rehabilitación profesional y a la movilidad, no al derecho al empleo. Otra hipótesis es que la política de rehabilitación profesional no había sido tan desarrollada y no había beneficiado a tantas personas de origen popular. En efecto, dos instituciones de rehabilitación en Santiago de Chile y Valparaíso organizaron actividades de rehabilitación profesional en torno a ocupaciones manuales y técnicas ya a finales de los años 60, pero esta política resultó en gran medida infructuosa debido a la dilución de la responsabilidad entre el Servicio Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Capacitación Profesional.[20] Como resultado, la necesidad de crear oportunidades vocacionales no era tan apremiante, lo urgente era crear servicios de rehabilitación profesional eficientes.

Una represión policial sobremediatizada en Chile por la derecha y una puesta en escena montonera en Argentina

La cobertura mediática de la manifestación difiere enormemente de un país a otro. En Uruguay, los líderes asociativos habían pedido permiso a la policía para manifestarse a las 18.00 horas del 4 de diciembre y se lo concedieron.[21] En los días previos a la marcha, los dirigentes asociativos intentaron mediatizar su marcha participando de programas televisivos y radiales. Sin embargo, el contexto de la represión política les hizo dudar de la pertinencia de manifestarse. A continuación, recibieron consejos de activistas de una cooperativa, que les aseguraron que no había peligro en llevar a cabo una manifestación autorizada.[22] Los activistas uruguayos no mostraron ningún signo de pertenencia a un partido por estrategia, con el fin de obtener el apoyo de los parlamentarios de todas las tendencias políticas. Ellos realizaron su acción bajo la vigilancia activa de la policía y un motociclista de la policía estuvo al frente de la manifestación para evitar cualquier incidente de tráfico. Los manifestantes no fueron reprimidos ni fueron mantenidos cautivos. Posteriormente, los activistas recibieron, no obstante, visitas periódicas de agentes de policía en la sede de la asociación y siguieron siendo vigilados de forma regular. La manifestación del 4 de diciembre apenas fue cubierta por los periódicos nacionales y locales, sólo el semanario comunista El Popular publicó dos fotos y un breve artículo sobre el tema. Este semanario estaba muy abierto a lo que sucedía en los movimientos sociales fuera del Partido Comunista.

Imagen Nº 1 La cobertura mediática de la manifestación callejera en Montevideo

Fuentes: A. El Popular, 5 diciembre 1972, p. 1. B. El Popular, 5 diciembre 1972, p. 3.

La primera fotografía (foto A) se publicó en la portada del periódico, es un plano bastante amplio tomado desde la cabeza de la manifestación, compuesta por muchos líderes de la ONPLI. El mismo muestra unos 20 “lisiados” y partidarios de ambos sexos, avanzando por la calle con más de 8 pancartas y carteles, de los cuales sólo algunos se pueden leer parcialmente en la fotografía: “Los lisiados exigen...” “El Lisiado no quiere lim[osna?]” “Los lisiados no piden nada imposible señores Legisladores”. Estos lemas fueron escritos apresuradamente por los manifestantes, sin ninguna consulta y homogeneización real, pero con la ayuda logística y material del SUNCA. La segunda fotografía (foto B), borrosa y reducida en tamaño, fue tomada en el lado derecho de la demostración. Muestra en primer plano a dos jóvenes caminando con muletas, incluyendo a Juan Carlos Álvarez, y a otra persona en silla de ruedas. La publicación de estas fotografías pretendía mostrar el entusiasmo, el dinamismo de la gente lisiada, en busca de un trabajo. De hecho, el pie de foto legitimaba plenamente su reivindicación, y los presentaba como ciudadanos con derechos profesionales, competentes y capaces de ocupar un puesto de trabajo.

En tanto, la manifestación chilena estuvo sujeta a una fuerte represión policial. No sabemos si se solicitó autorización policial previa. Los líderes la presentaban como “pacífica”[23] y a-política. La violencia policial no fue el resultado de una estrategia deliberada de represión por parte de la policía, sino más bien de un “calentamiento” de los ánimos de algunos manifestantes y agentes de la policía que seguían las órdenes dadas por el alcalde de Santiago de negar el acceso al Palacio de la Moneda. Se organizó un cordón policial para impedirles llegar a la calle Agustinas. Un carabinero se mostró particularmente violento en contra de dos personas en sillas de ruedas para limitar su avance, dándoles golpes, y algunas personas “lisiadas” cayeron al suelo, lo que provocó un gran tumulto. El presidente de la asociación, Alejandro Hernández, que caminaba con muletas, “recibió dos golpes en la espalda y posteriormente cayó al suelo”. Varias personas sufrieron lesiones menores y algunas sillas de ruedas resultaron dañadas por la violencia policial. Muchos de los manifestantes decidieron denunciar a los carabineros y el público se mostró preocupado y solidario con los manifestantes “lisiados”. Finalmente, después de unos diez minutos de incidentes, un oficial mayor cambió las órdenes y autorizó a que la marcha siguiera su rumbo hacia el Palacio de la Moneda. Al llegar a la puerta del Palacio Presidencial, “los lisiados con el mayor de los respetos gritaron: Compañero Allende, ¿por qué no nos defiende?”

Los diarios chilenos interpretaban la manifestación de manera muy distinta. Los diarios de derecha (El Mercurio, La Segunda, La Tercera de la Hora, etc.) insistían en sus títulos, en los artículos y en las fotos publicadas, sobre la violencia infligida por los carabineros en contra de los “lisiados”. Así, el diario de derecha La Segunda ponía en su primera página dos grandes fotos del enfrentamiento con los carabineros (foto B), con un título en grande “Disuelto a palos mitin de Lisiados”.[24]

Imagen N°2. La cobertura mediática de la manifestación callejera en Santiago de Chile.

Fuentes: A. La Tercera de la hora, 23 de marzo de 1972, p. 2. B. La Segunda, 22 de marzo de 1972, p. 1.

Las dos fotos fueron tomadas por Héctor Rojas y representaban momentos de represión o de contención por parte de los carabineros. El pie de foto presentó la disolución de la manifestación “a empujones y palos” como “un hecho increíble”, “debido a órdenes policiales erradas o producto del nerviosismo”, o sea debido al “exceso de celo de carabineros”. El diario La Tercera de la hora tituló en grande “Violencia policial contra los lisiados”,[25] aunque presentó una foto de la marcha antes o después del apaleo (foto A), probablemente debido a la dificultad de recuperar una foto de las violencias policiales. Al contrario, el diario comunista Puro Chile insistió en sus títulos sobre la buena voluntad del gobierno de Allende, el encuentro del presidente con los ‘‘lisiados” al final de la manifestación.[26] La foto utilizada, que no se puede leer correctamente, muestra la espera de los “lisiados” en un patio de la Moneda. El pie de fotografía mencionó que Alejandro Hernández afirmó que “Nuestro aliado número uno es el Presidente Allende”. El artículo indicó que el error de reprimir los “lisiados” fue decidido por el intendente de Santiago. Una de las particularidades de esta manifestación es la clara difusión internacional de su existencia y de sus fotografías por los diarios de centro y derecha,[27] debido al desafío fundamental que planteó el gobierno socialista de Allende en el contexto de la Guerra Fría.

En Argentina, los bomberos intervinieron rápidamente para apagar los pequeños incendios provocados por los manifestantes, y algunos policías trataron de dispersar la manifestación para restablecer el tráfico. Al negociar, los activistas tuvieron la oportunidad de expresarse frente a los medios de comunicación. Pero las autoridades políticas utilizaron la censura y prohibieron que la prensa oficial, que había enviado a periodistas al sitio, escribiera notas periodísticas sobre la manifestación. Únicamente la radio y la televisión transmitieron informaciones al respecto. En la prensa escrita, sólo fue presentada en forma de reportaje fotográfico en El Descamisado, el periódico no oficial de los Montoneros. Éste interpretó ideológicamente estas movilizaciones, pero reflejaba bastante bien lo que sentían los trabajadores “lisiados”. Presentaba su rebeldía contra las asociaciones de beneficencia “que los explotan pagándoles sueldos mensuales que, en los mejores casos, llegan a 20.000 pesos viejos por mes”.[28] Un pie de foto reza: “COR y AOI: falsa beneficencia para explotar a los lisiados”. Da un sentido más amplio a estas manifestaciones asimilándolas a una voluntad de emancipación frente a la esclavitud del capitalismo. El reportaje de El Descamisado, titulado "Saquen a los lisiados de ahí", va acompañado de la reproducción de 11 fotografías, entre ellas 10 de la manifestación y una sobre la espera de los grupos en los días previos a la manifestación (Nº 8).

Imagen N°3. La cobertura mediática de la manifestación callejera en Buenos Aires.

Fuente: El Descamisado, 31 de julio de 1973, pp. 12-15. Biblioteca Nacional de la República Argentina, Buenos Aires.

Estas fotografías fueron probablemente tomadas por un aficionado, miembro o simpatizante del FLP, ya que algunas estaban mal encuadradas, otras fueron tomadas apresuradamente. La reconstrucción de la disposición inicial de los negativos me lleva a prestar más atención a la foto Nº 4, mal resaltada, donde podemos ver dos incendios con mucho humo negro a la izquierda, lo que podía explicar la rápida llegada de los bomberos. La disposición de las fotografías no respeta el curso de los acontecimientos y tiende a dar la imagen de una manifestación reprimida por la policía, lo que se refuerza con los pies de foto y el artículo. De las 11 fotografías, 5 muestran a personas “lisiadas” y sus acompañantes intentando controlar la acción de los bomberos y evitar el uso de mangueras de incendio (foto N°1, N°3, N°6, N°7, N°11) y una muestra la intervención de un policía (foto N°9). Además, una de las más espectaculares, la que muestra a un inválido en el suelo, fue realmente una puesta en escena. Daniel Escobar, uno de los miembros del FLP, relató que varios manifestantes animaron a uno de los suyos, al que llamaban “Pirata”, a tirarse al suelo: “Pirata, tírate al suelo”.[29] Este lo hizo, y se tomó una foto. Esta foto fue insertada en la revista (foto N°2), acompañada de un pie de foto que dice: “empapado, reprimido, el trabajador lisiado yace exhausto”, exagerando los grados de la represión. La elección de una persona con una sola pierna, sin prótesis, sugiere una escenificación de la vulnerabilidad de la persona lisiada, para acentuar la dureza de la represión. El artículo concluía afirmando que “fue una escena infernal, imposible de imaginar”. En realidad, si se produjeron altercados entre los “lisiados”, sus asistentes y los bomberos para retirar las bombas de incendio, nadie resultó herido al final de la manifestación. De hecho, el comisario se negó a obedecer a una orden dada por su jerarquía (la revista afirmó que era José López Rega) de evacuar inmediatamente a los manifestantes: “Saquen a los lisiados de ahí”.

Por lo tanto, la disposición de las diferentes fotografías tiene por objeto politizar la manifestación, a fin de difundir una crítica marxista a la política del gobierno peronista y poner de relieve la represión. Los periodistas de El Descamisado aprovecharon la manifestación de los “lisiados” para denunciar la actitud y, sobre todo, la orientación política del nuevo ministro de Bienestar Social, José López Rega, que pertenecía a la derecha peronista. Querían desenmascarar la ambigüedad de la política del gobierno de Héctor Cámpora, debido a la reciente entrada en el gobierno de nuevos ministros (en primer lugar, Raúl Lastiri) cercanos a los negocios, la derecha y el ejército, que consternó a la juventud peronista de la izquierda (Lewis, 2002). En este sentido, la fabricación y la puesta en escena de la represión policial a la marcha fue una estrategia para este fin, ya que buscó generar indignación en el lector y en la opinión pública.

En los tres países, las fotografías de las manifestaciones solían mostrar en primer plano a personas “lisiadas” en sillas de ruedas, en muletas o en camas ortopédicas. La puesta en escena de su vulnerabilidad física solía ser natural en las manifestaciones, ya que no se elegía, la mayoría de los activistas no tenían la oportunidad de eliminar los atributos visibles que, como marcas de alteridad, conformaban su identidad de lisiado. A diferencia de las Madres de la Plaza de Mayo, quienes estratégicamente añadían un atributo de feminidad y maternidad (el pañuelo) para escenificar sus demandas y su legitimidad como madres para exigir la recuperación de sus hijos (Scheibe Wolff, 2013), las personas “lisiadas” generalmente no necesitaban exagerar su identidad como “lisiados” para aumentar su vulnerabilidad, ya que la mirada social sobre ellas ya era caritativa y miserabilista. Si esta visión era totalmente contraria a la que los activistas querían promover, esto no excluye que la utilizaron en su beneficio para mejorar su visibilidad y apelar a la legitimidad indiscutida de su reclamo. Aún más, para perfeccionar su estrategia mediática, en ocasiones, recurrieron a instrumentos adicionales para dramatizar su situación, como los incendios fabricados por el FLP para atraer la atención del público y cortar la calle.

Manifestaciones que rápidamente dieron lugar a conquistas legislativas en Chile y Uruguay, y más tarde en Argentina

La manifestación chilena y la uruguaya fueron un éxito rápido y completo, mientras que argentina fue un éxito tardío y mixto. En Chile, los líderes de la asociación lograron negociar directamente con el presidente una hora después de la manifestación. Le describieron “las trabas que están sufriendo con el Banco Central para la importación de prótesis, sillas de ruedas y demás artefactos que necesitan para su uso personal”.[30] Pedían facilidades para obtener préstamos bancarios de aquella entidad financiera estatal, así como una reducción del precio del dólar para las importaciones de los “lisiados”. El presidente se excusó primero por los incidentes ocurridos. Continuó argumentando que el gobierno era sensible a sus problemas, pero que se había visto obligado a alzar, para determinadas áreas, el valor del dólar y que era necesario un control estricto de las importaciones de medicamentos y aparatos ortopédicos para combatir los abusos de algunas personas. Se comprometió “como presidente y como médico” a encontrar una solución adecuada para ellos. También explicó que ya había indicado al presidente del Banco Central que el precio del dólar debía mantenerse cercano al precio fijado para las medicinas y para la importación de artículos para “lisiados”. Los dirigentes de la Asociación Chilena de Lisiados se reunieron con el vicepresidente del Banco Central el 27 de marzo para obtener facilidades para la importación de automóviles y de otros aparatos ortopédicos.[31]

Estos dirigentes obtuvieron una serie de victorias, a la vez simbólicas, políticas y sociales: lograron tanto la modificación de la legislación relativa a los impuestos de importación, la aceleración del programa de rehabilitación profesional con el compromiso del Servicio de Salud y el Servicio de Seguro Social de crear rápidamente un Centro Nacional de Rehabilitación Profesional de Inválidos Asegurados, como la confirmación de su condición de interlocutor privilegiado del gobierno. De hecho, se ganaron el derecho de ser representados por dos delegados en la comisión de comercio exterior, y por un delegado en la junta directiva del Centro Nacional de Rehabilitación Profesional. Obtuvieron una victoria simbólica, con el reconocimiento de su condición de víctimas de las violencias policiales con la apertura de un sumario por el Ministerio del Interior, así como la destitución por el presidente Allende del alcalde de Santiago, Jaime Concha, por falto de criterio, ya que desobedeció a sus órdenes y era responsable del uso de la fuerza policial.[32]

En Uruguay, los activistas de la ONPLI alcanzaron un éxito relativo con la adopción de una medida legislativa que preveía un pequeño cupo de trabajadores con discapacidad física en las administraciones públicas. La manifestación permitió construir el tema del empleo como un problema social importante y legitimar su demanda. Sin embargo, los líderes de la ONPLI tuvieron dificultades para reunirse con los parlamentarios. Para ello, no dudaron en entrar en los pasillos del Congreso con la ayuda del ascensorista para interpelar directamente a los parlamentarios.

También movilizaron los lazos familiares, sindicales o políticos para obtener citas con algunos de ellos. El coordinador de la bancada del Frente Amplio, Walter Celina, apoyó rápidamente el proyecto defendido por la ONPLI, pero les sugirió que este proyecto fuese presentado por un diputado de derecha, porque una presentación del artículo por un diputado del Frente Amplio llevaría a su rechazo.[33]

Finalmente, fue otro diputado de derecha (probablemente Dardo Ortiz o Carlos Pereyra) quien tardíamente (alrededor del 12 o 13 de diciembre) presentó la inserción de un artículo sobre este tema como minuta en el proyecto de Ley de Presupuestos durante un debate en una comisión especializada del Senado.[34] Entre los senadores con los que se reunieron los dirigentes de la ONPLI, varios miembros de la comisión habían prometido su apoyo: dos del Frente Amplio (Zelmar Michelini, Francisco Rodríguez Camusso) y dos del Partido Nacional (Dardo Ortiz, Carlos J. Pereyra). En este artículo (Nº 719 en esta versión) se establecía que: “un 2% de los cargos presupuestados o de contratación, de la Administración Pública, podrán ser provistos sin necesidad de atender a las normas que tutelan el ingreso a la misma, cuando dichos cargos sean cubiertos con personas que adolezcan de defectos físicos, debidamente comprobados”.[35] Este artículo fue aprobado por el Comité por mayoría, sin posibilidad de discusión o enmienda. La inclusión de este artículo en la Ley de Presupuestos fue sin duda una estrategia política para evitar cualquier discusión sobre el tema. Hasta entonces, esta idea era sólo una alternativa entre otras, con otros parlamentarios considerando la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda la aprobara por medio de un mensaje independiente,[36] lo que dejaría totalmente en manos del Ministerio la decisión sobre su temporalidad y contenido. Pocos meses después, el 13 de marzo de 1973, la Asamblea General aprobó definitivamente este artículo (esta vez con el N° 661) en la Ley de Presupuesto Nacional de sueldos, gastos e inversiones (1972-1977) (ley 14.106). Un año después, el Decreto 267/1974 detalló las modalidades de aplicación del artículo 661 de la Ley 14.106. Por último, la dictadura aplicó la ley sólo una vez, al proponer 106 vacantes mediante un concurso en 1975. De los 780 solicitantes que se presentaron, sólo 83 personas “lisiadas” fueron nombradas en septiembre de 1976 para ocupar puestos en distintos ministerios.

En Argentina, la manifestación del Frente de Lisiados Peronistas fue un éxito relativo, que permitió a la asociación ser visible en muchos medios audiovisuales (Alonso y Cuenya, 2015). La asociación apareció como un actor político central y pudieron plantear la cuestión del empleo de los “lisiados” como un problema social clave. A corto plazo, consiguieron el cierre de los talleres protegidos que explotaban la mano de obra lisiada, pero no lograron la recuperación de los mismos para convertirlos en cooperativas de trabajadores como deseaban (Alonso y Cuenya, 2015). A mediano plazo, también obtuvieron la adopción de una legislación que organizó un sistema de cuotas para la contratación obligatoria de personas discapacitadas en los sectores público y privado. En el verano de 1973, el FLP logró reunir a las asociaciones de sordos, ciegos y hemofílicos para formar la Unión Nacional Socioeconómica del Lisiado (UNSEL) con el fin de continuar la lucha por el acceso a un empleo digno en el entorno ordinario. Gracias a sus vínculos partidistas, los miembros del FLP se reunieron con parlamentarios peronistas, incluyendo al senador Oraldo Britos. El 23 de noviembre de 1973, él presentó en el Senado un proyecto de ley titulado “Comisión nacional de discapacitados”. Este proyecto de ley obligaba a las administraciones y empresas públicas, mixtas o privadas a reservar al menos el 4% de los puestos de trabajo a personas discapacitadas (Brégain, 2012). El mismo vehiculizaba los deseos de las personas discapacitadas respecto a tener acceso a un empleo en un entorno ordinario, a participar en la decisión sobre su orientación profesional y a estar representadas en la institución encargada de velar por la aplicación de la ley. Este proyecto de ley fue aprobado el 30 de septiembre de 1974. La manifestación argentina se diferenciaba de las otras dos manifestaciones por su carácter espontáneo y desorganizado; la cultura revolucionaria de los militantes que la componían; el uso de un artificio adicional (los incendios) para llamar la atención; el carácter subversivo para el orden económico y social de sus reivindicaciones (norma vinculante de cuotas de empleo para las empresas privadas, crítica de la beneficencia); pero también por su construcción memorial muy tempranamente ligada a la memoria de los desaparecidos durante la dictadura.

Usos políticos diferenciados de las memorias de las manifestaciones

Una construcción de la memoria desde finales de los 90 en Argentina, y muy recientemente en Uruguay y Chile

En Argentina, la memoria de la manifestación reapareció en el contexto del recuerdo de los desaparecidos de la dictadura, desde finales de los años 90. Algunos activistas discapacitados habían guardado copias de la revista El Descamisado en sus casas como lugares de memoria de estos eventos y de las personas que habían conocido. En 1998, la revista Viva publicó un reportaje fotográfico sobre los activistas del FLP e incluyó algunas fotografías de la revista El Descamisado.[37] El mismo trazaba el destino de los activistas del FLP centrándose en dos figuras: Alejandro Alonso, un poeta ciego, descrito como un militante de la Unión Nacional Socioeconómica del Lisiado (UNSEL), quien huyó de la represión yendo al noroeste de Argentina durante la dictadura; y José Poblete Roa, chileno amputado de ambos pies tras un accidente de tren, principal dirigente del FLP. La esposa y la hija de este último fueron secuestradas durante la dictadura en 1978. En el margen se mencionaban otros compañeros del FLP también víctimas de la represión (Roberto Scarpa y Mónica Brull). Alonso señalaba la falta de referencia a los discapacitados entre los desaparecidos de la dictadura que tradicionalmente se mencionaban en la literatura:

“¿Qué pasa que negamos, entre las historias de los desaparecidos, esta historia? ¿Qué pasa que nadie la cuenta? Yo sospecho que es porque la discapacidad es un fenómeno muy negado en nuestra sociedad, por lo doloroso, por el espanto que causa a primera vista. Creo que por eso nadie habla de lo que nos pasó. Pero creo que hay que contarlo: es un acto de justicia”.[38]

La memoria de la manifestación, así como las fotografías de la revista El Descamisado, reaparecieron en 2010 en un reportaje de la periodista ciega Verónica González sobre el FLP como parte de la columna de discapacidad del programa Visión Siete, un programa de noticias de la televisión pública argentina, el 24 de marzo, día de homenaje a los desaparecidos de la dictadura argentina.[39] Rendía especial homenaje a los activistas del FLP secuestrados y desaparecidos durante la dictadura argentina, y en particular a José Poblete Roa, su esposa y su hija en la segunda parte del informe. Este reportaje se reeditó en marzo de 2011, nuevamente en el aniversario del golpe militar. Al final de este reportaje, la periodista dijo que

“la ley de empleo es un antecedente de la ley de cupo actual, gracias a la cual las personas con discapacidad, dentro de las cuales me incluyo yo, tienen un empleo de calidad. Esto fue gracias a la militancia de ellos, aun poniendo en riesgo su propia vida, lograron un mundo mejor para todo el mundo, para los que tienen una discapacidad y los que no la tienen”.[40] 

En 2014, otro programa del canal de televisión alternativa Barricada TV también recordó a los activistas del FLP como parte del homenaje a los desaparecidos luego de 38 años del golpe de Estado,[41] sin mencionar, sin embargo, la manifestación. En estos videos, el FLP era presentado sistemáticamente como un ejemplo de militancia y compromiso social.

Uno de los compañeros de viaje de José Poblete Roa, Alonso, antiguo miembro de la UNSEL, publicó en 2015 con Héctor Ramón Cuenya una obra autobiográfica titulada Los rengos de Perón. Crónica de un militante del Frente de Lisiados Peronistas (2015). Alonso dijo que estaba feliz de que se publicara el libro “En tiempos donde la política adquiere un valor que no tenía”.[42] Los autores utilizaron una fotografía de la manifestación publicada en la revista El Descamisado (foto Nº 1) como portada, sin insistir en ello en el libro.

Por último, más recientemente, varias páginas de Facebook han dado a conocer la manifestación del 24 de julio y, más ampliamente, la movilización del FLP: la página del Frente Popular Poblete Roa Hlaczik creada el 14 de noviembre de 2018; la del Frente por la Dignidad-José Poblete creada el 5 de julio de 2020. Estas páginas eran a la vez un apoyo al peronismo y a las Madres de la Plaza de Mayo (de la que era miembro la madre de José Poblete Roa, Buscarita Roa). La página Frente por la dignidad-José Poblete publicó el 23 de julio de 2020 un post que indicaba que la manifestación del 24 de julio constituía “un punto de inflexión en la historia política de la discapacidad en la Argentina”. Se insertaban dos fotografías de la manifestación en el post (primer plano de la foto Nº 1 y de la foto Nº 9). La publicación mencionaba el activismo del FLP, la ocupación de la sede de la AOI, y la manifestación en la Avenida Libertador, así como la orden de represión dada por López Rega: “Con muletas, bastones, sillas o camillas todas las y los rengos peronistas estaban allí, pasando a la historia, poniéndole el corazón y el cuerpo a las ideas y a la lucha, dejándonos su ejemplo...”.[43] La legislación obtenida por los activistas de la UNSEL (Ley 20.923) era presentada allí como “la legislación latinoamericana más importante en materia de derechos laborales de las personas con discapacidad”.

En Chile, la memoria de la manifestación surgió en 2014, como parte de la creciente protesta contra la Teletón, una campaña caritativa televisiva inaugurada en Chile en 1978 y destinada a la recaudación de fondos para garantizar el acceso a la rehabilitación de infancias con discapacidades. Varios grupos militantes denunciaron la pretensión del Teletón de promover los derechos de las personas con discapacidad, la puesta en escena en los medios de comunicación de los cuerpos de niños discapacitados para producir lástima y recaudar fondos (Humeres, 2017), así como el apoyo del Estado al Teletón (Ferrante, 2017). Así pues, las Marchas Anti-Teletón fueron organizadas en 2014 y 2015 por varias organizaciones, entre ellas el Colectivo Palos de Ciego. La memoria de la manifestación chilena de marzo de 1972 fue construida por Alejandro Hernández, hijo del ex presidente de la ASOCHILI, en un artículo publicado el 20 de noviembre de 2014 (Hernández, 2014). Allí recordaba las conquistas sociales obtenidas por la ASOCHILI liderada por su padre a partir de 1970, para mostrar un conjunto de mitos en torno a la Teletón, en particular el hecho de que fue la única y primera entidad que permitió el avance de los derechos de las personas discapacitadas en Chile. Describía muy brevemente la movilización, mencionando sus objetivos (exigir rebajas arancelarias para la importación de artículos ortopédicos), insistiendo en la represión por parte del grupo de carabineros y exagerando su carácter inter-categorial: “desfilaban personas con todo tipo de discapacidades, usuarias de sillas de ruedas, muletas y bastones” (Hernández, 2014). El testimonio de Alejandro Hernández fue transmitido por la red feminista coordinadora feminista8M,[44] y fue utilizado por los investigadores en Ciencias Sociales especializados en discapacidad, en ausencia de cualquier otra historiografía sobre este período.

En Uruguay, la memoria de la movilización permaneció, hasta esta investigación, en el círculo restringido de activistas de la época, sin ser objeto de ninguna cobertura mediática pública.[45] Por ejemplo, no fue mencionada en el intento de síntesis histórica de las luchas por los derechos de las personas con discapacidad que la revista Rampa llevó a cabo en 2014.[46] Sin embargo, la memoria histórica de la lucha de la ONPLI por la obtención del artículo 661 de la Ley 14106 fue invocada a partir de 2017 por la Comisión de Discapacidad del PIT-CNT como parte de una nueva lucha por obtener la adopción de un sistema de cuotas en las empresas privadas.[47] El representante sindical del PIT-CNT, Martin Nieves, hizo referencia a la lucha de la ONPLI sin mencionar la manifestación de diciembre de 1972, a falta de conocimientos precisos sobre el tema.

La consolidación de una interpretación montonera de la manifestación del 24 de julio: la iconificación de algunas imágenes y la heroización de José Poblete Roa

En la revista Viva de 1998, sólo se mencionó brevemente la manifestación del 24 de julio, con una referencia a la orden dada a la policía por José López Rega de suprimir la manifestación y los daños que siguieron: “sobre el asfalto quedaron bastones, sillas, cuerpos desarmados”. Se reeditó la foto más sensacionalista (Nº 1) del reportaje de la revista El Descamisado, con el subtítulo “24 de julio de 1973. El Ministerio de Bienestar Social, José López Rega, dio la orden de reprimir una movilización del Frente de Lisiados Peronistas. Hubo heridos y detenidos”.[48] González se inspiró en el reportaje de El Descamisado para realizar su reportaje televisivo sobre los militantes del FLP: después de una presentación filmada de la cobertura del reportaje titulada “Saquen a los lisiados de ahí”, la cámara enfocó más precisamente las fotos Nº 1, Nº 7 y Nº 6, Nº 8 y luego Nº 9, mientras que una voz en off afirmaba “El 24 de julio fueron brutalmente reprimidos durante una manifestación en la avenida del Libertador. El logro más fuerte del grupo fue la sanción de la ley del cupo laboral, la ley 20.923, que preveía el cupo de 4%”.[49] Más tarde, cuando Brull le contó al periodista sobre la violencia, la brutalidad y el desprecio que fueron sometidas las personas con discapacidad en los centros de detención durante la dictadura, la cámara se dirigió a la foto Nº 2 del reportaje (en la que se muestra a Pirata en el suelo, como alegoría de la violencia institucional) y luego a la foto Nº 1.

De la misma manera, el libro de Alonso, publicado en 2015, confirmó esta interpretación montonera de la manifestación, sin detenerse en ella. El reportaje completo de la revista El Descamisado fue reproducido al final del libro, y la foto Nº 1 fue utilizada para la portada del libro, simbolizando así la represión a la que fueron sometidos los activistas del FLP en 1973 y bajo la dictadura. Sin embargo, aunque los autores tendieron a mostrar la existencia de una represión policial de acuerdo con la interpretación de El Descamisado, un activista que participó en la manifestación, Gilberto Rengel Ponce, afirmó al final del libro que la represión de la manifestación fue “más [el hecho de] los bomberos” (Alonso y Cuenya, 2015: 137). También aseveró que la actitud de los bomberos (“directamente te tiran”) se explicaba por el hecho de que los activistas trataban de impedirles que apagaran los incendios (Alonso y Cuenya, 2015: 138). Por lo tanto, dentro del mismo libro, hay variaciones en la memoria transmitida del evento. Con motivo de la impresión del libro, se publicó un artículo de prensa en Página 12 que apoyó la tesis de la represión de la manifestación por parte de la policía y de los bomberos, incluso inventando que López Rega “ordenó que los policías se ocultaran detrás de los bomberos”.[50]

Algunas de las imágenes de la manifestación argentina (foto Nº 1, y en menor medida la foto Nº 2) se convierten en íconos, en el sentido de que fueron retomadas y reutilizadas ampliamente después. La fotografía Nº 1 se convierte en un ícono de la lucha política revolucionaria frente a la represión política, y a veces fue utilizada como una alegoría de la represión de las fuerzas armadas bajo la dictadura.

El reportaje de la revista Viva también inició el proceso de heroización de José Poblete Roa, proceso que se reforzó, poco a poco, a través de reportajes radiales y televisivos y de artículos y libros sobre él. Su trayectoria biográfica fue recordada ampliamente en estos diversos medios: en primer lugar su extracción obrera, en segundo lugar su compromiso político revolucionario (dentro del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria Chilena, de  Montoneros y del grupo Cristianos para la Liberación bajo la dictadura), su acción al servicio del bien común (dentro de los barrios obreros), su proceso de rehabilitación dentro del Instituto de Rehabilitación, su militancia dentro de la juventud peronista y su acción para promover el FLP; su rechazo a la conmiseración caritativa de las damas de beneficencia, la victoria colectiva lograda por la lucha del FLP y de la UNSEL (la adopción de la Ley 20.923), y, en tercer lugar, su trágico destino (secuestro, tortura y asesinato por parte de las fuerzas armadas, al igual que su esposa). La hija de José Poblete también fue secuestrada, y apropiada por militares. Fue presentado como “una especie de líder natural”. Esta trayectoria militante parecía ejemplar en varios sentidos: en primer lugar, de las luchas por los derechos de las personas con discapacidades, de la militancia peronista de izquierda (participación en la manifestación de Ezeiza reprimida por la derecha peronista) y de los miles de desaparecidos, víctimas de la represión de la dictadura. Su condición de discapacitado refuerza el carácter ejemplar de su destino de activista: “En esos días, todos los militantes corrían peligros enormes, pero para un ciego o un hombre sin piernas la situación era terrible”.[51] La trayectoria de José Poblete Roa se ha hecho cada vez más conocida durante la década del 2000 a través de dos fenómenos: por un lado, su hija, Claudia Victoria Poblete Hlaczik, fue restituida a su familia de origen el 7 de febrero de 2000, tras las movilizaciones de las Abuelas de Plaza de Mayo. Por otro lado, el caso de José Poblete y su hija Claudia sirvió de base para que la Corte Suprema declarara inconstitucional la Ley de Obediencia debida y Punto Final. Uno de los principales torturadores, el “Turco Julián” fue condenado por torturar y secuestrar a Poblete y a su esposa.

Este proceso heroico terminó con la reciente constitución, en julio de 2020, de un grupo político que lleva su nombre Frente por la Dignidad - José Poblete, o en pocas palabras “La Poblete”, en el contexto del establecimiento del gobierno de Alberto Fernández, de extracción peronista. Este grupo político ha anunciado su aparición en Facebook[52] y utiliza esta plataforma para hacer visible su acción y atraer adhesiones. Creado por Gustavo Goyochea, Violeta Herce, Aníbal Zárate, Rosario de Genmaro y Alonso, este grupo desea erigir el nombre de Poblete “como bandera” para continuar la realización de los sueños de Poblete, o sea luchar por los derechos humanos de las personas con discapacidad vulnerables sobre la base de la Convención de la ONU de 2006, velar por “los principios de la justicia social, la equidad, la solidaridad y la cooperación entre los pueblos”, y luchar “contra todo tipo de injusticia económica, política y social” generada por el sistema liberal y sus valores (productividad, capacidad...). En resumen, actuar para los que no tienen voz y actuar para “cambiar la historia, para que la patria deje de ser una tierra arrasada”.

Conclusión

Las manifestaciones de los tres países compartían varias características comunes: una cierta concomitancia cronológica, su organización por una sola asociación de “lisiados”, su estrategia mediática basada en la escenificación “natural” de su vulnerabilidad física, sin artificios adicionales, y en la ocupación del espacio público en los centros de las capitales; la conquista de una gran visibilidad mediática para su asociación, y la elevación de su demanda al rango de gran problema social. La manifestación argentina compartió muchas características con la uruguaya: una baja participación (algunas decenas de activistas y sus amigos y familiares); la juventud, la extracción social popular y las convicciones de izquierda de los dirigentes asociativos de ambos países; su aprendizaje de la cultura de la manifestación durante su participación en manifestaciones organizadas por sindicatos y partidos políticos de izquierda; la afirmación de los derechos y la impugnación de la caridad; la defensa de salidas profesionales dignas y debidamente remuneradas y la conquista de una legislación que determinara un sistema de cuota para la contratación obligatoria de “lisiados” rehabilitados.

Por lo tanto, la originalidad de la manifestación argentina se limitó a otros elementos: su carácter desordenado e insurreccional, la brevísima distancia recorrida por los manifestantes, la afirmación de una identidad peronista y revolucionaria, el uso de un artificio adicional (los incendios) para llamar la atención, el carácter subversivo de las reivindicaciones para el orden social, la escasa cobertura mediática de la prensa, la presencia de altercados con los bomberos sin causar heridos y la conquista tardía (un año y medio después) de una legislación social. La mayor especificidad parecía residir en la fabricación de una interpretación montonera de la manifestación por parte de la revista El Descamisado, que luego fue consolidada con artículos de revistas y emisiones de televisión y radio a partir de finales de los años 90. Esta interpretación montonera de la manifestación se caracterizó por la exageración del grado de represión policial de la manifestación para cuestionar la legitimidad de la presencia de José López Rega en el gobierno peronista. La construcción de la memoria de la movilización comenzó a finales de los años 90, en el contexto de la evocación conmemorativa de los desaparecidos de la dictadura. Se caracterizó por la iconificación de ciertas imágenes de la manifestación como una alegoría de la represión del Estado (incluso bajo la dictadura) y la heroización de Poblete para inspirar la lucha política en defensa de los derechos de las personas con discapacidad precarizados por el sistema neoliberal. El uso de la memoria de la manifestación sirvió así para defender tanto la denuncia de los crímenes de la dictadura, como la legislación sobre el sistema de cuotas y la defensa más general de los derechos de esta minoría. Uno de los principales factores de la aparición de la memoria argentina parecía ser, por lo tanto, el secuestro y, sobre todo, la desaparición de los líderes del FLP. Este factor no está presente en los otros dos países, donde los activistas asociativos con discapacidad no fueron asesinados bajo la dictadura, aunque algunos, como en Uruguay, fueron detenidos arbitrariamente durante varias horas.[53]

La protesta chilena se distinguió por su relativa precocidad en comparación con los otros dos países, el origen social más acomodado de los dirigentes asociativos, su carácter supuestamente a-político y unificador y la voluntad de presentar una imagen cuidadosa de su compromiso político, un mayor número de participantes, la defensa del derecho a la movilidad motorizada individual; la aparición de la violencia policial contra la cabeza de la manifestación; una muy fuerte cobertura mediática de esta represión policial, incluso al nivel internacional para desafiar la legitimidad del gobierno socialista de Allende; y la construcción de una memoria de la marcha el marco del auge de la protesta contra el Teletón. La manifestación uruguaya se diferenció de las otras dos por la larguísima trayectoria de la manifestación en la calle; la benevolencia de la policía hacia esta movilización autorizada; el papel de los sindicatos (especialmente el SUNCA) en la formalización de las reivindicaciones; la rapidísima conquista de la legislación reivindicada y la falta de construcción de la memoria de la protesta en la esfera pública durante las décadas siguientes.

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Gildas Brégain es doctor en Historia contemporánea (Universidad de Rennes 2, Universidade Federal de Santa Catarina), con pos-doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (París). Desarrolla investigaciones sobre la historia transnacional de la discapacidad en el siglo XX, centrándose en tres áreas culturales: América Latina, África del Norte y Europa Occidental. Intenta reconstruir la génesis y el desarrollo de las políticas públicas sobre discapacidad a diferentes escalas (internacional, nacional, local) analizando el papel de los múltiples actores (asociaciones, iglesias, funcionarios administrativos, expertos, organismos intergubernamentales, etc.) que contribuyen a la construcción de estas políticas públicas. También trata de identificar la influencia de las cuestiones geopolíticas (colonización y descolonización, Guerra Fría) en la delimitación de los derechos de las personas con discapacidades durante el siglo XX.

Pasado Abierto, Facultad de Humanidades, UNMDP se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

[1] Entrevista a Tania García, realizada por el autor, marzo de 2010.

[2] Discapacitados no pueden retirar autos del puerto. (9 de agosto de 1981). La Nación, Buenos Aires, p. 10. Biblioteca Nacional de la República Argentina, Buenos Aires.

[3] Entrevista a Juan Carlos Álvarez, realizada por el autor, noviembre de 2010.

[4] Entrevista a Washington Hebert Chamorro Silva, realizada por Lucía Ramírez, agosto de 2020.

[5] Entrevista a Juan Carlos Álvarez, realizada por el autor, noviembre de 2010.

[6] Entrevista a Daniel Escobar, realizada por el autor, octubre de 2010.

[7] WCWB (1965). Proceedings of the World Assembly of the WCWB held at New York City (USA), 31st July to 11th August 1964. Paris, p. 261.

[8] Archivo de la Oficina internacional del Trabajo, Ginebra. NGO 578, 1958-1972. "Social welfare and the rights of the physically handicapped", Study group V, International Conference on social Welfare, Helsinki, Finland, august 18-24, 1968.

[9] Proyecto de Ley laboral para lisiados, en Uruguay. (abril de 1973). Deportes para Lisiados, Buenos Aires, Nº 9, p. 15. Biblioteca Nacional de la República Argentina, Buenos Aires.

[10] Violencia policial contra los lisiados. (23 de marzo de 1972). La Tercera de la hora, Santiago de Chile, p. 2. Biblioteca Nacional de Chile, Santiago de Chile.

[11] Lisiados reclaman trabajo. (5 de diciembre de 1972). El Popular, Montevideo, p. 3. Biblioteca Nacional de Uruguay, Montevideo.

[12] Gobierno solucionara problemas a lisiados. (23 de marzo de 1972). Puro Chile, Santiago de Chile, p. 2. Biblioteca Nacional de Chile, Santiago de Chile.

[13] Lisiados reclaman trabajo. (5 de diciembre de 1972). El Popular, Montevideo, p. 3.

[14] Entrevista a Washington Hebert Chamorro Silva, realizada por el autor, por Skype, octubre de 2020.

[15] Entrevista a Washington Hebert Chamorro Silva, realizada por el autor, por Skype, octubre de 2020.

[16] Lisiados reclaman trabajo. (5 de diciembre de 1972). El Popular, Montevideo, p. 3.

[17] Entrevista a Juan Carlos Álvarez, realizada por el autor, noviembre de 2010.

[18] Saquen a los lisiados de ahí. (31 de julio de 1973). El Descamisado, Buenos Aires, N°11, pp. 14.

[19] Listo reglamento de ley que favorece a lisiados. (16 de marzo de 1972). La Segunda, Santiago de Chile, p. 5.  Biblioteca Nacional de Chile, Santiago de Chile.

[20] Archivo de la Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, caja RH 1/12, chaqueta N°1. Informe titulado "Breve informe relativo a la rehabilitación profesional", Santiago, mayo de 1975.

[21] Archivo personal de Washington González, Montevideo. “Los dirigentes de la ONPLI al Sr Jefe de Policía”. Copia de una Carta, Montevideo, 30 de noviembre de 1972.

[22] Entrevista a Washington Hebert Chamorro Silva, realizada por el autor, por Skype, octubre de 2020.

[23] Violencia policial contra los lisiados. (23 de marzo de 1972). La Tercera de la hora, Santiago de Chile, p. 2. Biblioteca Nacional de Chile, Santiago de Chile.

[24] Fenomenal y cruel gresca en pleno centro. Disuelto a palos mitin de lisiados. (22 de marzo de 1972). La Segunda, p. 1. Biblioteca Nacional de Chile, Santiago de Chile.

[25] Violencia policial contra los lisiados. (23 de marzo de 1972). La Tercera de la hora, Santiago de Chile, p. 2. Biblioteca Nacional de Chile, Santiago de Chile.

[26] Gobierno solucionara problemas a lisiados. (23 de marzo de 1972). Puro Chile, Santiago de Chile, p. 2.

[27] La Vanguardia Española, 24 de marzo de 1972, p. 1.

[28] Saquen a los lisiados de ahí. (31 de julio de 1973). El Descamisado, Buenos Aires, Nº 11, pp. 12-15.

[29] Entrevista a Daniel Escobar, realizada por el autor, octubre de 2010.

[30] Banco central solucionará problemas a los lisiados (28 de marzo de 1972). La Tercera de la Tarde, Santiago de Chile, p. 8.

[31] Banco central solucionará problemas a los lisiados (28 de marzo de 1972). La Tercera de la Tarde, Santiago de Chile, p. 8.

[32] Dijo anoche Allende en la logia Atenea 67: ‘Pedí la renuncia al intendente por falto de criterio’. (23 de marzo de 1972). La Segunda, Santiago de Chile, p. 6.

[33] Entrevista a Washington Hebert Chamorro Silva, realizada por el autor, por Skype, octubre de 2020.

[34] Archivo de la Cámara de Representantes, Montevideo, Año 1972, Carpeta 713.

[35] República Oriental del Uruguay, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 15 de diciembre de 1972, p. 261. Biblioteca del Poder Legislativo de Uruguay.

[36] Archivo de la Unión nacional de ciegos uruguayos, Montevideo.  Actas N° 4. Acta N° 808, Montevideo, Acta de la reunión del Consejo directivo de la UNCU, 18 de diciembre de 1972.

[37] Caparros, Martin y Dvoskin, Fernando (15 de febrero de 1998). Memorias de la luz y de la sombra. Viva, Buenos Aires, pp. 50-58. Biblioteca Nacional de Argentina, Buenos Aires.

[38]Caparros Martin y Dvoskin, Fernando (15 de febrero de 1998). Memorias de la luz y de la sombra. Viva, Buenos Aires, pp. 50-58.

[39] “24 de marzo: Frente de Lisiados Peronistas”, Visión Siete, 24 de marzo de 2010 (3680 visitas). https://www.youtube.com/watch?v=XQy4uqhTjz4. Consultado: 6/11/2020.

[40] “A 35 años del golpe cívico-militar”, Visión Siete, 24 de marzo de 2011 (407 visitas). https://www.youtube.com/watch?v=VXRFRvbMw90. Consultado: 10/10/2020.

[41] “Incluyendo: Homenaje al Frente de Lisiados Peronistas”, Barricada TV, 5 de abril de 2014 (591 visitas).  https://www.youtube.com/watch?v=8r7naCjbjmQ&feature=share&fbclid=IwAR2OBMMN2C5u9qIa7Ii00RrQFfFI-BStz-4MBQQxQh6g4AxGCvnOtv3jIzc. Consultado: 6/11/ 2020.

[42] “La historia del Frente de Lisiados Peronistas”, Visión Siete, 8 de mayo de 2015 (604 visitas). https://www.youtube.com/watch?v=0YEv8lx0DwQ. Consultado: 10/10/2020.

[43] https://www.facebook.com/LaPobleteFPD/ Consultado: 6/11/2020.

[44] “Personas con discapacidad y Dictadura”, Memorias de Rebelding Femenistas, difundido por Coordinadorafeminista8M. https://www.instagram.com/p/B2mdKekJEH_/?utm_source=ig_embed. Consultado: 10/10/2020.

[45]  Entrevista a Washington Hebert Chamorro Silva, realizada por el autor, por Skype, octubre de 2020.

[46]  Rampa, Montevideo, N°4, marzo de 2014.

[47]  Entrevista a Martin Nieves, realizada por el autor, de noviembre de 2019.

[48] Caparros Martin y Dvoskin, Fernando (15 de febrero de 1998). Memorias de la luz y de la sombra. Viva, Buenos Aires, pp. 50-58.

[49] “24 de marzo: Frente de Lisiados Peronistas”, Visión Siete, 24 de marzo de 2010 (3680 visitas). https://www.youtube.com/watch?v=XQy4uqhTjz4&fbclid=IwAR1YSK_rWmbX4PCeh2iTXYUCHy32MD-8xTHrYori0x5ZMOuwc6MUjVZbMBY. Consultado: 6/11/2020.

[50] Forn Juan (13 de noviembre de 2015). Es bueno saber. Página 12, Buenos Aires. Recuperado de: https://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-286024-2015-11-13.html. Consultado: 15/11/ 2020.

[51] Caparros Martin y Dvoskin, Fernando (15 de febrero de 1998). Memorias de la luz y de la sombra. Viva, Buenos Aires, p. 55. Biblioteca Nacional de Argentina, Buenos Aires.

[52] Cuenta Facebook de La Poblete: https://www.facebook.com/LaPobleteFPD/ Consultado: 6/11/ 2020.

[53] Entrevista a Washington Hebert Chamorro Silva, realizada por el autor, por Skype, octubre de 2020.

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ISSN 2451-6961 (en línea)

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