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Pasado Abierto - Año de inicio: 2015 - Periodicidad: 2 por año
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Pasado Abierto. Revista del CEHis. Nº10. Mar del Plata. Julio-diciembre de 2019.

ISSN Nº2451-6961. http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto

                                                                                       

Mundo militar y gobierno a distancia

Redes para el enrolamiento y sorteo militar de los jóvenes

entre 1880 y 1910 en Argentina

Aldo Avellaneda

                 Centro de Estudios Sociales, Universidad Nacional del Nordeste

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina

aldoavellaneda.ces@gmail.com

Recibido:  06/08/2019        

Aceptado: 28/08/2019        

Resumen

En el presente artículo se realiza una descripción de conjunto de los procedimientos diagramados desde el ejército para la identificación y movilización de los varones jóvenes, con motivo del servicio o de la instrucción militar, en un periodo de tres décadas aproximadamente.  Se pone especial atención en el tipo de cálculo, así como en los actores involucrados en las redes que posibilitarían el gobierno a distancia. La hipótesis general del trabajo es que los compromisos relativos al enrolamiento y sorteo para la instrucción militar fueron tomados a su cargo por el ejército en las últimas dos décadas del siglo XIX y que recién para los años del centenario y posteriores habrían llegado a ser formulados en esquemas detallados de gobierno.

Palabras clave: ejército, redes, gobierno a distancia

Military World and Government at Distance

Networks for the enrollment and military raffle of young people between 1880 and 1910, in Argentina

Abstract

In this article, I refer to a general description of the procedures outlined from the army for the identification and mobilization of young men, on the occasion of military service or instruction, in a period of approximately three decades. Special attention is paid to the type of calculation, as well as to the actors involved in the networks that would enable the government at distance. The general hypothesis is that the commitments regarding enrollment and lottery for military instruction were taken over by the army in the last two decades of the nineteenth century and that only for the centenary and subsequent years would come to be formulated in detailed schemes of government.

Keywords: army, networks, government at distance

        

Mundo militar y gobierno a distancia

Redes para el enrolamiento y sorteo militar de los jóvenes

entre 1880 y 1910 en Argentina

Introducción

Uno de los rasgos sin duda más significativos de la vasta literatura que se ha llegado a elaborar alrededor de las Guardias Nacionales (en adelante GN) en la segunda mitad del siglo XIX en Argentina, ha sido la preocupación constante por detectar los procesos domésticos, en el territorio y en base a dinámicas y espacios propios, en los que aquellas adquirían sus rasgos más notorios. Así, las conexiones con las autoridades y los espacio-tiempos locales, sean urbanos o rurales, las funciones cambiantes o las vicisitudes derivadas de las disputas de poder local, fueron estudiadas con detalle en más de media docena de provincias.

Ahora bien, esto precisamente contrasta con los trabajos dedicados al ejército argentino en periodos semejantes o levemente posteriores. La producción en este caso no solamente ha llegado a ser mucho más recortada que su contraparte, sino que la literatura de los clásicos ha sido revisitada en contadas ocasiones (Avellaneda, 2016, 2017a, 2017b, 2019; Cornut, 2011, 2017, 2019; Dick, 2014; Quinterno, 2014). De ese modo los estudios de Rouquié y Potash, por citar los casos más emblemáticos, con sus acentos en los “intereses” o las alianzas dadas “por arriba” (cuadros superiores del mundo militar y del campo político), siguen siendo en alguna medida los acercamientos disponibles para todos aquellos ajenos a la literatura específica.

El presente es un informe de investigación sobre la temática del agarre territorial y las redes socio-técnicas relativas a la instrucción militar de los varones por parte del ejército argentino a fines del siglo XIX y principios del siguiente, entre 1880 y 1910 aproximadamente. Deseo proponer una línea de continuidad con aquellos estudios relativos a las GN, retomando los gestos comentados sobre estos, pero arriesgando a la vez algunas hipótesis de orden más general. El carácter centralizado de la estructura militar del ejército claramente favorece a ello, aunque no por esa razón este trabajo deja de ser un acercamiento introductorio. Se trata de un estudio de las maniobras, los procedimientos, las razones y sus cálculos, involucrados en la creación, operativización y diagnóstico de las dinámicas de enrolamiento y sorteo para la instrucción militar y la dotación de personal, emanados desde el Ejército, en un periodo en el que la autoconciencia de los cuadros militares respecto a su dominio militar indisputado tierra adentro, iba asumiendo los mayores niveles de solidez, sin que esto conlleve necesariamente una correlación fáctica sobre el territorio. Este último punto remite a las razones de segmentación de este estudio y en ellas me detengo al final del siguiente apartado.

Algunos rasgos de la literatura y el enfoque

No son frecuentes los trabajos que se detienen de alguna forma en aspectos relativos a los emplazamientos territoriales o las estrategias vinculares y organizativas que volvieron materialmente posible el mundo militar en Argentina, pero tampoco puede decirse que no existan. Los clásicos (Rouquié, 1981; Potash, 1985 y Cantón, 1971) han reparado en la procedencia social de los oficiales del ejército, en un momento en que el debate sobre su posible inclusión como parte de las elites era una temática recurrente (de Imaz, 1965).[1] Un estudio similar ha encarado recientemente Cornut (2011) aunque centrándose en la relación entre el fenómeno inmigratorio y el cuadro de oficiales superiores a lo largo del decenio de 1920-1930, identificando una fuerte descendencia inmigratoria en estos. También se ha reparado en los detalles de la formación alemana de las primeras décadas del siglo XX. Potash nuevamente, pero fundamentalmente García Molina (2010), se han dedicado a desmenuzar el número de oficiales que ha tenido un periodo de formación en Alemania, su lugar en el escalafón, la unidad y el arma de destino, y su trayectoria posterior, para elaborar hipótesis respecto a la influencia germana en el ejército argentino. Hugo Quinterno, por su parte, quien relativiza el proceso de profesionalización en el ejército (2014: 238), le dedicó especial atención a “la urdimbre de las relaciones establecidas entre las instituciones militares y la base social directamente afectada por sus decisiones económicas o culturales […] poniendo especial énfasis en la cuestión del reclutamiento” (2014: 289-290). De todos modos, antes que una atención a la mecánica misma de los reclutamientos, el interés reside en este caso en sus resultados y efectos. De los registros orales y escritos sobre la selectividad y la porosidad de los procedimientos, Quinterno restituye a contramano de algunas líneas de la historiografía sobre el tema, la precariedad del poder operativo y funcional del Ejército en lo que respecta a la dotación de personal y a su intención de instruir militarmente a la población masculina, aún muchos años después de la “Ley Ricchieri”. “Hasta la década de 1940, la convocatoria a la milicia estuvo marcada por las continuidades y no por las rupturas” (Quinterno, 2014: 318-319; el apartado completo sobre el tema en pp. 318-367). Lo que existió fue una utilización instrumental de todo esto por parte del ejecutivo nacional, tomando como blanco los gobernadores díscolos y no la población joven. Antes que un control social integral, un control político selectivo

Los aspectos relativos a los diseños procedimentales, así como a las dinámicas propuestas desde el ejército en relación a los enrolamientos y al sorteo para la instrucción y/o el servicio militar, han sido escasamente atendidos. Esto contrasta parcialmente con los trabajos sobre periodos anteriores, relativos a las GN, y aún antes, interesados en la movilización popular en el periodo independentista y posterior.[2] 

Gracias al ejercicio de revisión de literatura de Etchechury-Barrera (2016) contamos con un panorama abarcativo sobre los modos de reclutamiento transnacional que se practicaron en las fuerzas argentinas movilizadas en la guerra de la Triple Alianza. La contratación de “enganchados” (una variante del antiguo mercenariado) y el alistamiento de “voluntarios”, la incorporación de grupos de combatientes de otras naciones, o la disponibilidad de los presos, su pertrechamiento y ubicación en el frente, dan una idea del carácter heterogéneo de las maniobras para movilizar individuos en tareas de guerra y de seguridad. También los trabajos de Garavaglia y Fradkin sobre la Guerra de la Triple Alianza colaboran en la comprensión de las dinámicas de reclutamiento y movilización y el lugar del ejército argentino en ellos a mitad del siglo XIX, pues nos permiten ver la sustantiva contribución de las GN (recursos organizados desde las provincias) en la composición general de las fuerzas argentinas por esos años (Garavaglia, 2016: cuadros en 109, 114 y 125). Quien recorra además las Memorias del Ministerio de Guerra de principios de los ’70, podrá darse una idea del peso que estas tenían en el cuidado de las fronteras. Por caso, para 1870, más del cuarenta por ciento del personal involucrado en su cuidado pertenecía a las GN y no al Ejército de Línea.[3] Esto, que no tuvo grandes variaciones a lo largo de toda la década, recién comenzó a cambiar luego de las campañas de colonización interna hacia el sur y el norte en la década siguiente. De allí que no sea sorprendente el hecho de que las técnicas y los espacios de identificación y selección relativos al enrolamiento y adscripción de individuos a servicios militares (cuidados de fronteras, seguridad u otros) hayan sido a lo largo de todo el siglo XIX casi completamente ajenos a los rudimentarios centros de cálculo del Ejército de Línea y que una compleja maraña de actores sociales con sus lealtades e intereses, haya ocupado un rol importante en ellos. Canciani ha indicado el modo por el que se realizaban los procesos de enrolamiento de las GN en el caso de Buenos Aires y el margen de acción de sus jefes respecto a las autoridades militares centrales (2019: 274-276). En Corrientes no existía facción política aún en la última década del siglo XIX que no vea al Ejército (toda vez que era enviado para intervenir en las disputas políticas locales) como un cuerpo militar extraño, prácticamente ajeno al territorio.[4] Para el territorio de La Pampa, Espinosa Fernández y Moroni (2007), en un trabajo que recupero más adelante, han descripto las estrategias vinculares que hacían posible que la comandancia de un regimiento de GN, fuera un escalón casi obligado hacia la consagración política local.

El Ejército de Línea, recién en los últimos años del siglo XIX comenzará a disputar los espacios territoriales y los instrumentos de identificación y cálculo relativos a los enrolamientos y sorteos. A este episodio, mundano, pero a la vez de importancia capital en la estructuración material del mundo militar así como a la centralización técnica del orden político, están dedicadas las páginas siguientes.[5]

Antes de su desarrollo, sin embargo, resultan necesarias algunas breves aclaraciones respecto al tipo de análisis desplegado. Para el encuadre de este estudio en la temática más general de la formación y estabilización de los aparatos burocráticos-territoriales modernos, algunas figuras conceptuales como redes socio-técnicas, zonas tecnológicas, centros de cálculo e instrumentos, resultan de importancia capital. Y a riesgo de postergar la lectura de lo más relevante, considero que una buena comprensión del análisis propuesto bien vale una pausa sobre unas pocas puntualizaciones.

La posibilidad de encauzar de modo organizado un contingente de individuos (identificarlos, retenerlos y movilizarlos), de intentar suministrar en ellos una formación específica o de esperar que cooperen en algunas funciones y tareas, supone el despliegue de elementos tales que no solamente exceden lo presupuestario (aunque esto es fundamental) sino que vuelven necesarios alineamientos de actores y roles sociales hasta allí separados. Un ejemplo. Para la tercera década del siglo XX, los roles del sacerdote, el médico y el juez en el proceso de sorteo y, fundamentalmente, de conscripción, estaban delimitados con cierto detalle. Pero esto no se dio de manera simple. Esta articulación de individuos cuyas funciones no estaban necesariamente bajo supervisión estatal (en cualquier caso, no en su relación con el mundo militar) debió producirse en algún momento, no sin conflictos y escaramuzas en muchos casos.

Y no solamente articulación de individuos con saberes y roles diferentes, sino también de artefactos. La reformulación de la papeleta de enrolamiento en los últimos años del siglo XIX, los cuadros estadísticos del Cuerpo de Sanidad, la disponibilidad de los trenes para el envío de los contingentes sorteados, por no mencionar la dispersión de las oficinas enroladoras, tuvieron, a su modo, un nivel de importancia similar al cuerpo legal que legitimaba los nuevos procedimientos.

Después de todo, si la legitimidad política del Servicio Militar Obligatorio está directamente relacionada a la legislación que la sancionó, esta resulta del todo insuficiente para comprender la existencia de expectativas sobre su cumplimiento efectivo por parte de los propios cuadros. Tales expectativas descansaron más bien en una reflexividad constante respecto a la articulación de territorios y trenes, flujos de cuadros de oficiales y clases, pero también de un cada vez más voluminoso material administrativo (nominas, modelos de notas, cuadros a rellenar, documentos, tarjetas, etc.). Se necesitó pensar de otro modo el despliegue de las unidades militares (Avellaneda, 2016) pero también el traslado de médicos, o el envío de documentos a centros y sub-centros de cálculo (Distritos Militares, Comandancia de Zonas, Estado Mayor, Ministerio de Guerra, los cuales debieron ser creados o reestructurados) de tal modo de permitir clasificaciones, tipologías o asignación de tendencias. En fin, un conjunto de maniobras técnico-intelectuales cuyo objetivo se centraba en la producción de conocimiento sobre un novedoso campo de fenómenos en los que una preocupación más bien reciente se había posado. Solo en base a todo esto podía ser posible al final del día tomar nuevas decisiones, a distancia.

Si bien la estabilización de las redes socio-técnicas por lo general no se produce sobre el vacío (al menos es el caso de los procesos de enrolamiento y sorteo, en todo momento hubo redes operando, de otra escala territorial y con otro juego de intereses y roles, con los que se produjeron disputas y realineamientos) en algún momento, pueden llegar a alcanzar un modo de funcionamiento con un grado muy bajo de obstaculización interna y a su vez con un alto nivel de control del entorno. Para el caso de este estudio, creo que podría verse en las décadas de 1920 o 1930 (quizá un punto de inflexión haya sido Ministerio del Gral. Justo) una situación de estas características. En estos casos, los vínculos entre artefactos, individuos, tiempos y espacios alcanzan un umbral tecnológico, comienzan a producirse fenómenos de sinergia y circularidad. Lo que, siguiendo una tradición analítica, aquí se la comprende como una tecnología política.[6]

Dos últimas aclaraciones sobre el alcance este tipo de estudios y sobre el recorte temporal adoptado. Un estudio de las redes socio-técnicas, no da por sentado su necesario y progresivo perfeccionamiento. De hecho, la porosidad del sistema, así como su arbitrariedad han predominado en todo el periodo de estudio, y a pesar de ello, aquí consigno los reiterados y creativos intentos por lidiar con tales obstáculos. Tampoco da lugar a pensar mecánicamente en sus efectos. Lo que permite no es la descripción de un “aplanamiento identitario” o “nuevas formas de subjetividad” aunque sí da pistas para precisar los momentos en que una racionalidad política de gobierno está en condiciones de asumir funciones tutoriales, a través de una compleja disposición socio-técnica. Por último y en lo relativo al periodo de estudio, el año de 1880 como un parteaguas histórico ha llegado a resultar de un uso casi canónico en la historiografía. Si bien ha sido puesto en cuestión como un lugar “natural” de corte temporal de los estudios, creo que hay motivos para retenerlo aquí. La contienda militar entre el poder central y la provincia de Buenos Aires fue la última en la que se enfrentaron dos organizaciones armadas con sus respectivos comandos políticos con dominación burocrático-territorial efectiva. De allí en más, la lenta pero paulatina consolidación en la percepción de los cuadros del ejército de su carácter militar indisputado alentó sin dudas una fase programática en sus funciones, así como expectativas en relación a ello. Debido a esto, y teniendo en cuenta que en buena medida la materia de estudio de estas páginas lo constituyen las pautas reflexivo-procedimentales de los cuadros militares, este se presenta como un escenario de corte. En el otro extremo, la pausa puesta en los años cercanos al Centenario, refiere a que las tendencias en las redes y la meticulosidad con la que habían comenzado a ser evaluadas algunas propuestas, da la nota de un esquema que, sin haber alcanzado un umbral tecnológico, permite avizorar en los términos de su racionalidad, algunos rasgos claros.

Números y maniobras de trasfondo

Antes de pasar a la caracterización de las redes pensadas de incorporación de recursos e instrucción militar, expongo a continuación los datos relativos al número de individuos masculinos adultos censados en 1869 y 1895, el número de enrolados desde 1873 a 1908 y el personal permanente del ejército durante el mismo periodo (Figura 1). Me sirvo de esta sistematización a los únicos fines de justificar dos aspectos esenciales del estudio: en primer lugar, la necesidad de un acercamiento al proceso mundano y pedestre de las redes y las técnicas diagramadas y puestas en operatividad, por sobre los aspectos generalmente considerados de la relación entre los gobiernos políticos (nacional y provinciales), así como la variación en el presupuesto de Guerra. Por otro lado, presentar un primer argumento en torno a una división que realizo entre dos sub-periodos en el espacio temporal que va de 1880 a 1910 aproximadamente y en el que se pueden identificar dos tendencias diferentes en los diagramas y las redes.

Figura 1. Censo, enrolamiento y personal del Ejército

Referencias y Fuentes: Cuadro comparativo aproximado entre el total de varones adultos según los censos de 1869 y 1895, número en enrolados y personal total del ejército en esos años y hasta 1910. Para el caso del número de enrolados y de tropa, todos los datos del cuadro corresponden a las Memorias del Ministerio de Guerra y Marina, de 1870 a 1910 (a partir de 1898 Ministerio de Guerra). La cifra correspondiente al número de tropa en el año 1865 la tomo del Ministerio de Guerra y Marina (1895). Memorias del Ministerio. Buenos Aires: Ministerio de Guerra y Marina, pp. 6-8.  

a “los ciudadanos argentinos aptos para el servicio de la guardia nacional, no pueden ser al presente menos de 300000, activos y pasivos, para todo el territorio de los estados.” Ministerio del Interior (1872). Primer Censo de la República Argentina. Buenos Aires: Imprenta del Porvenir, p. XXIX. Disponible en

www.estadistica.ec.gba.gov.ar. Consultado: 20/10/2018.

b Memoria del Ministerio de Guerra y Marina (1885). Memoria del Ministerio. Buenos Aires: Ministerio de Guerra y Marina, p. 8. De acuerdo a la Memoria de 1894, el número total de tropa se eleva a 9063.

c Cálculo propio y aproximado en razón de la suma de individuos varones entre 20 y 49 años expuesta en Ministerio del Interior (1898). Segundo Censo de la República Argentina. Buenos Aires: Taller Tipográfico de la Penitenciaría Nacional, Tomo II, segunda parte, p. XCIX. Disponible en www.estadistica.ec.gba.gov.ar. Consultado: 20/10/2018.

d Enrolamiento realizado sobre seis clases menos que el anterior, pues comprendía a individuos entre 19 y 45 años y no de 18 a 50.

e Cálculo propio basado en la suma de 11610 conscriptos, 1155 voluntarios y un número aproximado de 700 individuos entre clases, oficiales subalternos y superiores. Ministerio de Guerra (1908). Memorias del Ministerio. Buenos Aires: Ministerio de Guerra, Anexo B, Partes Mensuales de la I, II, III, IV, V Región Militar, s/n.

 

La misma información, aunque organizada en términos de su evolución (Figura 2) permite apreciar de un modo más vívido las tendencias, en lo fundamental para el enrolamiento y el personal permanente del ejército.

Figura 2. Evolución del enrolamiento y del personal del Ejército

Fuente: Ver referencias a Figura 1

Son dos los lugares particularmente relevantes en el esquema. El primero es la paridad a la que se llega entre los datos del censo de 1895 y los enrolamientos propios e inmediatamente posteriores por parte del ejército. Estos, una vez dispuestas las oficinas de enrolamiento a fines del siglo XIX y con una fuerte independencia comparativa de las instancias estatales provinciales, lograban alcanzar cifras similares a las que disponían otras instancias estatales nacionales, por medio del concurso excepcional de las redes y los recursos de los censos. El segundo aspecto relevante tiene que ver con la regularidad y estabilidad del personal del ejército. A diferencia de los datos del enrolamiento, en los que la tendencia en alza es constante durante todo el periodo, respecto al personal militar permanente lo constante parece ser su estancamiento. De hecho, hasta mediados de la última década, el total de los recursos oscilará entre los 6500 y los 7500 individuos y recién a finales de la primera década del siglo siguiente la cifra se estabilizará en un número mayor a los 12000 individuos (contando siempre los conscriptos). Aquí el problema no era el presupuesto, o al menos no lo era únicamente, pues en muchos casos el número efectivo de individuos incorporados era inferior al monto presupuestario estipulado. Por esta razón resulta importante atender a los problemas de logística del ejército, su acceso y modo de participación en los espacios locales, ya sea para el proceso de dotación de recursos como de instrucción militar.[7]

Tomados tres periodos relativamente similares de seis o siete años (1875 a 1881; 1881 a 1887 y 1892 a 1899) el grado de avance del número de enrolados se mantiene constante, con un leve incremento del periodo subsiguiente sobre el anterior. Sin embargo, aquí también la estabilidad es aparente. Y esto no solamente por el efecto que las coyunturas políticas particulares pudieron haber tenido sobre la capacidad de funcionamiento del sistema (siendo particularmente notable este factor en los años de 1889 - 1893), sino -y sobre todo- por las continuas y pequeñas escaramuzas, protestas pero también ejercicios de creatividad e inventiva técnico-intelectuales de los propios cuadros militares para rearmar de otro modo las redes socio-técnicas a fin permitir un mayor control de los procedimientos y los entornos.

Todo el periodo que podríamos caracterizar como el del “ejército de fronteras” (desde la década del ’70 hasta 1895 aproximadamente) y en el que la presión reclutadora es originada por las necesidades derivadas de las tareas de cobertura y colonización territorial, los recursos del ejército no aumentan. Paradojalmente lo hacen cuando el periodo expansivo está -si no concluido- con toda seguridad consolidado, y emergen otros esquemas de organización territorial y otras preocupaciones (ligadas directamente con la población joven y masculina así como los escenarios urbanos - internos). Y en este cambio -se trata, en parte, de la apuesta de este artículo- las estrategias vinculares esbozadas desde el ejército tuvieron, aunque en forma minoritaria al principio, niveles crecientes de incidencia, tanto en el “agarre” territorial como en la elaboración y puesta en circulación de grandes bases de datos que posibilitaron nuevos cálculos y diagnósticos.

Presencias testimoniales y amargas esperas

Si pensamos en los cuatro procedimientos con los que el ejército había intentado dotarse de recursos en el último cuarto del siglo XIX (siguiendo la ley de 1865 y su reglamentación de 1872), en dos de ellos no necesitaban articular con instancias, espacios o actores externos: el contrato y el régimen de voluntarios. En ambos casos se esperaba que los individuos acudieran voluntariamente a las unidades militares o a oficinas dispuestas por lo general en las capitales de provincia. No sucedía lo mismo con los contingentes o los destinados, precisamente los procedimientos que reportaban el mayor número de individuos. La oscura celebridad de este último durante las décadas de 1860 y 1870 ha sido en buena medida estudiada por aquella “literatura de frontera” en la que se ha relatado, en lo fundamental para los casos bonaerense-pampeano y cordobés, el carácter coercitivo, pero también negociador y complejo (hecho de compromisos, pequeñas diferencias y fuertes lealtades) del modo en el que se efectivizaba el “servicio de frontera”. Visto desde el lado del Ministerio de Guerra, ya en la segunda mitad de la década del ’70 se admitía abiertamente que la imposibilidad de sostener mínimos entramados vinculares volvía necesaria la utilización de las GN en las fronteras.[8]

El caso de los contingentes organizados por los gobiernos provinciales en función de los pedidos del estado nacional, es el más complejo puesto que resulta el punto nodal sobre el que convergen un buen número de aspectos: la cifra de enrolados, la “cooperación” de las provincias (junto a la potenciación o depreciación de las redes de vínculos locales), la función de las GN en ese periodo de transición hacia una era “post-fronteriza”, el modo de cálculo apropiado del número de individuos, entre otros. Es en el quinquenio 1881-1885 en el que se acusa recibo -al menos en los papeles- de las críticas respecto al número elevado de individuos que no eran liberados de las unidades militares según el tiempo estipulado. Sucede que, por esta misma razón, comienza a ejercerse -junto a una devaluación de la opción por los contratos y el régimen de voluntarios- una presión reclutadora cada vez más explícita y que se manifestaba en la necesidad de organizar los sorteos de contingentes en las provincias.[9] Se practicaba de hecho la composición del Ejército de Línea por cuerpos rotativos de GN y esto debía organizarse atendiendo al mecanismo de reclutamiento de los contingentes.

A principio de la década del ’80 se había comenzado a diagramar por parte del ejército, aunque únicamente en Capital Federal, la organización de las GN. Se respetaba su clásica organización a la vez que se pretendía vincularla a alguna unidad militar del ejército, así como intervenir en su instrucción.[10] Siguiendo prescripciones antiguas, se esperaba que los batallones de infantería fueran compuestos por enrolados que habiten en la ciudad, mientras los regimientos de caballería se encargarían de organizar los recursos de las zonas rurales. A pesar de estas continuidades, las relaciones eran más bien tentativas, puesto que los mandos superiores de las GN seguían respondiendo a dinámicas locales. Sin embargo, ya no se trataba de su disposición para el servicio de frontera sino del problema relativamente novedoso de su propia organización militar y, fundamentalmente, su relación operativa con el ejército de línea.

En esta dirección y en líneas generales, fueron dos las vías por las que se trató de intervenir procedimentalmente en la organización de las GN en esa década. La postulación de cuadros militares como personal de mando y la intervención en el procedimiento del enrolamiento y de los sorteos. De esta manera, en 1885 se fijaron en Buenos Aires los distritos en los que se dividían las sub-inspecciones de milicias, las que pasaron a depender también del Inspector General de Milicias del Ejército.[11] Por su intermedio, los cuadros militares aspiraban a consolidar una línea de vínculo con las GN, aunque sin muchas más expectativas que las del acceso a información y la intervención en esquemas de instrucción. Esto, que puede parecer minúsculo, adquiere sin embargo relevancia, al ser visto como uno de los primeros rasgos de solapamiento socio-técnico de un grupo armado sobre el otro, en el marco de competencias jurisdiccionales aún disputadas.

Para 1888 desde la Revista Naval y Militar y las Memorias del Ministerio, se daba por sentado que las GN debían tener una organización militar homogénea en todo el país y un estado acorde a una “rápida movilización y concentración”.[12] Lo novedoso fue que junto a esta definición se proveía de un esquema en el que por primera vez aparecían organizadas -de modo yuxtapuesto y distribuido en Capital Federal, Buenos Aires y el resto de las provincias- las fuerzas conjuntas del ejército de línea con las GN.[13] En otro estudio (Avellaneda, 2016) señalé que en este programa organizativo los tres cuerpos en los que se dividía el ejército vinculaban sus unidades tácticas a las de las GN de cuatro o cinco provincias. Lo que no puntualicé y toca precisar ahora es que bajo esta suerte de suelo común a nivel de los esquemas territoriales generales se proyectó luego el envío a cada capital de provincia del jefe de Regimiento o Batallón con el que la GN respectiva “forma cuerpo”, para “presidir el sorteo, recibir los contingentes y remitirlos según las instrucciones que para ello se dictarán por el Estado Mayor”.[14] De este modo, sobre una organización territorial pensada para casos excepcionales (movilización general) se intentaban algunos retoques al proceso de dotación de recursos para el Ejército.

La opción por reflotar la figura de los contingentes y, por ende, del sorteo en 1888 suponía un mecanismo que debía comenzar en los cuerpos militares. Estos debían remitir el número de individuos cuya baja debía producirse en función del tiempo transcurrido en servicio. En relación al total de bajas se calculaba el envío de cada provincia según una proporción que estaba atada al último censo. El mecanismo del sorteo se pensó como público, con jefes militares, autoridades políticas y vecinos de mayor contribución oficiando de jurado y de su organización general corrían a cargo los gobiernos provinciales. Lo pensado fue que el día pautado del sorteo, los individuos enrolados en la GN pudieran sacar -de una urna en la que existían igual cantidad de cédulas como de enrolados y numeradas de uno en adelante- su cédula correspondiente. Pasarían a formar parte de los contingentes quienes sacaran una cédula cuyo número estaba dentro del número solicitado de contingentes para esa provincia.

En principio el mecanismo no parecía tener problemas de orden interno. Sin embargo, el diagnóstico posterior evidenció que los problemas eran a la vez relativos a este, como a los lugares no pensados: los momentos anteriores y posteriores al sorteo. Sucedía en primer lugar que existían diversos centros de cálculo situados a una escala y jurisdicción diferente, y en parte derivado de esto, que los diagramas esquematizados desde los centros de cálculo militar (Estado Mayor, Intendencia de Milicias) no tenían un correlato adecuado en las redes locales. Cuando no era el caso que los individuos intentaran evadir el sorteo o sus resultados de formas pacíficas, negociadas e inclusive violentas (Espinosa Fernández y Moroni, 2007: 257; Canciani, 2014: 40 y 2016) sucedía que buena parte de las redes de autoridad locales, al apoyarse precisamente en las GN, operaban según sus propios juegos de intereses y preocupaciones. Una de las líneas de la literatura sobre estas se ha consagrado a dar cuenta de las formas y las estrategias puestas en juego por algunos actores relevantes en los territorios locales (el jefe de la Guardia Nacional, el juez de Paz, el intendente, el gobernador así como algunos médicos) en relación a sus disputas y trayectorias políticas específicas.[15]

Aquí toca relacionar esto con sus efectos sobre los problemas planteados desde los cuadros militares. Si bien es cierto que el recorte temporal de estos trabajos está situado en las décadas de 1860 y, fundamentalmente, 1870, todo parece indicar que, en los años inmediatamente posteriores, la situación no sufrió mayores modificaciones. Muy posiblemente debajo de las quejas formuladas de modo explícito por el Inspector General de Milicias a fines de la década del ’80, el Jefe de Estado Mayor o el mismo Ministro de Guerra respecto a la “poca cooperación” de las provincias en el envío de los contingentes, se encontrara la intuición y el conocimiento de estas redes, que Moroni y Espinosa Fernández describen claramente en su trabajo, para el caso del territorio nacional de La Pampa.[16]

“La clase política y socialmente dominante podía acumular recursos suficientes para modificar o sortear antojadizamente las disposiciones nacionales a la hora de constituir la fuerza militar. Estas decisiones no siempre beneficiaban a todos los sectores de la sociedad pampeana; sino, más bien, a los propios involucrados en los espacios de poder local o del grupo con el que interactuaban. La mayoría de los reclutas, peones, jornaleros, o pequeños arrendatarios, que no poseían conexiones ni relaciones con la pequeña dirigencia territorial y tampoco recursos económicos suficientes para presionar, fueron los menos favorecidos para eludir el servicio de armas”. (Espinosa Fernández y Moroni, 2007: 257).[17] 

La posibilidad de intervención efectiva a la que el ejército podía aspirar, según la modalidad de la presencia como testigo de los acontecimientos y sin alguna tarea relevante en el proceso, quedaba así fuertemente menguada, y todo esto de acuerdo a las expectativas de los propios cuadros militares. Además, el hecho de que la mayoría de los individuos no concurriesen al sorteo, dejaba librado a la capacidad y voluntad de las autoridades locales la tarea de búsqueda, sujeción y puesta a disposición de los representantes militares, de aquellos a los que hipotéticamente se les había negado la suerte. Inclusive en los casos en los que existiera cierta predisposición de los gobiernos locales a tomar parte activa en el proceso formación y envío de contingentes, sucedía lo siguiente: teniendo en cuenta la ausencia casi absoluta de los enrolados en los sorteos, ¿cómo podía el ejército llegar hasta ellos? Deberían evitarse no pocos y difíciles obstáculos ¿se sabía a ciencia cierta dónde habitaban? Y en los casos que esto ocurría, ¿cómo efectivizar su traslado sin que los entramados locales de vecindad signifiquen complicidad de algún tipo para evitarlo? Lo seguro era que el Ejército no disponía de los vínculos y contactos, sin mencionar que su relación con los gobiernos locales muchas veces evitaba siquiera el intento de sortear estos escollos. Debe tenerse en cuenta también los casos en los que el sorteo siquiera llegaba a realizarse, y dado lo cual los gobiernos locales echaban mano a maniobras “administrativas” a fin de reunir algunos recursos.

Caracterizado de esta manera el escenario, no resulta difícil comprender el diagnóstico que realizarán algunos oficiales superiores una vez sistematizados los resultados del ensayo de reclutamiento por contingentes de 1888:

“Pocos y malos han sido los contingentes suministrados, ingresando a formar en las filas del ejército de la nación, lo peor que con arreglo al número que debían suministrar ha tenido cada provincia, quedando algunas sin haber mandado todavía el que el decreto les asignaba, con arreglo a su población.

Este estado las cosas no puede continuar, pues su prolongación dejaría reducidos los cuerpos de línea, al efectivo de una compañía o escuadrón […]

El señor Ministro se preocupará sin duda de este asunto, facultando al Estado Mayor para que proponga los medios que considere más adecuados para atender al reclutamiento del ejército.”[18] 

El envío de individuos pertenecientes a las capas rurales y populares de la población, muchachos presumiblemente sin los hábitos esperados de higiene o instrucción, o en cualquier caso con una ausencia total de predisposición, al ser enviados arbitrariamente y contra su voluntad, fue el modo de colaboración practicado por las provincias también a fines de los ’80, y esto, si estuvo relacionado a una rivalidad con el ejército (en tanto parte del gobierno nacional), es a su vez el efecto del juego “natural” de las grillas y los filtros locales que posibilitaban a un mismo golpe tanto la reproducción de las relaciones políticas locales como la evasión del contingente de todo aquel que disponga de algún capital específico, económico, político o social. Junto a factores molares como la relación entre los gobierno nacional y provinciales, debe prestarse atención también y entonces a estas redes locales para comprender la evidente imposibilidad del ejército para controlar el proceso de incorporación de recursos.

Un senador en el Congreso en 1895, en el contexto de la discusión de la ley de reorganización del ejército de ese año, y tratándose particularmente en ese momento los criterios y actores capaces de decidir sobre los exceptuados a las convocatorias, enfrentaba el mismo problema: “también otorgan [excepciones] los gobernadores y hasta los comandantes de campaña, y en fin, todo aquel que tiene el poder en su mano”[19]. Lo mismo, aunque con algún detalle patológico, se expresaba en un diario del pueblo de Victorica en 1901:

“de cada diez conscriptos que se presentan a solicitar su excepción, ocho por lo menos, son bajo base falsa, acomodada por algún negociante en excepciones que valiéndose de uno u otro medio, presenta al ciudadano fuerte y robusto, hijo de familia, como un tuberculoso o un sifilítico en último grado, como un hernioso o quebrado o como un hijo que es el encargado de la subsistencia de sus ancianos o achacosos padres y de una numerosa prole de hermanos menores”.[20]

Dado el fracaso del intento del reclutamiento por medio de los sorteos en 1888, se recurrió nuevamente al sistema de contratos. Desestimado así lo compulsivo, entraban en escena los ingresos a voluntad y por ende volvían a ser necesarias la publicidad y la persuasión:

“Encuéntrase en esta capital el mayor Santiago Báez, quien viene encargado por el coronel Victorino Rodríguez jefe del escuadrón 2 de Caballería, actualmente en Patagones, para procurar la remonta de dicho cuerpo con soldados correntinos en las condiciones que fija la ley nacional de enganche […] El mayor Báez ha establecido su oficina de enganche en la calle Sud-América esquina Buenos Aires, y en ella espera a todos aquellos que deseen formar parte del glorioso ejército nacional, y del cuerpo que tiene por jefe al apreciable coronel Rodríguez”[21]

Luego del fracaso de 1888 se reestablecieron las “Comisiones de enganche” o “Piquetes de enganche”, ahora con el aviso a los gobiernos provinciales y con su permiso tácito, con el objetivo de proveer de recursos al ejército por medio del contrato. De un modo sintomático, sin embargo, la redacción del último pasaje citado permite intuir un inconveniente que será individualizado por los cuadros militares y que los llevará a proponer algunos mecanismos de corrección. Se trataba del elevado grado de autonomía por parte del personal de estas comisiones para establecer el lugar, los tiempos y otras características relacionadas al modo de funcionamiento de las oficinas. A los fines de su dispersión, el espacio territorial no estaba codificado integral o regionalmente, no existían puntos o líneas trazadas con antelación y que aspiren a coordinar su presencia y actividad conjunta: “Tales destacamentos quedan substraídos a la vigilancia inmediata de los Jefes y disminuyen los efectivos sin reglas que establezcan una proporción conveniente”.[22] Sumado a que no existían criterios para definir los lugares convenientes para el asentamiento de las comisiones y que cada jefe de unidad podía disponer de alguna comisión, había muy poco control por parte de los cuadros superiores respecto de todo el proceso, llegando finalmente a la situación paradójica de remitir a los cuerpos del ejército contingentes de contratados sin ningún tipo de regularidad temporal o fuera de cualquier característica individual estipulada previamente.

El primer tratamiento de este inconveniente fue la creación, a principios de 1891, de un “Cuerpo de Depósito de Reclutas”, que había sido pensado para cubrir dos objetivos: por un lado, pasaría a funcionar como un centro de cálculo para la definición de los lugares y el funcionamiento de las comisiones, así como de los criterios de selección de los individuos. Por otro lado e instalado en la Capital Federal, sería el espacio de instrucción de los contratados en todo el país antes de ser remitidos a los cuerpos definitivos.[23] Muy posiblemente la Comisión de Enganche presidida por el My. Báez en Corrientes, luego de contratar un determinado número de individuos, los haya remitido al Escuadrón 2 de Caballería en Patagones, pasando aquellos a formar parte del ejército permanente sin recibir ningún tipo de instrucción militar previa. También muy posiblemente la decisión de instalar en Corrientes un piquete de enganche para esa unidad militar, no haya formado parte de un programa concertado de ubicación de las comisiones y destinos de los contratados. Sobre estos puntos vendría a actuar el proyecto del “Depósito de Reclutas”. Sin embargo, no llegó a durar dos años. En lo fundamental por los gastos que implicaba, así como por la fortaleza logística que se necesitaba para sostener periódicamente el traslado desde todas las latitudes a un solo punto y viceversa. Su anulación volvió de dar relevancia a las comisiones desperdigadas sin mucho concierto en el territorio.

El segundo mecanismo de corrección de las Comisiones de Enganche, fue la reformulación de las redes de jerarquía y control internos. En 1895 todo lo relativo a estas oficinas fue tomado a cargo por el Estado Mayor, en un intento por consolidar circuitos y mecanismos administrativos que contemplen criterios homogéneos de ubicación y composición de las oficinas, así como relativos a la selección de los contratados.[24] El nuevo criterio para la instalación de las oficinas fue la densidad poblacional y se especificaron además por primera vez requisitos generales para extender la libreta de contrato. Los individuos debían ser argentinos o tener carta de ciudadanía, tener entre 20 y 40 años y pasar un examen médico. Se hacía mucho e inusual hincapié en el control médico en este programa y el hecho casi seguro de su muy baja intervención efectiva en territorio, no es relevante para señalar éste como el comienzo de la preocupación por la inclusión de un saber experto en el proceso de determinación de quiénes podían formar parte del ejército.

En relación a la actividad y composición de las oficinas, al estipularse que debían remitir a las unidades militares de las que dependían informes mensuales, se buscaba a la vez una mayor precisión sobre el número y las características de los contratados como de las bajas o simplemente las novedades de personal perteneciente a estas. Con estas prescripciones, se establecieron ese año oficinas de reclutamiento en Capital Federal, Concordia, La Rioja y Jujuy, con un jefe y dos auxiliares en todos los casos.[25] Tendrán, sin embargo, un periodo de actividad similar al del Depósito de Reclutas. Serán definitivamente levantadas en 1898, cuando una serie de modificaciones menores terminen por redirigir a los conscriptos originalmente enviados a campamentos a cielo abierto, a los espacios cerrados de los cuarteles.

Lo que caracteriza a las redes vinculares que el Ejército diagrama e intenta desplegar hasta mediados de la década del ’90 es su discontinuidad, así como la debilidad de los lazos interinstitucionales e internos. En buena medida esto se debía a una relación todavía fuertemente tensionada entre las instancias del gobierno político nacional y los estados provinciales. Sin embargo, no debe imputarse a esta situación el hecho de que el ejército no haya siquiera esbozado diseños sobre zonas o ámbitos de gobierno. Se trataba en lo fundamental de un ejército nómade cuya preocupación e interés mayores estaban en la dotación de recursos a fin de consolidar los esquemas de despliegue territorial. Por ello es que durante estos años no proyectó otros espacios en los que reclamar para sí la jurisdicción de un gobierno específico más allá de sus propios acantonamientos móviles en muchos casos.

Durante buena parte de las últimas dos décadas del siglo y a excepción de Capital Federal, no existía en otra parte del territorio la posibilidad para el ejército de pautar la organización de las GN. Junto a esto, pueden apuntarse tres características generales en relación a estas redes. En primer lugar, la existencia de múltiples centros de cálculo dependientes de instancias estatales de diferente escala (nacional y provinciales). Los Juzgados de Paz, los Comandantes de Región y los gobernadores, aún con sus oficios de padrinazgos, vínculos clientelares y arbitrariedades apuntados por la literatura, parecen haber sido también nodos rudimentarios de información, cómputos y conjeturas que les permitía tanto una organización militar propia aunque básica y -toda vez que retaceaban dicha información a los centros de cálculo militares- dejar “ciego” al ejército respecto las posibilidades de diseñar esquemas de dotación de recursos (el caso fundamental aquí son los datos de los enrolamientos).

Como segundo rasgo y derivado del anterior, sucede que resultaba imposible un gobierno a distancia por parte del ejército de procesos cuyos efectos le incumbían primordialmente (enrolamiento y sorteo de las GN). La estrategia de colocar oficiales subalternos en el ensayo de sorteos de 1888 parece no haber ofrecido resultados en algún punto significativos. Estos cuadros se limitaban a presenciar procesos y espacios organizados y gobernados según esquemas locales. Existía, además -tercer rasgo- una descentralización poco controlada de las propias instancias internas del ejército. El caso de las oficinas de enganche y sus niveles problemáticos de autonomía así lo atestiguan. Esto provocaba un rendimiento asimétrico del modo general de contratación (en muchos casos forzados), de acuerdo al ímpetu e ingenio de jefes militares de rango medio.

El tortuoso oficio de tejer redes

Si bien el número de individuos enrolados parecía no presentar efectos negativos de orden práctico, es decir, no tenía incidencia en el mecanismo de dotación de recursos, ciertos problemas particularmente visibles en el enrolamiento de 1892 movilizaron algunos programas de reformas del ejército respecto a este tema. Ese año Corrientes, Catamarca y el Territorio de Santa Cruz siquiera habían enviado en el plazo estipulado los registros de enrolamiento, y buena parte de los datos recibidos eran deficientes o inexactos (no estaban consignados datos relevantes de los individuos, en algunos casos, siquiera la edad). Los registros de ese año indicaban un total de enrolados inferior en más de 40000 individuos en comparación al enrolamiento de 1888.[26]

El diagnóstico suponía dos planos de deficiencias:

a)        a nivel de los ciudadanos:

“Aun cuando no habrá un solo ciudadano que ignore el servicio personal que debe prestar a la Nación en caso de conmoción del orden interior y defensa de su territorio en caso de invasión extranjera, es el caso que ninguno se enrola como corresponde y más aún, una vez enrolado cree que ya no tiene obligación alguna, sino la de presentarse cuando se decrete la asamblea, pudiendo en ese instante hacer su presentación en cualquier Regimiento, sea o no en el que se enroló. Es decir que si cambia de domicilio o varía de residencia, si se ausenta del territorio nacional, etc., cree no estar en el deber de dar cuenta a su cuerpo para la debida anotación. Igual cosa sucede con las excepciones”.[27] 

b)        a nivel de la forma en que se realiza el enrolamiento:

“si después nos detenemos en las anotaciones de las mayorías, veremos que son en su mayor parte incompletas, efecto de no hacerse el enrolamiento como corresponde, y consignar sin la debida clasificación los nombres de los enrolados, a granel, lo mismo los de una edad que los de otra, los solteros que los casados, etc.”.[28] 

Hasta ese momento, la intendencia de Guerra se encargaba, siendo este todo su oficio, de hacer llegar a los gobiernos provinciales los libros, matrículas, elementos para la confección de las libretas de enrolamiento y de poner a disposición de los gobiernos provinciales algunos oficiales para colaborar en el proceso. Y eran los gobiernos provinciales los encargados, una vez finalizado el plazo, de remitir al Ministerio de Guerra y Marina el cálculo de las fuerzas discriminadas por arma y categoría (activa, pasiva o reserva), quien a su vez las reenviaba al Estado Mayor.

A inicios de 1894 se avanzó en un primer intento de reformulación de este esquema. En la misma legislación que organizaba los ejercicios doctrinales, se había diseñado un nuevo esquema de redes vinculares relativas al proceso del enrolamiento. Quizá lo más significativo es que junto a su importancia para el conocimiento de los brazos disponibles para una excepcionalidad o para los cálculos ordinarios de contingentes, el enrolamiento serviría ahora para asignar a los individuos una unidad militar específica respecto de la cual quedarían vinculados para su instrucción militar o para su apresto ante alguna eventualidad, pero también a la cual deberían acercarse para consignar cambio de domicilio. Esto, sumado al hecho de que se preveía destinar a cada provincia a un general del ejército para que asuma la tarea de control de todo el proceso, además del mando de las GN y de las fuerzas militares allí establecidas, permite hipotetizar sin mucho riesgo que existía una clara aspiración a otro tipo de intervención de los mandos militares sobre el enrolamiento.[29] Por un lado, establecía un nuevo y estratégico eslabón en la cadena de flujo de información, siendo que los datos de enrolamiento les llegarían directamente a los Comandantes de la Guardia Nacional de cada provincia sin pasar previamente por las autoridades locales. En el otro extremo, se preocupaba (aunque sus disposiciones no fueran mucho más que anhelos todavía) por vincular a cada individuo varón adulto en todo el territorio, a alguna unidad militar.

En la reglamentación de la ley general de 1895 se trabajaron aún más algunas de estas disposiciones. Los individuos seguirían recibiendo en el acto de enrolarse y como se intentaba desde algunos años, una “papeleta” con sus datos de edad, profesión e instrucción, junto a una caracterización básica de sus rasgos físicos. También figuraban en este registro los datos del regimiento, batallón o compañía a la que pasaba a pertenecer el enrolado. Así, la “papeleta” funcionaba a la vez como un registro de identidad del individuo y como un mecanismo de identificación de una fuerza correspondiente a alguna unidad militar.

Junto a esto se introdujeron dos novedades. La primera fue que el enrolamiento comenzó a pensarse en alguna dependencia adecuada para ese fin en los regimientos “o fracciones de regimientos que se organicen”, en los sitios (departamentos, municipios, etc.) habilitados por los gobiernos locales. Se intentaba trasladar de este modo el procedimiento a un espacio de jurisdicción militar provisoria pero exclusiva. La segunda fue el diseño de “Juntas de Reclamaciones” con el objetivo de atender los pedidos de excepción. Idealmente estaría compuesta por cuadros militares medios junto a alguna autoridad local y un médico. Se dedicaba además un especial cuidado al espacio del enrolamiento en sí mismo:

“Los encargados del enrolamiento llevarán un Libro de Actas en que se hará constar, brevemente, la forma en que ha sido salvada cualquiera duda sobre el estado civil de un ciudadano enrolado, Acta que firmarán los miembros de la Comisión, el interesado y testigos. En este Libro de Actas, se expresará cada día, el número de ciudadanos que durante él se hayan enrolado, como también cualquiera circunstancia digna de mencionarse, ocurrida en el acto de la inscripción. Estas actas estarán firmadas por el encargado del enrolamiento”.[30] 

En este aspecto cabe alguna comparación con las más antiguas y conocidas “papeletas de conchabo”. Estas habían funcionado -de modo dispar y no sin porosidades- como un instrumento de proletarización de algunos sectores poblacionales específicos a lo largo del siglo XIX, y si bien estaba originada en una legislación relativamente centralizada, si su operacionalización era algo efectiva se debía a que estaba en mano de los empleadores y patrones, pero también de los jueces de paz e inclusive de los Comandantes de región de las GN.[31] El “beneficio” para el ejército en todo esto era indirecto, dado que se le remitían los individuos no conchabados. En el caso de la papeleta de enrolamiento, que durante las décadas de 1860 y 1870 funcionó como uno de los mecanismos en las estrategias político-electorales, a principios de 1880 comenzó a ser vista por los cuadros militares, como el último de una cadena de documentos y escritos con los que organizar administrativa y simbólicamente sus propias unidades.[32] Mientras que en un caso se trataba de un instrumento de proletarización, en el otro comenzaba a asemejarse a un procedimiento de gestión de los recursos militares, aunque siempre asumiendo el carácter más bien potencial que efectivo por estos años, dado el nivel de porosidades en las redes y la torpe estructura burocrática del ejército para lograr una buena dispersión territorial.

A pesar de lo anterior, muy posiblemente hayan sido estos y otros factores que quedan por ver los que tuvieron alguna relevancia para que el número de enrolados ascendiera de manera notable en estos años hasta acercarse en los últimos días del siglo a la cifra dada por el censo de 1895.[33] Precisamente, a partir de 1895 pero con mucho mayor énfasis desde 1901, la importancia del enrolamiento se había vuelto crítica, pues el mecanismo de la movilización de los conscriptos se apoyaba enteramente en él. Por ello y desde la “Ley Ricchieri” los individuos tuvieron la obligación estrictamente militar (no política o civil) de enrolarse a partir de los 19 años “en la oficina del registro civil del distrito, partido, o departamento de su domicilio y no habiéndola en él […] en la más próxima al lugar de su residencia”.[34] Ya no existía necesidad de que lo hicieran en los cuarteles, puesto que los cuadros militares se habían comenzado a vincular por medio de acuerdos administrativos (en la mayoría de los casos resueltos a nivel ministerial) a otras instancias estatales nacionales para lograr un mayor agarre territorial.

A su vez, las listas de enrolados pasaron a ser depuradas por “Juntas de Excepción” (sucesoras de las Juntas de Reclamaciones) dependientes de cada Región Militar ahora sí coordinadas y controladas por cuadros militares exclusivamente. Luego eran enviadas a la “División de Reclutamiento” en el Estado Mayor con el objetivo de realizar el sorteo para el servicio militar, de modo centralizado. El primer enrolamiento practicado según esta nueva estructura se realizó entre mayo y junio de 1902 y dio un total de algo más de 470000 individuos enrolados. La cifra fue percibida como alentadora ya que suponía un incremento respecto al anterior enrolamiento a pesar de haber computado seis clases menos (desde los 19 a los 45 años y no de los 18 a los 50).[35] Sin embargo, esto no impedirá que los años inmediatamente posteriores a la sanción de la “Ley Ricchieri” acumulen una serie de diagnósticos críticos de los propios cuadros respecto a la logística y la fortaleza del ejército para sostener todavía algunos aspectos de los enrolamientos, pero fundamentalmente por la imposibilidad de colocar a los individuos sorteados en los cuarteles.[36] Muy posiblemente una mayor visibilidad de los recursos (derivada de un mejor funcionamiento del proceso de enrolamiento) haya sido uno de los elementos con los que en 1905 algunos generales calcularon un bajísimo nivel de eficacia de la logística del ejército para hacer cumplir la ley de 1901 (muy bajo grado de envío y retención de individuos en los cuarteles).[37]

De allí que tímidamente desde 1906 (habilitado por la amplia legislación del año anterior), y con mayor decisión en 1908/1909 se diagramen y propongan nuevos centros de cálculo de mediana escala que sistematicen la información al interior de las regiones (Figura Nº 3). Otro aspecto relevante en estas redes es que los cuadros militares las habían diagramado presuponiendo la articulación con otras instancias estatales provinciales y nacionales (correos, registros civiles y juzgados) en los que se apoyaría territorialmente. Se les otorgaba representatividad a los Comandantes de Región para “entenderse con las autoridades civiles, nacionales y provinciales y prescribir de acuerdo con ellas todas las medidas concernientes al reclutamiento y movilización”[38] Esto había sido un punto particularmente escabroso en las décadas anteriores. Los jueces de paz y los Comandantes de las GN ofrecían un relevo para nada seguro a los altos mandos del ejército en el terreno, pues asumían intereses propios que en muchas ocasiones tampoco coincidían con los de los gobernadores de provincia. Precisamente, sobre estos aspectos se trabajaron en los años finales a la primera década del siglo XX, llegando a diagramar nuevas dinámicas y circuitos.

Figura 3. Diagrama de Centros de Cálculo, flujo y tipos de documentos

Fuente: Elaboración propia a partir Domínguez, Ercilio (1925). Colección de Leyes y Decretos Militares. Buenos Aires: Servicio Histórico del Ejército. La legislación consultada corresponde a los años 1905-1910.

Lo que puntualizó Ian Hacking para las estadísticas en general, bien vale recordar aquí para las redes socio-técnicas del ejército. Cualquier tipo de intervención sobre la población o una parte de ella, depende las posibilidades de su visibilidad y descripción. En este marco debería comprenderse la preocupación de los cuadros militares por la creación de algunas instancias de cálculo intermedias, así como de algunos espacios administrativos en los Comandos de Región, pero fundamentalmente los Distritos Militares y el apoyo en el funcionariado de la administración nacional.

El esquema anterior es la disposición estructural de lo que en realidad fueron una serie de retoques a los esquemas procedimentales impulsados desde los cuadros militares (y en algunas ocasiones discutidas en sus publicaciones específicas), a fines de la primera década. Fue recién a estas alturas que el ejército pasó a contar con una red relativamente articulada en nodos regionales y distritales, con sus puntos de contacto propios con la población y puertas de salida de los documentos. Claro que todo esto, si bien aprobado y puesto en funcionamiento (para 1911 estaban diseminadas por todo el territorio 269 oficinas enroladoras y se proyectaban otras 415),[39] importa aquí en la medida que permite exponer las características de las redes socio-técnicas pensadas y diagramadas.

Sin dudas fue en la segunda mitad de la primera década que las redes socio-técnicas relativas al enrolamiento y al sorteo tomaron una forma novedosa, con mayor dispersión y agarre territorial, así como con un circuito de información de mayor fluidez interna y entre diversas instancias estatales. Esto, que debe comprenderse en el marco más general de consolidación burocrática del estado nacional y de una mayor coordinación con las instancias locales, debe destacarse además como efecto de unas preocupaciones por los ajustes procedimentales de un particular encuadre normativo culturalmente fundamentado para hacer convivir a un gran número de individuos a lo largo de un año (a partir de 1905) en los espacios cerrados de los cuarteles.

A una década del primer proyecto militar de cobertura integral de la superficie territorial (1895), la regionalización se había consolidado como esquema de inteligibilidad del espacio nacional y esto respondía a un paulatino descenso del modelo expansivo, pero también a una preocupación tanto interna como externa al campo militar, por vincular el ejército con la población masculina adulta, valorada en términos de beneficio mutuo (para la población y el ejército). Junto a todo esto, en este tiempo comienzan a materializarse además proyectos de ajuste del interior regional. Había sucedido que más allá del plano de representación espacial y de la disposición jerárquica, así como de la cadena de mandos correspondiente, en los programas de 1895 y 1901 prácticamente no se habían resuelto esquemas de espacialización con consistencia interna en las regiones.

En la segunda mitad de la primera década, se subdividirá la primera región militar en dos zonas de brigada de infantería y cada una de estas en distritos militares (denominados también “Distritos de reclutamiento y movilización”) que contendrán a su vez  -y cuyos límites estarán fijados por- un número variado de circunscripciones electorales (y en las que, finalmente, aparecen contenidos los barrios o las zonas menores oficialmente censadas a los fines del control de las elecciones y los cálculos de representación). Las demás regiones fueron divididas en zonas de brigada y estas en un conjunto departamentos (que podían abarcar más de una provincia) con el centro de cálculo en una comandancia específica.[40]. Se aspiraba a formar de esta manera nodos y sub-centros de cálculo en espacios periféricos, gracias a los que se pudieran tornar operativos los programas de reclutamiento e instrucción. Un caso es el de la provincia de Corrientes, ahora parte de la III Región Militar, delimitada bajo la jurisdicción de la V Zona de Brigada de Infantería (que también comprendía a la provincia de Entre Ríos) y subdividida en tres Distritos Militares, que contenían entre siete y nueve departamentos cada uno. El esquema de territorialización administrativa militar de la provincia en tanto parte de la V Zona puede percibirse en la Figura 4. La preocupación por consolidar un circuito para el flujo de los documentos con información relevante para el enrolamiento y la conscripción, lleva a los cuadros militares a la generación de un esquema vincular entre distintos centros de cálculo exclusivamente militares (distritos, comandancias distritales y comandancias de zonas).

Figura 4: Diagrama parcial de espacialización interna de la V Zona de Brigada de Infantería, en el territorio correspondiente a la Provincia de Corrientes, Argentina

Fuente: Elaboración propia a partir de Domínguez, Ercilio (1925 [1905]). Colección de leyes y Decretos Militares. TVI. Buenos Aires: Servicio Histórico del Ejército, pp. 4-5.

La representación espacial de una región entrará de este modo en un dominio plenamente gubernamental, con esquemas de operatividad concretos, y con pretensiones técnicas de cálculo específicas. Más allá de que desde el primer artículo se dejaba en claro el carácter tentativo de todo el programa, al pautar que “se irá realizando progresivamente y a medida que la capacidad militar del país lo permita”, por primera vez en el mundo militar, el espacio territorial total a cargo del Estado argentino, resultaba materia de tantas subdivisiones como un cálculo preciso de la distribución equitativa de la población masculina por región lo necesitaba. Muy posiblemente estemos ante las condiciones materiales que produjeron (más allá de las relaciones político-ideológicas) una estimación positiva del padrón de enrolados y su adopción como padrón electoral a partir de la “Ley Sáenz Peña”. En cualquier caso, los esquemas territoriales militares intentan representar ahora el diagrama de un vasto flujo comunicacional, aunque no todos los nodos, y por principio de división regional, se conecten entre sí:

“Cada unidad se moviliza dentro de un espacio de territorio que se subdivide todo lo posible para que, existiendo dentro de él las autoridades correspondientes, resulten lo más descentralizados que sea viable el reclutamiento y la movilización. […] El ideal de esta organización, en suma, es que cada unidad desde la más grande a la más chica, tenga una base de reclutamiento en cada espacio de territorio determinado por una afluencia de comunicaciones que provean a sus necesidades.”[41] 

Descentralización, ramificación, espacios de operatividad menores, apoyo final en encuadres espaciales que no son el departamento, el partido o el barrio y que ya traen consigo algunos soportes socio-técnicos como las nóminas de electores, asentamiento de alguna instancia estatal en la que ubicarse (intendencia, registro civil, asentamiento propio, entre otros). Estos son algunos de los instrumentos intelectuales y técnicos con los que se esperaba contar para un diseño con aspiraciones de alcanzar la meticulosidad necesaria a fin de llegar a tomar contacto con los individuos, previo armado de mínimas redes socio-técnicas locales (afiches en instituciones y espacios públicos, articulación con comisarías, escuelas, juzgados de paz, cuando no la intendencia y la gobernación).

A lo largo de las décadas siguientes se pensarán numerosos ajustes orientados a profundizar estos esquemas (en lo fundamental, aumentando las oficinas enroladoras) o a incluir algunos nuevos aspectos (articulación con los consulados, formación del personal administrativo provincial, mejoramiento en la dotación de los materiales, entre otros), todo lo cual no llegó a significar una variación sustancial del esquema concebido en estos años.

Conclusión

Toda centralización del poder político es el correlato de un gobierno a distancia. Y esto implica una trabajosa producción de alineamientos de roles e intereses, así como de la creación de nodos (centros de cálculo) a diferentes grados escalares, o de flujos continuos de información y autorizaciones que van en sentidos opuestos. En estas páginas he tratado de presentar en base a este esquema las vicisitudes en la operativización de las redes diagramadas desde el ejército argentino para el enrolamiento y el sorteo de la población masculina a los fines de su instrucción y/o servicio militar, en el marco más general de consolidación de un aparato burocrático estatal a escala nacional.

Me he detenido en lo que considero las dos tendencias generales en su diagramación.  Por un lado, un primer periodo en el que se asume como participantes necesarios en los esquemas de vínculo a actores (nacionales y provinciales, públicos y privados) no solamente externos a la red jerárquica de mandos, sino ajenos al espacio militar institucional (gobernadores, intendentes, jueces de paz, comandantes de GN). Junto a ello, las distintas instancias del propio mundo militar se encuentran poco alineadas entre sí y con alto grado de autonomía. Ya en un segundo momento (finales de la primera década), se puede percibir la paulatina elaboración de una red de intermediarios en tanto mediadores de un mismo proceso.

Debido a ello al principio se ensayan diseños de contacto y vínculo con la población masculina con un alto grado de discontinuidad y bajo nivel de control del entorno, mientras que tímidamente y desde principios del siglo se comienza a disponer de flujos continuos de información (primero para el cálculo del enrolamiento y algunos años más tarde para la circulación de individuos y su ingreso a las guarniciones).

De esto creo que pueden derivarse tres corolarios. Por un lado, permite corroborar que los tiempos y los ritmos de los procedimientos implicados en los vínculos más pedestres del ejército con la población masculina llevan consigo su propia cadencia y que en algunos casos están muy lejos de ser paralelizables a los modos de comprensión y problematización de la población y el espacio territorial por parte del pensamiento militar en los que me detuve en trabajos anteriores. Por otro lado, tales temporalidades singulares estuvieron relacionadas a las controversias y disputas por las formas con las que se organizaba el envío de los contingentes. Fue este aspecto, junto a la instrucción de las GN ya en proceso de desmilitarización, lo que concentró la atención de la racionalidad militar procedimental en este periodo, aunque sin arribar a una solución directa. Por último, la coyuntura crítica que representó la posibilidad de una guerra con Chile, que supuso el cambio de destino de los individuos que iban hasta ese momento a recibir instrucción militar a cielo abierto, y que pasaron a habitar de allí en adelante los cuarteles, implicó el rediseño de esquemas y tiempos relativos a la movilización de los contingentes, aunque no parece haber tenido un impacto significativo del diseño las redes para el enrolamiento y el sorteo. Las mismas dificultades y carencias seguirán presentes muchos años después del “abrazo del estrecho”.

Sin duda las condiciones para el cumplimiento efectivo de todos estos esquemas descansaron en buena medida en la relación particular y cambiante entre el gobierno político nacional y los estados provinciales. Sin embargo, no creo que por ello deba restarse valor analítico a los diseños procedimentales que los cuadros militares fueron fraguando, ya que no solamente poco o nada de intervención hubo en ello por parte de otras instancias estatales, sino que es aquí en donde se puede apreciar el juego escabroso y difícil que supuso llegar hasta los individuos que eran blanco de la legislación, sorteando infinitos obstáculos para identificarlos y movilizarlos, y posibilitar el gobierno a distancia.

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Aldo Avellaneda es Licenciado en Comunicación Social (UNNE) y Doctor en Ciencia Política (UNSAM). Actualmente se desempeña como becario posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet, Argentina) en el Centro de Estudios Sociales, de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y es Profesor Adjunto por concurso en la cátedra de Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo (UNNE).  Sus líneas de investigación actuales son la historia del pensamiento militar en Argentina y Chile, así como los puntos de conexión entre racionalidad militar y racionalidad política en Argentina.

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[1] En el caso de Imaz, la leyenda “los que mandan” no era solamente un título sino una apuesta por nombrar de otro modo (y no como “elites dirigentes”) a aquellos grupos considerados como factores gravitantes en el rumbo político, económico y social del país.

[2] Para la primera mitad del siglo XIX, pueden consultarse los trabajos reunidos en Hacer Política. La participación popular en el siglo XIX rioplatense, compilados por Gabriel di Meglio y Raúl Fradkin (2013). También los trabajos de Bragoni (2005); Cansanello (1995); Davio (2010); Fradkin (2016); Garavaglia (2005, 2016); Macías y Parolo (2010); Pimienta (2008); Ratto (2003); Salvatore (1992); entre otros.

[3] Ministerio de Guerra y Marina (1870). Memorias del Ministerio de Guerra y Marina. Buenos Aires: Ministerio de Guerra y Marina, p. 11.

[4] Pueden verse para esto los periódicos correntinos El Autonomista, El liberal, La Verdad, La Libertad, entre otros) en momentos de convulsión política local, como en 1883, 1893 o 1910, Biblioteca de la Provincia, Corrientes.

[5] Algo en lo que no me detendré aquí, pero que sin duda merece un estudio particular, es el vínculo entre las propuestas organizativas emanadas desde el mundo militar local y las tendencias transnacionales preponderantes en ese periodo, al menos en relación a los países de los que los militares argentinos tenían un mayor conocimiento: Francia, España, Alemania y, en menor medida, Inglaterra y el Imperio Ruso. Más allá de la similitud a primera vista entre la propuesta del servicio militar obligatorio de Roca-Ricchieri y la legislación francesa de 1872, de mucho beneficio sería una mayor atención a este punto. Algunas referencias sobre los sistemas de reclutamiento decimonónico y sus entornos socio-culturales en algunos de estos países son: Cadiou (2009), Crépin, (2003), Forrest, (2009), Forrest, Hagemann y Rendall (2009), French (2005), Frevert (2004), Gawthrop (1993), Hippler (2002), Saint-Fuscien (2009).

[6] La tradición a la que me refiero son los Estudios de Gubernamentalidad, enfatizando su articulación con la teoría del actor-red. Para algunas referencias, se pueden ver Barry, Osborne y Rose (1996), Bröckilng, Krasmann y Lemke (2011), Gordon (2014), Hindess (2005), O’Malley, Rose y Valverde (2012), Miller y Rose (2004, 2010), Dean, (2010), Latour (1992, 1996), Law y Hassard (1999).

[7] Aún en 1898 y con el abrupto cambio de destino de los contingentes ya no enviados a los campamentos sino a los cuarteles, se consignaba en el Semanario Militar que faltaban cuatro oficiales superiores, 169 oficiales subalternos, 655 clases y soldados para completar el presupuesto, Semanario Militar, 1 de marzo de 1898, p. 1224. Biblioteca Nacional Militar, Buenos Aires.

[8] Ministerio de Guerra y Marina (1877). Memorias del Ministerio. Buenos Aires: Ministerio de Guerra y Marina, pp. XIV-XV.

[9] Ministerio de Guerra y Marina (1884 a 1888). Memorias del Ministerio. Buenos Aires: Ministerio de Guerra y Marina.

[10] Domínguez, Ercilio (1925 [1881]). Colección de Leyes y Decretos Militares. Buenos Aires: Servicio Histórico del Ejército, Tomo III. La novedad no es la organización de las GN en sí mismas, pues como cuerpos militarizados disponían de una organización relativamente análoga desde mucho tiempo atrás. Lo novedoso es el diagrama elaborado desde los cuadros militares del Ejército de Línea para la GN.

[11] Domínguez, Ercilio (1925 [1885]). Colección de Leyes y Decretos Militares. Buenos Aires: Servicio Histórico del Ejército, p. 146.

[12] Domínguez, Ercilio (1925 [1888]). Colección de Leyes y Decretos Militares. TIII. Buenos Aires:  Servicio Histórico del Ejército, Tomo III, p. 269.

[13] Domínguez, Ercilio (1925 [1888]). Colección de Leyes y Decretos Militares. TIII. Buenos Aires:  Servicio Histórico del Ejército, pp. 269-280.

[14] Domínguez, Ercilio (1925 [1888]). Colección de Leyes y Decretos Militares. TIII. Buenos Aires:  Servicio Histórico del Ejército, p. 279.

[15] Por caso, el trabajo de Leonardo Canciani sobre Benito Machado, en tanto comandante del Rgto. 17 Guardias Nacionales “Sol de Mayo” en las décadas de 1860 y 1870 refleja la abstrusa madeja de relaciones no solamente con el personal político-estatal local, sino con los “indios amigos” e incluso criminales fugados (Ver Canciani, 2012).

[16] Pueden consultarse las Memorias del Ministerio de Guerra y Marina de los años 1889, 1890 y 1891.

[17] Las autoras muestran, además, por medio de un análisis de trayectorias cruzadas de dirigentes locales, que “la jefatura de la Guardia Nacional fue el primer peldaño para una carrera dentro de la estructura estatal” (Espinosa Fernández y Moroni, 2007: 256). Pueden verse además los trabajos de Flavia Macías respecto a la provincia de Tucumán (2001, 2010, 2013)

[18] Ministerio de Guerra y Marina (1889). Memorias del Ministerio. Buenos Aires: Ministerio de Guerra y Marina, p. 8 (cursivas mías).

[19] Congreso de la Nación (1895). Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores. Buenos Aires: Hemeroteca del Congreso de la Nación, p. 677.

[20] El Heraldo, 29 de enero de 1901, en Moroni y Espinosa Fernández, 2007: 258. Recién en los primeros años del siglo XX un espeso corpus reglamentario dará lugar a la introducción del saber médico como criterio experto para entender en las excepciones y se estabilizará como espacio de dictaminación, las “juntas de excepción”.

[21] Revista Militar, 1889, pp. 223-224. Círculo Militar, Buenos Aires. Se trata en realidad de la reproducción de un aviso periodístico publicado en el diario El Litoral, de la provincia de Corrientes, el 4 de mayo de 1889.

[22] Domínguez, Ercilio (1925 [1895]). Colección de Leyes y Decretos Militares. TIII. Buenos Aires:  Servicio Histórico del Ejército, p. 124.

[23] Domínguez, Ercilio (1925 [1891]). Colección de Leyes y Decretos Militares. Buenos Aires:  Servicio Histórico del Ejército, Tomo III, pp. 422-424. En parte de la fundamentación se jugaba la apuesta y la preocupación por la instrucción militar: “un Depósito de Reclutas donde se centralice el reclutamiento y reciban aquellos una instrucción esmeradamente uniforme y convenientemente disciplinaria y táctica, que les permita poder ejercitar los deberes de su clase con verdadera conciencia de la misión que debe llenar en los distintos servicios a que concurra, de modo que por este sistema se obtenga dentro de cada arma una tropa en las condiciones de uniformidad y preparación para las funciones de guerra y todo acto de servicio que mejore el estado actual de los cuerpos del ejército”, Ministerio de Guerra y Marina (1891).  Memorias del Ministerio. Buenos Aires: Ministerio de Guerra, p. XXXIII-XXXVII.

[24] Ver: Reglamentando la forma de proceder al Reclutamiento de Tropa para el Ejército. En Domínguez, Ercilio (1925 [1895]). Colección de Leyes y Decretos Militares (pp. 123-126). TIII. Buenos Aires: Servicio Histórico del Ejército.

[25] Domínguez, Ercilio (1925 [1888]). Colección de Leyes y Decretos Militares. TIII. Buenos Aires:  Servicio Histórico del Ejército, pp. 174-175.

[26] Ministerio de Guerra y Marina, (1893). Memorias del Ministerio. Buenos Aires: Ministerio de Guerra y Marina, pp. 153-163.

[27] Ministerio de Guerra y Marina (1894).  Memorias del Ministerio. Buenos Aires: Ministerio de Guerra y Marina, Anexo 1B, p. 89.

[28] Ministerio de Guerra y Marina (1894).  Memorias del Ministerio. Buenos Aires: Ministerio de Guerra y Marina, Anexo 1B, p. 89.

[29] Domínguez, Ercilio (1925 [1894]). Colección de Leyes y Decretos Militares. Tomo IV. Buenos Aires:  Servicio Histórico del Ejército, pp. 119-120. Esa reglamentación de la ley 3063 (de organización de las GN), volvía a trabajar sobre la vinculación orgánico-territorial mixta entre ambos y en los deberes y atribuciones de los Comandantes de las GN, entre muchas otras cosas. Ministerio de Guerra y Marina (1894). Memorias del Ministerio. Buenos Aires: Ministerio de Guerra y Marina, Tomo 1A, pp. 118-131.

[30] Domínguez, Ercilio (1925 [1895]). Colección de Leyes y Decretos Militares. TIII. Buenos Aires: Servicio Histórico del Ejército, p. 194.

[31] Algunos desarrollos en estos aspectos para los casos de Tucumán, Buenos Aires y Mendoza, en distintos momentos de la segunda mitad del siglo XIX en Campi (1993; 2001), Barandiarán (2011), Mateu (1996) y Salvatore (1986).

[32] De acuerdo a Sábato (2014: 94), hasta 1877 los comandantes de las GN disponían de tales documentos (las papeletas de enrolamiento) siendo esta una de las cartas con las que jugaban un importante papel en los comicios.

[33] Ver Figura 1.

[34] Domínguez, Ercilio (1925 [1902]). Colección de Leyes y Decretos Militares. TV. Buenos Aires: Servicio Histórico del Ejército, p. 264.

[35] Ministerio de Guerra (1903). Memoria del Ministerio. Buenos Aires: Ministerio de Guerra, p. 8.

[36] Desde 1904, pero con fuerza al año siguiente, numerosos artículos de la Revista Militar van a plantear problemas de organización del enrolamiento, pero fundamentalmente del sorteo y la conscripción. Pueden verse: Rodríguez, José [Cnel.] (enero de 1904). El año militar, pp. 5-18; Ideas sobre organización militar. (marzo de 1905), pp. 185- 202; Servicio de dos años. (julio-agosto de 1905), pp. 26-31; Leyes militares de organización. (septiembre de 1905), pp. 156-169; Leyes militares de organización. (octubre de 1905), pp. 201-206. Biblioteca Nacional Militar, Buenos Aires. También pueden verse las intervenciones de los Grales. Campos y Domínguez en las sesiones para el tratamiento de la ley de organización militar de 1905. Si bien los dos focos problemáticos por esos días eran los ascensos militares y la justicia militar (en buena medida debido a las tensiones derivadas de los sucesos de febrero de ese año), el diagnóstico negativo sobre la “Ley Ricchieri” corría todo a lo largo del debate. Tanto fue así, que en la presentación del proyecto pudo escucharse “Las leyes que envía el poder ejecutivo estudian y corrigen los defectos de la ley 4031 [“Ley Richieri”], que han sido demostrados en la práctica”, Congreso de la Nación (1905). Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados. Hemeroteca del Congreso de la Nación, Buenos Aires, p. 423.

[37] Hugo Quinterno, en su trabajo citado señala en múltiples ocasiones el papel que jugó la no asignación del presupuesto correspondiente para llamar a todos los individuos previstos. Ahora bien, sobre el número efectivo de individuos de cada clase (calculados aproximadamente en 23000), el Grl. Campos calculaba asombrosos promedios de %41 de bajas en 1902, %78 en 1903 y %82 en 1904, entre infractores, exceptuados, desertores y muertos. Congreso de la Nación 1905.  Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados. Buenos Aires:  Hemeroteca del Congreso de la Nación, p. 171. Esto era el efecto para Campos de un extremadamente pobre control del proceso de enrolamiento y sorteo.

[38] Domínguez, Ercilio (1925 [1906]). Colección de Leyes y Decretos Militares. Tomo V. Buenos Aires: Servicio Histórico del Ejército, p. 48.

[39] Domínguez, Ercilio (1925 [1911]). Colección de leyes y decretos militares. TVI. Buenos Aires: Servicio Histórico del Ejército, pp. 790-800.

[40] Ver: Aprobando el proyecto de subdivisión territorial. En Domínguez, Ercilio (1925 [1905]). Colección de leyes y decretos militares (pp. 1-7). Tomo V. Buenos Aires: Servicio Histórico del Ejército.

[41] El Ejército Argentino (nueva división territorial. (1906). Revista Militar, pp. 88-89. Biblioteca Nacional Militar, Buenos Aires.

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