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Inicio > Vol. 4, Núm. 7 (2018) > Barcos

Pasado Abierto. Revista del CEHis. Nº7. Mar del Plata. Enero-Junio 2018.

ISSN Nº2451-6961. http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto

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Las armas en reposo: la intervención del Congreso General Constituyente de 1853 y las disputas por la representación política durante el Sitio a Buenos Aires

María Fernanda Barcos

        Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de La Plata, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,

Argentina

mfbarcos@hotmail.com

Recibido:        16/03/2018

Aceptado:        29/05/2018

Resumen

Luego de la caída del gobierno de Juan M. de Rosas en febrero de 1852, la provincia de Buenos Aires estuvo inmersa en una guerra intestina producto de su negativa a concurrir al Congreso Constituyente que tenía como objetivo sancionar la Constitución de la nueva República. Producto de esto, el 1° de diciembre del mimo año se desató una rebelión rural presidida por gran parte de la oficialidad federal. El movimiento pedía la renuncia del gobernador Alsina y el cese de la guerra entre Buenos Aires y la Confederación liderada ahora por J. J. de Urquiza. Más tarde exigiría también la presencia de Buenos Aires en el Congreso Constituyente con diputados de la ciudad y la campaña. En este artículo nos proponemos analizar un momento clave del conflicto: cuando se realizó el mayor intento de poner fin a la guerra. Este recorte permite estudiar la lucha que se generó entre los partícipes del conflicto en torno a la “representación” del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Para ello daremos cuenta en primer lugar de las deliberaciones en el seno del Congreso Constituyente y del tratado del 9 de marzo de 1853 que intentó poner fin a la guerra. En segundo lugar, analizaremos el despliegue de los mecanismos que permitieron la participación política directa de la población en la guerra. Las fuentes son variadas, fundamentalmente: Actas del Congreso Constituyente y correspondencia generada durante el sitio.

Palabras clave: Historia política, siglo XIX, Congreso Constituyente, Sitio de Lagos, Buenos Aires, representación política

Weapons at rest: the intervention of the General Constituent Congress of 1853 and the disputes over political representation during the Site to Buenos Aires

Abstract

After the fall of the government of Juan M. de Rosas in February 1852, the province of Buenos Aires was immersed in an internal war as a result of its refusal to attend the Constituent Congress, which aimed to sanction the Constitution of the new Republic. As a result of this, on December 1 of the same year a rural rebellion broke out, presided over by a large part of the federal officials. The movement called for the resignation of Governor Alsina and the cessation of the war between Buenos Aires and the Confederation now led by J. J. de Urquiza. Later he would also demand the presence of Buenos Aires in the Constituent Congress with deputies from the city and the campaign. In this article we propose to analyze a key moment of the conflict: when the greatest attempt was made to end the war. This cut allows us to study the struggle that was generated among the participants in the conflict over the "representation" of the government of the province of Buenos Aires. To do this, we will first give an account of the deliberations within the Constituent Congress and the treaty of March 9, 1853, which attempted to end the war. Secondly, we will analyze the deployment of the mechanisms that allowed the direct political participation of the population in the war. The sources are varied, basically: Constituent Assembly minutes and correspondence generated during the site.

Keywords: Political history, 19th century, Constituent Congress, Lagos Site, Buenos Aires, political representation

Las armas en reposo: la intervención del Congreso General Constituyente de 1853 y las disputas por la representación política durante el Sitio a Buenos Aires

Introducción

Luego de la caída del gobierno de Juan Manuel de Rosas en febrero de 1852, Buenos Aires atravesó un periodo de absoluta inestabilidad política que duraría varios años. Los enfrentamientos se relacionaron tanto con los vaivenes de la política bonaerense luego de la derrota del rosismo como con el posterior enfrentamiento entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina. Como telón de fondo se sumó el conflicto indígena que atravesó todo el periodo. La autodenominada “Revolución del 11 de septiembre” rompió la alianza que se había formado en torno al Ejercito Grande y que había permitido el triunfo en Caseros e inició la separación de Buenos Aires del resto de la Confederación (Scobie, 1964; Lettieri, 2006; Barcos, 2012; Eujanian, 2015) Esta revuelta provocó el alejamiento temporal de Justo José de Urquiza de los asuntos de Buenos Aires pero, en el corto plazo, la heterogeneidad de aspiraciones de quienes participaron en ella provocó que la coalición se quebrara. Sobre todo por la disyuntiva que existía entre la oficialidad rosista en relación con la lealtad federal hacia Urquiza y la adhesión a un movimiento de Buenos Aires pero liderado por antiguos enemigos (Scobie, 1964). El malestar se agudizó cuando el nuevo gobierno planeó expandir a las provincias su “revolución”, muchos de los oficiales se opusieron a esa política y debido a ello fueron desterrados. Entre los militares expulsados de Buenos Aires se encontraba el Gral. rosista Hilario Lagos.^[1] El destierro, sin embargo, duro poco, Alsina terminó ordenando que regrese y, pese a sus negativas, lo designó Cte. del Dto. del Centro con sede en el pueblo de la Guardia de Luján. Desde ese último cargo, el 1° de diciembre de 1852 se pronunció contra el gobernador.

La rebelión rural que se desató en diciembre fue liderada por los generales José M. Flores e Hilario Lagos y sostenida por la mayoría de la oficialidad federal.^[2] Ésta movilizó a las nuevas guardias nacionales de la mayoría de los pueblos de campaña que lograron cercar la ciudad de Buenos Aires durante casi seis meses.^[3] Los motivos de la rebelión fueron expuestos por Lagos en una Proclama,^[4] de acuerdo a ella, la provincia se levantaba en masa contra la ofensiva que el gobierno de Buenos Aires realizaba sobre las provincias vecinas. Cuestión que conducía a una guerra que nadie había autorizado ni deseaba. También se argumentaba el rechazo de la oficialidad al nombramiento del unitario Gral. José M. Paz como jefe del ejército y, posteriormente, la negativa de los diputados por Buenos Aires a concurrir al Congreso Constituyente que se celebraba en Santa Fe. Pese a los intentos de paz a los que nos referiremos en este trabajo, el conflicto se prolongó hasta el mes de julio de 1853 cuando, tanto la escuadra del Cap. Coe que bloqueaba el puerto como el Gral. Flores, se pasaron al bando de la ciudad. La nueva situación fue generando un fuerte desánimo entre los jefes del Sitio, cuestión que culminó en el aumento de las deserciones. Así, el 1º de julio de 1853 Flores ocupó la Guardia de Luján y puso fin a la rebelión desde el lugar en que se había iniciado.

Durante la revuelta se produjeron toda una serie de sucesos de extrema gravedad: enfrentamientos armados, reclutamientos, asaltos, embargos y malones indígenas. Varias de estas cuestiones, que fueron analizadas en trabajos previos (Barcos, 2012 y 2017), nos sirven para orientar las hipótesis que mantenemos en este artículo. En particular consideramos que el faccionalismo y la politización del periodo rosista no se terminaron inmediatamente después de Caseros ni se relacionaron directamente con el “cambio de bando” de varios de los personajes más relevantes del periodo. En el seno de la oficialidad, y entre los sectores medios y bajos de la campaña, aún estaba vigente la dicotomía unitario y federal aunque ahora incluía nuevas variables debido a la vigencia del proyecto de Organización Nacional liderado por Urquiza. Paralelamente, bajo el lema federal gran parte de la campaña apoyó el movimiento “cansado de guerra”. Así la movilización de diciembre de 1852 es un acontecimiento privilegiado para entender el posterior “triunfo” del Estado de Buenos Aires. Si bien la consolidación de este proyecto de estado independiente llevó unos años más, fue el triunfo sobre los sitiadores lo que inició de modo más eficiente su construcción. En este sentido, fue la representación simbólica y las medidas práctica que la dirigencia porteña tomó luego del triunfo las que reforzaron este proyecto (Lettieri, 2006; Barcos, 2012).

En este artículo nos interesa detenernos en un momento clave del sitio: cuando se realizó el mayor intento -sin éxito- de acordar el fin de la guerra. Nos detenemos en esta coyuntura porque consideramos que las deliberaciones que se realizaron en el seno del Congreso, junto con la participación de la población en la guerra a través de la movilización miliciana y de la intervención ciudadana, muestran parte de la complejidad de la representación política del periodo. La exposición detallada de los debates del Congreso visibiliza a los diferentes participes que se disputan la representación: sitiadores y septembristas, sitiadores y Urquiza, Congreso y Urquiza y, finalmente, Urquiza y el movimiento que gobernaba la ciudad. En cuanto al segundo aspecto, al ponerse en juego la discusión de la organización nacional, también se expusieron diferentes consideraciones en torno a la provincial, fundamentalmente quien era el sujeto de la representación y allí aparece de manera explícita el enfrentamiento entre la ciudad y la campaña. En los pueblos y algunas parroquias de la ciudad se desplegaron mecanismos de participación que incluyeron la intervención política directa de la población, ésta se efectivizó a través de actas en las cuales se activaba el poder de elección y/o deposición de representantes.

El trabajo se organiza en dos partes: la primera examina los debates que se generaron en el seno del Congreso General Constituyente y el fracaso del Tratado de Paz del 9 de marzo de 1853. La segunda parte analiza las Actas mediante las cuales los vecinos ejercieron su derecho de representación en tanto ciudadanos. Las fuentes son de diferente índole y están trianguladas, actas ordinarias y secretas del Congreso, documentos editas escritos por contemporáneos y correspondencia inédita de las facciones que intervinieron.

1. La intervención del Congreso General Constituyente en el Sitio a Buenos Aires y el Tratado del 9 de marzo

1.1. ¿Quién representa a Buenos Aires?

La labor del Congreso ha sido en los últimos años revisada en relación con el proyecto nacional de la Confederación Argentina. Actualmente se postula que este intento tuvo limitaciones importantes pero que, no obstante, contribuyó a la construcción de una estructura estatal centralizada y su elenco se constituyó en una dirigencia política con vocación nacional (Lanteri, 2015) Al mismo tiempo, al descentrar la figura de Urquiza en esta construcción, se pudo observar la participación de las provincias en el entramado político institucional (Bragoni y Miguez, 2010; Macías, 2014; Lanteri, 2015) En este trabajo intentamos mostrar cuál fue la intervención del Congreso en relación con el conflicto que se desató en Buenos Aires y que impedía la intervención de dicha provincia en la deliberación para la promulgación de la Constitución, prerrequisito de la organización nacional.

El Acuerdo de San Nicolás de mayo de 1852 pautó la conformación de un Congreso para redactar la Constitución Nacional, declaró el “Pacto Federal de 1831” como “ley fundamental” de la República y designó a Urquiza “Director Provisorio”. A través de la Sala de Representantes, Buenos Aires rechazó el acuerdo y desautorizó al gobernador provisorio López y Planes a acudir al Congreso. En medio de este conflicto, y aprovechando la partida de Urquiza a Santa Fe, los dirigentes de Buenos Aires proclamaron una revolución el 11 de septiembre de 1852 que designó a Valentín Alsina gobernador. En este contexto y sin Buenos Aires, el 20 de noviembre de 1852 inició el Congreso sus sesiones. Sin embargo, al conocerse que la rebelión rural había provocado la renuncia de Alsina, la situación cambió puesto que el Congreso se encontró con la urgencia de intentar mediar en dicho conflicto.

El 30 de diciembre de 1853, a partir de un proyecto presentado por el diputado Adeodato Gondra (San Luis), el Congreso comenzó a tratar la mediación. El citado decreto postulaba amonestar a “…ambos partidos beligerantes […] para que depongan las armas y terminen sus diferencias por la vía de las negociaciones…” Para ello, una comisión mediadora integrada por dos diputados del congreso llevaría “…las palabras de Paz (unión y nacionalidad) que […] pronuncia el Congreso de la Confederación Argentina”.^[5]

Para analizar la norma citada se nombró una comisión integrada por los diputados José M. Pérez (Tucumán), Pedro de A. Díaz Colodrero (Corrientes) y Juan Campillo (Córdoba) quien recomendó rechazar el decreto por ineficaz al propósito que estaba destinado. Gondra defendió su proyecto exponiendo que el rechazo de la comisión se fundaba en el temor a los resultados y en el supuesto que Urquiza consideraría que la misión entorpecería sus planes. Con esto último se refería al envío de fuerzas entrerrianas para engrosar el Ejército Federal que comandaba Lagos. Planteaba que esta no podía ser la impresión de Urquiza porque se podía combinar fuerza y diplomacia y, agregaba, la pacificación era un requisito para que el Congreso empezase a funcionar: “…una constitución sin Buenos Aires tendría una existencia efímera”.^[6] Pero la Comisión consideraba que la mediación a nombre del Congreso era un problema porque si era desairada no quedaba otro recurso que la guerra. El diputado Juan F. Seguí (Santa Fe) replicaba que eso no era así porque “en ninguna mediación el desaire había sido un motivo de conflicto con el mediador”,^[7]  pero el diputado Benjamín Lavaysee (Santiago del Estero) agregaba que el Congreso no era imparcial. Facundo Zuviria (Salta), apoyaba la mediación y Pedro Ferré (Catamarca) planteaba que si la Confederación había mandado fuerzas para la paz la medida era correcta, pero si éstas eran para apoyar a un bando no. Frente a esto, el diputado Juan M. Gutiérrez (Entre Ríos) agregaba que la mediación era impracticable porque Buenos Aires rechazaba todo. Finalmente se votó el proyecto y fue rechazado por 14 votos sobre 6.

El 17 de enero Manuel Leiva (Santa Fe) presentó por otro proyecto que autorizaba a Urquiza a mediar en nombre del Congreso utilizando todos los medios que le aconsejara su prudencia.^[8] Esta vez la Comisión fue integrada por los diputados Luciano Torrent (Corrientes), Clemente J. Villada (Córdoba) y Regis Martínez (La Rioja) quien la trató en Sesión Secreta. Allí el ministro, luego de relatar el fracaso de la misión diplomática, expresó que ahora era proclive a la idea de tomar parte en el conflicto porque Urquiza contaba con la ayuda de todas las provincias de la Confederación. El diputado Seguí planteó que votaría en contra porque el Congreso tenía que ser coherente, y como el proyecto de Gondra había sido rechazado y éste era igual, no había modo de aprobarlo. Con esto se refería a la falta de neutralidad del Congreso y del Director como mediadores. El diputado Campillo apoyó porque consideraba que había una diferencia entre “una misión confiada a dos diputados del Congreso” y otra que sería “encargada por el Director a personas más aceptables a los bandos”.^[9] Leiva explicaba: los dos proyectos se parecían en las bases porque buscaban la paz pero eran diferentes. El primero había sido rechazado porque el mediador era desconocido por Buenos Aires, en cambio “a Urquiza le debían su libertad”.^[10] Luego opinaba que no era oportuno amenazar de guerra puesto que tampoco se sabía bien con qué fuerza se contaba ya que las provincias apoyaban pero “no podían sostener en la lucha más de 20 hombres”.^[11] Juan B. Gorostiaga (Santiago del Estero) preguntó si el Director se creía con suficiente autorización para mediar, si era posible la mediación del Congreso y la Republica y si el rechazo a la mediación generaría suficientes agravios para provocar una intervención armada. El ministro contestó que Urquiza sí se sentía autorizado, que la mediación era un derecho reconocido aún a las naciones extrañas y que no sabía las consecuencias que te traería el fracaso de la negociación. Apoyaba el proyecto y creía que la amenaza de la fuerza era inconducente. Gorostiaga quedó inconforme con la respuesta: los sitiadores al mando de Lagos exigen que se acepte el Acuerdo de San Nicolás, a Urquiza y que Buenos Aires concurra al Congreso. Y a estas exigencias el ministro de gobierno Lorenzo Torres contestó “que prefería nadar en sangre”.^[12] Todos sabían que se habían enviado fuerzas de infantería y que se preparó el vapor Correo para apoyar el Sitio, cuestión irreconciliable con una misión de paz.

Gorostiaga presentó finalmente una contrapropuesta más desafiante, en ella se facultaba a Urquiza a terminar con la guerra en Buenos Aires, y a obtener el asentimiento de “estos pueblos” a los pactos nacionales relativos a la organización de la Republica, empleando a la vez la voz y el poder que le confería el Acuerdo de San Nicolás. El diputado Seguí criticó también este proyecto porque “no hay mediación pacifica con ejército”.^[13] Como la intervención de Urquiza generaría rechazo, “menos recelo inspiraría la injerencia del Congreso”.^[14] Gutiérrez apoyó el proyecto de Gorostiaga y argumentó que esta situación no era la misma que la del 11 de septiembre porque “una parte muy importante de la provincia quería unirse a la nación y los jefes del Sitio reconocían la autoridad de Urquiza y querían ir al Congreso”.^[15] Había por qué autorizar a Urquiza para todo pero el diputado Leiva, al contrario, decía que el proyecto solo era para la mediación pacífica.

Las discusiones se prolongaron rondando en los mismos puntos hasta que el diputado Seguí presentó otro proyecto en el que el Congreso autorizaba a Urquiza a “utilizar todos los medios que sugieran, sin excluir la fuerza armada, para lograr la paz”.^[16] Podía, incluso, contraerse un empréstito para obtener recursos. Nuevamente las discusiones giraron en torno a los mismos ejes, se votó tres veces hasta que el proyecto quedó rechazado.^[17] Al día siguiente, 22 de enero, se trató en sesión secreta un nuevo proyecto, consensuado entre Gorostiaga y Seguí, que finalmente se aprobó: el Congreso decretaría la autorización al Director Provisorio de la Confederación para que “empleando todas las medidas que su prudencia y acendrado patriotismo le sugieran, haga cesar la guerra civil en la Provincia de Buenos Aires y obtenga el libre asentimiento de ésta al Pacto Nacional del 31 de Mayo de 1852”.^[18] A partir de esto Urquiza tuvo vía libre para intervenir en el conflicto de Buenos Aires, cuestión que dio a conocer mediante un manifiesto hecho público en el aniversario de la victoria contra Rosas.^[19] 

Mientras sucedían estas deliberaciones, el gobierno de la ciudad y los sitiadores intentaban acordar por si solos una tregua por medio del Contra Almirante francés Admiral de Suin.^[20] Por esos días las noticias que llegaban a oídos de los sitiadores sobre lo que se discutía en la Sala de Representantes eran muy confusas, según los dichos de Juan Moreno, Anchorena creía que el conflicto era factible de resolver si Lagos lograba reunirse con el gobernador Pintos, o con representantes moderados, en un punto neutral. Moreno comentaba también el común deseo de evitar la mediación extranjera.^[21] La tregua finalmente no se logró y la reunión con el gobernador no se concretó, además, las negociaciones iniciadas por de Suin fracasaron al punto que no se pudo acordar ni las bases para la suspensión de hostilidades ni los límites en las posiciones de cada fuerza.^[22] 

El 19 de febrero Urquiza informó al Congreso el nombramiento de una comisión integrada por Facundo Zuviria y Pedro Ferré para negociar una solución pacífica.^[23] Con la intervención del Congreso el conflicto cambió de tono, ya no era una puja entre bandos de Buenos Aires sino un enfrentamiento entre la Confederación -con apoyo del Ejército Federal en la campaña- y la ciudad puesto que si no se llegaba a un acuerdo Urquiza prestaría apoyo directo a Lagos.

Las discusiones que se dieron en el seno Congreso y que relatamos en los párrafos anteriores son importantes porque ponen en evidencia los vaivenes de los diputados en torno a qué posición tomar respecto al conflicto en Buenos Aires. Por un lado, era un problema que incumbía a dicha provincia, por otro, retrasaba los objetivos del Congreso, más aún si ganaba la ciudad porque las esperanzas de llegar a una Constitución consensuada se esfumaban. La simpatía de los diputados al movimiento no estaba expuesta abiertamente, pero estaban claras las posiciones, en este sentido la causa del cuestionamiento de alguno de ellos al decreto que autorizaba a Urquiza a intervenir residía en que con la medida el Congreso se alejaba indefectiblemente de la neutralidad, cosa que finalmente sucedió en marzo.

La ciudad cuestionaba las órdenes que el Congreso había dado a Urquiza porque estas le permitían intervenir en los asuntos de Buenos Aires pero “… Buenos Aires no tenía diputados en ese Congreso, ni la misión de éste era otra que la de dictar una Constitución para las 13 Provincias que representaba”.^[24] El Congreso era consciente del problema de autoridad que implicaba la no adhesión de Buenos Aires al Acuerdo, sin embargo, la situación cambió cuando los sitiadores expusieron claramente que querían asegurarse representantes por la campaña en esa discusión.^[25] Esta declaración daba nuevas armas para defender la intervención del Congreso: no era Buenos Aires quien rechazaba el Acuerdo, era solo la ciudad. Los vecindarios habían expresado mediante “Actas” que la autoridad de la campaña la ejercía Lagos y, además, se habían negado a ser representados por los actuales diputados de la Sala.

En el contexto citado comenzaron las negociaciones entre Buenos Aires y la comisión designada por Urquiza que ya citamos. El Director instruyó a sus representantes a obtener la deposición de las armas, el restablecimiento de las instituciones y la concurrencia de la provincia de Buenos Aires al Congreso de Santa Fe. Solo si fuera necesario, podían negociar un armisticio con diplomáticos extranjeros para tratar una amnistía y la renovación tanto de la legislatura como del ejecutivo (Bosch, 1971: 300). Si bien Lagos había organizado una comitiva para recibir a Urquiza en San Nicolás, el Director envío primero a la comisión que trataría el arreglo.^[26] Resulta interesante detenernos en una nota que envió uno de los comisionados a Lagos luego de notar la ausencia de Urquiza. En ella insistía con que el punto nodal de la negociación era la renovación de la Sala puesto que para tener posibilidades de triunfar ésta debía ser total: “… si la presión no es suficiente y la renovación es parcial […] Quedamos bajo el pie de Alsina”.^[27] 

Urquiza llegó a Buenos Aires el 24 de febrero, traía con él un contingente de Córdoba y artillería e infantería de Corrientes para engrosar al ejército sitiador.^[28] Ahora bien ¿cuál era la posición de los sitiadores sobre la presencia de Urquiza? Tenemos varios testimonios que dan cuenta que las opiniones no eran unánimes. Durante la primera etapa de la rebelión, el conflicto intentó restringirse a cuestiones provinciales sin dar intervención a Urquiza y recién en enero el movimiento se encolumnó con el Congreso celebrado en Santa Fe.

Si bien a fines de febrero la intervención de Urquiza era un hecho, ésta se produjo no sin posiciones encontradas en las filas de los sitiadores. Como la principal preocupación de los jefes era cómo quedaría compuesta la Sala luego de acordada la paz y si se lograba inmunidad total por la rebelión, el triunfó de la opinión de cerrar filas tras Urquiza quizás estuvo motivada por el descontento por cómo se venían llevando las negociaciones y por el temor a un trato entre Buenos Aires y la Confederación que no los incluyera.^[29] Pero también era un asunto de planificación militar, si no lograban cerrar el abastecimiento de la ciudad vía marítima, el asedio se tornaría interminable minando la capacidad del Ejército Federal para controlar la situación en el largo plazo. Urquiza prometía proveer de buques de guerra al sitio y cerrar su abasto alimentario.  

Todo esto pone de relieve el alto nivel de discusión que se daba entre la oficialidad tanto en relación con el proyecto de país y el rol de Buenos Aires en él como en torno a la suerte de los sitiadores cuando se llegará a un arreglo. Las observaciones de la oficialidad y jueces fueron tenidas en cuenta en muchos casos puesto que se encuentran dentro de los argumentos de Lagos ante las diferentes situaciones que se fueron propiciando. Por citar algunas: el maltrato a los federales durante el armisticio, los intentos de soborno, la importancia de controlar la Sala y el unitarismo de los que adhirieron a la ciudad.  

1.2. El Tratado del 9 de marzo de 1853

Luego de que la comisión de Urquiza presentara credenciales a ambos bandos, se proyectó la primera reunión en la Iglesia de Balvanera aunque finalmente se eligió la casa del estanciero Saturnino Unzué. Allí las partes pautaron la suspensión de armas conservando sus posiciones.^[30] Sin embargo, al día siguiente, 5 de marzo, se produjo un acontecimiento que parece haber alterado fuertemente los ánimos de los vecinos de Buenos Aires y el clima de las negociaciones. En vigencia de la tregua fueron asesinados dos ayudantes del ejército de la ciudad de apellidos Andrade y Romero, estos oficiales fueron apresados cuando se los encontró fuera de la línea pautada y asesinados en el saladero de Don León Ortiz de Rosas. Sus cuerpos aparecieron el día siguiente en una zanja con heridas de degüello, lanzazos y tiros.^[31] Si bien inicialmente los sitiadores desconocieron los hechos, luego entregaron los cuerpos para que se les diera sepultura. Este acontecimiento parece no haber sido menor, la ceremonia fúnebre estuvo plagada de honores y simbolismos y quedó como un recuerdo popular al que se aludió en varias oportunidades luego de la derrota del Sitio.

Los días subsiguientes a los asesinatos relatados las delegaciones se reunieron dos veces más hasta que el 9 de marzo firmaron el Tratado. El documento postulaba el restablecimiento de la paz en Buenos Aires por tanto ninguna autoridad o persona podrían ser perseguidas por su conducta política ni por ninguno de los actos ejercidos desde el 1° de diciembre de 1852 y hasta el día que el tratado fuera ratificado por ambas partes. También podían regresar los ausentes y debía liberarse los detenidos. El gobierno de Buenos Aires reconocía como deuda de la Provincia todos los auxilios prestados para el sostén de las fuerzas de la campaña y arbitraría su pago a los acreedores. El ejército quedaba reducido al límite que fijan las leyes para tiempo de paz y los jefes y oficiales de línea y milicias conservarían los grados y destinos que tenían antes del conflicto. Cesando la guerra, la Sala se pondría en receso, sorteando los diputados que debían salir, y la elección de los que debían ser reemplazados se haría lo antes posible. Instalada la nueva Legislatura se procedería a la elección del Gobernador. Buenos Aires concurrirá al Congreso con el número de diputados que estimara conveniente, no excediendo de la mitad de los que prescribía la ley de 1827, con el exclusivo objeto de dictar la Constitución y demás leyes esenciales a este fin. También se reservaba el derecho de examinar la Constitución que sancionare el Congreso, ínterin esto, sería gobernada solo por sus propias instituciones. Finalmente, se confería al Director Provisorio las Relaciones Exteriores sin contraer nuevas obligaciones, a menos que preceda el acuerdo y consentimiento de Buenos Aires.^[32] 

Firmado el documento los comisionados se dirigieron a San Nicolás para anoticiar a Urquiza de los términos del arreglo. Una vez informado, el Director rechazó de plano el Tratado argumentando que no se ajustaba al Acuerdo de San Nicolás que al momento era “ley”.^[33] También acusó a la comisión de haber traspasado sus instrucciones y anunció su marcha sobre la ciudad. Según Bustamante Urquiza se habría negado a ratificar el Tratado movido por la presión de Lagos, quien se lo habría solicitado por medio de Ramón Bustos y de Baldomero García y Gerónimo Costa.^[34] En el acuerdo los septembristas no perdían el poder sobre Buenos Aires, las fuerzas de la campaña serían desmovilizadas y nada se hablaba de la situación en la que quedarían los partícipes en el Sitio. Además, la legislatura sería renovada parcialmente y con esa composición elegiría gobernador. En relación con la Confederación, Buenos Aires enviaría representantes al Congreso de acuerdo a su población y se limitaban las facultades del Director en las relaciones exteriores (Scobie, 1964: 84). Coincidimos con Bustamante, el 31 de marzo, ya rechazado el tratado, Lagos le escribía al Cnel. Fourmartin:

“felizmente para nuestra Patria, negó SE el Director Provisorio su ratificación a al celebre (arreglo) (convenio) pomposamente decorado con el nombre de Tratado de Paz celebrado por la traidora Comisión (mediadora) […] Felizmente la Providencia iluminó al Director; quien […] decidido a poner fin a las desgracias de nuestro país, o por medio de una paz solida honrosa y duradera, o aniquilando para siempre las inicuas pretensiones de los furibundos demagogos unitarios.”^[35]

Luego del rechazo, el Congreso se volvió a reunir en sesión secreta para tratar la situación, no se habló explícitamente del tema, pero se definió claramente la posición de los miembros del recinto. En este sentido, se sancionó una ley, obra del diputado Martín Zapata (Mendoza), que invitaba a la campaña de Buenos Aires a concurrir al Congreso con dos diputados. También a la Ciudad, solo si se encontraba en estado de ser representada, con el mismo número.^[36] Así quedaba asegurado el voto de la campaña para la sanción de la constitución.

La negativa de Urquiza a rectificar el Tratado a sus comisionados quienes expresaron su disgusto y escribieron un descargo. En él se explicaban los avances a los que la comisión había arribado y que fueron desconocidos por Urquiza, por ejemplo, haber acordado el “olvido absoluto”. Esgrimían haber actuado privilegiando la paz y por eso nada específico se había tratado en relación con la composición de la Sala. Cierto es, y los comisionados lo exponen en su escrito, que los sitiadores habían adelantado su negativa a cualquier arreglo que no incluyera la renovación total de la Sala. Explicaban que para ellos esta disyuntiva no podía resolverse mediante un Tratado que, previamente, había dado por sentado dos partes con autoridad reconocida: el gobierno de la ciudad y el gobierno de la Confederación. Más allá de la defensa, resulta ingenua la posición de los comisionados, Urquiza no podía actuar en Buenos Aires sin el apoyo de Lagos y este no se lo daría si no se renovaba la Sala. Esto nos lleva entonces a las Actas elaboradas en los pueblos donde se revocaba la representación actual.

2. La disputa por la representatividad política: campaña versus ciudad

Las primeras actas a las que aludimos fueron manifiestos, confeccionados según un modelo original, y enviado a los jueces de paz probablemente desde el Cuartel de Lagos.^[37] Allí los vecinos firmantes enfatizaban la importancia que tenía la campaña en la composición de la Sala y denunciaban a los miembros electos porque éstos: “han traicionado la voluntad de sus comitentes, cometiendo autos contrarios a su deber”. Estos consistían en sublevar pasiones, excitar a la anarquía difundiendo el odio al Partido Federal, sustituir de los puestos públicos a los individuos federales por otros del “partido unitario”, cooperar con la separación del 11 de septiembre, invadir Entre Ríos y envolver a la república en una sangrienta lucha. Cuestiones que implicaban “el quebramiento de los deberes de los representantes y el abuso de las facultades concedidas”, razón por la cual el Manifiesto les anulaba “… los poderes conferidos por la elección, a los Representantes de la Prova y aun pa residenciarlos, porque esto emana del derecho y poder indisputable de los electores, que solo depositan su confianza en vien y provecho de la Prova y pa utilidad de la paz pública”. Finalmente, se les pedía que se abstuvieran “… de invocar ntro nombre y formar ya parte de una corporación que por este acto y por la Ley queda pa lo sucesivo nula y sin poder alguno”. ^[38]

Esta documentación es muy interesante para observar el grado de politización que implicó el conflicto, pero también para dar cuenta del lenguaje y nociones políticas de la época. Una ya vasta historiografía ha trabajado el tema de la representación y la ciudadanía dando cuenta detallada tanto de sus bases como de su transformación en el siglo XVIII y XIX (Annino, 1995; Sabato, 1999; Ternavasio, 1999 y 2002; Cansanello, 2003). En esta línea, si bien la ciudadanía del siglo XVIII se sostenía en la vecindad, con la Revolución de Mayo se introdujo una mediación entre estos dos conceptos puesto que se denominó ciudadano a todo hombre libre alistado en el ejército. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión se produjo a partir del año 1820 con el surgimiento de las provincias autónomas, la ciudadanía se hizo local y tuvo que ser construida sobre la vecindad provincial que venía acompañada del servicio miliciano.^[39] Así la representación se extendió activamente al mundo rural, podían votar todos los habitantes incluidos en el padrón de milicias con domicilio en el distrito (Cansanello, 2008). Durante el periodo rosista se produjo una verdadera expansión de la frontera política e incluso una inversión de la fórmula que otorgaba mayoría a los diputados de la ciudad. Con la incorporación de nuevos partidos, el mundo rural logró una mayor representación (Ternavasio, 2002: 215). Esta composición se mantuvo luego de 1852, puesto que en marzo de ese año se decretó la elección de representantes sobre la base de 24 por la ciudad y 26 por la campaña incluidos los partidos de Bahia Blanca y Patagones, estos últimos incorporaban un representante cada uno frente a los dos de los restantes partidos.

Los firmantes del Acta se declaraban “vecinos” y en algunos casos también “vecinos-ciudadanos” portadores de derecho y poder indisputable. Planteaban que por medio de elecciones habían decidido confiar su representación a los diputados, pero éstos habían faltado a sus deberes, motivo suficiente para que se les retirase el poder de actuar en su nombre. Y sin este consentimiento su poder era nulo. El argumento refleja como la representación se fue progresivamente transformando de un vínculo privado a un mandato público en el cual “se actuaba por” (Cansanello, 2008). No obstante, entre los argumentos para la retroversión se citaba también lucha facciosa desde una explicita adhesión a la facción federal impregnada en la tradición rosista.

No sabemos quién fue la pluma que elaboró los argumentos que se esgrimen en las Actas pero consideramos que debieron ser escritas por alguien que manejaba las problemáticas en torno al ejercicio de la ciudadanía, contamos con los documentos de 34 partidos que incluyen todas las secciones electorales menos la 1°, 13° y 14°. Con alguna diferencia menor, son todos iguales. No sabemos si los que faltan no se enviaron o fueron extraviadas. El de la 1° sección probablemente se extravió pues la componen los partidos del hinterland de la ciudad donde estaban los sitiadores. Por los datos recabados, los firmantes eran mayoritariamente vecinos propietarios residentes de esos pueblos, es decir milicianos que participaban de las elecciones y pagaban algunos de los impuestos de contribución directa y/o patentes. Estas representaciones también se labraron en los barrios de la ciudad que los sitiadores dominaban.^[40]

También se labró otro tipo de documento destinados a la firma de los jefes del Ejército Federal, era un “Acta de nombramiento” en el que se designaba a Lagos “General en Jefe”. El objetivo era que, llegado el momento, la Sala de Representantes no tuviera otra opción que ratificar el cargo puesto que “era la voluntad del Ejército”.^[41] Este tipo de representación que incluía la voluntad del ejército como corporación retoma el recurso a la expresión pública del consenso.^[42] Este consenso era estratégico para la futura elección de un nuevo gobierno en donde se intentaría postular a Lagos. En tal sentido, durante el mes de marzo se confeccionaron nuevas actas en las que los vecindarios acordaban conferir a Lagos “aquella plenitud de autoridad que compete al Gobernador y Capitán Gral. con la Expresa Condición de provisorio, conforme lo han hecho todos los Departamentos de Campaña”.^[43] 

Lo interesante de todo esto es observar como la rebelión replicó todas las estrategias de legitimación ampliamente difundidas por el rosismo pero integrándolas ahora a un nuevo contexto donde la representación se ligaba a las facultades para elegir gobernador y adherir al proyecto de unidad nacional encarnado por la Confederación. Las actas venían encabezadas de “¡Viva la Confederación Argentina!”. También se incluía el concepto de opinión y república. Esto es mucho más notorio en el tercer tipo de actas que analizaremos más adelante.

Durante las negociaciones había dejado de funcionar el Tribunal Militar como un gesto de buena voluntad, sin embargo, apenas circuló la noticia del rechazo al Tratado se tomaron nuevas medidas de defensa y se renovaron ministros. El fracaso de las negociaciones se volvió alarmante para la ciudad puesto que el conflicto provincial incluía ahora las fuerzas conjuntas de la Confederación y las del Ejército Federal.^[44] 

El 27 de marzo los sitiadores publicaron un Boletín Extraordinario donde anunciaban el arribo a San José de Flores del Gral. Urquiza y comunicaban que el Ejército Federal le iba a jurar obediencia para así poder lograr la paz. Para esto también se labraron actas por vecindario.^[45] El modelo se iniciaba con una crítica a la situación actual de la “República”, planteaba el mal uso que los representantes habían hecho de sus funciones y el desarreglo de la campaña. Luego, diferenciándose de las otras actas mucho más belicosas, se llamaba a la unidad y a la “fusión de partidos” para lograr la sanción de una “Constitución” republicana y federal.^[46] Esto, decían, sólo podría realizarse bajo las órdenes de Urquiza ya que su llegada inauguraba una nueva época “con la constitución de la Republica bajo el sistema Representativo Federal, que la nación reclama desde cuarenta años en que figura como Pueblo libre”.^[47] Esta Acta tuvo un tono bastante moderado ya que no insertó el conflicto explícitamente en términos de unitarios/federales como las anteriores aunque sí aclaraba que el proceso abierto en 1851 fue torcido por la revolución del 11 de septiembre “cuya tendencia er bien conocida”. No obstante, el Pueblo volvería a tomar el camino cuando a los tres meses se presentó el pronunciamiento del coronel D. Hilario Lagos”. Concluía con expresiones de reconocimiento a la autoridad y misión del Soberano Congreso y del Director Provisorio. ^[48]

En todas las representaciones que hemos presentado aparecen paralelamente los términos “pueblo” y “vecinos”. En relación al primero es interesante el análisis de Guerra en su estudio sobre las revoluciones hispánicas: para acceder al poder se necesitaba asumir de manera simbólica la representación del pueblo. Así “el pueblo se expresaba a través del pronunciamiento, actúa a través del jefe sublevado y habla a través de los intelectuales, autores de las proclamas que siempre lo acompañan” (Guerra, 1992: 404). Ahora bien, este pueblo no es todo el “pueblo” ya que los que firman las actas son los “vecinos”, es decir propietarios que, incluso, expresan avalar sus dichos con sus bienes. El resto estaría avalando las acciones de los jefes militares de manera directa, es decir participando en la guerra como milicianos y/o guardias nacionales.

Sobre este último punto, un breve comentario. La población de la campaña participó activamente en la sublevación y figuras rosistas claves de los vecindarios fueron designados jueces. Otros pobladores integraron la plana mayor del ejército sitiador mientras que los sectores populares intervinieron como soldados reincorporados o como milicianos. También el apoyo fue indirecto mediante contribuciones económicas o como informantes. Si bien la ocupación no tuvo las características de un típico asedio, esto no implica que no fuera padecido por los pobladores puesto que la presión enroladora se hizo sentir fuertemente y provocaba escasez de brazos. No obstante, durante el interregno que duró la ocupación se reestablecieron los mecanismos de participación de los vecinos, y no solo a partir de las actas estudiadas, también se nombraran funcionarios y se creó el Consejo de Administración para que actuara en asuntos civiles, judiciales y de hacienda. En este sentido, la revuelta no obviaba los mecanismos conocidos de legitimidad, al contrario, los utilizó sistemáticamente manteniendo el ideal de orden (Barcos, 2012).

Volviendo a los acontecimientos, ya como jefe de la rebelión, Urquiza explicó a la ciudad las razones del rechazo al Tratado. Esgrimía la importancia de sostener el Acuerdo de San Nicolás puesto que había sido aprobado antes y después del 11 de septiembre y en virtud de éste se había reunido el Congreso y existía un Director Provisorio. No podía por tanto él aprobar un tratado al que se oponían el conjunto de las provincias y toda la campaña, a excepción del “recinto” (la ciudad) donde el gobierno ejercía autoridad. Si bien se defendía de la acusación de violar el armisticio argumentando que sus motivos eran pacíficos, la presencia de miles de soldados escoltándolo seguramente no generaron la imagen de conciliación tan mentada. Finalizaba la nota invitando a una nueva reunión con nuevos comisionados que trataran nuevamente los términos de la paz.

El cronista Bustamante deslegitimaba el movimiento y la injerencia del Director en estos términos:

“Semejante proposición no podía sostenerse, Buenos Aires [la ciudad] encerraba en su seno la mayoría de la Provincia, la parte más ilustrada, más opulenta, existiendo en ella los poderes públicos; mientras que en la campaña, unos cuantos Gefes reunían, seis ú ocho mil hombres sin formas legales, ni Gobierno, ni organizaciones de ningún género, con los cuales oprimían a sus pacíficos habitantes”.^[49]

Los comentarios del cronista están en consonancia con lo que luego se convertiría en la denominada “Republica de la opinión” (Lettieri, 2006) que la constituía “la parte más ilustrada, más opulenta”. La opinión de la campaña era invalidada, allí no había institución ni ley y la población era oprimida por los “Jefes”. A tal punto se cristalizó esta dicotomía que, en los años posteriores al sitio, el nuevo imaginario se construyó no sólo en oposición al enemigo rural que representaba Urquiza para el Estado de Buenos Aires sino también en relación con el peligro que constituía la campaña de Buenos Aires para los porteños.

En esta línea el gobierno de la ciudad contestó al Director arrojándose la representación del conjunto de la opinión de Buenos Aires y cuestionando la necesidad de volver a dialogar. Se insistía en el carácter coercitivo del apoyo rural mientras se afirmaba la espontanea adhesión de los pobladores de la ciudad. En las fuentes observamos el grado de coerción que implicaron las levas tanto en un bando como en el otro, pero esto no invalidó el posible apoyo de los pobladores a una u otra causa. Quizás la diferencia haya radicado, entre otras cosas, en el poder económico de la ciudad que sostuvo más constantemente la manutención y sueldos de las tropas.

La correspondencia continuaba, el 8 de abril la ciudad propuso una conferencia secreta entre Carlos Tejedor y Urquiza pero la reunión finalmente fracasó debido a los desacuerdos para concertar la paz. Llegada esta instancia las posibilidades de lograr un acuerdo se alejaban y la guerra continúo por unos cuantos meses más.

Reflexiones finales

La rebelión iniciada el 1° de diciembre de 1852 es un hecho central puesto que se desarrolló en el periodo inmediatamente posterior a la caída del rosismo y su derrota comenzó a fortalecer la conformación del Estado de Buenos Aires. Su análisis por ello es relevante. Mucho se ha dicho sobre la rápida caída del rosismo y los realineamientos posteriores. Sin embargo, si bien la figura de Rosas desapareció de la escena política no se desvanecieron las representaciones creadas durante su gobierno ni todas las fidelidades construidas durante esos años fueron traicionadas como se suele repetir. El movimiento decembrista adoptó toda la simbología del periodo rosista, siendo central el uso del cintillo punzó y las clasificaciones de “salvajes”, “malditos”, “traicioneros” unitarios para definir a los integrantes del gobierno de la ciudad. Como explica De la Fuente (2007: 252) en su trabajo sobre La Rioja “el lenguaje enfatiza que los actores percibían una continuidad de décadas en la naturaleza del conflicto”. También gran parte de la oficialidad, de los funcionarios más importantes del periodo anterior y de los vecinos propietarios de partidos “rosistas” cumplieron un rol activo en el sitio. Pero esto es más complejo aún porque estos alineamientos no fueron una réplica del periodo anterior sino que se resignificaron en el contexto del federalismo urquicista. El movimiento, siendo específicamente bonaerense, adoptó recién a partir de marzo y en parte por las necesidades de sostener el cerco porteño las demandas de la Confederación: la reunión del congreso y la necesidad de sancionar la constitución para poder organizar una nación republicana y federal. Así el triunfo del liberalismo, y la pérdida de liderazgos y posibilidades de construcción del federalismo en Buenos Aires, fueron procesos posteriores al que estamos analizando donde aún la lucha política se ejercía en los términos del periodo anterior.

En este trabajo nos propusimos centrarnos en los momentos en que el gobierno de la ciudad y el de la campaña deliberaron para intentar llegar a un acuerdo que pusiera fin a las hostilidades. El estudio mostró las deliberaciones que se dieron en el seno del Congreso Constituyente y los problemas que se presentaron a nivel político e institucional. El Acuerdo de San Nicolás fue el centro de las deliberaciones porque a partir de la aceptación o rechazo de éste se desplegaron las posibilidades de organizar la nación. El rechazo de los septembristas al Acuerdo minaba los criterios de autoridad del Congreso y del Director e impedía la incorporación de Buenos Aires. Sin embargo, a partir de la rebelión del 1° de diciembre, la campaña de dicha provincia pidió que se la incorporara a la organización nacional. Este pedido fue ratificado mediante tres tipos de actas que fueron firmadas por los vecinos de los diferentes partidos. En las primeras se retiraba el poder de representación a los diputados que estaban ejerciendo, en las segundas se autorizaba a Lagos a organizar la campaña y sus instituciones y en las terceras se acataba la autoridad del Soberano Congreso y del Director Provisorio de la Confederación Argentina. Estos manifiestos, herencia del periodo rosista, fueron un mecanismo representación nodal durante el periodo que duró el conflicto puesto que sirvieron como mecanismo de legitimación del levantamiento como de otorgamiento de autoridad a sus líderes. Pero también fueron un instrumento para el ejercicio del derecho ciudadano. Aún en medio de la guerra, se buscó por todos los medios encauzar los conflictos en un plano de legalidad y respecto a las instituciones vigentes.

ANEXO

A. Guardia de Luján, 10 de febrero de 1853. Al Señor Comandante en Gefe del Egercito Federal. Coronel Don Hilario Lagos:

Los que suscriben, vecinos de este Partido, usando del derecho indisputable que les confiere la Ley, su libertad e Independencia: han resuelto ponerlo en ejecución en las presentes circunstancias, pa obtener la reparación de los males de gravedad, y trascendencia que pesan sobre toda la Provincia, a consecuencia de la manera desleal y torcida que han seguido sus representantes Don Ramón Solveyra y Don José Barros Pasos en la sala de Buenos Aires, desde que este Partido los elijio para que lo representaren en aquella Asamblea, con tan saludable y Patriótico fin se dirijen a VS manifestándole:

1º Que desde que la Campaña de la Prova de Buenos Ayres reune en la sala de representantes la mayoria de sus miembros; desde q estos han traicionado la voluntad de sus miembros; desde que estos han traicionado la voluntad de sus comitentes, cometiendo autos contrarios a su dever, sublevando a las pasiones, escitando la anarquia, entronizando está en todas las clases de la Población por la división y odio contra el Partido Federal; despojando de los primeros puestos públicos a los principales funcionarios que los sostenían, pa sustituirlos con otros del Partido Unitario venidos de Montevideo, procurando con esto y con la proscripción y anulación de otros, destruir los elementos de firmeza y consolidación que contaba por más de 22 años; y lo que es más, haverse decidido a cooperar contra el voto y sentimiento universal de toda la  Prova  a la perversa y malona empresa (consebida por el Gobierno de loa traidores encabezado por el malvado Balentin Alsina) de inbadir con fuerzas armadas a una de las provincias hermanas e independiente de la Confederación, sacrificando las tropas de otra al furor y escarmiento que sufrieron sin autorización ni poder, y solo pa envolver a la republica en una sangrienta lucha , de cuya división y trastorno pensavan ellos sacar su exclusivo provecho.

2º Cuando el poder concebido por los electores, no podía ser otro que aquel que los pueblos cultos, libres y regularmente constituidos, confieren para el sostenimiento de sus instituciones pa la consecución de la Paz publica, pa el Religioso cumplimiento de sus actos y demás deveres que son anexos a un régimen ya establecido, como el Federal en toda la Republica.

3º Cuando el quebramiento de los deberes y el abuso de las facultades concedidas dan sobrada razón para anular los poderes conferidos por la elección, a los Representantes de la Prova y aun pa residenciarlos, porque esto emana del derecho y poder indisputable de los electores, que solo depositan su confianza en vien y provecho de la Prova y pa utilidad de la paz pública.

4º Y cuando pa la consecución de tan criminales empresas de trastorno público en toda la república, se han prodigado por Aquel Gobierno traidor los tesoros de la Hazienda publica formando bolsa de los anarquistas pa consumar la rebolucion y desmoralizar el ejército de la Prova  pagandose cada uno después a su modo y voluntad de las cantidades suplidas pa la revelión aprovechando pa ello la elevación del Gobno de los tres principales Caudillos y motores: debemos anular, como de hecho anulamos la elección que hicimos de sus personas pa tales representantes por este nuestro Partido; y dejando como dejamos sus poderes sin valor ni efecto alguno en la Sala de Representantes en la ciudad de Buenos Aires, los damos por retirados de ella desde esta fha. Pidiendo al Ejército de Ciudadanos Patriotas, que sostienen nuestra libertad y derechos, hagan respetar y cumplir esta nuestra justa y deliberada disposición, así por medios conciliatorios y prudentes, como por la fuerza de las armas si fuese para ello indispensable. Para lo cual nos dirigimos al Ilustre Gefe que nos manda el Valiente Ejército Federal, de que formamos parte, encargándole tan honorable misión, con la súplica de que transcriva esta determinación a los Representantes residentes en la ciudad Don Ramón Solveyra, y Don D José Barros Pasos pa qe se abstengan de invocar ntro nombre y formar ya parte de una corporación que por este acto y por la Ley queda pa lo sucesivo nula y sin poder alguno.

Fuente: Archivo General de la Nación (Buenos Aires), Archivo Saldías, Guardia de Luján Al Señor Comandante en Gefe del Egercito Federal Coronel Don Hilario Lagos. 10 de febrero de 1853, S.VII, 264.

B. Ensenada, 2 de marzo de 1853 ¡Viva la Confederación Argentina!

En el pueblo de Ensenada, a los dos días del mes de Marzo de mil ochocientos cincuenta y tres reunidos espontáneamente el juez de Paz, los Alcaldes, sus Tenientes y Vecinos de Este y del Partido que suscriben con el objeto de buscar los medios más adecuados para salvar los inconvenientes que obstan a la marcha regular en todos los ramos de la Administración y Buen Gobierno interior, nacidos de la condición en que han quedado de completa acefalia por haver caducado de hecho y de derecho el poder Ejecutivo y el Cuerpo Legislativo, con retiro de poderes a la mayoría de Diputados por tres secciones de campaña por haber abusado de la confianza de sus comitentes revelándose contra la opinión y mandato del Pueblo Representado.

Teniendo además en vista que esa condición impropia en que han colocado al país mandatorios desleales y refractarios. Es contrario al honor y al interés bien entendido de la Patria presto en armas para defender su libertad y derechos invadidos con alevosía por un círculo de agitadores que pretenden erigirse en árbitros y señores de su suerte y destinos, y considerando a mas, que mientras la Capital se alla oprimida por la logia de demagogos y son enérgicamente rechazados por la parte laboriosa y sensata de esa misma Ciudad que tiránicamente oprimen y sacrifican por medio del espionaje pagado profusamente a extranjeros necesarios y la inmensa mayoría de los habitantes de la Ciudad y Campaña que forman el Ejército Federal. Estrecha y asedia en el reducido recinto de sus trincheras, no se hallan en estado de concurrir con el voto libre de la Provincia a la creación de los poderes constitucionales con arreglo a las leyes y de completa conformidad al sufrajio de la mayoría, acordamos por la presente conferir al Sor. Comandante den Gefe del Ejército Federal Coronel D. Hilario Lagos aquella plenitud de autoridad que competa al Gobernador y Capitán Gral con la Expresa Condición de provisorio, conforme lo han hecho todos los Departamentos de Campaña para que así suficientemente autorizado envestido del carácter que legalmente corresponde de cumplimiento a los votos de sus compatriotas encaminándose masivamente a consolidad una paz duradera con todas las demás provincias hermanas de la Republica y hasta tanto queda reestablecida la tranquilidad de esta provincia con la desaparición de la minoría facciosa y funesta que hoy oprime a la ciudad pretendiendo asumir una autoridad que caree totalmente de los requisitos y que se halla en entera oposición con las exigencias vitales de la mayoría, pueda conforme con leyes y derechos nombrando los ciudadanos que deban legislar.

Es por lo tanto que usando el derecho de ciudadanos libres firmamos esta Acta y la robustecemos con la firme resolución en que nos allamos de sostener por todos los medios posibles cuanto decimos

Fuente: Archivo General de la Nación (Buenos Aires), Archivo Saldías, ¡Viva la Confederación Argentina! Ensenada, 2 de marzo de 1853, 267.

C. Pila, 1° de marzo de 1853 ¡Viva la Confederación Argentina! Representación de los vecinos del Partido de Pilar otorgándole poderes a Justo José de Urquiza para la finalización de la guerra y la reunión en el Congreso General Constituyente.

En el Partido de (Pilar) a primero de Marzo de mil ochocientos cincuenta y tres. Reunidos los vecinos infrascriptos espontáneamente con el objeto de buscar los medios más adecuados para salir del estado de humillación, de destrucción y atraso a que por desgracia parecen estar condenados, su industria, comercio y civilización, atraso y humillación impropios e incompatibles con el siglo presente que todo de progreso, todo de libertad y de mejora social e industrial, medios que el supremo creador ha puesto al alcance de todos los hombres, de todos los pueblos de la tierra en cualquier zona que les haya tocado habitar para que usen de ellos para que mejoren su condición, que ese es norte y fin a que encamina la humanidad y que entre nosotros lejos de aprovechar lejos de emplear en su ejecución  inmensos elementos, con el creador ha fecundizado y enriquecido nuestras tierras después de cuarenta y dos años de libertad y treinta y seis de independencia, marchando según se nos repite cada día a esos fines, hemos recogido por fruto de tantos afanes la esclavitud y la ruina.

Y la verdad basta solo echar una ligera mirada sobre nuestro pasado, hasta contemplar nuestro presente para verze entristecido y agobiado con el peso de tantos infortunios, montón de escombros, ruina, desolación y atraso, es el expectante que se presenta sin que a nuestros antepasados hayan hechado un solo combustible en esa hoguera donde se han perdido tantos elementos de vida y grandeza. Jamás hasta este momento ha habido un solo de los habitantes de las Provincias que haya tenido acción ni participación para deliberar sobre asuntos de convivencia jurídica ni aun para emplear nuestros propios recursos en sentido de mejorar sin que los Gobiernos que en Buenos Aires se hayan formado hayan buscado nuestros buenos deseos, o al menos estimado esos mismos recursos para emplearlos en objetos sino perjudiciales al menos extraños a nuestra voluntad. En estos conceptos cuya verdad es innegable esta nuestra situación y comprendida la historia de nuestros sufrimientos donde los cristianos adoren al criador, una sola escuela donde nuestros hijos recobran siquiera los primeros elementos de una regular educación, un solo establecimiento de Piedad o Beneficiencia que señale siquiera el de la civilización por estos lugares. Nada de esto existe, o bien por haberse destruido o bien por no haberse jamás creado ninguno de esta clase. Así seriamos faltos ya de toda esperanza, cuando una revolución feliz vino a cambiar nuestra situación una colocarnos en camino de llegar a mejorar nuestra suerte.

Hablamos de la cruzada del General Argentino D. Justo José de Urquiza de esa causa que representaba el principio santo de la constitución de la Republica bajo el sistema Representativo Federal, que la nación reclama desde cuarenta años en que figura como Pueblo libre. Desde esa cruzada que vino publicando la paz y la unión la hermandad en todos los Argentinos: el olvido de nuestros antiguos odios y de nuestros extravíos, la fusión de los partidos y la alianza leal y sincera de todos los hermanos para levantar allí mismo donde existían tantas ruinas y tantos escombros monumentos de grandeza que atestiguara nuestra prosperidad.

Los pueblos y los gobiernos de la Republica: los hombres de todos los partidos saludaran con entusiasmo sincero y aclamaran al hombre que representaba el principio salvador para que la paz, la constitución y la unión de todos tuvieran su debido cumplimiento, convencidos de que solo así por este camino se salva la confederación Argentina de su última ruina. Sabidos son los preliminares que se establecieron para arribar a estos fines y que han dado por resultado el congreso general constituyente reunidos en la ciudad de Santa Fé y es también muy sabido, que los acuerdos que crearon ese soberano cuerpo se discutieron y firmaron en San Nicolás. Nosotros fuimos espectadores en esas deliberaciones desde ese día reunidos los proclamamos nuestra adopción y principios a tener una opinión. La nuestra fue para el acuerdo de treinta y una de Mayo, fue por la reunión de un congreso que diese a la republica una constitución basada en los principios federativos, constitución que fuese sostenida por el poder de la Republica Representada y ejercida por el ciudadano que el congreso eligiere.

Así marchaba el país y a este punto habían llegado nuestras esperanzas, cuando repentinamente estallo la famosa revolución de septiembre cuyo carácter y tendencia son bien conocidos y cuyos resultados sensibles pesan sobre el pueblos argentino. Mas notas de la autoridad civil contienen y expresan la opinión, la voluntad y el sentimiento manifestado en esos momentos solemnes. Tales fueron nuestras opiniones y la remitimos con la conciencia del bien y sobre todo con la convicción que la revolución fracasaría desde que siendo una verdadera sorpresa para opiniones y al pueblo.

El Pueblo ciento de su sorpresa se volvería a tomar el camino que trazo la decisión de Mayo de 1851: Y así hasido. A los tres meses se presentó el pronunciamiento del coronel D. Hilario Lagos, pronunciamiento que importa el verdadero sufragio de la mayoría de los habitantes de la Provincia, sin que pare que se manifieste haya sigo preciso emplear, la sugestión ni la fuerza. Y esto es tan evidente que D. Valentín Alsina Gefe de esa revolución de septiembre lo ha palpado al ver frustradas sus esperanzas, cuando su gobierno cuando el coronel Lagos está ausente proscripto y Alsina en el apogeo de su poder, le desenvolvía el ejército que reunía en Ramallo para invadir Santa fe y quien aconsejaba a los milicianos la deserción y la emigración a esa Provincia. No era el coronel Lagos parque estaba desterrado. No era el general Urquiza, no era nadie, era solo el sentimiento y la opinión de cada hombre porque todos, todos repudiaban esa revolución de guerra y destrucción. No puede decirse otro tanto del pronunciamiento de primero de Diciembre porque la paz y la constitución ha rodeado al coronel Lagos el Pueblo y los ha constituido su Geje y su Representante. En vista de esto y tantos otros antecedentes los infrascriptos han venido en declarar y declaran que el único y más eficaz medio de dar solución a tantas dificultades y de poner un término a los males que se sufren es la adhesión al pronunciamiento de constitución de la Republica reconociendo la autoridad y misión del soberano congreso y Director provisorio y que siendo el pronunciamiento que representa el patriota coronel Lagos, el voto de la mayoría de los habitantes de la campaña y de este Departamento conformes a ese medio de influencia y de coacción.

En su consecuencia el Pueblo y el vecindario de su Partido confiere y otorga al coronel d. Hilario Lagos, porque los votos del pueblo de la Provincia de Buenos Aires la constitución de la república y por general se cumpla.

Para que el nombre de los habitantes de la Provincia reconozca la representación y austeridad del soberano congreso constituyente reunido en Santa Fe y la del Exmo Señor Director Provisorio de la confederación Argentina, prestándole el acatamiento y respeto debido. Para que pnga bajo inmediata protección del soberano congreso y Director Provisorio el pronunciamiento del primero de Diciembre empleando de su parte todo medio legal para que la paz y libertad asenté en su imperio en todas las provincias. Para que reconociendo el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos en treinta y uno de Mayo de 1852 procuran que la provincia de Buenos Aires sea representada en el soberano congreso para que en calidad de gobierno reglamente la administración de Campaña su justicia, comercio, en armonía con la administración nacional y de los demás pueblos hermanos: Para que provea todos los empleos que hayan vacantes o que sea preciso crear para la buena administración con claridad de provisorios. En fin todo el poder y representación que como Gefe y como primera autoridad de su pueblo libre, se quiera para asegurar sus destinos. Ese mismo conferimos recomendando a su lealtad y patriotismo y el cumplimiento de nuestros votos y la defensa de nuestra libertad y de nuestros derechos, que por su conducto ponemos también bajo la protección del soberano congreso de la Confederación Argentina. En de lo cual lo firmamos obligando a su validez nuestra personas y bienes

Firmas.

Fuente: Archivo General de la Nación (Buenos Aires), Archivo Saldías, ¡Viva la Confederación Argentina! Representación de los vecinos del Partido de Pilar otorgándole poderes a Justo José de Urquiza para la finalización de la guerra y la reunión en el Congreso General Constituyente. Pila, 2 de marzo de 1853, 267.

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María Fernanda Barcos es Profesora y Doctora en Historia (UNLP) Investigadora del CONICET y profesora en las facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación y Ciencias Económicas de la UNLP. Dictó conferencias y seminarios en el país y el extranjero. Miembro de AHILA, SEHA, AsAIH y AAHE. Publicó libros, capítulos y artículos en Argentina y el exterior. Sus líneas de investigación son Historia Económica Argentina del siglo XIX, Historia Agraria Iberoamericana del siglo XIX, Problemas de Historia Política en el mundo rural del siglo XIX.  

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