CONFLICTOS FAMILIARES EN LA MONTAÑA NOROCCIDENTAL LEONESA EN EL SIGLO XVIII

 

 

 

María José Pérez Álvarez

Universidad de León, España

 

 

 

 

Recibido:        06/01/2025

Aceptado:       25/02/2025

 

 

 

 

Resumen

 

El objetivo de este trabajo, que por el espacio territorial que abarca puede enmarcarse en el campo de la microhistoria, es estudiar los conflictos judiciales que tuvieron lugar en el ámbito doméstico de los linajes González del Campillo, asentado en Palacios del Sil, Buelta, en Las Rozas, y Rosón, en Caboalles de Arriba. Entre ellos, en solo un siglo, no fueron pocas las desavenencias familiares que acabaron judicializadas, ya fuera por desacuerdos en el reparto de una herencia, por malversación y alzamiento de bienes, por impago de dotes o ruptura de la unidad doméstica. Algunas de esas divergencias se dieron por finalizadas mediante una concordia y otras, en cambio, permanecieron décadas en los tribunales.

 

Palabras clave: España; Siglo XVIII; León; Concejo de Laciana; conflictividad; familia.

 

 

FAMILY CONFLICTS IN THE NORTHWESTERN MOUNTAINS OF LEÓN IN THE EIGHTEENTH CENTURY

 

Abstract

 

The aim of this study, which due to the territorial scope it covers can be placed within the field of microhistory, is to examine the legal conflicts that took place within the domestic sphere of the González del Campillo lineage, settled in Palacios del Sil, the Buelta family in Las Rozas, and the Rosón family in Caboalles de Arriba. Among them, in the span of just one century, there were numerous family disputes that ended up in court—whether due to disagreements over inheritance distribution, embezzlement and concealment of assets, non-payment of dowries, or the breakdown of the household unit. Some of these conflicts were resolved through settlement agreements, while others remained in the courts for decades.

 

Keyword: Spain; XVIII century; León; Council of Laciana; conflictivity; family.

María José Pérez Álvarez. Doctora en Historia, por la Universidad de León donde actualmente es catedrática de Historia Moderna. Actualmente en coinvestigadora principal del proyecto de investigación Violencia, conflictividad y mecanismos de control en el noroeste de la Península Ibérica (siglos XVI-XIX), (PID2021-124970NB-100) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Su tesis fue de Historia Rural (La montaña noroccidental leonesa en la Edad Moderna, León, Universidad de León, 1996) y continuación, sin abandonar ese campo se centró en el de la Historia Social. Ha investigado sobre marginación y la asistencia, las mujeres (La familia, la casa y el convento: las mujeres leonesas durante la Edad Moderna, León, Universidad de León, 2021) o el clero (El cabildo catedralicio de la ciudad de León (1650-1800): sociología capitular y asistencia institucional, León, Universidad de León, 2021).  

Correo electrónico: mjpera@unileon.es

 

 

 

 

CONFLICTOS FAMILIARES EN LA MONTAÑA NOROCCIDENTAL LEONESA EN EL SIGLO XVIII

 

 

 

Introducción

 

No han pasado tantos años desde que se comenzó a reconocer a las mujeres el papel activo que habían tenido en el decurso de la historia, apartándolas del estigma de subordinación e invisibilización que hasta entonces las había acompañado (CASELLI, 2020).^[1] Pero ese rescate no rebate la situación de desigualdad jurídica frente al varón, ni la opresión moral a la que estuvieron sometidas. Los hombres, ejerciendo el papel de maridos o padres, tenían en sus manos la administración del poder dentro de la unidad doméstica, pero había mecanismos que podían frenarlos cuando no lo ejercían con integridad (GACTO, 1984). Aquellos eran los tribunales de justicia, civiles y eclesiásticos. De hecho, no fueron pocas las mujeres que en su papel de esposas o hijas recurrieron a ellos cuando consideraron que se agredían sus derechos o intereses legítimos, al igual que hicieron otros miembros de la familia que advertían como se iba a lesionar, o ya lo estaba, su participación en una herencia.^[2]

Ya son muy abundantes los estudios que se han profundizado en la conflictividad doméstica, desde diversos ángulos y múltiple casuística, pues la familia, como otros grupos de convivencia, también era un foco de problemas. Entre ellos, cabe destacar los ligados a la herencia (LORENZO PINAR, 1991; VALVERDE LAMSFUS, 2013; JARQUE MARTÍNEZ y ALFARO PÉREZ, 2016; MELERO MUÑOZ, 2022a), las dotes^[3] o la violencia. Precisamente, los citados fueron la causa de no pocos enfrentamientos judiciales en los linajes González del Campillo, Buelta y Rosón, cuyas líneas principales formaban parte de los grupos socioeconómicos más pudientes de los concejos de Laciana y Ribas del Sil de Arriba, ubicados en el noroccidente de la provincia de León (España), más concretamente en la vertiente sur de la cordillera cantábrica.

A lo largo de toda la Edad Moderna, fueron muy habituales los enlaces matrimoniales entre aquellas familias, desembocando la endogamia económica, sin perder ese sentido, en uniones consanguíneas. Lo que quizás no podía ser de otro modo, si tenemos en cuenta el aislamiento geográfico del territorio y la pobreza de la mayoría de las explotaciones agrícolas. Las tres familias eran titulares de mayorazgos,^[4] constituidos a finales del siglo XVI y en el XVII, para proteger y consolidar un patrimonio^[5] que podía acrecentarse en cada generación con los bienes libres que consiguiera acumular la persona en la que recayó su administración y con los de otros miembros de la familia que no habían tenido descendencia, fundamentalmente clérigos.^[6] Otra fuente de ingresos muy importante para todos ellos fue el comercio con ganado vacuno, propio o de reventa.

El pertenecer a los grupos más pudientes del territorio les otorgaba una ventaja más allá de lo económico: influencia en el concejo, o lo que es lo mismo, poder en el ámbito local. Pero lo que en un momento determinado era un privilegio para esa “elite” tenía el efecto contrario cuando los problemas eran domésticos y el demandado formaba parte de aquella institución. Por ese motivo, es frecuente encontrar en las denuncias llamadas a que los pleitos no fueran vistos por la justicia local.

El trabajo que presentamos lo hemos dividido en dos partes. La primera se centra en las demandas intrafamiliares contra D. Pedro Buelta, cabeza del mayorazgo de su apellido y, posteriormente, administrador del de los González de Campillo; y la segunda, tiene como protagonistas a las mujeres de aquellos linajes que, ya fuera con identidad jurídica, es decir con licencia marital, o representadas, hicieron valer sus derechos en los tribunales o, al contrario, tuvieron que defenderse.   

 

D. Pedro Buelta Lorenzana: una vida salpicada por los conflictos judiciales

 

D. Pedro Antonio Buelta Lorenzana tuvo una vida larga, nació en 1705 y falleció en 1792, y gran parte de ella estuvo envuelta en conflictos judiciales de todo tipo, pero los que nos interesan en este momento son los intrafamiliares. Como hijo varón primogénito de D. Diego Buelta y Dña. María Valentín, pasó a encabezar la familia tras la muerte de su padre (figura nº 1). En 1735, con 30 años ya cumplidos y viudo, se casó con Dña. Aldonza González del Campillo,^[7] que pertenecía a una familia con la que los Buelta ya habían establecido lazos matrimoniales en generaciones anteriores. Tras el enlace, D. Pedro abandonó la residencia familiar, en Las Rozas, y se trasladó a vivir a la de su esposa, en Palacios del Sil. En principio, era una unión muy lucrativa, pues Dña. Aldonza también era la heredera de un mayorazgo, pero las buenas expectativas no tardaron en complicarse. Esa mujer falleció cuatro años después de la boda y su esposo se convirtió en tutor y administrador de los bienes de sus hijos, quienes recibieron una herencia difícil de gestionar, debido a la deuda censal que arrastraba, 33.000 reales. Motivo por el que tenían hipotecados prácticamente todos los bienes libres. Para sanearla, amortizando los préstamos que recaían sobre la hacienda de sus hijos, D. Pedro recurrió a la justicia, en contra de la opinión de sus hermanos, y en 1740 recibió la autorización pertinente para poder vender una parte del patrimonio que formaba parte de su propio mayorazgo.^[8] 

D. Pedro, el año que había fallecido su padre, 1737, vaticinando futuras complicaciones en torno a la herencia, acudió a un notario para hacer un inventario jurídico de todos los bienes, vinculados y libres, para que “haya cuenta y razón”.^[9] Efectivamente, los problemas no tardaron en aparecer. En el codicilo que hizo D. Diego en 1737,^[10] especificaba que cuando llegara el momento de casarse una de sus hijas, Dña. Teresa, su hermano mayor, D. Pedro, debía entregarle una dote de 1000 ducados, siempre y cuando lo hiciera con persona de calidad y con el permiso de sus hermanos y de uno de sus tíos, o en su defecto serviría con el del último. En caso de que no le entregara aquel dinero (JARQUE MARTÍNEZ, E., 2014: 34), la joven sería mejorada con el tercio y el remanente del quinto de la herencia paterna.^[11] En 1745 se casó Dña. Teresa y la dote que le adjudicaron fue de 800 ducados, que según estimación del cabeza de familia era el equivalente a las legítimas. En un principio, el nuevo matrimonio se conformó con aquella cantidad, pero un año después el esposo, D. Carlos Fernández Buelta, advirtió que había sido engañado, por lo que acudió a la justicia civil y eclesiástica a reclamar el cumplimiento de los derechos que reconocía la legislación a las mujeres castellanas: igual participación de hermanos y hermanas en la herencia de los progenitores (FERNÁNDEZ CORTIZO, C., 2010). En la Chancillería,^[12] expuso que había tenido conocimiento que la suma que le habían entregado era muy inferior a la que le correspondía a su esposa, que eran 1500 ducados, y reivindicó que si no recibía esa cantidad se cumpliera la voluntad expresada por su suegro en el codicilo, 1000 ducados o en su defecto la mejora larga. La defensa del demandado se amparó en que D. Carlos, cuando firmó las capitulaciones, era sabedor de las deudas de su suegro y se había convenido con lo que le adjudicaron. El tribunal de la Chancillería, en marzo de 1747, dio por nula aquella escritura y mandó que hiciera, en el plazo de dos meses, el reparto de bienes entre los hermanos, de lo contrario encargaría la partija “a la justicia de Laciana”. Un mes después se comenzó a hacer el inventario, o cuerpo de bienes para el reparto. En ese momento, los interesados echaron en falta una partida importante del patrimonio de sus progenitores, que se había recogido la memoria judicial de 1737 y exigieron a D. Pedro que incorporara las mermas^[13] y las rentas, devengadas de la hacienda, que había disfrutado en la última década. El vaticinio del amayorazgado se había cumplido, pero los problemas nos los habían generado sus hermanos, como pronosticaba, sino él.^[14]

D. Pedro fue esquivando el plazo ordenado por la justicia para la elaboración de las particiones, por lo que en la demanda por la dote de Dña. Teresa se personaron, también, el resto de los hermanos,^[15] reclamando la ejecución del reparto. Según afirmaban, la demora de D. Pedro era intencionada - “cuando se acuerda hacer (…) se ausenta”- y amparada por la justicia local - “por el poder que tiene en el concejo de Laciana” y “por ser nuestro hermano muy parcial con ellos”-. Solicitaban que la Chancillería interviniera con premura, porque temían que D. Pedro acabara “por disipar” la herencia. La sentencia final, con la aprobación de las partijas y cuentas se pronunció en 1760.^[16] Si bien ese no fue el único pleito entre hermanos. Tres años antes de darse por concluido el reparto definitivo, D. Pedro acudió al tribunal eclesiástico de Astorga reclamando una deuda a D. Antonio, que se defendía alegando no ser cierto todo lo que le reclamaba, pues algunas cosas formaban parte de la herencia paterna.

A tenor de la evolución del proceso, no estamos ante un padre, D. Diego, que hubiera mandado a una hija una dote inasumible para el patrimonio familiar o que lesionara los intereses hereditarios del resto de sus descendientes. El problema lo planteó el receptor del mayorazgo, quien, primero, para sanear el legado de sus hijos, y en contra de la opinión de sus hermanos, desvió capital de la masa hereditaria de los Buelta; y, posteriormente, más en beneficio propio que como defensa del patrimonio familiar, utilizó su proximidad al poder local para ralentizar los procesos y seguir disfrutando de la totalidad de la herencia.  

En medio de ese largo problema judicial, D. Pedro tuvo que hacer frente a otra demanda. Tras convertirse Buelta en tutor y curador del llamado a ser heredero del mayorazgo de los González Campillo, una hermana de su fallecida segunda esposa, Dña. María, le reclamó, ante la justicia ordinaria, lo que le correspondía de las legítimas^[17] de sus progenitores. En 1751^[18] firmaron una concordia, que puso fin al pleito, en la que el Buelta se comprometía a efectuar el pago.^[19] 

Largos y tediosos volvieron a ser los litigios que aquel hombre tuvo que solventar con dos de sus hijas: Dña. Rosa y Dña. Teresa. La primera había nacido de su matrimonio con Dña. Aldonza González del Campillo,^[20] y, al igual que le había sucedido a su madre, la temprana muerte de un hermano la puso al frente del mayorazgo de su apellido. Dña. Rosa se había casado muy joven con un pariente, D. Francisco González de Campillo, y pocos años después de la boda el curador de su esposo solicitó formalmente a D. Pedro que “cesara como administrador” de los bienes que había heredado su hija. No tuvo efecto esa petición y veinte años después, en abril de 1773, tras varias tentativas de acuerdos que no llegaron a consolidarse, ya fue el matrimonio el que recurrió a la justicia ordinaria de Palacios del Sil^[21] para tomar posesión de la herencia de Dña. Aldonza. El interés de D. Pedro en esos bienes residía en lo abultado del patrimonio y en un foro, cuyo dominio directo era propiedad del monasterio de San Andrés de Vega de Espinareda, que le otorgaba cierto poder en la comunidad.^[22] La sentencia, favorable a los demandantes,^[23] fue recurrida por D. Pedro ante el Alcalde Mayor de León^[24] y acabó desembocando en la Chancillería, donde, de nuevo, se falló a favor de Dña. Rosa. A pesar de perder en todas las instancias, el padre retrasó el cumplimiento del veredicto continuando “intruso” en algunos bienes, por lo que pocos años después, en 1783, se volvió de nuevo a los tribunales. El demandante fue D. Manuel Álvarez Lorenzana, que actuaba como apoderado de su consuegro, D. Francisco González Campillo, y tutor y curador de las nietas de ambos. Reclamaba a D. Pedro las rentas de los bienes que había seguido disfrutando en vida de su hija, de su nieto y ahora de sus biznietas. Pero en este momento la reclamación se dirigía a Dña. Josefa Morán, que se había convertido en administradora de sus bienes, de los de su marido y de los gananciales, “por superior autoridad judicial”^[25] desde aquel mismo año, 1783.^[26] El monto total de la deuda ascendía a 80.000 ducados. En esa tesitura, la esposa de D. Pedro, amparándose en la cobertura legal que tenían las dotes, “salió por tercera” para ser tenida en cuenta como primera acreedora de los bienes libres de su marido.^[27] Esa demanda quedó paralizada por un acuerdo que no fue efectivo,^[28] pues tres años después, en 1786, D. Pedro y Dña. Josefa, fueron embargados por la justicia “con motivo de la demanda que les puso D. Manuel Alvarez”. 

A la familia Buelta Morán, en la etapa final de los desencuentros judiciales que, desde hacía décadas, venía arrastrando por la herencia de Dña. Aldonza se le abrió otro frente. La demanda la puso Dña. Teresa, nacida del enlace de D. Pedro con Dña. Josefa Morán. El motivo fue el incumplimiento de la carta de dote que le habían otorgado para contraer matrimonio con D. Pedro Álvarez. En la escritura, de 1783, su madre, que ya entonces había sido nombrada administradora, se comprometía a entregarle bienes raíces y censos por valor de 1000 ducados.^[29] Dos años después, el ya marido acudió a la justicia porque, además de no recibir nada, temía “no tener fundamento” al que acogerse para reclamar la dote.^[30] Solicitaba al corregidor que obligara a su suegra a ratificar aquella escritura y despachara requisitoria para que D. Pedro, que en aquel momento residía en otra localidad, hiciera lo propio. Este conflicto se solventó con la sentencia de la justicia ordinaria, pues poco tiempo después Dña. Josefa rehízo la escritura de dote especificando todos los pormenores de las fincas y censos que le cedía a su hija y se comprometía a pagar la mitad de lo que había costado la dispensa matrimonial.

 

Las mujeres de las familias Buelta, González Campillo y Rosón: conflictividad doméstica

 

Aparte de las mujeres que, en su condición de hermanas, cuñada o hijas, entablaron pleitos judiciales contra D. Pedro Buelta, porque no respetó los derechos que legalmente las asistían, encontramos a otras esposas e hijas de los amayorazgados de aquellas casas montañesas ante los tribunales. En unos casos fueron demandantes, buscando poner fin a conflictos domésticos que derivaban de la mala administración económica de sus maridos (PASCUA SÁNCHEZ, 2002: 93-94), si bien una de ellas acabaría denunciando, también, violencia física;^[31] y en otros, ellas fueron las demandadas, por no respetar la autoridad patriarcal o por otro tipo de problemas con la familia o el vecindario.

Dña. Rosa Buelta González Campillo, reclamó auxilio judicial víctima del desamparo económico. Interpeló ponerse ella al frente de la unidad familiar y reconducir la penosa situación a la que la había llevado la mala gestión del cabeza de familia. Esa forma de maltrato no sería excepcional, pero sí la actuación. Esa mujer pertenecía a un grupo social acomodado, lo que le otorgaba capacidad y motivos para involucrarse en una lucha judicial. Esas circunstancias no las tenían otras mujeres que quisieran recuperar su identidad.    

Dña. Rosa, en 1764, en uno de los paréntesis de la batalla judicial que libró contra su padre, D. Pedro, tuvo otra con su esposo,^[32] D. Francisco González de Campillo, con el que se había casado con apenas 14 años. D. Francisco era heredero de “considerables bienes raíces por herencia de su padre y de su abuelo”; y Dña. Rosa, además de los 1000 ducados^[33] que llevó en dote, fue la beneficiaria, como ya hemos dicho, de “un considerable vínculo”: el mayorazgo de los González del Campillo. Ambos patrimonios podían permitirles llevar “una vida con la decencia que corresponde a su estado y distinguida calidad”, pero el comportamiento de su marido los llevó a una situación económica muy delicada. Dña. Rosa, entonces, decidió acudir a los tribunales y solicitar la inhabilitación del cónyuge, lo que suponía revolverse contra la autoridad patriarcal y, en caso de conseguirla, una alteración del ordenamiento jurídico-económico del matrimonio (GACTO, E., 1984: 37-66). Previamente –“mediante es mujer casada”-, tuvo que obtener la pertinente licencia, que le fue otorgada por el Alcalde Mayor de León. Una de las condiciones que añadió a la demanda era que se resolviera en la Chancillería de Valladolid, pues temía la parcialidad de la justicia ordinaria del concejo - “porque (sin ánimo de ofenderla) también es interesada en el consabido desorden y disipación”-. Parece que finalmente fue el juez ordinario del concejo el que apoyó la pretensión de Dña. Rosa.^[34] En el proceso, que le fue favorable, hacía referencia a la malversación de todos los bienes de la unidad doméstica, no lo constriñó a los dotales que protegían las leyes castellanas.

Una situación similar había vivido en 1750 la suegra de Dña. Rosa, Dña. Lorenza Gómez Buelta,^[35] pero no fue en vida de su marido cuando acudió a la justicia. Tras enviudar, en 1749 de D. Francisco González del Campillo,^[36] la justicia tuvo que compelerla para que se personara a ratificar o a renunciar a la tutela y curaduría de los tres hijos que había tenido el matrimonio. Finalmente optó por la primera vía y pocos días después se vio en la necesidad de “formar concurso de acreedores”, porque no podía afrontar las elevadas deudas que había dejado su esposo. Una vez fijados los edictos en el consistorio se presentaron más acreedores de los que ella tenía constancia, en ese momento pidió ayuda a la justicia ordinaria para que se esclarecieran todas las deudas que ignoraba.^[37]  

Por su parte, y como ya hemos visto, Dña. Josefa Morán, cuarta esposa de D. Pedro Buelta, obtuvo una sentencia favorable en la Chancillería de Valladolid, en los primeros años de la década de los ochenta del siglo XVIII, que la nombraba administradora de sus bienes y de los de su esposo^[38]. No hemos podido conocer los antecedentes que la llevaron ante los tribunales, entendemos, a pesar de que en una escritura posterior se indique que se debió a la incapacidad de su esposo, que los largos pleitos sostenidos por aquel, con sus hermanos e hijas, los llevarían a una situación familiar y económica delicada. De hecho, en los últimos años de matrimonio residían en localidades diferentes.^[39]

Bien distintos fueron los motivos que llevaron ante la justicia a otra mujer de la familia Buelta, concretamente Dña. María Rosa García, que había emparentado con una rama de ese linaje y tenía su residencia repartida entre Las Rozas y Orallo. D. Gregorio Buelta Velasco, su esposo, de edad bastante más avanzada que la de ella, manifestaba en la escritura de demanda, de 1797, que llevaban 24 años casados y “en la noche del 10 de septiembre del presente año, salió y marchó secretamente de casa (…) sin que el le diera motivo”;^[40] que no era la primera vez que su esposa decidía “hacer salidas secretas”, algunas duraban días^[41] y otras solamente eran para celebrar festejos o que su mujer quería “dominar sobre éste y vivir ella libremente”, alentada por sus hermanos. Continuaba relatando que tal comportamiento daba lugar a murmullos y comentarios, en las localidades del entorno, que desacreditaban su honor.^[42] Solicitaba que el gobernador del Consejo de Castilla emitiera una Real Provisión o Carta Orden, para que interviniera la justicia local y lo ayudara a corregir^[43] la conducta de su esposa, porque alteraba el orden patriarcal.

Por lo que respecta a las mujeres de la familia Rosón,^[44] con una posición económica muy destacada en el concejo de Laciana, a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII las encontramos en varios litigios. En este sentido, una vida un tanto complicada fue la de la asturiana Dña. Mariana Morán Abarca, casada con D. José Rosón Buelta,^[45] heredero del mayorazgo. Era hermana de Dña. Josefa Morán, última esposa de D. Pedro Buelta, quien, a su vez, era tío de D. José. El año anterior a la firma de capitulaciones, el abuelo y tíos del que iba a ser su esposo padecían apuros económicos que resolvieron pidiendo un adelanto de la dote al padre de la novia, concretamente 7700 reales por hallarse “sin caudales para satisfacer algunos créditos que tienen contra sí (…) y para equiparse del adorno preciso de dichos otorgantes y especialmente de dicho D. José”. En 1754 se escrituró la dote y el padre de Dña. Mariana se comprometió a entregarle, en ese concepto, la herencia que para ella había dejado un tío, D. Carlos Abarca “que falleció en Nueva España”. Ascendía a 40.770 reales. Por lo tanto, Dña. Mariana, arribaba a la casa del que sería su futuro marido en una posición económicamente muy ventajosa.

Unos veinte años después del enlace, Dña. Mariana abandonó a su esposo, entendemos, a raíz de unos procesos posteriores, que fue por estimar que le era infiel. Lo que parece que no logró probar. Marchó a vivir a Palacios del Sil, con su hermana, Dña. Josefa, y su cuñado, D. Pedro, alegando “ciertas desavenencias” que tuvo con su marido. D. José, en apariencia voluntariamente, se comprometió, mediante una escritura de obligación, a pasarle una pensión alimenticia.^[46] En principio era de tres reales al día, pero si seguía en su “enojo y no quisiere volver a la unión y compañía del otorgante”, además de ese dinero le entregaría “dos camas de ropa” y cada otoño un cerdo, una cecina y dos carros de hierba. Dos años después, dado que fue un cuñado y no su marido el que denunció que Dña. Mariana había sido ofendida verbalmente, entendemos que no había regresado al domicilio conyugal, aunque los hechos habían sucedido en la localidad donde estaba residenciado.^[47] 

Sí sabemos, que en 1784 había vuelto a la casa en la que inició su vida marital, en Caboalles de Arriba, porque el párroco de aquella, D. José González, otorgaba un poder para su defensa tras haber sido informado que Dña. Mariana lo había denunciado en el provisorato de Oviedo por “haberla maltratado a golpes y otros excesos”. El clérigo negaba los hechos y atribuía la imputación del delito a una venganza - “llevada de su cólera y mala voluntad”-, puesto que previamente la había demandado, como también a su esposo y a un criado, por insultos.^[48] En el relato de los hechos no la dejaba en muy buen lugar y pedía al provisor que no la escuchara “por estar dementada”. Al año siguiente, el mismo sacerdote, tras considerar que sus agresores habían quedado impunes, pedía que el caso se trasladara a la Chancillería de Valladolid.^[49]

Problemas volvió a tener Dña. Mariana con una sobrina, hija de la hermana en cuyo hogar se había cobijado cuando dejó a su esposo. En 1797, ya viuda, decidió, con ocasión del matrimonio de Dña. Juana Buelta,^[50] entregarle la mitad de sus bienes y nombrarla heredera del resto, con la condición de que la tuviera “en su compañía (…) alimentándola y dándole todo lo anexo a su debido carácter y distinguido nacimiento (…) y después de su fallecimiento enterrarla en aquella pompa”. Poco duró la convivencia y la tranquilidad, pues Dña. Mariana denunció^[51] que no la trataban con respeto y había tenido que refugiarse en casa de otro sobrino, D. Diego Buelta. Solicitó entonces, a la que había de ser la receptora de sus bienes que, sin recurrir a la vía judicial,^[52] le devolviera los que en la escritura de dote/donación se había reservado hasta la muerte. No obtuvo respuesta favorable, por lo que se vio envuelta, nuevamente, en un litigio que se resolvió a su favor.

No debía de ser buena la relación entre la familia Rosón y el clero de la localidad, pues en 1774 y 1797 hubo sendos altercados. El primero fue una querella puesta por D. José Rosón Lorenzana, presbítero de Caboalles de Arriba, contra su tía, la viuda Dña. Elvira Álvarez Carballo, del mismo pueblo. La acusaba de haberlo violentarlo verbalmente,^[53] tras corregirla, y requería de la justicia que la apresaran en su casa y le embargaran los bienes. No era aquella la primera vez que habían surgido fricciones entre ambos. El conflicto se remontaba a unos meses atrás, cuando el clérigo la reprendió públicamente, en el pórtico de la iglesia “con unas duras palabras”,^[54] por una queja que recibió el sacerdote de una mujer de la misma familia, Dña. Mariana Morán, a raíz de una discusión entre ellas. Tras declarar los testigos de D. José, a Dña. Elvira se le notificó “guarde carcelaria y no la quebrante bajo pena de 50 ducados”. No respetó el encierro y abandonó la casa, por lo que el corregidor dio orden de que se le embargaran pertenencias por valor de algo más de 50 ducados. Pocos días después regresó la mujer y reconoció que había injuriado al sacerdote, pero no en los mismos términos por los que había sido acusada. 

En 1797, otra mujer de la familia Rosón se vio enredada en problemas judiciales, pero en este caso no era ella la principal acusada. El motivo fue el mismo que el precedente, violencia verbal y atentado contra el honor. El proceso lo inició en el provisorato de Oviedo D. Fernando Rosón,^[55] vecino de Caboalles de Arriba, contra D. José Alonso, presbítero del mismo lugar. Lo denunciaba porque en su ausencia el clérigo había ido a su casa a pedirle su esposa, Dña. Isabel Rosón, “cierta alhaja prestada”, y como se negó a entregársela la ultrajó “con palabras injuriosas, denigrativa a su honor (…) hasta llegar al extremo de decirla quién eres tu pobre trasto hija de un herrero para hablar conmigo”. Pocos días después se anuló el poder para iniciar el litigio porque les había pedido perdón. 

 

Conclusiones

 

Las familias analizadas en este trabajo tejieron entre sí una red de vínculos consanguíneos, en base al matrimonio, cuyo propósito fundamental era la preservación y el incremento del patrimonio familiar. Esos enlaces, eran, en gran medida condicionados por la estructura socioeconómica del territorio en el que desarrollaban su ciclo vital: si deseaban conservar el estatus debían, necesariamente, emparentar entre ellos. Pero ese modelo de reproducción social y patrimonial no estaba exento de tensiones.

Los enormes gastos que acarrearon los pleitos intrafamiliares a las familias Buelta, Rosón y González del Campillo, se pagarían a costa de los bienes libres y de las rentas que les generaban los mayorazgos. Salidas de dinero que, indudablemente, repercutirían en un menoscabo del patrimonio e, incluso, podían afectar a las futuras estrategias familiares que se cimentaran en el matrimonio. En ese contexto, destaca el protagonismo de las mujeres, que no solo participaron activamente en los conflictos, sino que articularon discursos y estrategias legales para defender sus intereses y asegurar su lugar dentro del entramado familiar.

Las consecuencias de esos enfrentamientos iban más allá del ámbito privado, pues los problemas domésticos y el fracaso del cabeza de familia en la gestión de la unidad doméstica transcendían a la comunidad, lo que llevaba implícito el menoscabo del respeto que podía esperar de sus vecinos, con mayores repercusiones si se considera que ellos formaban parte del organigrama concejil. Señalar, también, que el formar parte de la estructura de gobierno local acentuó la problemática judicial, porque la familia Buelta-González del Campillo, en la medida en que pudo retrasó y obstaculizó las decisiones de los tribunales menores, lo que llevó a los afectados a recurrir a instancias superiores y aumentar el gasto de las partes.

 

 

 

Bibliografía

ALONSO MARTÍN, M. L., (1978). “La dote en los documentos toledanos de los siglos XII-XV”. Anuario de historia del derecho español, Nº 48, pp. 379-456.

BIRRIEL SALCELO, M., (2008). “El cónyuge supérsite en el derecho hispano”. Chronica Nova, N° 34, pp. 13-44.

CALONGE MATELLANES, A., (1965). “Aestimatio dotis”. Anuario de historia del derecho español, Nº 35, pp. 5-58.

CAMPO GUINEA, M. J., (1998). Comportamientos matrimoniales en Navarra (Siglos XVI-XVII), Pamplona: Gobierno de Navarra, pp. 113-114

CASELLI, E., (2020). “Denunciar injusticias. Mujeres contra malos jueces (Corona de Castilla, finales siglo XV)”. Erebea, Nº 12, pp. 147-174. 

CASEY, J., (1996). “La conflictividad en el seno de la familia”. Estudis, Nº 22, pp. 9-26.

COLLANTES DE TERÁN DE LAS HERAS, Mª J., (1997). El régimen económico del matrimonio en el derecho territorial castellano, Valencia: Editorial Tirant lo Blanch.

CORADA ALONSO, A., (2020) “Matrimonio y nobleza: los litigios en torno a la dote y la herencia (ss. XVIII-XIX)”. En M. TORREMOCHA HERNANDEZ (Coord.), Matrimonio, estrategia y conflicto: (ss. XVI-XIX) (pp. 83-98). Salamanca: Universidad de Salamanca.

CORADA ALONSO, A., (2019). “Dote y mayorazgo: una lucha por la posición de las mujeres en la estructura de los grupos privilegiados de Antiguo Régimen”. En M. TORREMOCHA HERNANDEZ (Ed.), Mujeres, sociedad y conflicto (siglos XVII-XIX) (pp. 163-184). Valladolid: Ediciones Castilla.

COSTA M. A., (2007). Conflictos matrimoniales y divorcio en Cataluña: 1775-1833, Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.

DEDIEU, J.-P., (2002), “Familias, mayorazgos, redes de poder. Extremadura, Siglos XV-XVIII”. En M. RODRÍGUEZ CANCHO y A. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ (Coords.), Historia y perspectivas de investigación: estudios de memoria del profesor Ángel Rodríguez Sánchez (pp. 107-118). Mérida: Editora Regional de Extremadura.

DÍAZ HERNÁNDEZ, J. M., (2004). La dote femenina en la sociedad giennense del Siglo XVIII, Jaén: Diputación de Jaén.

FARGAS PEÑARROCHA, M., (2010). “Hacia la autoridad contestada conflictividad por la dote y familia en Barcelona (ss. XVI-XVII)”. Investigaciones Históricas: Época Moderna y Contemporánea, Nº 30, pp. 99-118.

FERNÁNDEZ CORTIZO, C., (2010). “Matrimonio y régimen dotal en la Galicia de transición al interior en el siglo XVIII”. En M.M. LOBO DE ARAUJO y A. ESTEVES (Coords.), Tomar estado: dotes e casamentos (séculos XVI-XIX) (pp.33-55). Braga: CITCEM.

FERRER i ALOS, L., (2005). “Indicios de cambio en el sistema de heredero único en Cataluña en el siglo XIX”. Historia Contemporánea, Nº 31, pp. 481-504.

FLÓREZ de QUIÑONES, F., (1894). “Costumbres jurídicas montañesas-Las mandas”. Gaceta del Notario, N°, pp. 627-628.

GACTO E., (1984). “El grupo familiar de la Edad Moderna en los territorios del Mediterráneo hispánico. Una visión jurídica”. En J. CASEY (Ed.), La familia en la España mediterránea. Siglos XV-XIX (pp. 36-64). Madrid: Crítica.

GACTO, E., (1984). “El marco jurídico de la familia castellana. Edad Moderna”. Historia. Instituciones. Documentos, Nº11, pp. 37-66

GARCÍA MARTÍN J., (2004). Costumbre y fiscalidad de la dote: Las Leyes de Toro entre el Derecho Común Germánico y lus Commune, Madrid: Universidad Complutense.

GIL AMBRONA, A., (2008). “La violencia contra las mujeres. Discursos normativos y realidades”. Historia Social, Nº 61, pp. 3-21.

HERAS SANTOS, J.L., (2024). “La noción de escándalo en la España de la Edad Moderna a través de la documentación judicial de los tribunales reales”.  El Futuro Del Pasado, Nº 15, pp. 19–66. 

IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J., (2018). “El afán de reputación en la burguesía española moderna: entre el perjuicio social y la estrategia ascensional”. En B. PÉREZ (Dir.), La reputación. Quête individuelle et aspiration collective dans l’Espagne des Habsbourg. Hommage à la professeure Araceli Guillaume-Alonso (pp. 561-586). París: Sorbonne Université Presses.

IRIGOYEN LÓPEZ, A., (2015). “Notas sobre las fundaciones de vínculos y mayorazgos del alto clero de Murcia en los siglos XVI y XVII”. Carthaginensia, Vol. 31, pp. 251-274.

JARQUE MARTÍNEZ E. y ALFARO PÉREZ, F.J., (2016). “Herencia, honor y conflictos familiares en el Aragón del siglo XVIII”. Studia Histórica. Historia Moderna, Nº 38, pp. 137-165.

JARQUE MARTÍNEZ, E., (2014). “El derecho aragonés y pleitos familiares en el Siglo XVIII”. En F.J. ALFARO PÉREZ (Coord.), Familias rotas. Conflictos familiares en la España de fines del Antiguo Régimen (pp. 15-46). Zaragoza: Universidad de Zaragoza.

LEÓN VEGAS, M., (2022). “«Dejándome en toda libertad, sin vejarme ni molestarme»: mujer y disenso matrimonial, una aproximación a través de la documentación del Archivo de la Real Chancillería de Granada (siglo XVIII)”. Vínculos de Historia, Nº 11, pp. 430-45.

LORENZO CADARSO, P. L., (1989). “Los malos tratos a las mujeres en Castilla en el siglo XVII”. Brocar, Nº 15, pp. 119-136.

LORENZO PINAR, F. J., (1991). “La familia y la herencia en la Edad Moderna zamorana a través de los testamentos”. Studia Histórica. Historia Moderna, Nº 9, pp. 159-202.

MANTECÓN MOVELLÁN, T. A., (2002). “La violencia marital en la Corona de Castilla durante la Edad Moderna”. En A. IRIGOYEN y A. PÉREZ ORTIZ (Coords.), Familia, transmisión y perpetuación (siglo SS. XV- XIX) (19-55). Murcia: Universidad de Murcia.

MELERO MUÑOZ, I. M., (2022a). Linaje, vinculación de bienes y conflictividad en la España Moderna. Los pleitos de mayorazgos (siglos XVII-XVIII), Sevilla: Universidad de Sevilla.

MELERO MUÑOZ, I. M., (2022b). “Patrimonio y promoción social de las mujeres, luchas legales por el mayorazgo familiar (ss. XVII-XVIII)”. E-Spania: Revue électronique d'études hispaniques médiévales, Nº 43. 

NAUSIA PIMOULIER, A., (20028). “Suegros, nueras y viudas ante los tribunales: la restitución de dotes (siglos XVI – XVII)”. En J.M. USUNÁRIZ GARAYOA y R. GARCÍA BOURRELLIER (Coords.), Padres e hijos en España y el mundo hispánico: siglos XVI y XVIII (pp. 245-266). Madrid: Visor Libros.

ORTEGA LÓPEZ, M., (1997). “Protestas de las mujeres castellanas contra el orden patriarcal privado durante el siglo XVIII”. Cuadernos de Historia Moderna, Nº 19, pp. 65-90

ORTEGA LÓPEZ, M., (1998) “Estrategias de defensa de las mujeres de la sociedad popular española”. Arenal, Nº 5, pp. 277-305.

OWEN HUGHES, D., (2001). “Del precio de la novia a la dote en la Europa mediterránea”. Arenal, Nº 8, pp. 237-289.

PÉREZ ALVAREZ, M.J., (2005). “Modelos socioeconómicos en la provincia de León: la  Montaña y Tierra de Campos en el siglo XVIII”. Studia Histórica, Historia Moderna, Nº 27, pp. 241-273.

REGUERA, I., (2013). “Malos tratos y violencia conyugal en la sociedad vasca de la Edad Moderna”. Memoria y Civilización, Nº 16, pp. 137-174.

RUIZ SASTRE M. y MACÍAS DOMÍNGUEZ, A.M., (2012). “La pareja deshecha: pleitos matrimoniales en el Tribunal Arzobispal de Sevilla durante el Antiguo Régimen”. Erebea. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, Nº 2, pp. 291-320.

RUIZ SASTRE, M., (2018). El abandono de la palabra: Promesas incumplidas y ruptura de noviazgo en el arzobispado sevillano durante el siglo XVII, Madrid: Fundación Española de Historia Moderna.

STONE, L., (1990).  Road to divorce, England, 1530-1987, Oxford: Oxford University Press.

TORREMOCHA HERNÁNDEZ, M., (2020). “Mujer estuprada: ¿víctima o cómplice querellante? Un complejo delito de difícil probanza en Castilla (Porcones, siglo XVII)”. Clío & Crímen: Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango, Nº 17, pp. 165-196.

TORREMOCHA HERNÁNDEZ, M., (2015). “Maridos consentidores en la sociedad castellana moderna. Cuando el modelo ideal de cabeza de familia se rompe”. En M. M. LOBO ARAUJO y M. J. PÉREZ ÁLVAREZ (Eds.), Do silêncio à ribalta: Os resgatados das margens da Historia (séculos XVI-XIX) (pp. 145-159). Braga: Universidade do Minho.

VALVERDE LAMSFUS, L., (2013). “La transmisión de la herencia en Gipuzkoa durante la Edad Moderna: problemas, estrategias y consecuencias”. Iura Vasconiae, Nº10, pp. 597-634.