COSTRINGER LA NATURA. LA LUCHA CONTRA LAS CRECIDAS EN EL REINO DE NÁPOLES ENTRE MEMORIA Y SABERES (1750-1800)

 

 

 

Diego Carnevale

Universidad de Nápoles “Federico II”, Italia

 

 

 

 

Recibido:        02/07/2024

Aceptado:       21/12/2024

 

 

 

 

Resumen

 

El presente artículo tiene como objetivo explorar el papel de la memoria generada por técnicos y administradores en el desarrollo de estrategias de resiliencia ante los desastres naturales en la Edad Moderna. A través del caso de una importante crecida sucedida en el reino de Nápoles en 1773, este trabajo analiza la posición del gobierno respecto a estos fenómenos en el pasado y los cambios que experimentó a lo largo del siglo XVIII. La actitud de las autoridades políticas se compara con la de las poblaciones locales para comprender mejor los intereses que determinaban los comportamientos de los distintos actores sociales. El resultado es un escenario complejo, caracterizado por exigencias heterogéneas por parte de las comunidades afectadas y en el que el gobierno se afana por alcanzar compromisos.

 

Palabras clave: crecidas; Reino de Nápoles; memoria;  saberes; expertise; siglo XVIII.

 

 

COSTRINGER LA NATURA. FIGHTING FLOODS IN THE KINGDOM OF NAPLES: BETWEEN MEMORY AND KNOWLEDGE (1750-1800)

 

Abstract

 

The essay examines the role of memory produced by technicians and administrators in the development of resilience strategies regarding natural disasters in Early Modern Europe. Based on the case of a major flood in the Kingdom of Naples in 1773, this essay analyses the government’s position in regard to these phenomena and how it changed during the 18th century. The government’s attitudes were then compared with those of the local populations, with the aim of understanding the interests that determined the behaviour of social actors. What emerges is a highly complex picture in which the demands of the affected communities are multiple and government authorities struggle to find compromises.

 

Keywords: floods; Kingdom of Naples; memory; knowledge; expertise; XVIII century.

 

 

Diego Carnevale. Profesor titular de Historia Moderna en la Universidad de Nápoles “Federico II”. Especialista en historia social de las grandes ciudades europeas de Antiguo Régimen, se ha ocupado también de la organización de las sepulturas urbanas en Nápoles, París y Londres, de los problemas relacionados con la movilidad de las personas en el reino de Nápoles y, más recientemente, de los conflictos generados por la gestión del agua potable en la ciudad de Nápoles, especialmente durante períodos de crisis. Actualmente es director de un proyecto de investigación bienal financiado por el gobierno italiano y por la Unión Europea sobre la aclimatación y el uso terapéutico de las plantas medicinales extraeuropeas en el sur de Italia entre los siglos XVI y XVIII.

Correo electrónico: diego.carnevale@unina.it

 

 

COSTRINGER LA NATURA. LA LUCHA CONTRA LAS CRECIDAS EN EL REINO DE NÁPOLES ENTRE MEMORIA Y SABERES (1750-1800)

 

 

 

 

 

Desprendimientos de tierra, inundaciones y, en general, todo problema derivado del desajuste hidrológico constituyen temas que han generado gran interés por parte de los historiadores. De hecho, desde hace al menos treinta años son habituales los estudios de los estragos causados por el agua, especialmente los sucedidos en la Edad Contemporánea.[1] Por su parte, las investigaciones efectuadas sobre las sociedades preindustriales han proporcionado información valiosa sobre la historia del paisaje, el cambio climático y las interacciones entre el ser humano y la naturaleza. Asimismo, han permitido conocer las estrategias puestas en práctica para afrontar el peligro. Durante gran parte del siglo XX, la historiografía había indicado los ritos religiosos como la principal, o única, reacción de las poblaciones afectadas ante los desastres, sobre todo aquellos imprevisibles, como los terremotos. Recientemente se ha demostrado que la cultura religiosa ofrecía -y sigue ofreciendo hoy en día- a los actores sociales un código para interpretar, valorar y, en su caso, aceptar, un acontecimiento fuera de lo común. (WALSHAM, 2016) Sin embargo, ello no significa que los comportamientos de las comunidades se caracterizaran solo por

 

“fatalismo, e non esclude la contemporanea messa in atto di pratiche volte a riparare i danni e a difendersi da future minacce: le stesse società potevano fare ricorso, simultaneamente, a molteplici risorse culturali, tecniche e simboliche per reagire alla crisi” (CECERE, 2017: 197; WALTER, 2008).

 

Esta nueva perspectiva con la que han comenzado a analizarse las reacciones ante las calamidades naturales ha orientado el enfoque hacia problemas políticos y económicos. (SUNDBERG, 2022)[2] Los estudios de historia cultural, por su parte, han incluido el aspecto religioso en un marco de investigación más amplio que comprende las representaciones, la circulación de la información y las emociones.

Las indagaciones sobre el sur de Italia han acogido rápidamente las nuevas tendencias de la historiografía europea sobre los desastres naturales, focalizando su atención en los terremotos y en las erupciones volcánicas. (CECERE, DE CAPRIO, GIANFRANCESCO y PALMIERI, 2018a)[3] Pero la historia de la inestabilidad hidrológica, especialmente de los aluviones, y de sus consecuencias en el Mezzogiorno italiano está aún por escribir. (PALMIERI, 2002) A diferencia de los seísmos, las crecidas constituían una calamidad mucho más frecuente (como las plagas de insectos y las epidemias). Por tanto, la población y las instituciones se las esperaban y, por este motivo, se preparaban para hacerles frente.

Este artículo constituye el primer resultado de una investigación más amplia sobre las inundaciones causadas por crecidas en el sur de Italia entre los siglos XVII y XVIII. La cronología amplia responde a una necesidad de tipo metodológico. Durante mucho tiempo, a excepción de los significativos trabajos realizados sobre historia del clima, la bibliografía especializada ha indagado sobre acontecimientos individuales especialmente dramáticos, analizándolos como shocks culturales con el objetivo de conocer mejor las transformaciones que producían. (SUNDBERG, 2015: 240) Más recientemente, la atención se ha focalizado en periodizaciones más largas que permiten comprender mejor cómo la experiencia, a menudo reiterada, de la calamidad ha afectado a las sociedades, favoreciendo o no el desarrollo de una “cultura del desastre”. (MAUCH y PFISTER, 2009; BANKOFF, 2003) Además, tal enfoque ha permitido comprobar cómo “the most devastating events sometimes yielded limited change” (SUNDBERG, 2015: 241). En este sentido, puede ser mucho más útil ahondar en los medios a través de los cuales se transmitió la memoria del evento catastrófico. (LAVOCAT, 2011; CECERE, DE CAPRIO, GIANFRANCESCO y PALMIERI, 2018b; SCHIANO 2021) Numerosos estudios han profundizado en la construcción de una memoria definida por Hayden White “tradicionalizada”, es decir, “un corpus di folclore tradizionale (le sue fiabe, i racconti popolari, i luoghi comuni gnomici, i costumi, pregiudizi e convenzioni, i suoi motti di spirito, spettacoli, intrattenimenti e linguaggio)” (WHITE, 2020: 145). Sin embargo, este trabajo se ocupa de lo que White ha llamado memoria “racionalizada”: “informazioni e resoconti del passato di una comunità contenuti nei suoi archivi e catalogati ed elaborati nella forma scritta o visualizzati in ‘storie’ così da poter essere ‘accessibili’ su richiesta” (WHITE, 2020: 145). Concretamente, se ha analizado el papel de la memoria codificada por técnicos, políticos y administradores con ocasión de un único evento catastrófico: una crecida que tuvo lugar en un período de reformas dirigidas a la salvaguardia hidrogeológica del territorio en situación de riesgo que se vio golpeado por el desastre. El objetivo es poner de manifiesto cómo los actores locales se dirigieron a estos expertos para construir una memoria y, como consecuencia, una narración con objetivos reivindicativos para facilitar el diálogo con las instituciones centrales, cada vez más sensibles a las argumentaciones de tipo “técnico” respecto a las costumbres y los equilibrios establecidos a lo largo del tiempo entre la población y el territorio.

 

El desastre: la crecida del agro nocerino de 1773

           

  Entre el 30 de octubre y el 12 de noviembre de 1773, después de un período de sequía prolongada, fuertes lluvias tormentosas se abatieron sobre el territorio campano. (FOSCARI, 2013)[4] En el sureste del Vesubio, en la zona definida como agro nocerino sarnese el agua que cayó el día 11 fue de tal intensidad que causó daños considerables a bienes y personas, sobre todo en el espacio comprendido entre los arroyos de Cavaiola y Solofra. Un río de lodo causado por el desbordamiento de varios arroyos y procedente de las montañas que rodean el valle destruyó numerosos asentamientos. Los puentes que conectaban las distintas aldeas se derrumbaron, varias familias de campesinos se vieron atrapadas o fueron sepultadas en las maserías y en los caseríos. Una masa de escombros se desprendió de las faldas del monte Finestra que domina sobre la ciudad de Cava por el oeste, arrasando por el camino la pequeña aldea de Casalonga y enterrando a la mayor parte de su centenar de habitantes. El ímpetu del fango fue tal que alcanzó la ciudad de Nocera, al noreste, que ya se había visto afectada por las crecidas del arroyo Cavaiola. Los cultivos quedaron inundados y el camino real, que desde Nápoles se dirigía hacia Salerno y continuaba después hacia las provincias calabresas, inutilizable.

  Cuando finalizó la crecida, los daños cuantificados eran enormes: también la costa amalfitana y Salerno sufrieron las consecuencias en mayor o menor grado. Desde Nápoles, la Regia Camera della Sommaria, la magistratura responsable, entre otras cosas, de la administración fiscal de las zonas de dominio público, envió al ingeniero Felice Bottiglieri para que realizara una estimación de los daños y para que propusiera medidas para asegurar los edificios en ruinas. En lo que se refiere a cuestiones de orden público, el presidente de la Udienza de Salerno, capital de la provincia, era el encargado de asistir a la población necesitada, impedir saqueos y favorecer el regreso a la tranquilidad. Los asentamientos afectados, como era habitual, quedaron inmediatamente exentos del pago de impuestos directos. Asimismo, la reconstrucción debía efectuarse a expensas de los damnificados y, por tanto, principalmente con el trabajo manual de los habitantes.

El territorio inundado sufría, y sufre aún hoy en día, fuertes precipitaciones debido al régimen climático propio de la cuenca mediterránea. A esto se añade la especificidad geomorfológica de la zona, que determina que sea especialmente sensible a los desprendimientos de tierra: los montes Lattari (al sur) y los Picentini (al norte), así como sus respectivas ramificaciones, rodean toda la región. Dichos accidentes geográficos presentan un estrato compacto de material piroclástico, fruto de la actividad milenaria del Vesubio, que es por naturaleza friable y, por tanto, propenso a fracturas y a deslizamientos. La compactación y, por tanto, la firmeza del suelo de una ladera depende en gran medida del cultivo de árboles y, en general, de la presencia de bosques. Además, es necesario tener en cuenta la presión antrópica, puesto que el agro nocerino, junto con el territorio de la ciudad de Cava, presenta un gran número de asentamientos desde la época romana debido a su posición favorable (cerca de Nápoles y de los puertos de Salerno y Amalfi, paso obligado de la única vía terrestre hacia el sur y fácilmente defendible) y al buen rendimiento del suelo y de los pastos.

En el período que nos ocupa, los dos centros urbanos principales, Cava y Nocera, incluían un vasto número de comunidades con una población total de 24.000 y 25.200 habitantes.[5] Se trataba de una de las áreas más densamente pobladas del reino, lo que hacía de ella un lugar sujeto a importantes contrastes políticos. Cava era una ciudad demanial con un considerable número de familias patricias; también Nocera que, a pesar de constituir un feudo, gozaba de una importante representación ciudadana. No hay que pasar por alto la presencia de dos relevantes ordinarios diocesanos, cuyas respectivas jurisdicciones incluían amplios espacios, así como grandes monasterios, también dotados de tierras. Por las razones estratégicas evidenciadas, la zona de Nocera se hallaba bajo la protección directa del soberano, quien mantenía en ella de manera permanente un regimiento de caballería dotado desde 1758 de su propio cuartel.

La crecida de 1773 fue un episodio grave por la amplitud del área afectada y, sobre todo, por la cantidad de muertes que causó. Las investigaciones desarrolladas sobre acontecimientos parecidos en el área campana han demostrado que estos se producían muy a menudo, casi cada dos años, pero con repercusiones muy variables en términos de daños. (PORFIDO, ESPOSITO, MAZZOLA, VIOLANTE, SANTORO y SPIGA, 2013) En cualquier caso, el recuerdo de tales calamidades se mantuvo muy vivo entre la población. Durante los dos siglos del virreinato español, los aluviones, aunque frecuentes, no parecen haber generado daños o víctimas hasta el punto de obligar a los gobernantes a intervenir. En general, las reparaciones y el eventual aseguramiento del territorio eran tareas que correspondían a las instituciones locales y a las poblaciones afectadas. La aportación del centro consistía, en los casos más graves, en la concesión de exenciones de impuestos directos por un tiempo limitado. (CARNEVALE, 2023) En las súplicas enviadas al virrey, la memoria administrativa era la base de la reivindicación, puesto que los habitantes de las zonas afectadas solicitaban exenciones fiscales en función de las concedidas en el pasado a otras comunidades que habían sufrido los efectos del mismo fenómeno. En este sentido, las inspecciones ordenadas por la autoridad central después de la catástrofe tenían el triple objetivo de informar de la situación real, de motivar la necesidad de proceder con las exenciones y, por último, de asesorar a los habitantes sobre cómo iniciar la reconstrucción. De hecho, el personal técnico competente no era muy numeroso: el cuerpo de ingenieros reales incluía solo algunos individuos con salario fijo y otros sujetos con licencia pero contratados solo ocasionalmente por el gobierno virreinal. La mayor parte de ellos se concentraba en la capital, por lo que su envío a las provincias constituía un momento de trasmisión de saberes técnicos específicos a los locales. Pero, ¿cuáles eran las intervenciones concretas en el espacio? No muchas. La principal solución preventiva era la creación de canales para permitir el drenaje de agua en exceso, pero estos requerían una manutención a lo largo del año, algo que no se producía con regularidad. Cuando las condiciones lo permitían, se obligaba periódicamente a los propietarios de rebaños de búfalas a transitar por dichas vías de evacuación de las aguas con el fin de compactar el terreno. (PALMIERI, 2002: 111) En lo que se refiere a los dispositivos normativos para la prevención de las calamidades, además de los reglamentos que obviamente prohibían tirar residuos en los canales, el problema principal derivaba del uso del suelo.

A excepción de Apulia y de algunos territorios de la Campania (Terra di Lavoro y la llanura del Sele), el sur de Italia se hallaba dominado por la cordillera de los Apeninos. Durante la Edad Media, sobre todo por razones defensivas, la población ubicada en las llanuras se trasladó progresivamente a las colinas y montañas, favoreciendo, de esta manera, el avance de zonas pantanosas e insalubres en las tierras atravesadas por cursos de agua procedentes de los montes aledaños. Como consecuencia, se generalizó, en un difícil equilibrio con el ecosistema preexistente, una agricultura en terrazas y el pastoreo. La tala de bosques debilitó el suelo y lo hizo propenso a los deslizamientos de tierra, salvo cuando se optaba por cultivos arbóreos.

A principios del siglo XVIII se detecta en el sur de Italia una tendencia demográfica positiva que solo se detuvo en los últimos veinte años del siglo XX. La progresiva presión antrópica determinaría una “cesura” cronológica hacia mediados del siglo XVIII tras la cual los fenómenos tormentosos habituales comenzaron a provocar desprendimientos e inundaciones desastrosas cada vez en mayor número. (PALMIERI, 2002: 112) ¿Hasta qué punto los contemporáneos eran conscientes de tales cambios? A finales del siglo XVIII, el jurista y erudito Lorenzo Giustiniani publicó su Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli, rico en información sobre las condiciones socioeconómicas de las distintas provincias del reino. Del territorio de Cava, Giustiniani evidenciaba su vocación comercial y artesanal, especialmente la tejeduría y la loza: “vi scorrono molti fiumi, che animano ferriere, valchiere, cartiere, ecc. […]. Tiene boschi, e selve, ed evvi molta caccia di quadrupedi, e di volatili” (GIUSTINIANI, 1797, vol. 3: 406-407). Su descripción data de unos veinte años después de la inundación de 1773 y nos da la imagen de un espacio densamente poblado, pero poco dedicado a una explotación intensiva:

 

“La natura del territorio della Cava, sebbene sterile, pure supplisce talmente l’industria degli agricoltori, che ne ricavano in abbondanza tutti i generi di prima necessità. Vi si conservano i fichi freschi sopra gli alberi sino a maggio, che è una particolarità da notarsi. Nelle proprie stagioni vi sono ottimi frutti, e non mancano affatto gli ortaggi di ogni specie” (GIUSTINIANI, 1797, vol. 3: 408).

 

Se trataba, por tanto, de una agricultura enfocada principalmente en el cultivo de árboles. La abundancia de los mismos queda demostrada por la petición formulada por el consiglio comunale poco después de la crecida. En ella se rogaba al soberano “tagliare quei boschi e selve, che rimangono in piedi, per provvedere prontamente all’urgentissima necessità di dar riparo col legname alle fabbriche patite, e riedificare i territori devastati” (FOSCARI, ESPOSITO, MAZZOLA, PORFIDO, SCIARROTTA y SANTORO, 2013: 107). Sin embargo, la situación pudo haber sido aún más compleja. En noviembre de 1775, tras una nueva crecida que causó daños más modestos, se elaboró una relación técnica de los desperfectos sufridos por el municipio de Cava. Su autor señalaba que el problema principal eran las consecuencias del desastre de 1773 puesto que “le montagne rimasero scoverte da detta alluvione, ed in tempo di piogge non solo […] passò maggior quantità dell’acqua di prima ma anche […] molta brecciara, e pietre” (FOSCARI, ESPOSITO, MAZZOLA, PORFIDO, SCIARROTTA y SANTORO, 2013: 153).[6] ¿Es posible que en los años en los que Giustiniani describió el territorio de Cava ya se hubiera efectuado una repoblación forestal? ¿O bien las intenciones celebratorias de su tratado pretendían omitir ciertos detalles?

Cuando Giustiniani se dedica a la descripción de Nocera, el estilo narrativo no cambia: el territorio sujeto a la ciudad se presenta como “vasto e fertile dappertutto con cosechas generalmente ubertosi y eccellenti pascoli”. En relación con las áreas boscosas, Giustiniani se refiere a árboles usados para hacer “carboni” y también a “molte selve cedue castagnali, dalla basse falde d’monti sino alla loro sommità” (GIUSTINIANI, 1804, vol. 7: 43). El recurso al ceduo (bosque vástago) pone de manifiesto la voluntad de preservar la estabilidad del suelo en pendiente. Por otra parte, inmediatamente después, cuando se preguntaba por las razones de tal fertilidad, el autor opinaba que esta era mérito de la “abbondanza delle acque, che vi sorgono quasi dappertutto, le quali talvolta han pure recato danno notabile a quella popolazione”, citando el ejemplo de una crecida ocurrida, nada más y nada menos que en 1600 (GIUSTINIANI, 1804, vol. 7: 43-44). Se trata de la única referencia a la fragilidad del territorio de Nocera, pero, de forma más general, el análisis de los volúmenes de Giustiniani evidencia su escasa atención a la inestabilidad hidrogeológica; su memoria histórica se centra exclusivamente en los grandes eventos políticos. De ello podría deducirse una escasa conciencia de las transformaciones que se estaban produciendo en su época.[7] Sin embargo, esa única frase sobre los destrozos causados por las aguas abundantes del territorio de Nocera oculta un problema que ha afectado a las comunidades de dicha zona durante décadas.

 

Entre resiliencia y resistencia: política y ciencia ante la prevención

 

Inmediatamente después de la crecida de 1773, el rey ordenó a la Regia Camera della Sommaria que encontrara soluciones para prevenir los daños causados por las lluvias en el área afectada.[8] El plan elaborado por los ingenieros reales incluía la creación, en el territorio de Nocera, de un canal de gran capacidad que, siguiendo un recorrido menos tortuoso que los canales de drenaje ya existentes, encauzaría el exceso de agua de los arroyos Cavaiola y Solofra hacia el río Sarno.[9] Se trataba, en efecto, de potenciar el sistema ya presente mejorando la capacidad de desagüe a través de la definición de un nuevo trazado del canal principal y de la conexión de más arroyos al mismo.

El interés del gobierno por la cuestión es anterior a la inundación de 1773, como demuestran los registros administrativos que, al menos hasta finales de siglo, conservan el recuerdo de las primeras intervenciones efectuadas por las autoridades y de las causas que las motivaron. Ya en la década de 1750, Carlos de Borbón había reflexionado sobre posibles obras públicas que pudieran prevenir las inundaciones desastrosas que se producían cada vez con mayor frecuencia en las jurisdicciones de Nocera y Cava.[10] Igualmente, Fernando VI, en 1771, había ordenado a Biagio Sanseverino, Comissario di Campagna, que, junto al ingeniero de la Sommaria, Lorenzo Iaccarino, establecieran qué iniciativas había que emprender urgentemente para este cometido.[11] El Passo delle Cammarelle, al este de Nocera, en la frontera con el territorio de Cava, fue señalado como punto de mayor fragilidad por lo que se decidió equipar de aliviaderos (denominados catene en el sur de Italia) los principales valloni, también llamados canaloni, es decir, las vías de drenaje natural situadas a lo largo de las laderas de las montañas que flanqueaban el Passo. Se trataba de estructuras en piedra o madera colocadas transversalmente en el lecho de los valloni y de los riachuelos con el objetivo de frenar la carga hidrostática y para contener los materiales desprendidos. Además de esta medida técnica, se reiteró la orden del pasado que prohibía la deforestación y el cultivo en las montañas, así como el pastoreo (“di non sboscarsi, e coltivarsi dette montagne [e di non] farle pascere da vacche e capre”).[12] Estas disposiciones ponen de manifiesto la existencia de una tradición normativa dirigida a preservar la solidez del suelo en pendiente. No obstante, como veremos, a las autoridades les resultaba difícil controlar y reprimir los comportamientos ilícitos.

Para garantizar una mayor adhesión al proyecto, de la cual dependía también la financiación, el Commissario di Campagna convocó “un publico universal Parlamento delle Sette Università, o sian Ripartimenti della Città di Nocera, e loro Rappresentanti, e Cittadini”.[13] En la asamblea se decidió no solo aprobar las medidas propuestas por el gobierno, sino también la creación de “un Canale, o sia Alveo spazioso, che ricevesse tutte le acque per trasportarle fuori del Territorio”.[14] A falta de fuentes adecuadas, no es posible establecer si la decisión fue verdaderamente el resultado de la reflexión de las élites locales o de la persuasión de Sanseverino como representante del soberano. Ciertamente, el proyecto no tomó forma antes del desastre de 1773 y, en cualquier caso, por mano del gobierno.

El 25 de agosto de 1774, el rey nombró a Ferdinando de León, abogado del Real Patrimonio, delegado para la construcción del canal. Este visitó las zonas inundadas junto al tavolario Nicolò Schioppa quien, al año siguiente, elaboró un informe sobre cómo proceder a la edificación del canal, así como el primer dibujo y un presupuesto aproximado.[15] La intervención directa del gobierno se debió no solo al deseo de proteger a la población de la zona, sino también a la voluntad de preservar tanto el camino real que conectaba Nápoles y Salerno con las provincias calabresas como el cuartel de caballería de Nocera.

Por razones técnicas, como se ha dicho, casi todo el Alveo habría atravesado el territorio de Nocera, puesto que constituía el espacio de encuentro de dos arroyos que después continuaban hacia el oeste, hacia el Sarno. En el momento en el que el tavolario Schioppa inició el trabajo de campo comenzaron también las protestas de los terratenientes de cuatro de las siete università de Nocera que temían sufrir perjuicios económicos por la construcción en tierras de su propiedad.[16] A la cabeza de la protesta se encontraba el obispo Benedetto Maria dei Monti Sanfelice, directamente interesado en la cuestión puesto que las tierras de su diócesis se veían afectadas por el proyecto. Los opositores obtuvieron del gobernador la convocatoria de otro parlamento en mayo de 1777 durante el cual, con la presencia del gobernador como único representante de la autoridad central, se decidió frenar la construcción.[17] Mientras tanto, los ingenieros militares habían aprobado los dibujos de Schioppa con alguna pequeña modificación. Como respuesta, el obispo presentó a la Sommaria un informe en el que se demostraba la inutilidad de la obra y el daño que habría causado a la economía de la zona.[18]

          El asunto se había convertido para entonces en un enfrentamiento entre peritos en el tribunal. Al mismo tiempo, debido a la acumulación de compromisos institucionales, de León ya no estaba en condiciones de ocuparse con la debida atención de la realización del canal, por lo que el soberano cedió el cargo a Giovanni Pallante, anciano consejero real y miembro de órgano judicial supremo del reino, la Real Camera di Santa Chiara. Pallante adoptó inmediatamente un enfoque enérgico, culpando al obispo y a los terratenientes de pensar solo en sus propios intereses. En su opinión, ello demostraba que una decisión tan importante no podía basarse en la “libertà de’ Cittadini”. Por tanto, sugirió al monarca que procediera “económicamente”, es decir, con la intervención del Estado “e non già come una causa di mio, e tuo, per non vedersene mai ne’ Tribunali”. Para ello, era necesario que el erario público cofinanciase la obra, mientras que los propietarios del territorio de Nocera contribuirían “con equa distribuzione, secondo il più, e minor vantaggio […] ma niuno escluso”.[19] 

          El magistrado Pallante era consciente de la complejidad del problema, puesto que este no afectaba solo a una única comunidad social y políticamente frágil, sino que, por el contrario, abrazaba una vasta área que incluía diversos asentamientos densamente poblados con intereses divergentes y autonomías locales muy arraigadas y celosas de sus prerrogativas. Pallante, al igual que de León y que los sucesivos delegados nombrados para la construcción del canal, formaba parte de una generación de magistrados formados en los principios del regalismo que en dichos años asistía al soberano en su lucha contra los abusos feudales. (RAO, 1984) Su designación como comisarios extraordinarios para la realización de la infraestructura y la aplicación de medidas de prevención en las zonas más vulnerables del agro nocerino evidencia el fuerte interés que mantenía el gobierno en la cuestión.

          Pallante se percató muy pronto de las dificultades inherentes a la gestión de un territorio tan complejo. El obispo Monti Sanfelice y los “zelanti cittadini” de Nocera que se oponían a las obras continuaron enviando a los tribunales napolitanos peticiones de revisión del proyecto en un intento de prolongar el asunto de manera indefinida. Se trataba de verdaderos memoriales en los que la narración de la calamidad de 1773 se utilizaba para demostrar la inutilidad del canal, contradiciendo, de esta manera, el parecer de los técnicos. La intervención del gobierno hizo emerger un universo de relaciones conflictivas en continua definición y fuertemente perturbado por el problema de las crecidas. Así, por ejemplo, un grupo de propietarios vinculados al obispo denunciaban acciones como la siguiente:

 

“[…] nelle montagne demaniali di detta Città in contravvenzione de Banni si portavano a pascolare Animali si cesinava, si sboscava, e si sollevano le radici degli alberi facendosene Carboni, dal che ne derivava che l’acque non trovando ripari in dette montagne calando irruentemente portavano arena, ghiaia, e pietre in danno [delle] abitazioni non meno che del Regio Cammino”.[20]

 

          El texto se refiere a las tierras comunales presentes en el Monte Albino, situado al sur de la ciudad y del cual descendían no pocas veces peligrosas corrientes de lodo durante los meses otoñales. En una petición sucesiva, el procurador de los denunciantes acusaba también a los habitantes de Tramonti, un asentamiento situado en la vertiente opuesta del Monte Albino, de invadir las tierras demaniales de Nocera con sus animales de pastoreo.[21] El mismo malestar se atisba con relación al comportamiento de los habitantes de Cava: en una carta enviada a Pallante en octubre de 1779, un propietario y ciudadano nocerino, Francesco de Rosa, acusaba a los hijos de Giuseppe Villani, de Cava, de verter ilegalmente en el camino real la tierra que se había acumulado en el espacio aledaño a dicho camino.[22] Casi todo el territorio que lindaba con el camino real había sido ocupado debido a las ventajas que podía ofrecer la proximidad a la principal vía de comunicación. Ello explica que, en tiempos de calamidad, las autoridades políticas tuvieran que ordenar a la población la liberación de la misma con el fin de permitir el adecuado tránsito de las ayudas y de los desplazados. Además, para un habitante vecino al camino real abandonar residuos de su explotación en sus inmediaciones significaba traspasar a la comunidad la responsabilidad de su gestión, ahorrándose, de esta manera, los costes de su transporte a los vertederos.  Pero, más allá del delito en sí, de Rosa acusaba a los hijos de Villani de dañar su explotación y la de otros vecinos. De hecho, en esa zona, el camino real marcaba el límite entre Cava y Nocera. Tratándose de un valle pequeño, la vertiente nocerina se hallaba sujeta a la cavese, por lo que si el camino se veía bloqueado por escombros, las lluvias los habrían empujado cuesta abajo, invadiendo, de esta manera, las tierras de aquellos como de Rosa.

          Aunque en las quejas de los distintos actores locales se percibe una preocupación real por los peligros derivados de las crecidas, problema ante el que, como hemos visto, el gobierno se mostraba especialmente sensible, no se puede excluir que en su origen existieran también rivalidades internas. En cualquier caso, Pallante no dudaba en intervenir cuando lo consideraba necesario, ordenando a los gobernadores de Cava y de Nocera que procedieran contra todos aquellos que infringieran los bandos, los cuales se publicaban cada mes dando lugar a diversos encarcelamientos.[23] La sucesión de denuncias ofrecía una oportunidad a aquellos que se oponían a la construcción del canal (los nocerini) para mostrar la inutilidad del mismo en cuanto, según ellos, bastaba efectuar una manutención regular de los canales de drenaje natural (canaloni o valloni), en concreto de aquellos que se encontraban en territorio cavese. A la luz de estos hechos, no es de extrañar que Pallante se viera rápidamente involucrado en las complejas dinámicas locales; ciertamente, la decisión de ejercer su proprio mandato desde Nápoles -debido no solo a sus múltiples obligaciones, sino también a su edad avanzada- no contribuía a la realización de los planes del gobierno. Pallante debió recurrir a representantes locales que actuaban en su nombre: Gerardo di Francesco y Francesco Primicerio, ambos ciudadanos de Nocera. Gracias a su colaboración y a la intervención de los gobernadores, se inició la construcción de aliviaderos en los valloni considerados más peligrosos. Las obras fueron financiadas tanto con la venta de podas de castaños en el área demanial como con una tasa sobre las indemnizaciones pagadas en las causas civiles y criminales del tribunal de Nocera. Esta última explica que el soberano prohibiera la concesión de gracias o la conmutación de penas sin el consenso previo del gobernador.[24]

          Las medidas técnicas aplicadas a los canales de drenaje natural revelan también aspectos poco conocidos de las dinámicas socioeconómicas locales. Los habitantes de la aldea de Santa Lucia, en el territorio de Cava, pero en la frontera con Nocera, denunciaban la pérdida de su “comercio” con la aplicación de los aliviaderos.[25] De hecho, en los meses de verano una parte significativa de la población empleaba el agua de los arroyos para “biacheggiare le tele, ed altri generi di biancheria”.[26] De esta manera, los trabajos efectuados por los obreros reclutados en Nocera para instalar las barreras en los canaloni (que habrían ocasionado la ralentización del curso del agua) habían causado un daño serio a los habitantes, los cuales no dudaron en remarcar cómo en el pasado este tipo de disposiciones se habían revelado insuficientes para prevenir las inundaciones. La aldea de Santa Lucia se encontraba cerca de una zona que los técnicos del gobierno consideraban crítica, es decir en la encrucijada de los arroyos Cavaiola y Solofra. Por ello, la manutención de los valloni de aquel territorio se juzgó esencial, razón por la que Pallante no tuvo en consideración la súplica.

          Mientras proseguían las obras de construcción de los aliviaderos, Pallante ordenó al juez de Cava, Vincenzo Petroli, que nombrara un esperto di campagna a expensas del tesoro real con el fin de identificar los propietarios de tierras baldías para imponerles su reforestación.[27] Para cumplir la orden se empleó un censo compuesto por 287 propietarios de explotaciones agrícolas en el espacio situado a lo largo de las laderas que rodeaban Cava.[28] Sin embargo, más de un año y medio después, el gobernador de Cava informó a Pallante de que el bando no se había publicado ni en Cava ni en Nocera.[29] Pallante respondió diciendo que se maravillaba de la noticia y exigía la colaboración de los propietarios y una pronta ejecución de sus órdenes.[30] Esta disposición podría explicar la situación de Cava descrita por Giustiniani en la década de 1790, pero serían necesarias nuevas investigaciones al respecto. Sin embargo, es evidente que, a pesar de estas medidas preventivas, el proyecto del canal no avanzaba por culpa de las protestas locales. Pallante murió el 6 de noviembre de 1783 y fue sustituido por otro magistrado: Basilio Palmieri.[31] A diferencia de sus predecesores, Palmieri puede ser considerado un local, en cuanto era originario de San Vincenzo, una aldea de Sanseverino, aunque su procedencia no contribuyó en modo alguno a facilitar las acciones del gobierno. (GIUSTINIANI, 1804, vol. 8: 330).

 

Costringer la natura: la realización del canal común de Nocera

 

En los años que sucedieron a la muerte de Pallante, el interlocutor político del delegado para la edificación del canal nocerino fue el supremo Consiglio delle finanze creado en 1782 para responder a las “necessità di ammodernamento e di efficienza del potere statale” (RAO, 1983: 113). El proyecto fue revisado varias veces hasta que, finalmente, el 10 de mayo de 1788, se aprobó su versión definitiva formulada por el tavolario Francesco Romano. La nueva iniciativa suponía una reducción significativa de la cantidad de terreno privado a expropiar.[32] El gasto total calculado era de 80.000 ducados. El 28 de abril de 1789 Palmieri propuso al soberano un programa de división de los gastos con el objetivo de recaudar 10.000 ducados al año durante una década. Se pensó principalmente en destinar a la infraestructura las sumas que Nocera, Angri y Cava habían pagado al fondo destinado a la pavimentación del camino de Calabria. La decisión respondía a los beneficios indirectos que otras comunidades conseguirían gracias al canal, a pesar de que este debía emplazarse únicamente en el territorio nocerino. Otra cantidad, aún por definir, debía ser pagada por el titular del ducado de Nocera que en esos años era Isabel María Pío de Saboya y Spínola, puesto que la construcción habría aumentado sus rentas, contribuyendo a una irrigación más regular y a reducir los daños causados por las crecidas. Una tercera contribución provendría de la venta de las tierras demaniales de los alrededores de Nocera, con la obligación para los compradores de conservar el bosque allá donde estuviera presente; por último, los propietarios de tierras y casas habrían pagado la cifra restante en proporción al beneficio que habrían obtenido con el nuevo proyecto. Se trataba de un plan de distribución de los costes que tenía en cuenta muchos de los enfrentamientos surgidos en el pasado, dividiendo la financiación de las obras entre un amplio número de contribuyentes que, como se ha visto, no comprendía solo a aquellos situados en el lugar en el que se iban a llevar a cabo las obras. Naturalmente, el erario público intervenía desviando fondos procedentes de las comunidades y haciéndose partícipe del principio fiscal según el cual la recaudación de un territorio debía aplicarse exclusivamente a inversiones en infraestructuras locales. El 26 de septiembre del mismo año, el soberano aprobó la división de los gastos y confió la recaudación a Palmieri. Era aún necesario disipar una duda respecto a las tierras demaniales: el rey ordenó al delegado que comprobara la viabilidad de su venta con la condición de que se prohibiera su deforestación. Palmieri consideró que era imposible proceder a la venta de dichas tierras porque estaban “intutto devastati” y afirmaba que, puesto que la plebe estaba “estirpando le radici” de los árboles, lo más conveniente era utilizarlas lo antes posible para la construcción del canal.[33]

A principios de 1792, las autoridades habían conseguido recaudar solamente las cuotas atribuidas a los propietarios, es decir, poco más de 1.000 ducados al año, y todavía se esperaban las sumas correspondientes a los otros conceptos.[34] Mientras tanto, no cesaban las quejas de los diversos grupos de habitantes. Un episodio significativo se produjo en enero, cuando el soberano, que se hallaba de viaje con destino a la finca de caza de Persano, se vio bloqueado por “alcune femine in truppa prostrate in ginocchioni sulla strada” que deseaban entregarle un memorial en el que le solicitaban que impidiera la venta de las tierras demaniales.[35] Los delegados di Francesco y Primicerio consideraron el hecho una ofensa a la persona del rey y acusaron a las manifestantes de haber participado en un tumulto fomentado por “taluni ecclesiastici [ma] anche per opera di quel Vescovo”.[36] El obispo era Monti Sanfelice que desde hacía 24 años se hallaba al frente de la diócesis nocerina. Sintiéndose calumniado, el prelado escribió al monarca para solicitarle una rápida investigación que aclarase las circunstancias del incidente, pero que no fuese efectuada por Palmieri, acusado por el obispo de emplear “espressioni non meritate” sobre su persona en dos peticiones dirigidas al rey.[37] El gobierno solicitó a Palmieri un informe sobre lo sucedido, pero la documentación analizada no aporta datos sobre la adopción de otras medidas al respecto.

Teniendo en cuenta el comportamiento de Monti Sanfelice en los años sucesivos, es muy probable que este haya desempeñado un papel importante en el asunto. En general, puede decirse que el frente de los contrarios a la creación del canal no se debilitó con el paso del tiempo. Entre las súplicas que llegaron a manos del gobierno, una en especial se distingue por la amplitud de los temas tratados. Redactada por el notario Tommaso Nola de Nápoles, fue enviada por un grupo de 44 habitantes de Nocera, posiblemente cabezas de familia, a menudo con apellidos parecidos, algunos de los cuales eran ya conocidos por las autoridades por peticiones que habían enviado en el pasado. Entre ellos se hallaban Antonio Vitolo, Francesco de Rosa o Giovanbattista Villani.[38]

El texto contiene referencias extensas a la historia del proyecto del canal, pero invertía la perspectiva de aquellos definidos como “proyectistas”, es decir, la de los ciudadanos favorables a la construcción, así como la de los peritos que habían trabajado en su concepción. Según los suplicantes, ya en tiempos del rey Carlos se había llegado a la conclusión de que era imposible crear un gran canal para canalizar el agua en tiempos de calamidad. Pero más tarde, la inundación desastrosa de 1773 habría convencido a la población de aceptar su fabricación debido al “timore […] che opprimendo i Lumi dell’intelletto” no permitió “esaminare se la proposta opera dell’Alveo era malagevole o vantaggiosa”.[39] Solo un tiempo después, con el ánimo “sgombro dalle funeste idee di altra sciagura consimile”, los habitantes habían comprendido que no era posible “costringer la natura a sentire il peso di quelle Leggi, che ella non ha mai conosciute”. Además de rechazar el proyecto, los nocerini destacaron que la “principale sorgente di tanti funesti allagamenti” eran los arroyos que descendían de las montañas de Cava. De esta manera, los recurrentes, como había sucedido en el pasado, atribuían la responsabilidad de los daños causados por la lluvia a los cavesi, los cuales habían transformado en “vignetti e dilettevoli giardini quei siti, che per lo innanzi [eran] dense Boscaglie […] a loro meno dilettevoli, e meno pregiuidiziali a Nocera”.[40] Los datos consultados para este trabajo confirman no solo el aumento de la presión antrópica sobre las colinas de Cava sino también de Nocera y Sanseverino que había contribuido al debilitamiento de los terrenos.

Asimismo, la súplica es indicativa de cómo los mismos expertos implicados en el proyecto del canal habían tenido que reconsiderar varias veces tanto su trazado como el presupuesto necesario para su realización, juzgando el diseño final del tavolario Romano como el más “difficile ed il più pernicioso”. Para evaluar mejor los detalles, proseguían los demandantes, habría sido necesario un “pubblico parlamento” como el convocado en el pasado; sin embargo, se había recurrido a “minacce e altro” sobre las cuales se prefería guardar silencio por respeto “a un Ministro di Vostra Maestà”, refiriéndose a Palmieri. En las páginas sucesivas, la súplica mostraba cómo, en el plano técnico, el canal proyectado por Romano era insuficiente para canalizar el agua de una eventual crecida de todos los arroyos previstos. Se continuaba con una queja relativa al peso fiscal que estaba sufriendo la población de la aldea nocerina de Corpo, cercana al trazado del canal, y, por tanto, el más beneficiado según los principios establecidos por el despacho real que autorizaba las obras. El último punto en el que insistían los suplicantes se refería a las dificultades afrontadas para dar a conocer su opinión al soberano, acusando, directamente, a los “prepotenti” aldeanos favorables al proyecto e, indirectamente, al delegado Palmieri y al supremo Consiglio delle finanze de haber hecho caso omiso de sus peticiones. Como conclusión, solicitaban una intervención directa del rey por medio de la Regia Giunta di Ponti e Strade, la participación de ingenieros militares y la reconsideración del proyecto en la Real Camera di Santa Chiara para que la cuestión pudiera resolverse sinodalmente.[41]

La petición con la que terminaba la súplica formaba parte de la clásica estrategia judicial, en su momento señalada por Giovanni Pallante en el memorial ya citado, consistente en apelar a una jurisdicción concurrente o de nivel superior para definir de nuevo un cierto asunto desde el principio. La Real camera di Santa Chiara estudió las quejas de los ciudadanos de Nocera contrarios a la construcción del canal, pero en marzo de 1792 se pronunció a favor del proyecto del tavolario Romano.[42] La Giunta di Ponti e Strade había sido creada por rey Carlos con la ambiciosa tarea de modernizar la red viaria del reino y configurada como un órgano ejecutivo de carácter técnico. A pesar de las expectativas de los demandantes, fue precisamente esta institución la que puso fin a la larga historia del canal nocerino. De hecho, en 1803, fue el superintendente general de la Giunta, Giuseppe Maria Valva, marqués de Valva el que, cuando se dio por terminada la enésima revisión del proyecto y a través de los ingenieros reales Matteo D’Amato y Nicola Leandro, dio inicio a las obras del canal que hacían confluir las aguas de los arroyos Cavaiola, Citola y Solofrana en el Sarno. A diferencia del proyecto de Romano, que preveía un trazado bastante tortuoso, los ingenieros reales optaron por una vía más directa. (SILVESTRI, 2006: 215-218) En septiembre de 1806, pocos meses después de la conquista francesa del reino, el marqués de Valva autorizó las obras para mejorar el canal ya en funcionamiento desde hacía un año.[43]

 

Conclusiones

 

El estudio de los acontecimientos relacionados con la realización del canal nocerino revela aspectos sobre el uso de la memoria “racionalizada”, principalmente en lo que se refiere al contraste de saberes, el de los habitantes y el de los técnicos, basados en presupuestos y métodos de análisis distintos conformados a partir de las mismas experiencias. La población había podido experimentar cómo la solidez de los terrenos en pendiente dependía de la presencia de árboles, por lo que no es casualidad que existiera una normativa local, naturalmente mucho más antigua de lo que este trabajo ha podido atestiguar, dirigida a prevenir los comportamientos ilícitos. Estos últimos no solo eran habituales en períodos de crisis, sino que más bien se generalizaban en aquellos contextos en los que, por diversas razones, la colaboración entre los actores no era posible. (OSTROM, 1990) Al mismo tiempo, los habitantes habían desarrollado un equilibrio con los arroyos y los canales de drenaje natural que contribuían al funcionamiento de los molinos y de otros aspectos de la economía. Para buena parte de la población, las crecidas, incluidas las desastrosas, eran un problema con el que había que convivir y cuyos daños y víctimas eran “soportados” en aras de la preservación de un equilibrio secular.

La inundación de 1773 constituye un episodio de ruptura en lo que se refiere al comportamiento del Estado, el cual, a través del saber de los expertos, intervino en el territorio y sobre la población. Sin embargo, es improbable que dicha intervención fuera consecuencia de la plena conciencia del gobierno de los peligros que entrañaba la excesiva antropización de las colinas que rodeaban el agro nocerino. Entre los documentos conservados no se ha hallado ninguna investigación, ningún estudio sistemático sobre las condiciones de las propiedades individuales, ningún censo más allá de aquellos realizados con fines fiscales, que tan solo registraban a los cabezas de familia propietarios. Una explicación plausible puede ser la progresiva afirmación de la economía política como ciencia del Estado a lo largo del siglo XVIII, la cual determinó una transformación profunda en las acciones del gobierno tanto en el reino de Nápoles como en otras partes de Europa. La interrupción periódica del camino real directo a Calabria por acción de las crecidas ya no era admisible en un reino en el que era necesario garantizar los flujos constantes del mercado interno. Por la misma razón, no podían cesar las actividades productivas ni despoblarse los campos que debían proporcionar mano de obra.

Animados por el gobierno, ingenieros, tavolari y arquitectos, después de haber experimentado repetidas crecidas, sugirieron intervenciones para reducir el impacto de las lluvias que a menudo contrastaban con los intereses locales, en cuanto estas modificaban el territorio y, por tanto, los equilibrios sociales preexistentes. Los técnicos producían, a su vez, una nueva memoria escrita, representada por las mediciones y los proyectos que se ponían a disposición de las generaciones futuras. A pesar de la presunta exactitud científica de la memoria creada por los expertos, como se ha visto, esta no solo constituía motivo de litigio en los tribunales, sino que se utilizaba para legitimar los intereses de unos pocos. La memoria racionalizada era, por tanto, instrumentalizada para apoyar bien la absoluta necesidad de una intervención infraestructural o bien su inutilidad, argumentando, por ejemplo, la imposibilidad de vencer sobre la naturaleza, a cuyos caprichos había que adaptarse. Sea como fuere, las argumentaciones de naturaleza técnica se habían convertido en parte integral del lenguaje empleado en la comunicación entre la población local, a través de sus representantes legales, y el gobierno. 

En este contexto se sitúa el saber político-administrativo de los delegados para la realización del canal, quienes actuaban tanto de ejecutores como de mediadores entre el gobierno y los cuerpos sociales. La acción de los delegados se beneficiaba a menudo de la experiencia de otros actores: reiterando las normas relativas a la prohibición del pastoreo y a la conservación de las áreas forestales, estos se uniformaban a las costumbres locales e intervenían también en los litigios entre los distintos territorios. Al mismo tiempo, eran conscientes del hecho de que tales disposiciones no eran suficientes, ya que se hallaban sujetas a continuas violaciones y se sabía, además, que era necesario un tiempo prolongado antes de que estas produjeran los efectos deseados. Es por ello por lo que los delegados se dirigían también a los técnicos para establecer qué otras medidas podían ponerse en marcha con el fin de alcanzar los resultados deseados por el gobierno. En la mayoría de los casos, tales resultados no se obtenían debido a las resistencias locales que se aprovechaban de la fragilidad de las instituciones ejecutivas. El fortalecimiento de estas últimas, ya visible a principios del siglo XIX, permitió la transición hacia el nuevo modelo decisional característico de gran parte de la época contemporánea.                              

 

 

 

Bibliografía

 

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Notiziario ragionato del Sacro Regio Consiglio e della Real Camera di S. Chiara. In cui si descrivono l’origine, le facoltà, la giurisdizione, prerogative, e preminenze di questi due Tribunali, i giorni ne’ quali si reggono; siccome ancora i loro Ministri, Officiali, e Subalterni, con altre notizie interessanti (1801). Napoli.

 

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