EL CABILDO DE INDIOS DE LIMA: ESPACIO DE PODER Y PRESENCIA POLÍTICA, SIGLOS XVII-XVIII

 

 

 

Teresa Vergara Ormeño

Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú

 

 

 

 

Recibido:        14/08/2024

Aceptado:       19/09/2024

 

 

 

 

Resumen

 

Este artículo explica el papel central que tuvo el cabildo de indios de Lima en la vida de la población indígena de la ciudad. Esta institución, establecida por la administración colonial con el objetivo de disminuir el poder de los curacas al otogarle a indios principales la posibilidad de ejercer tareas de gobierno como alcades, se convirtió en el caso limeño, en el centro del poder político de las elites indígenas residentes en Lima. Desde el cabildo de indios de la ciudad, establecido en la iglesia de Nuestra Señora de Copacabana, las elites indígenas reclamaron ante la corte española y virreinal por el acceso a cargos políticos y eclesiásticos y al manejo de instituciones que consideraron debían estar bajo su control.

 

Palabras clave: cabildo de indios; poder político; elites indígenas; Lima.

 

 

THE TOWN COUNCIL OF LIMA INDIANS: SPACE OF POWER AND POLITICAL ACTION, XVII-XVIII CENTURIES

 

Abstract

 

The present article explains the central role played by the cabildo de indios of Lima in the life of the city's indigenous population. This institution, established by the colonial administration in order to diminish the curacas’ political power by appointing indios principales as alcaldes, in the case of Lima became the center of political power of the indigenous elites residing in the city. From the indigenous cabildo of Lima, that functioned at Our Lady of Copacabana Indian Church, the indigenous elites claimed before the Spanish and Lima courts to be appointed in political and religious offices and to be in charge of institutions that they considered should be under their control.

 

Keywords: indigenous town council; political power; indigenous elites; Lima.

Teresa Vergara. Historiadora por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ph.D. en Historia por la Universidad de Connecticut, Estados Unidos. Profesora Asociada del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en historia social, historia del Perú colonial (siglos XVI – XIX) y etnohistoria. Publicaciones recientes: “Extended Conquest History: Lesser-Known Events and the Fringes of European Conquest” en co-autoría con Francisco Quiroz. The Americas 81, 1, 2024; “La leyenda de Naylamp en la memoria y la identidad de los pueblos de Lambayeque, costa norte del Perú” en coautoría con Rafael Vega-Centeno. Diálogo Andino, 71, 2023; “Articulación, derroteros y confluencia de los indios entre el mundo rural y el urbano (virreinatos de Nueva España y del Perú)” en co-autoría con Xochitl Inostroza y Marina Zuloaga. Cuadernos de Historia 57, 2022; “Contrapunto entre mitas: trabajo mitayo en la sierra y la costa, la ciudad y el campo” en co-autoría con Francisco Quiroz. Diálogo Andino 69, 2022. En la actualidad se encuentra trabajando en el manuscrito de su libro sobre los espacios de poder social, económico y político de la población indígena de la ciudad de Lima en el periodo colonial.

Correo electrónico: teresa.vergara@pucp.edu.pe

 

 

 

EL CABILDO DE INDIOS DE LIMA: ESPACIO DE PODER Y PRESENCIA POLÍTICA, SIGLO XVIII

 

 

 

 

 

En las últimas décadas, diversas investigaciones se han enfocado en el estudio de la activa participación de las elites indígenas en la realización de gestiones tanto en la corte virreinal como en la española y en su papel como representantes de los otros sectores indígenas. Estos trabajos evidencian el nivel de conocimiento que los miembros de estas elites llegaron a alcanzar de los instrumentos legales españoles. (CARRILLO, 2006; GLAVE, 2011; DUEÑAS, 2010; HONORES y DE LA PUENTE, 2016; DE LA PUENTE, 2018) Los estudios de caso muestran que estas gestiones las iniciaban en muchos casos en sus pueblos a través del cabildo de indios. Institución que aparece como un espacio de activa participación política de las elites locales, alcaldes y principales que, aunque en ocasiones actuaron en concordancia con las disposiciones del cacique, en otros momentos hicieron de esta institución un espacio de contestación a su poder y de autonomía con respecto a las autoridades españolas. (SPALDING, 1984; STERN, 1986; DIEZ, 1998, 2006; SERULNIKOV, 2003; ZULOAGA, 2012; DUEÑAS, 2016; DEARDOFF, 2018; PENRY, 2019; GRAUBART, 2022) En la línea de estos trabajos, este artículo estudia el accionar de una de las elites indígenas más poderosas de la ciudad de Lima, conformada por maestros artesanos procedentes del norte del virreinato congregados en torno a la cofradía de Nuestra Señora de Copacabana, fundada en la iglesia del mismo nombre. El objetivo del estudio es mostrar como luego que consiguieron el reconocimiento de la propiedad de la iglesia, lograron que allí funcionara el cabildo de indios de la ciudad y se convirtiera en el centro político desde donde lideraron las gestiones para conseguir que se hiciera efectiva la cedula de los honores, otorgada a las elites indígenas en 1697.[1]  

Los estudios que se enfocan en el accionar político de la elite indígena limeña suelen ubicar al cabildo de indios de Lima en el pueblo de Santiago del Cercado, construido extramuros de la ciudad. La equivocación sobre el lugar donde funcionó el cabildo de los indios de Lima no es un hecho secundario, invisibiliza el proceso de formación y consolidación de la elite indígena de ascendencia norteña e impide conocer el liderazgo que ejerció sobre las otras elites indígenas afincadas en la ciudad.[2] El reciente trabajo de Karen Graubart (2022) sobre el cabildo de indios del pueblo de Santiago del Cercado, contribuye a aclarar la situación al mostrar a través de los casos que presenta que la elite residente en el Cercado y la establecida en Lima en torno a la cofradía de Copacabana son dos elites diferentes y que ambas actuaron a través de sus propios cabildos. Los actores del estudio de Graubart, tanto los alcaldes indios como sus defendidos, provienen mayoritariamente de la sierra de Lima y de la sierra central.[3] Los actores de este estudio, como se verá más adelante, son exitosos artesanos norteños dueños de talleres ubicados en diversos barrios de la ciudad que conformaron una elite cuyo poder político se consolidó con el establecimiento del cabildo de indios de Lima en la iglesia de Nuestra Señora de Copacabana. La existencia del cabildo de indios al interior de la misma ciudad de Lima, fue un importante triunfo de esta elite. Los indios limeños pasaron a ser reconocidos como una república, lo que les permitió identificarse y ser identificados como la corporación de los indios de Lima.

 

Los indios de Lima antes del establecimiento del cabildo

 

Desde el establecimiento de las reducciones, la vida política de los indios en los pueblos y ciudades del virreinato tenía lugar en los cabildos de naturales en ese sentido las poblaciones indígenas al igual que los españoles formaban parte de la “república de repúblicas” en que estaba organizada la monarquía española, tal como señala Max Deardoff (2018) citando a Alejandro Agüero (2006: 38). Sin embargo, para los indígenas residentes en la capital del virreinato esta forma de organización no se cumplía. Lima había sido pensada para ser una ciudad española, sin indios que vivieran de manera permanente en la ciudad. La población indígena limeña debía ser flotante, es decir, vinculada a los turnos de la mita de plaza y en el tiempo que durase su servicio debía residir en Santiago del Cercado, pueblo fundado en 1572 con el expreso objetivo de albergar a los indios mitayos que llegaban a trabajar en la ciudad. Por ese motivo, no se establecieron barrios de indios en la ciudad como sucedió en otras ciudades como el Cuzco (GARRET, 2005; AMADO, 2017) y Trujillo (NOACK, 1997). Más bien, la población originaria que habitaba los territorios donde Lima fue fundada fue trasladada de manera definitiva a media legua de la capital virreinal fundando la primera reducción en el valle del Rímac en 1557. El pueblo recibió el nombre de La Magdalena y la enseñanaza de la doctrina se puso en manos de la orden franciscana.

Lima debía ser una ciudad sin residentes indios, pero este objetivo no se cumplió. Población indígena procedente de diversos lugares del virreinato se establecieron en la ciudad. La demanda de mano de obra de los vecinos no encomenderos hizo que las autoridades del cabildo inclumplieran sus propias normas y permitieran que pobladores indígenas pudiesen permanecer en la urbe. Pero su situación era siempre inestable, las autoridades locales y virreinales podían decidir en cualquier momento que los indios debían volver a sus pueblos o ser reducidos en el Cercado. De ahí la lucha de un grupo de artesanos indígenas organizados en la cofradía de Nuestra Señora de Copacabana por conseguir ser reconocidos como una corporación de indios católicos con derecho al autogobierno a través de la fundación de un cabildo de naturales intramuros de la ciudad. 

Desde la fundación de Lima, la ciudad contó con alcaldes de naturales que se encargaban de supervisar que los residentes indios cumplieran con mantener el orden y cumplir con las tareas que les tenían asignadas. Estas autoridades indígenas eran designadas por el cabildo limeño y estaban bajo la directa vigilancia de los alcaldes de españoles. Situación similar a la que paralelamente tenía lugar en el virreinato de Nueva España, donde se designaron alcaldes indios hasta la fundación del primer cabildo indígena en Tlaxcala a mediados del siglo XVI. (PACHÓN, 1981: 313–314)[4]

En Lima, el primer cabildo de naturales no fue el que funcionó en la iglesia de Copacabana sino el que lograron establecer los indios camaroneros más de cien años antes en el pueblo de San Pedro de los Camaroneros, ubicado al otro lado del río Rímac. Las autoridades españolas habían permitido que los camaroneros continuarán residiendo en sus antiguos asentamientos debido a los servicios que desde la fundación de Lima brindaron a la ciudad y a sus habitantes, en especial la limpieza del río y el abastecimiento de camarones. Durante cuarenta años, los camaroneros gestionaron ante el cabildo de la ciudad su reconocimiento formal como pueblo y el derecho a tener un cabildo, lo que tuvo lugar recién en 1573. Fueron elegidos como alcalde Miguel Chumbi, natural de Matará, y como alguaciles Antón Muxi, Joan Mocha y Francisco Cacachi, todos dedicados a la pesca de camarones. Inmediatamente, las nuevas autoridades se trasladaron hacia la plaza mayor de Lima, donde funcionaba el cabildo limeño, para ser designados formalmente como las nuevas autoridades del pueblo. De acuerdo con las actas del cabildo este proceso se repitió anualmente hasta 1584.[5] Seis años después el pueblo de los camaroneros desapareció producto del violento traslado de sus habitantes a la reducción de Santiago del Cercado en 1590.[6] Desde ese momento, no hubo otro cabildo de indios en la ciudad hasta más de cien años después en que se estableció el que funcionó en la iglesia de Nuestra Señora de Copacabana.

La desaparición del pueblo de San Pedro y su cabildo, solo afectó a sus habitantes, camaroneros y migrantes instalados en el lugar. Los indios que vivían en otros barrios de la ciudad continuaron bajo la autoridad de los alcaldes elegidos por el cabildo español. En 1576, por ejemplo, ejercía el cargo de alcalde de los naturales de la ciudad, don Martín Cancho Macan, cacique de Pachacamac, residente en Lima. Al año siguiente, en su calidad de alcalde naturales, actuó como intérprete de don Domingo Chupica, cacique del pueblo de Checras, cuando éste hizo su testamento ante el notario Marcos de Esquivel.[7] En 1591, cuando se crea el corregimiento del Cercado, el corregidor reemplaza a las autoridades del cabildo en la tarea de designar a los alcaldes de indios. El objetivo del cambio era que las autoridades indígenas elegidas trabajaran estrechamente con la nueva autoridad espñaola de manera que el gobierno virreinal pudiera ejercer un mayor control sobre la población indígena de la ciudad. Uno de los argumentos señalados para explicar el reemplazo fue que los indios vivían dispersos en la ciudad por lo que era necesario un control más directo para establecer el orden.[8]

En el siglo XVII, hubo un ligero cambio. Los alcaldes indios eran elegidos entre los feligreses de las parroquias limeñas. En 1613, fueron convocados por el escribano Miguel de Contreras para organizar el empadronamiento de la población indígena de la ciudad. Los alcaldes debían informar sobre los lugares de residencia y trabajo de los indios de su parroquia para facilitar el empadronamiento. (CONTRERAS, [1613] 1968)

Durante los siglos XVI y XVII, ésta fue la forma de gobierno y control de los indios de la ciudad, primero con alcaldes nombrados por el cabildo y luego por el corregidor del Cercado. Durante todo este tiempo, los indios de Lima contaron con alcaldes, pero no tuvieron un cabildo. Es decir, no tenían una presencia política en la ciudad como cuerpo, no contaban con una instancia propia desde donde plantear solución a sus problemas. Esta situación se explica porque como colectivo, no tenían el reconocimiento legal que les permitiera organizarse para tener una presencia política en la urbe. El hecho de que un grupo importante llevase décadas residiendo en la ciudad, que varios fuesen limeños, miembros de cofradías, artesanos o servidores domésticos no llegaba a tener un impacto positivo en la manera como eran vistos por las autoridades locales, en consecuencia, su condición era siempre precaria y se cernía sobre ellos la amenaza permanente de que los sacaran de la ciudad. El principal argumento utilizado por las autoridades para justificar esta medida era que los indios vivían dispersos, no se encontraban congregados en torno a una parroquia propia por lo que nada aseguraba que estuviesen siendo evangelizados.

En la primera década del siglo XVII un grupo de indios, compuesto principalmente por migrantes del norte y miembros de la cofradía de Copacabana, buscó a través de la construcción de una iglesia conseguir un espacio que congregase a los indios que vivían en la ciudad. Después de un par de décadas de idas y venidas, la iglesia construida en honor a la virgen de Copacabana fue inaugurada en el barrio de San Lázaro en 1633.[9] En el lapso que va de la fundación de la cofradía en 1591 hasta la autorización del arzobispado para construir su iglesia, los cofrades de Copacabana habían conseguido ser reconocidos como indios católicos, lo que significaba que eran vistos como capaces de vivir en la ciudad con orden y doctrina. Este punto es particularmente relevante porque significaba que los indios vinculados a esta cofradía, principalmente los hermanos veinticuatro, no solo podían vivir y trabajar sin temor a ser trasladados fuera de Lima, sino que se les reconocía capaces de manejar de manera adecuada sus propias instituciones, en términos prácticos dejaban atrás su condición de menores de edad.[10] Lo señalado permite comprender porque en 1678 el arzobispado de Lima aceptó el pedido de los cofrades de Copacabana de ser reconocidos como los propietarios de su iglesia y con derecho a nombrar a sus capellanes en 1692. Este hecho marca un hito en el proceso de construcción del derecho de vecindad de los cofrades de Copacabana porque abrió la puerta para que a inicios del siglo XVIII los indios que residían en la urbe fuesen reconocidos como la corporación de los indios de Lima, con derecho a tener voz dentro de la ciudad a través de su propio cabildo.

 

La iglesia de Copacabana como centro de poder político

 

Las cofradías de indios artesanos se habían ido mudando a la iglesia de Copacabana desde la segunda mitad del siglo XVII. A inicios del siglo XVIII, las autoridades del cabildo se elegían entre los miembros de las cofradías gremiales de los sastres, petateros, zapateros y de los botoneros y sederos. La cofradía de San Miguel de los sastres y Santa Ana de petateros estaban fundadas en la iglesia de Copacabana, la de Crispín y Crispiniano de zapateros en la iglesia de San Lázaro y la del Señor del Triunfo de los sederos y botoneros en la capilla de Baratillo, todas ubicadas en el barrio de San Lázaro. Los veinticuatro de estas cofradías eran indios principales de los linajes del norte del virreinato y miembros de la cofradía de Copacabana.[11]

La ceremonia era convocada por el corregidor del Cercado y, a partir de la segunda mitad del XVIII, por el subdelegado del partido. El día señalado se reunían los alcaldes y regidores del cabildo en funciones en la sala capitular de la iglesia de Nuestra Señora de Copacabana para elegir a las nuevas autoridades, si el corregidor o el subdelegado estaban presentes presidían la reunión.[12] La forma que tomó la elección de los alcaldes y regidores fue rotativa, las cofradías de artesanos se turnaban para que uno de sus representantes, el que tenía el cargo de mayordomo ese año, asumiera el cargo de alcalde de la ciudad cuando era el turno de su cofradía. En 1786, Alberto Chosop era procurador de naturales. En un juicio que seguía contra el veedor del gremio de botoneros y gorreros declaró que era maestro botonero examinado y que había sido maestro mayor, veedor y alcalde ordinario de indios de la ciudad cuando le tocó el turno a su gremio de asumir el cargo de alcaldes.[13] Es decir, adaptaron a la situación limeña el modelo de rotación de los ayllus para la elección de las autoridades del cabildo en los pueblos de indios. En la ciudad de Lima no había ayllus, pero las cofradías de artesanos al constituir un grupo o comunidad con intereses en común y relacionados por lazos que no solo eran laborales sino muchas veces familiares y de paisanaje podían perfectamente asumir este papel como lo hicieron hasta que con el proceso de independencia el cabildo de indios de Lima se fusionó con el de la ciudad. La declaración de Chosop estaría indicando que, para ese momento, últimas décadas del siglo XVIII, los dos alcaldes de la ciudad estarían siendo elegidos entre las autoridades de la misma cofradía y no de dos diferentes como parece haber sido en años anteriores.

 

En pos de la promulgación de la cédula de los honores: las gestiones realizadas desde el cabildo limeño

 

En 1716, don Vicente Morachimo, noble originario del valle de Chicama en la circunscripción de Trujillo, viajó a Lima para denunciar ante el virrey y la audiencia los abusos cometidos por el corregidor contra él y los pobladores indios del valle. En ese momento gobernaba el Perú el virrey príncipe de Santobuono (1716-1720) que lo nombró procurador general de los cuatro pueblos del valle de Chicama para que se haga cargo personalmente de la defensa de sus indios. (MATHIS, 2017: 141) Durante los siete años que residió en Lima ejerciendo el cargo de procurador, estableció lazos con los miembros de las elites indígenas de la ciudad. Como descendiente de los gobernantes Chimú, sus relaciones fueron más estrechas con los miembros de la elite norteña residente en Lima que tenía como centro de sus actividades religiosas, sociales y políticas a la iglesia de Nuestra Señora de Copacabana, construida gracias a las gestiones realizadas por los miembros de la cofradía del mismo nombre en 1634.[14] Las gestiones que Morachimo realizó en Lima como procurador no tuvieron el éxito esperado por lo que decidió viajar a España a solicitar justicia directamente al rey.[15] Cuando anunció que partía a España los miembros del cabildo limeño reunidos en la iglesia de Copacabana lo nombraron su procurador con el encargo de conseguir la sobrecarta de la cédula de los honores, otorgada en favor de los indios en 1697. (MATHIS, 2017: 279) Establecido en la corte recibe cartas de caciques desde distintas regiones del virreinato pidiéndole que interceda por sus causas, otorgándole poderes para que los represente en la corte.[16] Es así que asume el papel de procurador general de los naturales del Perú, lo que legitima su presencia en Madrid, y lo faculta para pedir al rey la sobrecarta. El 28 de febrero de 1725, el rey atendió su pedido y emitió la real cédula de 1725, con las mismas prerrogativas concedidas en la real cédula de 1697:

 

“Y aunque en lo expecial de que puedan assender los yndios a los puestos eclesiásticos o seglares, gobernatibos, políticos y de guerra que todos piden limpiesa de sangre, y por estatutto la calidad de nobles, ay distinsion entre los yndios y mestisos o como (f. 3v) desendientes de los yndios prinsipales que llaman caciques o como procedidos de yndios menos prinsipales que son los tributarios, y que en su gentilidad reconocieron vasallaxe, se considera que a los primeros y sus descendientes se les deben thodas las preheminencias y honras assí en lo ecleciástico como en lo secular que se acostumbran conferir a los nobles hijosdalgo de Castilla, puedan partisipar de qualesquiera comunidades que por estatuto pidan noblesa, pues es constante que estos en su gentilismo heran nobles (…) (f. 4r) y si como los yndios menos prinsipales o descendientes de ellos en quienes concurre puridad de sangre, como descendientes de la gentilidad sin mescla de ynfección u otra setta reprobada, a éstos tambien se les debe contribuyr con thodas las prerrogatibas y dignidades y honras que gosan en España los limpios de sangre que llaman de el estado general…”.[17]

 

Informado de los resultados positivos de su gestión, Morachimo procedió a enviar una copia a la iglesia de Copacabana que llegó a Lima en febrero de 1726. Inmediatamente, los alcaldes convocaron a una reunión en la sala de sesiones del cabildo, en la iglesia de Copacabana. El objetivo era redactar un memorial destinado al virrey marqués de Castelfuerte (1724-1736) para pedirle que publique la real cédula.[18] Entre los asistentes estuvo don Juan Bustamante Seballos Carlos Inca, que se encontraba en ese momento en la ciudad. Lo que muestra que la reunión convocada por los alcaldes no fue cerrada y que más bien lo que los organizadores buscaban era congregar la asistencia del mayor número posible de nobles indígenas, pues mientras mayor número de firmas incluyese el documento más legítimo sería el pedido. Era necesario que la real cédula fuese publicada, por lo que le pedían que se dé a conocer por bando por las calles acostumbradas con la solemnidad que pedía la materia.[19] Los firmantes del memorial fueron: don Joseph de la Cueva, don Joseph Chimo Parral Ligua, el cacique y gobernador de Manta; don Lorenzo de Avendaño, teniente y cacique principal del pueblo de San Miguel de Miraflores, pueblo de la comarca limeña; don Juan de Bustamante Carlos Ynga, noble cuzqueño descendiente del inca Huayna Capac;[20] don Salvador Puycón, noble chiclayano, maestre de campo del batallón de naturales; don Francisco Taulli Chumbi Saba Capac Ynga, cacique principal, gobernador y guardia mayor de los puertos de Pachacamac y Lurín ubicados en la comarca limeña; don Joseph de Castro, teniente de maestre de campo de los naturales de Lima; don Rodrigo Mateos Gago Quillay, veinticuatro de Copacabana;[21] don Jacinto Chumbi, capitán de la Rinconada; don Joseph Donoste; don Juan Bautista de Arteaga, capitán de Guamanga; don Ramón de la Rosa y Toledo y don Alfonso Poma Condor Ynca.[22] En total firmaron el memorial catorce nobles indígenas entre residentes y estantes en la ciudad. El 14 de febrero, el Real Acuerdo emitió el auto que confirmaba el dictamen favorable que se había alcanzado firmado por el virrey de Castelfuerte.[23] A pesar de la respuesta favorable de las autoridades locales la real cédula no fue publicada, pero las noticias sobre las prerrogativas que concedía a las elites indígenas fueron ampliamente conocidas.

Ante el incumplimiento de la promulgación de la sobrecarta de 1725 y de la real cédula de 1733, que mandaba que los indios capacitados para el cargo sean nombrados protectores de naturales, los miembros de la elite de Copacabana optaron por tomar otras medidas.  A fines de la década de 1740, decidieron que había llegado el momento de enviar a uno de sus miembros a la corte en Madrid para asegurarse que el rey y su consejo obligasen a las autoridades en Lima a publicar las reales cédulas dadas a su favor. Las acciones a llevar a cabo eran decididas en las reuniones del cabildo que, como en años anteriores, tenían lugar en la sala capitular de la iglesia de Copacabana. Después de las celebraciones por la coronación los días 21 y 22 de febrero, las elites indígenas de la ciudad volvieron a reunirse en la sala capitular de Copacabana para decidir las medidas que iban a tomar. El liderazgo del grupo lo asumió don Francisco Mangualú Seballos de Colán, indio principal de Colán, pueblo ubicado al norte del virreinato, que había sido uno de los comisarios de la fiesta.[24] Las elites acordaron redactar un memorial para exponerle al monarca la situación de postergación en que se encontraba la nación índica al no cumplirse ninguna de las reales cédulas que habían sido dadas a su favor. Pero esta vez el objetivo no era solo conseguir que se publiquen las reales cédulas, sino lograr que el rey exija el cumplimiento de la del año 1733, para que los indios nobles pudiesen acceder al cargo de protector general de naturales.[25]

La escritura del memorial se hizo con el aporte de todos los asistentes a las reuniones, entre los que se encontraba el donado mestizo fray Calixto de San José Túpac Inca, miembro de la orden franciscana.[26] La corrección final del documento fue responsabilidad de Francisco Magualú Seballos, según él mismo señaló en una carta que envió a Bustamante Carlos Inca afincado en Madrid.[27] Terminada la redacción se sacaron varias copias y el cabildo de indios designó a don Francisco, “uno de los suyos”, como diputado general para presentarlo en la corte de Madrid.[28]

No debe llamar la atención que Mangualú haya salido elegido, al estar el cabildo de indios controlado por los principales norteños, lo lógico era que eligiesen a “uno de los suyos” para cumplir con la tarea. Lo particularmente destacable de su designación es que tuvo lugar se antes de su partida. A diferencia de miembros de elites indígenas de otras regiones que se convertían en diputados y procuradores una vez que llegaban a la corte, como era el caso del mismo don Juan de Bustamante Seballos Carlos Inca, Mangualu Seballos iniciaba el viaje como representante de la corporación indígena de Lima.

Todo hacía pensar que don Francisco Mangualu lograría llegar a la corte sin problemas. El padre Manuel Antecha, de la orden de los agonizantes, que estaba viajando a Madrid había aceptado llevarlo como su acompañante y ayudarlo con el dinero necesario para cubrir los gastos del viaje. Mangualú Seballos salió de Lima confiando en que lograría realizar la travesia. Pero mientras esperaban en el puerto de Buenos Aires para embarcarse hacia España, el religioso cambió de opinión. De acuerdo con don Francisco, Antecha le dijo que le preocupaba que estando recién casado dejase a su mujer por acompañarlo, que lo más conveniente era que volviese a Lima.

Para don Francisco, el padre se arrepintió de apoyarlo porque le dijeron mentiras sobre las actividades que pensaba realizar en la corte. Las sospechas de don Francisco recaían en las autoridades criollas limeñas que enteradas de su viaje habrían dado aviso para que se le impida embarcarse alegando que “su venida a essa corthe hera muy perjudicial a los españoles,”[29] como le manifestara a Bustamante Seballos en carta enviada desde el puerto de Buenos Aires en junio de 1749.

Para Mangualú Seballos era evidente que las reuniones de las elites en Lima seguían bajo sospecha y que prohibiendo que pasen a la corte buscaban impedir que una intervención más directa del monarca en la publicación de las reales cédulas. La alternativa que le quedaba a don Francisco era intentar pasar solo, lo que era casi imposible si como sospechaba las autoridades estaban detrás del cambio de opinión de Antecha, pero lo que realmente lo detuvo fue no tener el dinero suficiente para realizar el viaje. Ante esa situación, decidió regresar a Lima, aunque antes encargó a una persona que estaba pasando a España que entregase los documentos que llevaba a don Juan de Bustamante, que sería el encargado de presentarlos al monarca.[30]

Las expectativas de las elites indígenas de la ciudad ante el viaje de Mangualú Seballos eran muy grandes. Para diciembre de 1748, varios consideraban que ya se encontraba en España y esperaban noticias suyas. Al enterarse que no había podido pasar y que se encontraba en camino de regreso a la ciudad la frustración se apoderó del grupo, llevando a algunos a concluir que la única alternativa que quedaba era participar de la rebelión que un grupo de indios residentes en el barrio de Santa Ana estaba organizando con el objetivo de deshacerse de los españoles.[31] Los líderes de la movimiento eran olleros estrechamente vinculados con Huarochirí, provincia en la sierra de Lima de donde procedía la mayor parte de los olleros residentes en la ciudad. Si bien se trataba de un grupo de indios distinto al que había estado detrás del viaje de Mangualú Seballos, hubo miembros de la elite de Copacabana que tomaron parte en la rebelión.

Los que optaron por tomar la vía rebelde fueron los que sentían que su situación era cada vez más precaria y que ya no tenían nada que perder. En el tiempo que llevaban intentando que las reales cédulas entrasen en vigencia habían desarrollado un gran rechazo hacia los criollos. Los veían como personajes decididos a negarles cualquier posibilidad de mejorar su situación y que no iban a permitir que se les reconociera su condición de nobleza.

Uno de los miembros de la elite norteña que decidió tomar parte en la rebelión y murió ajusticiado fue don Pedro Santos Sucuten, originario de Lambayeque, mayordomo de la cofradía de Copacabana en 1720 y que había participado en la fiesta por la coronación de Fernando VI representando al Chimo Cápac.[32] Esta información muestra que no se trata de cualquier integrante de la elite norteña sino de uno de sus miembros más representativos. El hecho que hubiese sido mayordomo en 1720, muestra que desde esa época tenía prestigio e influencia dentro de los hermanos veinticuatro de la cofradía. Aunque no hay rastros de que hubiese sido mayordomo nuevamente, es difícil pensar que haya sido postergado si representó al Chimo Cápac en la fiesta de 1747. Además, es uno de los interlocutores de don Juan de Bustamante y en una carta que le escribe en noviembre de 1748 se puede ver las esperanzas que tenía en que las gestiones de Mangualú Seballos culminasen con éxito,

 

“(…) le suplico en nombre de todos sus hermanos los de esta nacion abatida copere quanto pudiere sea recivido y atendido el comisario que embía y ba a esa real corte que es don Francisco Manhualu y Zeballos, yndio muy leal servidor de su magestad para que se le de a mano y se vea en aquella honra y estimacion que se debe dar a quien representa pobre y abatido a toda su nación abatida y pobre (…)”.[33]

 

Desde su mirada, y la de otros nobles indígenas, la nación índica se encontraba postergada. En lugar de tener la posición que le correspondía por la grandeza de su pasado y por las prerrogativas concedidas por las reales cédulas desde 1697 el “cuerpo de la nación yndia [estaba] reducida a pigmea y a la nada.” En consecuencia, los nobles indígenas tampoco podían ocupar el lugar que les correspondía en la sociedad. Al respecto Mangualu Seballos señalaba “guardo en la memoria y papeles la antiguëdad de mi esclarecido origen, que es del gran Chimu, rey curaca soberano que fue destos valles del Perú,” sin embargo “por ahora no hago más papel en esta tragedia nuestra que el de un pobre zirujano (…) que honradamente mantiene su familia”.[34]

La frustración de los nobles norteños llevó a un pequeño grupo de ellos a unirse a otros grupos indígenas de la ciudad cuya situación era de menor reconocimiento y que se veían afectados por disposiciones que los Borbones estaban estableciendo y que los colocaban en una situación de más precariedad. Los miembros de la elite de Copacabana que decidieron apoyar la rebelión no estaban en contra del monarca, más bien consideraban que habían sido favorecidos con las reales cédulas que les había otorgado. El problema era que estas disposiciones quedaban en letra muerta al llegar al Perú. Las esperanzas que había tenido Santos Sucuten en el éxito de las gestiones de Mangualú Seballos, que le permitiría disfrutar en sus últimos días de su condición de nobleza y asegurar esa posición para sus descendientes, lo llevó a tomar una medida desesperada que lo condujo a la muerte y a la deshonra. Con sus acciones, el prestigio que disfrutaba quedó manchado y los miembros de la elite de Copacabana marcaron distancia; desconocieron su condición de nobleza señalando que fue sillero, que devino en barbero y luego en cirujano, afirmaron que nadie lo reconocía como descendiente de los señores Chimú y como si eso no fuese poco lo tildaron de “yndio botado que podría cer otro Judas”.[35] Es evidente que la dureza utilizada en el caso de Santos Sucuten, confirma que se trataba de unos de los suyos, con el que solo quedaba romper de manera drástica aunque eso significase destruir su reputación; mostrando consternación y enojo por el engaño del que habían sido objeto “los más fieles vasallos del rey de España”.

En 1762 el cabildo de indios de la ciudad retomó las gestiones, pero esta vez ante la corte limeña. Las acciones se centraron en conseguir que el cargo de procurador general de naturales se eligiese entre los miembros de las elites indígenas. Los argumentos que utilizaron para lograr su objetivo giraron en torno a dos puntos: la imposibilidad de los nuevos protectores de darse abasto para atender las numerosas causas que tenían a su cargo y la capacidad de las elites indígenas para asumir la defensa de los miembros de su nación. En el primer caso, los indios alegaban que, desde la muerte de los últimos protectores generales, Joseph Mexía de Estela y Melchor de Carbajal, las causas indígenas no estaban recibiendo la suficiente atención. La razón, señalaban, era que antes los protectores generales de naturales sólo se encargaban de ver las causas indígenas, pero los nuevos protectores designados se ocupaban también de la defensa de los españoles y de las castas, señalando que por estar “preocupados con tantos negocios” no podían defender bien a los indios.[36] En esta oportunidad, en lugar de quejarse o señalar la falta interés de los procuradores en ver sus causas, se centraron más bien en mostrar que no podían dedicarse a ver las causas indígenas porque también debían prestar atención a los otros grupos sociales. Por lo que pedían que el oficio pasase a manos de los indios con lo que disminuiría la carga para los procuradores y así podrían atender mejor las causas de españoles y castas que seguirían bajo su cuidado.

El segundo argumento debía ser lo suficientemente sólido para que no hubiese duda de que los miembros de las elites indígenas estaban capacitados para asumir el cargo. Señalaron que desde que se promulgó la real cédula de 1735, muchos indígenas habían sido ordenados sacerdotes sin que hubiese ninguna queja sobre su comportamiento como era “público y notorio”. Razón por lo cual era muy cuestionable que el protector fiscal se opusiera al nombramiento de indios como procuradores generales, siendo justamente él quien debía velar porque las leyes a favor de los indios se cumpliesen.[37] Motivo por el que solicitaban al virrey que diese cumplimiento a la real cédula de 1735 y se nombre en el cargo de protector general de indios a dos miembros de la población indígena tal como ordenaba la real cédula. 

 

Los procuradores indios: el triunfo de la elite de Copacabana 

 

El 10 de julio de 1767, el virrey Amat promulgó el bando por el que entraron en vigencia las reales cédulas que otorgaban a los indios el derecho a ser nombrados en cargos administrativos y judiciales equiparando a los miembros de la nación índica con los miembros de la nación española. Todo aquel que se identificase como indígena y pudiese probar que era indio por sus cuatros costados, es decir hijo y nieto de indios, y que tuviese los conocimientos necesarios para el oficio podía ser nombrado en el cargo como cualquier otro vasallo español del monarca. Tan pronto se tuvo conocimiento del mandato del virrey Amat, los nobles indígenas de la ciudad se aprestaron a presentar sus candidaturas para el cargo. Los seleccionados fueron don Alberto Chosop Chafo y don Santiago Ruiz Túpac Yupanqui Inga.[38]

La trayectoria de Alberto Chosop Chafo permite hacerse una idea de los pasos que debían seguir los indios principales que llegaban a la ciudad para conseguir ubicarse exitosamente como miembro de las elites indígenas de Lima. En el caso de Chosop, su nombramiento como procurador general muestra el poder que tenía la elite norteña de Copacabana en ese momento. Alberto Chosop llegó a la ciudad bastante joven procedente de San Pedro de Mórrope en Lambayeque para aprender el oficio de botonero. Era hijo de don Ignacio Chosop, del mismo pueblo, y de doña Melchora Chafo, natural de Santa María de Chiclayo también en Lambayeque[39] Al cabo del tiempo establecido se convirtió en oficial botonero y, como otros principales indígenas que contaban con los medios económicos, abrió su taller y pasó a ser reconocido como maestro.[40] Al igual que otros migrantes que buscaban establecer relaciones y subrayar su identidad cristiana, Chosop se hizo miembro de varias cofradías de indios de la ciudad. Como correspondía por su oficio, ingresó en la hermandad del Señor del Triunfo, fundada por los botoneros indígenas en la capilla del Baratillo en el barrio de San Lázaro. Por su cercanía con los franciscanos fue cofrade de la Candelaria, en calidad de hermano veinticuatro. Este vínculo lo mantuvo a lo largo de toda su vida, en su testamento pidió ser enterrado en la iglesia de San Francisco vistiendo el hábito de la orden.[41]

En 1758, luego de la apertura de su taller y del reconocimiento de su condición de maestro, asumió el cargo de mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de Copacabana.[42] Poco tiempo después, decidió pasar el examen de maestro obteniendo el reconocimiento formal de los maestros españoles y del cabildo de la ciudad.[43] Entre los cargos que componían la jerarquía gremial llegó a ocupar el de veedor. Como tal, estuvo encargado de supervisar el cumplimiento de las ordenanzas del oficio. A través de la hermandad del Señor del Triunfo participó en las reuniones del cabildo de indios, siendo elegido alcalde en 1760.[44]

Como miembro del cabildo indígena participó en las gestiones que las elites indígenas realizaron ante la corte limeña para conseguir que los indios principales pudiesen acceder al cargo de protector de naturales. Al culminar las gestiones con éxito debido al personal interés puesto por el virrey Amat, Chosop fue nombrado protector general de naturales en 1763.[45] El ejercicio del nuevo cargo no le impidió mantener en funcionamiento su taller, por el contrario, logró en 1786 la autorización para abrir una segunda tienda a pesar de la oposición de los otros maestros botoneros.[46] Mantuvo el cargo y la propiedad de ambos talleres hasta el final de su vida. La exitosa trayectoria de Alberto Chosop muestra que, hacia finales de la década de 1760, la elite indígena de Copacabana era sin duda la más poderosa de la ciudad de Lima. Tan pronto como fue posible que los indios accediesen al cargo de procuradores, consiguió colocar a uno de sus miembros[47]. Presentar el caso de Alberto Chosop es particularmente relevante porque encarna a la perfección las caracteristicas de un miembro de la elite norteña: lambayecano, artesano y cofrade de Copacabana.

 

La élite indígena norteña, la iglesia de Copacabana y el cabildo de indios de Lima

 

Importantes contribuciones sobre la población indígena de Lima la situan principalmente en dos espacios: el pueblo de Santiago del Cercado, ubicado extramuros de la ciudad, y los alrededores de la iglesia de Santa Ana. Efectivamente, ambos fueron espacios de residencia de elites y comunes indígenas provenientes de lugares como la sierra de Lima, la sierra central y el sur del virreinato. En Lima existió también otro espacio donde se afincaron indios procedentes del norte del virreinato, de ascendencia moche y chimú mayoritariamente. Estos eran sobre todo artesanos norteños, varios de ellos vinculados con familias cacicales, que asumieron el control de la cofradía de Nuestra Señora de Copacabana, cuerpo que les permitió ser identificados como indios católicos. La importancia que tuvo para los miembros de las sociedades de Antiguo Régimen el pertenencer a una corporación se conoce bastante bien; sin embargo, se sigue conociendo bastante menos sobre lo relevante que fue para los indios, en particular para los migrantes establecidos en las ciudades, integrar las corporaciones.  En Lima, la cofradía de Nuestra Señora de Copacabana fue el cuerpo que permitió a los maestros norteños en su condición de hermanos 24 constituirse en una elite católica que supo manejar con éxito la fama y bienes de la virgen, abriendo la puerta para ser identificados además de católicos como capaces de manejar sus propias instituciones. Es decir, como colectivo pasaron a ser identificados como católicos y capaces lo que era inusual, lo más común es que estos atributos fuesen reconocidos de manera indivual a algunos indígenas.

El exitoso manejo de su cofradía y su reconocimiento público como indios católicos les permitió ganar la condición de vecinos (podían vivir con orden y doctrina en la ciudad) y manejar sus propias instituciones. De ahí que el pedido para fundar una iglesia donde poder congregarse y rendir culto a su virgen fuese aceptado por el arzobispado tan temprano como en 1617. La iglesia de Copacabana, terminada de construir en 1632, se conviertió poco a poco en el centro religioso y también político para la elite norteña y las otras elites de la ciudad. Paulatinamente, las elites indígenas fueron trasladando sus cofradías de culto y gremiales de las iglesias donde las habían fundado, ubicadas en diversos barrios de la ciudad, a la de Copacabana que había ganado el reconocimiento como el centro religioso de los indios de Lima. En el iterin, los veinticuatro de la cofradía continuaron haciendo peticiones ante el arzobispado limeño para obtener una mayor autonomía a la par que consolidaban su posición como una elite católica y capaz. El pedido de reconocimiento de propiedad de su iglesia, nombramiento de sus capellanes y construcción de un beaterio en 1693 fueron todos pedidos aceptados por el arzobispado limeño. Las demandas ganadas aunque vinculadas con cuestiones religiosas eran también reivindicaciones políticas. A fines del siglo XVII, la elite de artesanos norteños no solo había tenido éxito en todas sus gestiones sino que había cimentado, probablemente como resultado de este éxito, su posición de liderazgo entre las elites indígenas de la ciudad y su iglesia el sitial de centro religioso y político de los indios de Lima. Se entiende entonces que los indios organizados como un cuerpo político tengan su cabildo en Copacabana donde las cofradías gremiales, adaptándose a una práctica ejercida en los cabildos rurales, donde rotaban las parcialidades, hayan ejercido por turnos los puestos de autoridad en el gobierno de los indios limeños. Las gestiones de mayor envergadura destinadas a conseguir que se haga efectiva la cédula de los honores se realizaron bajo el liderazgo de la elite norteña en el cabildo de indios que funcionaba en la iglesia de Copacabana ubicada en Lima y no en el barrio del Cercado ubicado en los extramuros de la ciudad.

 

 

 

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