LA ENAJENACIÓN DE LOS PATRONATOS ECLESIÁSTICOS DE REALENGO DURANTE LA GUERRA DE SUCESIÓN. FINANCIACIÓN DE LAS FÁBRICAS DE ARMAS Y LA RENOVACIÓN DE ÉLITES: EL CASO DEL DUQUE DE CIUDAD REAL (1707-1714)

 

                                                                              

 

Rafael Guerrero Elecalde

Universidad de Granada, España

 

 

 

 

Recibido:        08/01/2024

Aceptado:       14/06/2024

 

 

 

 

Resumen

 

En este trabajo indaga sobre la enajenación de los patronatos laicos eclesiásticos durante la Guerra de Sucesión. Estos derechos, de origen medieval y que otorgaron un gran poder en la comunidad, fueron desempeñado en distintas iglesias vascas de forma hereditaria por la familia Idiáquez (duques de Ciudad Real), gracias a las mercedes conseguidas de la mano de los Austrias. Sin embargo, en los primeros años de su reinado, decidió manejar sus rentas para financiar la Real Fábrica de Armas de Placencia, lo que provocó, junto con otros acontecimientos, la marginación de dicha familia guipuzcoana. Desde un enfoque de microanálisis, se puede contemplar los importantes cambios que se llevaron a efecto desde la misma llegada del primer rey de la dinastía Borbón, lo que conllevó una importante renovación de elites gobernantes.

 

Palabras clave: patronato; País Vasco; Guerra de Sucesión; élites; Felipe V.

 

 

THE ALIENATION OF THE ROYAL ECCLESIASTICAL PATRONAGES DURING THE WAR OF THE SPANISH SUCCESSION. FINANCING OF THE ARMS FACTORIES AND THE RENEWAL OF ELITES: THE CASE OF THE DUKE OF CIUDAD REAL (1707-1714)

 

Abstract

 

In this paper it is investigated the alienation of the ecclesiastical lay patronages during the War of Succession. These rights, of medieval origin and which granted great power in the community, were held hereditarily in different Basque churches by the Idiaquez family (Dukes of Ciudad Real), thanks to the grants obtained from the Hapsburgs. However, in the early years of their reign, Philip V decided to use their rents to finance the Royal Arms Factory of Placencia, which, together with other events, led to the marginalisation of this Guipuzcoan family. From a micro-analytical point of view, it is possible to contemplate the important changes that took place from the very arrival of the first king of the Bourbon dynasty, which led to an important renewal of the ruling elites.

 

Keywords: patronage; Basque Country; War of the Spanish Succession; elites; Philip V.

 

 

Rafael Guerrero Elecalde. La trayectoria curricular es fruto de veinte años de trabajo sostenido vinculado a varias universidades y departamentos. Doctor en Historia en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), en Historia Moderna, dedica su principal línea de investigación principal se dirige a las elites gobernantes de la España del Antiguo Régimen (Guerra de Sucesión, administración y corte de Felipe V y sus vinculaciones con los territorios de la Monarquía). Fue becario del Programa de Formación de Investigadores del Gobierno Vasco (1999-2003) y, desde 1998, participa en grupos de investigación adscritos a la Universidad del País Vasco, así como en otros de carácter internacional. Ha sido Investigador Contratado Doctor en el Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), durante el 2017 y 2018 y, en la actualidad, es profesor Ayudante Doctor en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad de Granada. También, desde 2001, pertenece al consejo de redacción de la Revista Prohistoria (Argentina), especializada en Humanidades y Ciencias Sociales.

Correo electrónico: rgelecalde@ugr.es

 

 

LA ENAJENACIÓN DE LOS PATRONATOS ECLESIÁSTICOS DE REALENGO DURANTE LA GUERRA DE SUCESIÓN. FINANCIACIÓN DE LAS FÁBRICAS DE ARMAS Y LA RENOVACIÓN DE ELITES: EL CASO DEL DUQUE DE CIUDAD REAL (1707-1714) ^·

 

 

 

La Guerra de Sucesión: un momento de urgencia y cambio

 

La llegada de la dinastía borbónica al trono español marcó el inicio de un conflicto internacional conocido como la Guerra de Sucesión. Éste se extendió a lo largo de casi dos décadas y adquirió una dimensión global, con las principales Coronas europeas tomando partido. La disputa principal enfrentó al archiduque Carlos de Austria contra Felipe de Anjou, quien había sido designado según el testamento de Carlos II el nuevo monarca. La guerra tuvo ramificaciones en diversos frentes y desencadenó importantes cambios políticos y territoriales en Europa (KAMEN, 1974; ALBAREDA, 2010).

En este momento, como la autoridad de su nieto estaba en entredicho, Luis XIV demostró un interés particular en dirigir las políticas gubernamentales de la corte de Madrid. Con este fin, envió desde Francia a varios de sus representantes que trabajaron, junto con los miembros más destacados del partido profrancés de la corte de Carlos II, para afianzar en el trono al joven e inexperto soberano. Su principal labor fue asesorar a Felipe V en los asuntos de la Monarquía, consolidando de esta manera la influencia francesa en la toma de decisiones en la corte española (DESOS, 2009; DUBET, 2007; LÓPEZ-CORDÓN, 2000; CASTRO MONSALVE, 2004; HANOTIN, 2018).

Rápidamente, este círculo de toma de decisiones se formalizó como el Consejo de Gabinete (o de Despacho), donde el embajador de Luis XIV ejerció una considerable influencia. Asimismo, facilitó la entrada de la princesa de los Ursinos en los círculos reales, designándola como camarera de la reina y estableciéndola como la figura predominante en los ámbitos de poder menos "protocolarios". Este cuerpo directivo asumió la responsabilidad de llevar a cabo significativas reformas en la Monarquía, siendo Juan Orry el individuo seleccionado por el monarca para liderar la implementación de estas medidas (HANOTIN, 2009; DUBET, 2008). El nuevo diseño se inspiró en la estructura de la casa de Francia e introdujo nuevas instituciones de gobierno. Esto incluyó la reorganización de la Secretaría del Despacho, la creación de la Tesorería Mayor de Guerra, y la formación de las guardias reales y de corps. Estos cambios tuvieron un impacto significativo en los Consejos tradicionales, que experimentaron una pérdida general de poder. La reconfiguración se extendió a las corporaciones administrativas y gubernamentales de la Monarquía, generando una nueva dinámica en las relaciones entre el rey y sus súbditos (DUBET, 2018; DEDIEU, 2000; DUBET, 2007; LÓPEZ-CORDÓN, 2000; CASTRO MONSALVE, 2004).

En medio de las urgencias de la guerra y la profunda crisis de la real Hacienda, Felipe V se vio obligado a implementar diversas medidas para obtener recursos. Estas medidas estaban dirigidas, en su mayoría, a recuperar concesiones sobre el patrimonio real que habían sido otorgadas a diferentes individuos y sus casas. Estas concesiones habían permitido disfrutar de significativos beneficios económicos, además de otras prerrogativas de carácter honorífico y privilegiado.

Desde el inicio de la guerra, las demandas generadas por el conflicto llevaron a que Orry se centrase en fortalecer la Hacienda real, especialmente en lo concerniente a la mejora y aumento de los ingresos de la Corona. Este logro se materializó sin la necesidad de introducir nuevos impuestos significativos, sino más bien mediante mejoras en la gestión de los impuestos existentes, con especial énfasis en las rentas provinciales, que experimentaron un incremento del 20% (AYERBE IRÍBAR, 2011).

Además, se emplearon ingresos extraordinarios, como los donativos de guerra, que, aunque se presentaban como voluntarios, conservaban cierto carácter de obligatoriedad (DUBET, 2018). Para mejorar las arcas reales durante la Guerra de Sucesión, se implementó una política activa de venta de oficios y honores, dirigida principalmente a financiar el conflicto, pero también la retención de los rendimientos de otros bienes relacionados con el patrimonio real, como fue los réditos de los patronatos laicos eclesiásticos (DEDIEU, 2000; GUERRERO ELECALDE, 2012).

Esta estrategia involucró no sólo a la participación de los ministros encargados de las finanzas, dejando a los Consejos al margen, sino también a la colaboración de otros agentes cercanos al rey comprometidos con la causa borbónica: Grimaldo, Ursinos, Amelot, Moriana o Goyeneche, por ejemplo (ANDÚJAR, 2008 y 2011). 

En las provincias vascas, al igual que en numerosas corporaciones de la Monarquía, llegaron órdenes de Felipe V para abordar sus necesidades de financiamiento de la guerra. Estas negociaciones entre las corporaciones y la Corona estuvieron entrelazadas con otras, en las que también participó el Señorío, centradas principalmente en la recaudación de impuestos por parte de Felipe V para sufragar los costos de la guerra.

En este caso, los fondos recaudados estarían destinados a la Real Fábrica de Armas de Placencia, dirigida recientemente por Miguel Francisco de Salvador. Entre las diversas medidas implementadas en el territorio se encuentran aquellas relacionadas con los impuestos sobre el tabaco y la castaña, la enajenación de la prebostada de la villa de Bilbao (LABORDA, 2012), y la retención de rendimientos de otros bienes relacionados con el patrimonio real, como fueron los réditos de los patronatos laicos eclesiásticos.^[1]

 

Los patronatos eclesiásticos laicos: una importante fuente de capitales y de poder en las comunidades locales

 

Los patronatos eclesiásticos laicos presentan una realidad muy heterogénea y compleja para definir, por estar llena de particularismos locales. Su origen se encuentra en el siglo XI, cuando el Papa otorgó concesiones por bula sobre las iglesias refrendadas erigidas durante la Reconquista que, con el tiempo, se fueron ampliando y consolidando por la reclamación de los sucesivos reyes castellanos y aragoneses (PITARQUE DE LA TORRE, 2001-2002; CATALÁN MARTÍNEZ, 2004). El fortalecimiento del régimen del patronato laical fue especialmente significativo en las diócesis de Burgos, Palencia, Calahorra y Pamplona, donde predominaban las iglesias propias (CATALÁN MARTÍNEZ, 2004), en un fenómeno que se alargó durante todo el Antiguo Régimen.

En general, los patronatos eclesiásticos laicos se pueden distinguir en dos tipos. Por una parte, están los diviseros o de particulares, los cuales fueron obtenidos a través de la fundación de una iglesia con su posterior dotación y mantenimiento. Estos patronatos emergieron como respuesta a una necesidad de evangelización en una región montañosa y de difícil acceso para las instituciones eclesiásticas (CATALÁN MARTÍNEZ, 2000; PEREYRA, 2011).

Por otro lado, se encuentran los de realengo (también conocidos con el nombre de patronato real o mercenario), que eran laicos y reales (LARREA, 2000). La gestión de estas iglesias por parte de los monarcas se fundamentó en la concesión por merced a servidores leales, para corresponder los apoyos prestados (en su mayoría de carácter militar o administrativos) y, de este modo, consolidar vínculos de fidelidad entre sus vasallos. Las mercedes concedidas no fueron iguales en todas las iglesias, ni tuvieron las mismas condiciones en el traspaso y, además, a sus patronos no se les exigía un título de posesión, como sí sucedía con los diviseros (LARREA, 2000; SÁNCHEZ IBÁÑEZ, 2020).

En cuanto a los derechos, el patrono se benefició de ciertos privilegios, como la percepción de diezmos o el derecho de nombramiento o tener un sitio reservado en la iglesia), por lo que se trata de importantes privilegios materiales e inmateriales, fundamentales para ejercer el poder en la comunidad. Sin embargo, también se le exigió contrapartidas y obligaciones, con respecto al mantenimiento del culto, la manutención decorosa de la fábrica y de los bienes patrimoniales del beneficio o la exacción de una pensión anual sobre las rentas del beneficio. A lo largo del tiempo, estos aspectos fueron fuente de conflictos, ya que el reconocimiento del poder y de la autoridad del patrono en las iglesias fueron combatidos por los concejos de las villas, los cuales intentaron contrarrestar el poder emanado de dichos derechos. (CATALÁN MARTÍNEZ, 2004; BARRIO GOZALO, 2009; DÍAZ DE DURANA, 1998; SÁNCHEZ & DÍAZ DE DURANA, J2023).

Sin embargo, tal y como plantea LARREA (2000), se podía perder el derecho de patronato, a pesar de estar estipulados a perpetuidad. Las razones pudieron ser diversas como, por ejemplo, la voluntad del fundador, el cambio de la iglesia, la extinción, los embargos debidos a la falta del título de posesión y, por último, problemas probatorios derivados de poseer un patronato prescrito.

Desde finales del siglo XV, durante y tras la lucha de bandos, los Reyes Católicos provocaron una transformación de las relaciones de poder entre la Corona y sus servidores, donde se produjo un proceso de afirmación de la autoridad real, por lo que el patronazgo real alteró definitivamente las formas de acceso a la figura del soberano y al poder (HESPANHA, 1993; CLAVERO, 1991). Respecto a los derechos de patronato eclesiástico, estos monarcas también establecieron mediadas más estrictas de control, gracias a la reforma eclesiástica llevada a cabo por el cardenal Cisneros (POLO MARTÍN, 1999; PORRES MARIJUAN, 1999).

Por eso mismo, aunque las iglesias de patronos mercedarios de legos y realengos no podían ser usufructuadas por sus patronos más que por una vida, con el tiempo y debido a una continuación por esa persona en los de servicios al soberano, solía ser renovado y heredado dentro de la misma familia (CATALÁN MARTÍNEZ, 2004; CURIEL YARZA, 2009; DÍAZ DE DURANA, 1998).

Estas formas de patronato eclesiástico laico fueron insertándose desde comienzos del siglo XVI en los fueros y leyes de las provincias vascas, reconociéndose la existencia de los dos tipos, aunque estuvieron integrados de forma diferente según los casos. Las iglesias en Álava se mantuvieron enmarcadas en una estructura diocesana, pero con amplios privilegios y prerrogativas como el derecho de los cabildos parroquiales a designar sus miembros. El escenario en Guipúzcoa y Vizcaya presentaba una peculiaridad en cuanto a los derechos sobre las iglesias. La gran mayoría de estas estructuras eran propiedad de laicos, lo que implicaba que las diferencias legislativas en estas provincias tenían un impacto directo en ellos, tanto desde una perspectiva civil como eclesiástica.

En Vizcaya, la situación era aún más compleja, ya que coexistían iglesias con patronato divisero con aquellas de realengo, como bienes patrimoniales del titular del Señorío (LARREA, 2000). En este territorio, el Fuero Nuevo, de 1526, aunque permitía la intervención del obispo en cuestiones doctrinales, mantuvo intacta la esencia del régimen patrimonial al garantizar la percepción del excedente agrícola, el derecho de presentación de los clérigos y, por lo tanto, la gestión de un innegable capital social. De este modo, las iglesias de patronato fueron aceptadas de iure por la Iglesia como una peculiaridad de las montañas (provincias vascas, Señorío de Vizcaya, norte de Burgos, Navarra, cornisa cantábrica, Cataluña y La Rioja) (PITARQUE DE LA TORRE, 2001-2002; CATALÁN MARTÍNEZ, 1995; CURIEL YARZA, 2009).

 

Hegemonía de los Idiáquez gracias a su servicio al rey: el ejemplo de los patronatos eclesiásticos (siglos XVI y XVII)

 

Desde el siglo XVI, algunas familias provenientes de las provincias vascas (y otros territorios) comienzan a situarse poderosamente en distintos espacios de poder, como la corte, la alta Administración y las finanzas reales y, desde ellas, aquellos personajes introdujeron y patrocinaron a sus parientes de las generaciones siguientes en los negocios familiares y en prestigiosas carreras, tanto en la Península como en las Indias. Esta participación en las estructuras de la monarquía hispánica fue un elemento decisivo en la renovación política y social de las comunidades locales.

Y es que aquella política sostenida de empleos en el servicio al rey reportó importantes beneficios económicos, honoríficos y políticos a sus casas, familias y parentelas, perdurándose en el tiempo y fue un punto de apoyo decisivo para su posición hegemónica en el país mientras gozaron del favor del monarca (IMÍZCOZ, 2018; GUERRERO ELECALDE, 2012).

Como expresaba el donostiarra Domingo de Echeberri en 1620, “cada tiempo cría sus parientes mayores” (FERNÁNDEZ ALBALADEJO, 1975) y, en el contexto de las articulaciones políticas que se impusieron definitivamente en el siglo XVI, el paradigma de esta nueva dinámica fue la familia Idiáquez. Provenientes de Tolosa, esta familia destacó como una de las más influyentes en Guipúzcoa. Gran parte de su prestigio se basó en las destacadas carreras de sus miembros al servicio del rey, así como en los cargos que ocuparon en la Monarquía. Además, su linaje se enlazó con casas de gran renombre, como la de los Borja, originarios de Gandía, y los Butrón-Mújica, un linaje de Vizcaya.

Alonso de Idiáquez y Yurramendi, comendador de Alcolea y de Estremera, ocupó el cargo de secretario del Consejo de Estado y de Italia, presidente del Consejo de Órdenes, además de ser miembro de las Órdenes de Calatrava, Alcántara y Santiago. Participó en importantes misiones, incluyendo aquellas relacionadas con la guerra contra el turco Solimán y la lucha contra los herejes luteranos, hasta que lamentablemente fue asesinado mientras cumplía una misión importante en el río Albis, encomendada por Su Majestad.

Su hijo, Juan de Idiáquez y Olazábal, comendador mayor de León, siguió sus pasos y desempeñó cargos como secretario y consejero de Estado y de Guerra de Felipe II y Felipe III, embajador en Génova y Venecia y otras cortes, y presidente del Consejo de Órdenes (PÉREZ MÍNGUEZ, 1934; MORA AFÁN, 2010).

Alonso de Idiáquez y Butrón de Mújica recibió del monarca los títulos de conde de Aramayona y duque de Ciudad Real. Su carrera militar lo llevó a ocupar posiciones de alto rango en Milán y Navarra. También fue virrey y capitán general de Guipúzcoa y castellano del castillo de Milán, donde finalmente falleció mientras estaba al mando del gobierno de ese Estado.

Juan Alonso de Idiáquez, II Conde de Aramayona y II duque de Ciudad Real, fue nombrado gobernador y capitán general de Galicia, además de ser capitán general de Guipúzcoa y de la Armada Real (MARTÍNEZ DE ISASTI, 1985; MORENO MEYERHOFF, 2008; BARRIOS, 1984).

Tras Juan Alonso, el heredero de la casa fue Francisco de Idiáquez y Butrón de Mújica, III duque de Ciudad Real, quien inicialmente participó en la guerra con dos compañías de caballos. Sin embargo, su deteriorada vista debido a una enfermedad lo llevó a cambiar su enfoque hacia cargos de virrey y capitán general en Aragón y Valencia, y posteriormente al mando de la Armada Real, Costas y Ejércitos de Andalucía. Francisco contrajo matrimonio con Francisca de Borja y Aragón, hija de los duques de Gandía, y descendiente de destacados ancestros como Juan de Borja, duque de Gandía, y San Francisco de Borja, quien se unió a la Compañía de Jesús.[2]

Juan de Borja, hijo del segundo duque de San Francisco y bisabuelo de Francisco de Idiáquez y Borja, ejerció funciones como embajador de Felipe II en Portugal y Viena. Además, fue mayordomo mayor de la emperatriz María de Austria, hermana de Felipe II, y más tarde, consejero de Estado y Guerra, así como presidente del Consejo de Portugal durante la unión de este reino con Castilla. Fernando de Borja, padre de la princesa de Esquilache, desempeñó el cargo de comendador mayor de la orden de Montesa y ejerció roles clave como embajador extraordinario en Venecia y Roma, virrey y capitán general en Aragón y Valencia. También fue gentilhombre de Cámara de Felipe IV y su sumiller de corps. Además, ejerció como sumiller de corps del príncipe Baltasar Carlos, hermano de María Teresa de Austria, abuela de Felipe V, y caballerizo mayor de Mariana de Austria y de Felipe IV, al tiempo que ocupó el cargo de consejero de Estado y Guerra, siendo uno de los ministros en quienes Su Majestad depositó su plena confianza.[3]

A comienzos del siglo XVIII, estuvo al frente del linaje Francisco de Idiáquez y Borja (Madrid, 1658), IV duque de Ciudad Real, VIII príncipe de Esquilache y IV conde de Aramayona.[4]

Su influencia y poder se manifiestan de manera clara cuando el recientemente nombrado monarca, Felipe V, ingresó a España por Irún, los gobernantes de Guipúzcoa le seleccionaron, junto con Pedro de Idiáquez, Juan Corral e Idiáquez, Manuel de Lapaza y Zarauz, y Tomás de Ipeñarrieta e Idiáquez, para presentar ante Su Majestad el juramento de lealtad de la Provincia. Esta elección resaltó la importancia y la posición destacada que ocupaban la casa de Idiáquez en el ámbito político y la toma de decisiones en esa época. Consecuentemente, “tuvo la dicha de ser uno de los primeros vasallos que besaron la real mano de V.M., no sólo por sí, sino también por la Provincia de Guipúzcoa, cuando V.M. le favoreció con su real presencia en su tránsito a estos reinos”[5] y “en nombre de todos habló a su Majestad con clara y breve elocuencia elevando el rendimiento de la Provincia a la mayor altura con la representación de los continuos empleos de sus hijos en el Real servicio así como por mar como por tierra y en todo género de ejercicios (…) (LOYARTE, 1927).

El ascenso de estas familias también se expresó en los valles, villas y aldeas mediante diversas realizaciones materiales, símbolos y celebraciones que ensalzaban considerablemente su posición. Un escenario privilegiado para representar esta supremacía fue la iglesia parroquial, principal y más simbólico lugar de encuentro de la aldea (IMÍZCOZ, 2001; MARTÍNEZ RUEDA, 1994). En este sentido, el patronato sobre iglesias fue una importante fuente de capital, material e inmaterial y, en su seno, los escudos familias, sepulturas, las diversas preeminencias se hacían respetar celosamente por sus patronos. El establecimiento de los patronatos eclesiásticos fue considerado crucial como factor unificador del espacio (CATALÁN MARTÍNEZ, 2000), ya que la iglesia se erigió, y por mucho tiempo, en un centro principal en torno al cual se organiza la comunidad, desde ese punto de vista espacial o simbólico (ACHÓN INSAUSTI, 2001). Asimismo, habría que concluir que el clero secular actuaba, también, como dispositivo de contención de la movilidad social, por lo que era otro de los intereses del patronato sobre las iglesias locales (ARTOLA RENEDO, 2013; LARREA, 2000).

Por todo ello, también se presenta como la materialización de un poder y, por tanto, un componente esencial de cuyo control depende el influjo y hasta el predominio sobre el grupo (CATALÁN MARTÍNEZ, 2000; ACHÓN INSAUSTI, 2001; CURIEL YARZA, 2009). Este poder aumentó exponencialmente cuando una misma persona pudo acaparar el patronato de varias iglesias en distintos concejos, expandiendo su presencia en varias comunidades.  Este es el caso de la familia Idiáquez, que además pudo continuar (y, en ocasiones, ampliar) estos fundamentos de poder con la sucesión de goce de estos derechos en varias generaciones, gracias al amparo del rey.

 

Fuente: AHN, Estado, leg. 455.

 

 

Así, por ejemplo, en 1612, Alonso de Idiáquez y Butrón de Mújica, primer duque de Ciudad Real recibió de Felipe III, por merced de una vida y por vacación y muerte del anterior poseedor (Diego de Avendaño), los patronatos mercedarios de San Agustín de Echevarría y La Purísima Concepción, de Elorrio, así como las iglesias unidas de San Pelayo de Baquio y San Juan de Gastelugach, Santa María de Murueta, todos ellos en Vizcaya (LARREA, 2000). Asimismo, recibió como sucesor de su casa y familia, tras el fallecimiento de su padre, el comendador de León, Juan de Idiáquez, los patronazgos de Cestona, Oquiria, Aizama y Ayarnazabal, “que todos ellos valen ciento y veinte ducados”, “por haber estado en ella desde el tiempo de su abuelo”,[7] el secretario del Consejo de Estado y de Italia y presidente del Consejo de Órdenes.

Posteriormente, en 1637, se renovó la merced de dichos patronatos a su hijo Juan Alonso de Idiáquez y Butrón, capitán general de Galicia y general de caballería de Cataluña (LARREA, 2000) y, 1654, toma su hijo, Francisco Idiáquez Butron de Mújica, nuevo duque de Ciudad Real, posesión de distintas iglesias del patronato.^[8]

Así se expresa en la orden real la renovación de los derechos de patronato:

 

“Por la presente mi voluntad  es que ahora y de aquí adelante durante una vida tengáis el dicho patronazgo y hayáis y llevéis desde el día que el dicho duque de Ciudad Real vuestro padre falleció en adelante los diezmos, rentas y otras cosas al dicho patronazgo pertenecientes según y como a mí me pertenecen y los llevaron y gozaron el dicho duque vuestro padre y los otros patrones sus predecesores […] y tengáis la pretensión y provisión de los vicarios, beneficiados y capellanes y otros oficiales de la dicha iglesia, pagándoles los estipendios que los pertenecen por ido patronazgo y servicio del conforme pago el dicho duque vuestro padre y los demás patrones que antes de él fueron […]

Y mando al concejo, justicia, fieles, regidores, caballeros hijosdalgo de la dicha villa de Azcoitia y a los vicarios beneficiados capellanes y otros ministros de la dicha villa que luego que con esta mi cédula fueren requeridos o de su traslado signado escribano público juntos en su cabildo y ayuntamiento según lo han de uso y costumbre os reciban hayan y tengan por patrón de la dicha iglesia y os dejen y consientan por v.s. o quien vuestro poder para ello hubiere tomar la posesión de la dicha iglesia y patronazgo, gozar de la administración de él en todos los casos a él anejos y concernientes y os acudan y hagan acudir desde el día que como dicho es falleció el dicho vuestro padre en adelante en cada un año para en toda vuestra vida con lo diezmos, frutos, rentas, derechos, prebendas emolumentos y dichas cosas del dicho patronazgo y a vos como patrón del anejo perteneciente y os guarden y hagan guarda todas las honras, gracias, mercedes franquezas y libertades excepciones, preeminencias, prerrogativas”.^[9]

 

Evidentemente, al igual que ocurrió con otras familias, la toma y disfrute de estas mercedes de patronatos de estas iglesias por parte de los duques de Ciudad Real no estuvo exenta de resistencias, conflictos y pleitos por parte de los vecinos y concejos de dichas comunidades. De este modo, cuando en 1531 Carlos V otorga a Alonso de Idiáquez la posesión de las iglesias de San Miguel de Aizarnazábal y su sufragánea San Bartolomé de Oiquía, junto con las de Cestona y Aizarna, los vecinos, que estaban involucrados en un litigio anterior, se opusieron a esa concesión, argumentando que lo derechos de dicha iglesia les pertenecía. Sin embargo, y en general, los monarcas estuvieron siempre al lado de sus más fieles servidores y fallaron a su favor. Al menos, así fue para los Idiáquez a lo largo de los siglos XVI y XVII.[10]

Y es lógico esas reticencias por parte de los ayuntamientos, ya el poder emanado de estos derechos era una fuente principal para el control social, tanto desde un punto de vista material (o económico) como honorífico. Por este motivo, desde el propio acto de concesión de las iglesias, por parte del monarca, al nuevo patrono se completará de símbolos, con el deseo de mostrar a la comunidad quién era el nuevo señor de la iglesia y disfrutaba de sus derechos. Así se puede comprobar, por ejemplo, en los rituales que se representaron, durante la cesión de las antedichas iglesias por parte del corregidor de Guipúzcoa a Martín López de Otazu, delegado de Alonso de Idiáquez para este fin.

Al iniciarse el acto, “en señal de posesión”, el corregidor, como representante del rey introdujo, tomándole de la mano, al representante de Idiáquez para entrar en el templo, donde dijo que aprehendió y tomó la posesión de la dicha iglesia, patronato y diezmos de ella. Seguidamente, en nombre de Alonso de Idiáquez, López de Otazu fue al altar mayor y cogió un libro misal, una cruz, unas vestimentas, un ostiario y dos ampollas, tañó las campanillas de la dicha iglesia, para después andar por ella.

Tras el oficio de la misa, con todos los parroquianos en ella, el delegado de Idiáquez tomó las ofrendas del pie de altar, ofreciendo después la mitad al vicario, escenificando el sustento al cura. También continuando la dicha posesión, recogió (simbólicamente de la mano de una señora) los diezmos pertenecientes a la dicha iglesia, en forma de un manojo de trigo en paja por desgranar y de las manzanas de un manzano y algunas nueces de una nogal propiedad de dicha diezmera.

Finalmente, cuando hubo que salir del templo, fue López de Otazu quien invitó a los asistentes a salir a la calle y cierra él mismo la iglesia, demostrando quién poseía las llaves, quién tenía autoridad en ella y, en definitiva, quién era el nuevo patrono.[11]

 

La enajenación de los patronatos eclesiásticos y la pérdida de poder del duque de Ciudad Real en diferentes comunidades locales de Vizcaya y Guipúzcoa

 

Durante la Guerra de Sucesión, se ha sostenido tradicionalmente que los bandos se dividieron entre los reinos de la Corona de Aragón, que respaldaban al archiduque Carlos, y los territorios de Castilla, que defendían la legitimidad de Felipe V de Borbón. Aunque esta afirmación tiene fundamento, básicamente porque las corporaciones de estos espacios proclamaron y defendieron jurídicamente su legítima defensa de uno u otro candidato, no debemos entender que las familias se alinearon como bloques monolíticos.

De hecho, por ejemplo, se produjeron divergencias entre las casas más poderosas de estos territorios. En principio, las que estuvieron apoyando en primera línea a Felipe V se vieron despojados de estas prerrogativas con la aplicación de dichas disposiciones, aunque su trato privilegiado con el monarca y su incondicional apoyo a la causa les posibilitó paliar e incluso mejorar estas contrariedades e inconvenientes a la economía doméstica. Todo ello gracias a una política diseñada que buscó evidencias en plena incertidumbre, fundamentada también en el conocimiento de que había ceder a los intereses del rey para luego poder recibir de su graciosa mano. Este concepto fue fuente principal de su éxito.

Por el contrario, aquellos que no mostraron tan categóricamente su fidelidad, o que no supieron gestionar oportunamente las solicitudes y urgencias de la Corona se vieron relegados por esas otras familias, algunas de ellas hasta entonces muy por detrás en las posiciones de la escala de honores y de poder en estas comunidades locales y provincias (GUERRERO ELECALDE, 2021).

 Este fue el caso de los miembros de la casa del duque de Ciudad de Real, conde de Aramayona y príncipe de Esquilache que, poco a poco, con el transcurso de la Guerra de Sucesión y según se fueron publicando las medidas reformistas de los agentes y colaboradores de la nueva dinastía, fueron perdiendo la preeminencia que habían desplegado desde comienzos del siglo XVI gracias al apoyo de los monarcas., tanto en el Señorío de Vizcaya como en Guipúzcoa.

A fines de 1704, Felipe V ordenó la enajenación y la vuelta a la Corona de diversas mercedes y oficios que tuvieron adjuntos la percepción de ciertos derechos para, de este modo, orientar sus productos al abastecimiento de tropas. En lo que respecta al ducado de Ciudad Real, se vio perjudicado tanto por la enajenación del oficio de preboste de Bilbao, del que tenía derecho desde hacía varias generaciones, como de la posesión y disfrute de diversos patronatos eclesiásticos, también disfrutados por herencia, ubicados en distintos lugares de Vizcaya y Guipúzcoa (LABORDA, 2020).

En 1707, para el mantenimiento de los gastos de la guerra, Felipe V ordenó se retuvieran los rendimientos de los patronatos para destinarlo el mantenimiento de las tropas. En Vizcaya, se convocó para tratar dicho asunto una junta general, y así se resolvió suspender la ejecución, presentándose el 7 de febrero al rey los motivos para dicha decisión. Tras las consultas en la Cámara del Consejo de Castilla, se comunicó al Señorío su obligación de ejecutar la orden, para después defender sus alegaciones. En nueva junta, se decretó obedecer en lo referente a los patronatos realengos, pero no en los diviseros, y que los patronos presentaran sus títulos en la Secretaría del Real Patronato.

Sin embargo, Ordoño de Barraicúa y Antonio de Salazar Abendaño y Sarabia, en nombre propio y en el de la mayor parte de los demás patronos, expusieron al Señorío que se diese cumplimiento a las reales órdenes, consiguiendo que finalmente se decidieran obedecer y cumplir lo mandado por Su Majestad. Entonces, se ordenó preceder al embargo de los frutos de los patronatos, siempre sin perjuicio de las leyes del fuero y privilegios de Vizcaya. Inmediatamente, el corregidor Juan de Valcárcel comenzó al embargo por un año de las rentas de todos los patronatos y se ordenó la presentación de los títulos para ser examinados (LABAYRU, 1969).

 

 

Fuente: Carta de Juan Valcárcel Dato, corregidor de Vizcaya, Bilbao, 7 de enero de 1714. AHN, Estado, leg. 455.

 

 

En lo que respecta al duque de Ciudad, por Cédula Real de 23 de octubre de 1708, se dictó desembargar y declaradas por libres de la incorporación y valimiento y que se volviesen al duque todos los frutos secuestrados y que por los días de su vida y que quedase incorporadas después de ella a la Corona. De este modo, si se pone atención a los patronatos realengos, que acumuló gracias a merced real de dos vidas, desde 1688, no pudo disfrutar de la segunda de ellas porque Felipe V dictaminó que no subsistiese y, por ello, que quedaran vacantes.

La pérdida de estas mercedes del ducado de Ciudad Real se concretó en 1711, con el repentino fallecimiento del duque de Ciudad Real en 14 de octubre (tras un ataque de apoplejía), por lo que se dio orden a los corregidores de Guipúzcoa y Vizcaya para que los arrendasen y administrasen hasta nueva disposición.^[12]

El hijo del duque, Francisco de Idiáquez y Borja escribió a Grimaldo, después de dos días, para informarle del triste acontecimiento, a la vez que solicitando algún socorro para salir de dicha desgracia. En estas líneas se expresa la desesperación que se estaba sufriendo en la familia:

 

“aunque hoy nos hallamos con el consuelo de su conocida mejoría, pero al mismo tiempo sin saber a dónde volver los ojos para su asistencia, por lo cual me manda se lo participe v.s. para que en continuación de sus favores le haga el especial de ponerlo en la consideración de S.M. Así, el hallarse postrado en la cama, como el no tener medios con que poder acudir al restablecimiento de su salud, si S.M. doliéndose de esta verdad no le manda socorrer sin dilación alguna”.[13]

 

La administración de patronatos por el superintendente de las Fábricas de Armas: ¿rentas eclesiásticas para la guerra?

 

Para la administración de estos patronatos vacos fue elegido en 1712 el superintendente de las Fábricas de Armas para “que el producto de sus valores (que asiste en diezmos que se deben arrendar y rematar en el que más diere) ha que quedar aplicado para la compra de los materiales necesarios para fabricar las Armas”.^[14] Esta determinación derivó también en otro proceso sobre la legalidad de este:

 

“Y siendo el nombramiento de administración de estos patronatos en el superintendente de las Fábricas de Armas, lo mismo en sustancia que si se le nombrare en ellos, pues mediante el poder general que le es consiguiente ha de poder usar y gozar de todo lo honorífico de ellos, así en las presentaciones de beneficios, asiento y demás preeminencias en aquellas iglesias, como de la voz y voto que por ellas ha de tener en las juntas de Señorío y Provincia todo en la misma forma que lo han obtenido éstas de V. Majestad. Ya se deja conocer el grave reparo que podrá causar a la delicada cuanto religiosa conciencia de V. M. la condición de la aplicación de estas rentas afines de propia utilidad de V. M., que (aunque necesarias para la defensa de la Corona) siempre se ha subvenido de otros caudales y nunca pensado en estos”.^[15]

 

Fundamentalmente en tres puntos y por los que fue consultada la Cámara de Castilla en 5 de agosto de 1712:

-Si se considera compatible, loable y seguro “para la real conciencia de V.M. en la censura canónica y legal” el uso de los bienes de estos patronatos (diezmos destinados y consignados primariamente para la congrua de sacerdotes, beneficiados y otros ministros de aquellas iglesias, sus fábricas, cultos y ornatos) para la compra de materiales para fabricar armas, teniendo en cuenta que los antecesores parece que no hay precedentes la utilización de estos productos para alivio de cargas de la Corona.

-Que el superintendente que le habrá de dar para la administración de estos patronatos podrá intentar el uso y goce de todo lo honorífico de ellos, así en la presentación de beneficios y ministros de aquellas iglesias como en la voz y voto en las Juntas del Señorío y Provincia de Guipúzcoa, y otras preeminencias y derivadas del real patronato y que han usado y usan los que han tendido y tienen por real merced de la Corona. Y no siendo el superintendente presente natural, ni originario de aquellas provincias, sino de fuera de ellas, se ofrecía el reparo de cómo se podría conformar esto con leyes y fueros del Señorío y Guipúzcoa y su inconcusa práctica.

-Si se debe “considerar aquella necesidad o grande utilidad pública que con buen fundamento deba inclinar a la Corona al empeño de introducir en aquellos países una tan grande novedad”, como fue la utilización de los productos de los patronatos para la guerra.

Primeramente, se consideró estos patronatos una merced temporal y se reincorporaron a la jurisdicción real por estar vacantes tras el fallecimiento del duque y no por vía de reunión o incorporación, “los cuales, no sólo no han salido jamás de la Corona, sino que siempre han estado en ella, conservándose y continuándose ileso el derecho de V.M. con la misma posesión y goce del duque y sus antecesores. Por este motivo, la Cámara de Castilla no contempló la posibilidad de dar continuación de la vida que estaba concedida a la princesa de Esquilache “pues, aunque teniéndola por constante en fuerza de la merced del año de 1688, mandó expedir los despachos a su instancia; esto lo ejecutó ignorando lo resuelto por V.M. en la Junta de Incorporación”.^[16]

Sin embargo, la Cámara encontró graves inconvenientes con las leyes de las provincias en lo referente a la obligatoriedad de recaer dichos patronatos en naturales y en la utilización de sus frutos para el abastecimiento de armas a las tropas. De este modo, determinó que

 

“será lo más conveniente al real servicio que en los patronatos de Vizcaya y Guipúzcoa se sirva V.M. (siendo de su real grado) de continuarla la antigua práctica y estilo que inconcusamente han observado en ellos V.M. y los demás señores reyes, sus gloriosos predecesores, procurando que estas gracias sean siempre vitalicios y nunca perpetuas y que recaigan en naturales de aquel Señorío y Provincia y de aquella calidad y señalados servicios que los hagan dignos de ellos”.^[17]

 

En cambio, en las anotaciones del secretario del Despacho recalcó al rey que

 

“la disputa fue sobre si se habían de proveer en vizcaínos o aplicarlos por consignación a las Fábricas de Armas y quedó sin decidir porque hubo votos para todo. De forma que de todo lo caído actualmente puede hacer el rey lo que gustare por ser vacante y no haber nadie que lo puede pedir ni a quien pertenezca, sino es a V.M.”.^[18]

 

El nombramiento de nuevos patronos: consolidación de elites borbónicas

 

Finalmente, en 1714 Felipe V se dispuso a conceder las mercedes correspondientes para el disfrute de los patronatos que quedaron vacos por las reales órdenes entre diferentes personalidades que había elevado los memoriales y solicitudes correspondientes para alcanzar tales mercedes: “[Los corregidores] D. Álvaro de Villegas, en Guipúzcoa y D. Juan de Valcarcel, en Vizcaya, han administrado estos patronatos y estado éstos para sus empleos, se hace preciso el nombrar personas que [en] adelante los administren”.^[19]  

En general, fueron a parar a las familias más activas y defensoras de la causa de los borbones durante la guerra. De este modo, uno de los de Vizcaya a Domingo de Sarría,

“en contemplación al matrimonio que contrajo con Dña. María Filipina Hurtado de Mendoza, hija del teniente general marqués de Gauna. En los de Vizcaya quitados los tres que V.M. ha concedido al hijo de la marquesa de Montehermoso, quedan seis, los dos del valor de dos mil reales cada uno y los cuatro a mil reales y todos seis restan cada año 8.794 que no llegan a cinto cincuenta doblones. En esta inteligencia resolverá V.M. los que gustare aplicar para dote a esta mujer de los referidos patronatos de Vizcaya que son de los que se la deben dar”.^[20]

 

Se trataba de los patronatos vacos de Ibárruri, Mañaria y Elorrio, por lo que hubo de realizarse su información de vizcaína (LABAYRU, 1969).

De los cuatro que quedaron vacos en la Provincia de Guipúzcoa en febrero de 1714, uno sólo valió cerca de doce mil reales (que son doscientos doblones) fue pedido por Tomás de Idiáquez, “por sus méritos, por su naturaleza de guipuzcoano y por ser natural de la misma villa de Azcoitia, de donde es y tiene los frutos este patronato”. Los otros tres que quedaron fueron “cortísimos”, ya que el valor de todos ellos sumaba dos mil ciento veinticuatro reales (no llegaban a cuarenta doblones), y como no había pretendientes naturales de Guipúzcoa, “parece que estos de cuarenta doblones, bien dotan cortos, podrá V.M. concederlos a algún oficial de los regimientos de Guipúzcoa y particularmente a D. Carlos de Areizaga, coronel (…), que sabe V.M. lo que se ha distinguido en Cataluña los dos últimos años de 1713 y 1714”. De todo ello, el padre confesor tuvo cuenta y apoyó las decisiones de Felipe V. A estos también había que unir el patronato de la iglesia de Placencia, que por Real Decreto de 26 de marzo de 1713 fue servido al coronel de caballería marqués de Villalegre “para que se verificase en él la futura que de dicho patronato estaba concedida a D. José Manrique y Arana, su padre, marqués de Villalegre, en cuya conformidad se le despachó el real título al referido coronel de caballería”. ^[21]

Todos los agraciados por estos patronatos pertenecieron a familias muy implicadas en la causa de Felipe V. Se trató de una política dirigida a recompensar el servicio recibido, pero también fue una manera de consolidar lealtades. En este caso concreto, resulta interesante destacar que todo ellos forman parte del círculo cercano de Juan de Idiáquez y Eguía, conde de Salazar, sargento mayor de guardia de corps, hombre de confianza de la princesa de los Ursinos, que fue un agente principal para los borbones en estos cuerpos de elite del ejército y en palacio, y por su poder y capacidad para movilizar a las provincias vascas. Entre los nuevos patronos está su hermano (Tomás), su primo y más estrecho colaborador (Areizaga) o el hijo de la marquesa de Montehermoso, hermana del primer coronel de las guardias de corps, aya del príncipe Luis y una de sus colaboradas en palacio. También hay que destacar que los Idiáquez (de Azcoitia) eran amigos de Miguel Francisco de Salvador, director de las Fábricas de Armas (GUERRERO ELECALDE, 2010 y 2021).

Con todo, y a pesar de los reveses recibidos por la política desarrollada por los agentes borbónicos, en los primeros años de reinado aún el duque de Ciudad Real conservó algo de su antiguo ascendiente. De este modo, instó a la Provincia de Guipúzcoa para que su hijo, Francisco Idiáquez y Borja (con el mismo nombre que su padre) consiguiera, en 1709 y cuando desempeñaba el grado de capitán comandante en el regimiento de caballería de Asturias,^[22] la designación de coronel del regimiento nuevo de Guipúzcoa. Sin embargo, este pequeño triunfo fue efímero, ya que nunca se cristalizó su pretensión para que el monarca le concediera la merced del grado de brigadier. En este sentido, desde mediados de 1711 estuvo elevando memoriales a Felipe V para alcanzar dicho y en numerosas ocasiones recibió una negativa por respuesta.

Todavía, en 1714, utilizó la vía de la Provincia para alcanzar este ascenso, intentando resaltar su mérito, además de la desgracia que estaba viviendo los duques de Ciudad Real por la muerte de su padre y tía [Ana María de Idiáquez y Borja Aragón], quedando “la casa de en paraje que le faltan los alimentos con que le asistan”. De este modo, el 4 de mayo y el 4 de junio, su secretario, Felipe de Aguirre, escribió al marqués de Bedmar para recordar esta solicitud y las circunstancias antes descritas. Sin embargo, desde la corte se falló de esta manera:

 

“Este coronel es del regimiento nuevo de Guipúzcoa y muy moderno en este grado, cuando hay otros muchos más antiguos y con más méritos, sin que tengan la graduación de brigadier y así soy de sentir de que S.M. mande se responda a la Provincia en términos generales y que no entra S.M. en lo que fuere servido”.^[23]

 

Esta trayectoria decadente cobró otro cariz con las acusaciones de desafección por parte de sus miembros. El antedicho hijo del duque, Francisco de Idiáquez y Borja, cuando desempeñaba su empleo de coronel del regimiento nuevo de Guipúzcoa, sufrió en el último tercio de la guerra un proceso en el Consejo de Guerra, ya que se le acusó de haber actuado en favor del enemigo. Por esta causa, cayó preso en Madrid y se ordenó el embargo de su hacienda.

Por este motivo, decidió cambiar de bando para aliarse al partido del archiduque,

 

“en el que siempre así, en donde estuve comandando tropas como con el Consejo de Guerra procuré embarazar el que la voracidad alemana destruyese y arruinase los pueblos de España (…) y últimamente ahora viéndome ya importunado de los catalanes para que tomase el comando de las tropas, horrorizado de tanto sacrilegio e inaudita rebelión por no cometer tal maldad, me vi precisado en salirme de Barcelona en una desdichada barquilla y pasé a los dominios de S.M. cristianísima, cuyo auxilio he pedido e implorado (…) por si fuere posible limpiar la mancha de haber servido al señor archiduque (…) y si mereciese el que S.M. me mande ir a otra cualquiera parte obedeceré ciegamente como mi primera obligación a lo que no puedo faltar sacrificando mi vida en su real servicio”.[24]

 

Finalmente, Felipe V decidió apresar a Francisco de Idiáquez en el castillo de Fuenterrabía, hasta nueva orden y, el 12 de noviembre de 1713, llegó cautivo a dicha plaza militar.[25]

Para entonces, ya se había colocado al frente del ducado de Ciudad Real María Antonia Pimentel e Idiáquez, X princesa de Esquilache, VI Condesa de Aramayona y VI Duquesa de Ciudad Real, que vivió fuera de la corte de Madrid.[26]

 

Conclusiones

 

La enajenación y redistribución de los patronatos laicos eclesiásticos por Felipe V, muestra, desde una perspectiva micro, de los importantes cambios que se llevaron a efecto desde la misma llegada del primer rey de la dinastía Borbón.

Felipe V premió la lealtad y el servicio de las familias más fieles con la provisión de patronatos de realengo, superando, en muchas de las ocasiones a otros grupos que tradicionalmente habían ocupado estos y otros espacios de poder. Este es el caso de los Idiáquez, de Tolosa, familia hegemónica a lo largo de los siglos XVI y XVII gracias a su servicio a rey, que había obtenido y acumulado cargos de gobierno y poder en distintos ámbitos de la Monarquía, honores y títulos nobiliarios, prebendas, posesiones y patronatos. Todo ello fraguado también con una específica política matrimonial dirigida al engrandecimiento de la casa y que los llevó a emparentarse con otras grandes familias con importantes bases en la comunidad local, como los Butrón y Mújica (una de las más poderosas en Vizcaya), y con una similar trayectoria de servicio al monarca, como los Borja.

Con la llegada de Felipe V, todas estas poderosas posiciones que habían ido ocupando los sucesores duques de Ciudad Real (y los miembros de su parentela y allegados) se fueron perdiendo, más allá del azar o de la desgracia, hasta quedar relegados, primero, por las urgencias de financiar la guerra y, posteriormente, bajo otras familias, que supieron aprovechar la oportunidad que brindaba la guerra y la lealtad al bando borbónico para alcanzar los primeros lugares del gobierno de la Monarquía y de sus comunidades de origen. En estos años, el duque de Ciudad Real perdió una docena de patronatos, que fueron utilizados para financiar las Fábricas de Armas de Placencia, en Guipúzcoa y, posteriormente, fueron repartidos a los Idiáquez, Montehermoso, Areizaga o Sarría.

Las familias leales a Felipe V, especialmente las más influyentes con la capacidad de movilizar numerosos partidarios para su causa, obtuvieron las mayores recompensas de parte del rey. Estos fueron años marcados por apuestas, éxitos y pérdidas, durante los cuales estas élites desempeñaron un papel crucial en la configuración del nuevo panorama político. Sus acciones también contribuyeron al beneficio de sus asuntos económicos domésticos. Aunque contaban con posiciones privilegiadas basadas en antiguas prerrogativas y honores otorgados por el monarca, estas no fueron suficientes durante el periodo de guerra. Solo aquellos que dedicaron sus esfuerzos de manera decidida a la defensa de la causa borbónica fueron los grandes triunfadores, junto con sus aliados y seguidores.

 

 

 

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Memorial genealógico, antigüedad, origen, y servicios de las casas de Orozco, Villela, Butrino, Moxica, Idiáquez, Alaba, Zorrilla, Arce, y Menchaca; sus mayorazgos, y Agregados, con continuada sucesión, hasta su actual poseedora Doña Ana María de Orozco, Manrique de Lara, marquesa de Olias, de Mortara, de Zarreal… Formado por Don Joseph de los Rios Casquero, contador, y Archivero de esta casa. Año 1738.

 

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