Gobernar y defender el reino: virreyes peruanos en el reinado de Carlos II, 1670-1690

 

 

 

Yovana Celaya Nández

Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales

Universidad Veracruzana, México

 

 

 

 

Recibido:        1/9/2022         

Aceptado:       18/9/2022     

 

 

 

 

Resumen

 

El gobierno de los territorios de la monarquía hispánica requirió de la experiencia de agentes políticos en la representación y ejercicio del poder regio; también fue necesario reconocer los poderes locales que participaban de gobernar en nombre del rey. En algunas materias lograr un equilibrio entre las corporaciones americanas y los actores políticos externos fue prioritario para la estabilidad de los territorios. El artículo analiza el papel del gobierno virreinal peruano en materia de guerra y defensa en el contexto de los conflictos entre monarquías, interesa la posición de tres virreyes sus estrategias y discursos como un recurso político para defender su gestión y posicionarse frente a otros poderes; al mismo tiempo que en su carácter de los alter ego del rey buscaron defender su estrategia de gobierno y asegurar su continuidad como agentes políticos del poder regio.

 

Palabras clave: guerra; gobierno; virreyes; defensa; piratas; monarquías.

 

 

Governing and defending the kingdom: Peruvian viceroys in the reign of Carlos II

 

Abstract

 

The government of the territories of the Hispanic Monarchy required the experience of political agents who represented the royal power. The representation and exercise of power by these agents needed to recognize the local powers that also participated in governing on behalf of the king. In some matters of government, achieving a balance between local corporations and external agents was a priority for the stability of the territories. The article analyzes the Peruvian viceregal government in terms of war and defense in the context of conflicts between monarchies, it is interested in the position of three viceroys, their strategies and speeches as a political resource to defend their government and position themselves against other local powers, At the same time, as alter egos of the king, they sought to defend their government strategy and ensure their continuity as political agents of royal power.

 

Key words: war; government; viceroys; defense; pirates; monarchies.

 

 

 

 

 

 

Gobernar y defender el reino: virreyes peruanos en el reinado de Carlos II, 1670-1690

 

 

Introducción

 

 

En años recientes la historiografía ha señalado la importancia de estudiar la monarquía hispánica a la luz de las transformaciones del poder político en los distintos territorios bajo su jurisdicción. Esta perspectiva ha requerido replantearse la existencia de un centro único en la toma de decisiones, sus recursos y estrategias para sostener una hegemonía que en tiempos de guerra hacía evidente la fragilidad del mismo. Como parte de este debate es importante reconocer que la guerra como acto bélico durante el periodo Habsburgo tendrá una territorialidad europea, una condición que cambiará en la siguiente casa reinante. No obstante, durante el siglo XVII no podemos señalar un tipo único de confrontación y en todo caso los distintos conflictos tuvieron un alcance global reflejo de la naturaleza de la monarquía hispánica. En este sentido, la guerra como proceso político no puede reducirse a la declaración de las hostilidades como la única expresión de conflicto pues mantener esta perspectiva supondría que las jurisdicciones americanas fueron ajenas a la misma; por el contrario, este texto propone incorporar los conflictos europeos al discurso y a las prácticas de gobierno en materia de defensa que ejercieron los virreyes en América. Como bien señala Serrano Álvarez cualquier acción militar no sólo estaba supeditada a un interés político y económico, sino también a unas necesidades y posibilidades en el ámbito administrativo y hacendístico (2004: 37). Y esas necesidades debían ser atendidas por los virreyes.

En el gobierno de las monarquías que se consolidan en el siglo XVI, autores como Pedro Cardim y Joan-Lluís Palos proponen analizar los virreinatos como parte de un entramado global que permite identificar el intenso proceso de circulación de experiencias de gobierno que los virreyes compartieron a escala planetaria (2012: 29). En este sentido, importa reconocer las atribuciones jurídicas, pero también las realidades locales y los contextos políticos en los que gobernaron, y ello exige entender que ellos asumían una condición externa frente a las élites locales, que en buena parte de los casos reivindicaron sus potestades jurisdiccionales y su carácter de interlocutores con la monarquía (CAÑEQUE, 2004). En este sentido, la actuación de los virreyes no fue ajena a las tensiones locales y por supuesto a las trayectorias de los grupos en la Corte que podían favorecer su interlocución, continuidad y futuros itinerarios en los círculos del poder de la monarquía.

Desde los virreinatos americanos, los periodos de enfrentamiento entre las monarquías se han explicado privilegiando la dimensión económica en su carácter de transferencia de recursos para el financiamiento de las emergencias bélicas (MARICHAL y GRAFENSTEIN: 2012; MARICHAL, 1999). Otro eje de análisis es aquel interesado en la construcción de un sistema defensivo con fortificaciones en puertos estratégicos que incluía la formación de armadas regionales para la defensa del Pacífico y el Caribe y destacamentos de milicianos en los puertos (TORRES, 1981; SERRANO, 2004). Como ya se ha señalado, interesa la dimensión de gobierno de la defensa en los virreinatos americanos por lo tanto, el objetivo es analizar las lecturas, evaluaciones, recursos y estrategias puestas en marcha por virreyes peruanos para gobernar sus jurisdicciones en tiempos de expectación o existencia de un conflicto bélico; analizar las estrategias de los virreyes permitirá explicar cómo se concibe la guerra y por lo tanto, si dicha confrontación podría manifestarse en América, cómo podían responder los virreyes. En los tres gobiernos analizados, la inestabilidad política y la vulnerabilidad que se experimentaba en el Pacífico fueron temas que debieron atender y cuyas emergencias les permitió explicar y justificar sus decisiones en el gasto, pero sobre todo los posicionó frente a los actores locales.

De esta forma, si bien la confrontación bélica entre España, Inglaterra o Francia del siglo XVII no llegó a las costas del Pacífico americano, el miedo, la indefensión y el rumor a posibles ataques se pretendieron usar como recursos en el fortalecimiento de la autoridad virreinal. El discurso de los virreyes los posiciona en el control político de su virreinato al mismo tiempo que les concede legitimidad, son esas fuerzas exógenas y conflictos los que obligan a los virreyes a redefinir su poder sobre los otros poderes de gobierno. Aunque esto no supuso que los actores locales fueran pasivos, de tal manera que el miedo y la vulnerabilidad también formaron parte de los discursos construidos por los súbditos americanos.

Para lograr el objetivo se utilizan las Instrucciones e informes de tres virreyes peruanos que gobernaron entre 1670 y 1690. En vista que interesa el gobierno, sus Instrucciones permiten comprender cómo se percibe la confrontación política y militar entre monarquías y más allá del flujo de recursos a la caja central o el envío regular de los situados, indagar que otras estrategias implementaron los virreyes para gobernar y defender sus jurisdicciones. Por último, cómo conciben la vulnerabilidad y la defensa y por lo tanto si la guerra se puede expresar en América con mayor presencia de piratas o bien con el despliegue de ejércitos y armadas en el espacio marítimo.

 

La Instrucción reservada: virreyes peruanos en el reinado de Carlos II

 

El nombramiento de virrey representaba para el beneficiario un ascenso en su vida social y económica y reflejaba el equilibrio de posiciones políticas al interior de la monarquía. Los grupos de poder se expresaban y fortalecían en estos cargos, un proceso político que tenía un tiempo perentorio. Los alter ego del rey y su red de intereses que se configuraban en torno a esos cargos tomaban consciencia del campo de acción que significaba su cargo en las distintas jurisdicciones americanas y europeas. Pero si el nombramiento debe leerse en el contexto político y social de la nobleza peninsular, el término de la gestión debe estudiarse en el contexto de los procesos políticos y económicos de las jurisdicciones virreinales. Hay que señalar que el nombramiento y atribuciones de los virreyes en América experimentaron cambios a lo largo del siglo XVII por medio de distintas cédulas destinadas a restringir las prerrogativas de los virreyes. En este siglo también tomaron mayor importancia las Instrucciones reservadas de gobierno que los virreyes recibían por parte del Rey (CAÑEQUE, 2012; MANFREDI, 2012), y las obligaciones de presentar información al término de su gestión.

En buena parte de los casos, el término del cargo de virrey los posicionaba en un nuevo lugar en el organigrama político del gobierno de la monarquía. De ahí que las Instrucciones que el virrey saliente elaboraba fueran un recurso político y de gobierno en descargo de la gestión o una hoja de ruta para el recién llegado. Las Instrucciones también constituían un documento preparatorio en espera del juicio de residencia y se podía aprovechar para argumentar o justificar las acciones de gobierno. Así lo expresaba el Duque de La Palata que concluía su Instrucción precisamente hablando de la residencia del virrey. En las últimas páginas citaba lo dicho por el virrey Duque de Chinchón: “el cargo del virrey del Perú se hallaba muy desigual y desproporcionado, porque hacía sus primeras entradas con palio y salía tomándosele la residencia” (DUQUE DE LA PALATA, 1859: 420). Las residencias, según La Palata, eran un instrumento desigual en la jurisdicción castellana pues no se tomaban en otros virreinatos de Aragón, Italia y Portugal. Según este virrey, el juicio también ponía en duda una autoridad que durante el periodo de escrutinio estaba sujeto al descrédito y nada se resolvía con ello pues para los enemigos del virrey era ocasión para expresar “odios, venganzas, juramentos falsos y otros inconvenientes, pecados y ofensas de Nuestro señor” (1859: 422), y perjudicaban al nuevo virrey pues lo que se atacaba era el alter ego. De esta forma, las Instrucciones preparadas por los virreyes era un recurso político, un discurso jurisdiccional y una defensa de su gobierno.

 

La defensa del reino y los enemigos en el Pacífico: el Conde de Castellar

 

Las Instrucciones, su extensión y detalle en temas de la defensa del reino reflejan la experiencia política, la trayectoria de cada alter ego y la cercanía de los acontecimientos militares. Es también importante señalar que se elaboraban con información que debían aportar los oficiales de Real Hacienda, principalmente y otros informes que se hubiesen realizado durante su administración. Baltasar de la Cueva Enríquez, Conde de Castellar recibió su nombramiento del virrey del Perú en 1673 y entre sus muchas obligaciones se le encargó poner atención en la situación fiscal del virreinato, evaluar y resolver las condiciones para la defensa del mismo. En materia fiscal, Castellar se abocó a revisar todo gasto de la caja real de Lima y ordenó que no se aceptase sin su firma. Una intervención en el fisco virreinal que no fue bien vista en los oficiales reales y que eventualmente se sumaría a las acusaciones y descontentos por parte de los miembros del Consulado y de otras corporaciones que desembocaron en su destitución en 1678 (JIMÉNEZ, 2015).

En tales condiciones de adversidad, en la relación general de su gobierno que presenta al arzobispo-virrey interino Melchor de Liñán, Castellar reconoce las dificultades para presentar un informe que refleje el estado real de las materias de gobierno en vista de la suspensión de su cargo, particularmente lo referente al estado de las cajas reales no pudo tener información de las certificaciones de Real Hacienda. No obstante, y en vista de que una de las razones en su destitución y juicio de residencia era el conjunto de medidas para la defensa del reino, dedicó considerable tiempo a explicar los proyectos ejecutados para cumplir una de las Instrucciones que recibió del monarca al momento de tomar su cargo.

En el apartado Guerra, Castellar ubicó sus decisiones como parte de la defensa de la monarquía hispánica frente a las agresiones de Francia y Holanda. Según el virrey, sus acciones debían entenderse como una respuesta a los recelos y noticias por parte de los enemigos de la monarquía. En tales circunstancias Castellar evaluó la vulnerabilidad de los puertos, principalmente el Callao, pero también Cartagena, Panamá y Chile. Los proyectos comprendieron la defensa marítima, fortificaciones y destacamentos terrestres que en su momento podrían coordinarse para defender el Pacífico. Y es el virrey quien define y ejecuta como cabeza de reino sin la participación del resto de corporaciones de gobierno.

Desde su primer año al frente del virreinato peruano, Castellar asumió que la jurisdicción bajo su mando se encontraba vulnerable frente a una condición de guerra entre monarquías que, si bien en su primer año reconoció como una suposición, esto no lo eximía de mantenerse alerta para que “no pudiese lograr el enemigo invasión desprevenida en ninguno de los puertos y costas del mar del sur” (1859: 246). Estos temores los compartía con corregidores y gobernadores de su jurisdicción, con Panamá y Guatemala y con el virreinato novohispano. En la perspectiva de un territorio indefenso, Castellar diseñó un proyecto ambicioso que incluía la defensa marítima y territorial de un extenso territorio.

El primer paso fue el reconocimiento del Pacífico desde los presidios. En vista de los rumores de ataque inglés, el virrey puso particular interés en el sur de Chile. La plaza de Valdivia por los estrechos de Magallanes se consideraba un punto estratégico para las agresiones desde Chile a Guatemala e incluso llegar hasta Acapulco[1]. Es sugerente la visión de Castellar de la debilidad del Pacífico pues si bien era consciente de que no tenía jurisdicción para establecer un proyecto de defensa que se extendiese hasta Acapulco incorporó este puerto para dar cuenta de la condición de vulnerabilidad de todo el espacio marítimo. En su evaluación y acciones en los presidios y plazas de la jurisdicción chilena además de las reformas a la estructura de los presidios, Castellar insistió en la importancia de dotar de armas, salarios y víveres para los hombres que servían en esos territorios. Si bien estos incentivos contribuirían a la permanencia de los soldados, el virrey solicitó que se enviaran a Valdivia 400 hombres “inquietos y delincuentes”, que al tiempo que se limpiaba la república de gente nociva y perjudicial se realizaba un servicio a su Majestad (1859: 238).

El sur de Chile no sólo requería de armas, salarios y víveres para los soldados, sino también reconocer que su condición de frontera aumentaba su vulnerabilidad, ya fuera por indios hostiles, piratas o escuadras bajo bandera inglesa, holandesa o francesa, la población hispánica en el sur de Chile era insuficiente para controlar tan extenso territorio. Por ello, propuso formar una nueva compañía de negros y mulatos, se hicieron obras en el Castillo, almacenes reales para el resguardo de la pólvora, se concluyó la iglesia y se dispuso la construcción de una escuela y la contratación de un maestro.

En el contexto de reconocimiento y obras de fortificación en la capitanía general de Chile, en 1675 llegaron noticias de la ocupación inglesa en el estrecho de Magallanes y en los parajes de Ayauta y Calianao. La información oficial fue reportada por el capitán de Chile y por los indios. Este evento fue clave en la gestión del virrey Castellar porque asumió estas noticias como una declaración de guerra al Perú. En respuesta se organizó una armada de entre 10 o 12 bajeles de guerra para desalojar a los enemigos. La decisión fue consensuada entre los ministros de hacienda, justicia y guerra del virreinato, aunque el mismo Castellar reconocía que en Junta general del virreinato se le había dejado a su arbitrio tomar las decisiones para la defensa del reino.

Al envío de los navíos de guerra le siguieron otras acciones. En la ciudad de Lima hubo que resolver las necesidades del puerto del Callao y defender la ciudad. Si bien la potestad del virrey le concedía autoridad para decidir en materia de guerra, en el caso de Lima y el Callao no era sólo un asunto de la jurisdicción virreinal pues en el gobierno y defensa de la ciudad intervenían los regidores, el Consulado y por supuesto el cabildo eclesiástico, un tema que será objeto de discusión para su destitución. De ahí la importancia de reforzar el discurso virreinal de la condición de guerra en la que se encontraba el virreinato peruano y que justificaban las decisiones de carácter extraordinario que se pudieran tomar para la defensa del reino.

El virrey procedió a nombrar a los capitanes Antonio de Vea y Pascual Iriarte ambos con experiencia marítima en asuntos de guerra y se les ordenó el reconocimiento de la costa sur y expulsar a los ingleses. Si bien se tenían distintas versiones de su presencia y a uno de los capitanes lo acompañaba el “indio principal que dio las noticias”, el resultado de esta exploración fue un desengaño pues los ingleses ya no se encontraban en el Estrecho ni en los alrededores y se asumió que las noticias eran un rumor fabricado por el indio cacique. En su Instrucción Castellar se cuidó muy bien de no mostrar el desengaño como un fracaso, por el contrario señaló que la respuesta por la presencia de los ingleses fue vista como favorable en la ciudad de Lima[2].

Para Castellar ya fuera por rumor o un avistamiento pasajero, ingleses, franceses u holandeses parecían conscientes de la fragilidad del sistema defensivo peruano, particularmente de la ciudad de Lima y el puerto del Callao. Por ello, después de la experiencia en el Estrecho de Magallanes se planteó la defensa del reino desde tres estrategias: marítima, territorial y fortificaciones. Este nuevo proyecto lo justificaba: “porque en la suposición de ser ciertas o no las poblaciones no pudiese lograr el enemigo invasión desprevenida en ninguno de los puertos y costas de mar del sur” (1859: 246). En materia de recursos, el virrey podía disponer para el financiamiento de sus proyectos con recursos de la real caja de Lima particularmente para la Armada, aunque como parte de la cultura política las corporaciones también aportaban para la defensa del reino, pero esta aportación exigía reconocer preeminencias políticas, sociales y económicas de las corporaciones.

No obstante el reconocimiento de las noticias falsas sobre la presencia de los ingleses en 1675, el virrey Castellar argumentó que “nunca habían estado ni estaban las invasiones e intentos de los enemigos más repetidos y ejecutados que en tiempo presente” (1859: 253). Para Castellar si bien la guerra no se había hecho presente en el virreinato peruano, el problema era que el territorio era vulnerable precisamente por carecer de milicias, armas y una escuadra de guerra. En ese contexto, la solicitud de 1676 presentada por el Consulado para extinguir el tercio de infantería financiado por la corporación contravenía las disposiciones y proyectos del virrey para asegurar la ciudad y defenderla en caso de un ataque marítimo. Además del tercio, la ciudad contaba con milicias de mulatos por lo que no podía permitírsele al Consulado “ni ahora ni en ningún tiempo extinguir este tercio” y remataba señalando que su existencia estaba al servicio y causa pública del Rey. Por lo dicho en su informe y lo que dirán sus contemporáneos, desde el primer año de su gobierno hasta 1678 Castellar da cuenta de que su gestión estuvo inmersa en un estado de guerra permanente.

Como ya se ha señalado, las Instrucciones deben verse como un recurso discursivo del virrey que estaba en espera de su juicio de residencia. En el caso del virrey Castellar el Informe de su gestión lo presentó en 1681 en un contexto adverso pues en julio de 1678 fue destituido y asumió el cargo de forma interina Melchor de Liñán y Cisneros, arzobispo de Lima. Como lo ha señalado la investigación de Ismael Jiménez, el sismo de junio fue el inicio de la caída del virrey y a las tensiones con el arzobispo por la respuesta a la crisis, se le sumaron los descontentos del Consulado de Comerciantes y de los oficiales de la Caja de Lima que solicitaron el relevo del virrey. La respuesta fue positiva y Castellar obligado al destierro, aunque no lo cumplió del todo pues se quedó en el pueblo de Santiago de Surco para su proceso de residencia. (JIMÉNEZ, 2015: 30) Es en este contexto, que el discurso de riesgo y vulnerabilidad del virreinato peruano frente a una agresión inglesa se construye por el virrey como defensa política, pero también para reafirmarse frente al resto de corporaciones y particularmente a los comerciantes del Consulado que se resistían a continuar con el financiamiento del tercio en una milicia para enemigos que parecían imaginarios.

 

Don Melchor de Liñán: el virrey interino

 

El interinato del arzobispo Melchor Liñán y Cisneros inició en 1678 y concluyó en 1681, por lo que su Relación coincide con el año de presentación de la de Castellar. En la tradición del contenido de las relaciones, el arzobispo virrey explicó a su sucesor que cumplía con una obligación como parte de sus Instrucciones en el cargo de informar el estado del reino. Un informe que seguía el orden de la correspondencia con el Consejo de Indias, gobiernos: eclesiástico, político y secular; guerra y Real Hacienda (LIÑÁN, 1859: 287). Una primera observación de su Instrucción fue explicar a su sucesor que en todas las materias de gobierno el virrey podía resolverlas sin la participación de la Real Audiencia o el Real Acuerdo; sin embargo, la prudencia en el gobierno virreinal era deseable por lo que aconsejaba contar con el voto consultivo “así para que le aconsejen lo que parezca más conveniente, como para mayor justificación de lo que se resolviese” (LIÑÁN, 1859: 288).

En los temas referentes a guerra, Liñán y Cisneros identificó a los ingleses como fuente de agresiones continuas al virreinato peruano y se refirió a los acontecimientos en la zona del Estrecho de Magallanes. En condiciones de un espacio amplio y en el que se reconocían más de una jurisdicción informó a su sucesor que la defensa del Pacífico hispánico y por lo tanto de la monarquía debía realizarse identificando los territorios vulnerables, en este caso el Estrecho era la puerta de acceso de los ingleses procedentes del mar del Norte con destino al Pacífico. Y señalaba que si bien las acciones de Castellar en la plaza de Valdivia se sostuvieron en un rumor, eso no evitaba reconocer que resguardar el paso era estratégico para el virreinato peruano.

Durante su gobierno, Liñán Cisneros puso particular atención en el situado de la plaza de Valdivia respondiendo a las solicitudes del gobernador de abastecerla de géneros, ropa y todos los pertrechos de guerra. Según la experiencia del virrey era necesario poner atención en la distribución de los salarios entre los soldados pues era común que gobernador y cabos principales tomaran más recursos. Otra medida en la defensa del Pacífico era establecer nuevas formas en el gobierno de los recursos fiscales destinados al pago de situados. Además de su pago y envío puntual, el virrey apostaba por la centralización en la toma de decisiones desde la jurisdicción de donde salían los recursos, es decir desde el Perú y con ello limitar la intervención y autonomía del gobernador de Chile[3]. Con el ejemplo de los problemas en el envío del situado a la plaza de Valdivia, Liñán Cisneros explicó a su sucesor la necesidad de mirar la defensa del Pacífico a partir de los recursos que se podían disponer para su financiamiento.

Desde el gobierno de Castellar, la Hacienda peruana había estado bajo escrutinio por las libranzas que se cobraban en la real caja de Lima y se debía observar una política de disminución del gasto. En este contexto, el arzobispo Liñán explicó que los crecidos gastos de los situados y la necesidad de abastecer los socorros para el ejército obligaban a los virreyes a utilizar el comercio como intermediario para el abasto de los géneros que se requerían en los presidios. La participación del comercio para la compra de éstos era una potestad del virrey que destinaba del monto anual del situado un porcentaje en: ropa, alimentos, medicinas, entre otros bastimentos solicitados por las autoridades de la plaza y del gobernador del territorio; el resto del situado se enviaba en plata y el monto se definía por los salarios del número de plazas adscritas al presidio. Los gobernadores o capitanes no dudaron en solicitar que la totalidad de las transferencias de recursos para los presidios se enviase en plata. A esta solicitud se opuso en distintas ocasiones el arzobispo virrey, es posible por lo dicho sobre los fraudes que se cometían en la distribución de los salarios pero también por la participación de la élite mercantil que abastecía las mercancías que se requerían para sostener los presidios. El valor del situado se ponía a remate en Lima bajo la evaluación e inspección de oficiales reales, el oidor más antiguo y el fiscal del reino[4]. A juicio del arzobispo virrey, el remate era mejor realizarlo en Lima, una ciudad que “con tanta abundancia de ropa, tiene lugar el que sobre buscarla fiada, sea más escogida y barata como se experimentó en los dos situados que remití, resultando en utilidad del ejército” (LIÑÁN: 1859: 325).

Desde la perspectiva del virrey Liñán la defensa del reino no es sólo un asunto de conflictos entre monarquías o la mayor o menor presencia de piratas en el Pacífico, la vulnerabilidad del reino es también un asunto del gobierno político del territorio que supera una respuesta inmediata ante el rumor de la presencia de piratas. Al igual que su antecesor, Liñán reconocía que el Estrecho de Magallanes era vulnerable frente a la navegación de los “enemigos” de la monarquía que utilizaban frecuentemente este paso para navegar por el mar del sur. Estas incursiones las identificaba como actuaciones de piratas que alteraban la paz del reino. A su sucesor le informaba que durante su gestión se habían experimentado los ataques en Panamá en 1680 y que no obstante “ser corto del número de enemigos” se les conocía por su temeridad “endurecida en el voluntario trabajo de su ocupación diestra en la náutica en que únicamente entienden y no menos pronta y expedita en el manejo de sus escopetas y pistolas” (LIÑÁN, 1859: 328).

En la evaluación del virrey, el Pacífico no se encontraba en un estado de guerra, lo que había era más bien un enemigo intermitente con alta movilidad por ese mar extenso. Si como bien se había señalado desde la gestión del virrey Castellar el estrecho de Magallanes era el territorio más vulnerable, además del envío del situado, del aumento de soldados en el presidio de Valdivia se podía incorporar a los indios de la región como parte de las estrategias para la defensa. Por evaluación del Consejo de guerra del virreinato se procedió a “ajustar paces” con los indios para que estos actuaran como primer muro de contención a los enemigos. El virrey optaba por la estrategia que ya había seguido en Lima de hacer participar a los actores locales. Si en el financiamiento de la Armada y las milicias urbanas se recibían aportaciones por parte  del Consulado de Comerciantes, los habitantes en el Estrecho de Magallanes también debían sumarse al proyecto defensivo. En su evaluación, el Pacífico dependía del abasto continuo de embarcaciones que necesariamente debían pasar por el Estrecho, de esta forma los habitantes locales serían informantes claves de la llegada de los ingleses. Por lo visto, el virrey Liñán parecía haber olvidado que precisamente la información de esos indios había causado la movilización de la armada y las acciones militares durante el gobierno del virrey Castellar. Liñán dio cuenta de otras incursiones de los piratas en el Pacífico a lo largo de 1680 y 1681 y la respuesta de los locales.

El virrey informaba que la respuesta de su gobierno consideró en todo momento que la incertidumbre e inmensidad del territorio bajo su jurisdicción facilitaban la incursión de los enemigos, pero estos no buscaban una confrontación directa pues se distinguían por incursiones furtivas, esporádicas y cuando recibían “escarmiento a sus arrojos” volvían a ocultarse. Esta evaluación explica su crítica a la capacidad de acción de la Armada de Barlovento, pues según sus noticias su escasa presencia en el Caribe facilitaba el paso de los piratas del Atlántico al Pacífico[5].

En las Instrucciones del virrey arzobispo para el mejor gobierno de la guerra en el virreinato peruano debía contarse con la colaboración de las corporaciones locales que ya fuera con recursos económicos o con su disponibilidad para tomar las armas contribuirían a la defensa del reino. Estas medidas debían entenderse como respuestas inmediatas a la incursión de piratas que no obstante que aumentaran su frecuencia en el Pacífico carecían de un proyecto articulado de más largo alcance. Su proyecto defensivo en el Pacífico a largo plazo era mantener la estructura de presidios, con la Armada del Sur y con la formación de milicias urbanas.   

A diferencia de su antecesor, Liñán reconoce que antes que ingleses, los piratas se movían por intereses personales y de ganancia expedita; por el contrario, los portugueses del Brasil podían representar otro conflicto y amenaza a la monarquía hispánica. Según sus informes, la frontera hispánica en la provincia del Paraguay podría convertirse en un conflicto de mayor envergadura en la medida que los portugueses del Brasil estaban usando a los indios para avanzar en el poblamiento de ese territorio. Desde la década de los setentas, los obispos de Paraguay y Buenos Aires habían informado de los conflictos con los indios de la villa de San Pablo comúnmente llamados Manclucos que invadían las propiedades de los vecinos hispánicos. Si bien los ataques se realizaban por los indios, las autoridades de las provincias de Buenos Aires y el Paraguay reconocían que los ataques eran provocados  y liderados por los portugueses.

Para el virrey Liñán, el conflicto con los portugueses podía presagiar una guerra distinta a la que se experimentaba en el Pacífico. Como ya se ha señalado, este conflicto se explicaba por incursiones eventuales, de ataque y expolio de géneros y plata; pero en la frontera del Paraguay las agresiones de los portugueses daban cuenta de un proyecto de ocupación y poblamiento en territorios que pertenecían a Castilla. Desde mediados del siglo XVII, los conflictos entre portugueses, indios y misioneros en el Paraguay se habían acrecentado; en 1680 una de estas incursiones culminó en el arresto del general Manuel Lobo al que se le encontró entre sus papeles una instrucción que decía que su objetivo era el avance de su frontera sobre jurisdicción hispánica. A evaluación del arzobispo virrey de continuarse estas incursiones o de confirmarse la instrucción encontrada en manos de Lobo la paz jurada entre las monarquías hispánica y portuguesa se ponía en entredicho, al menos en la jurisdicción peruana[6].

En materia de guerra, la Instrucción del virrey Liñán privilegió el consenso entre los actores locales, la participación de los súbditos hispánicos en la defensa del reino y a los piratas como una incursión eventual que salvo por la pérdida de mercancías, plata o los daños a las ciudades, no representaban un conflicto de largo plazo e incluso que alcanzara el nivel de confrontación entre monarquías. Por el contrario, los conflictos con los súbditos portugueses en la jurisdicción del Paraguay debían leerse más allá de afectaciones al territorio americano y por lo tanto en el largo plazo sus costos podrían ser mayores para la monarquía hispánica.

 

El Duque De La Palata: la guerra ausente y el enemigo presente

 

Melchor de Navarra y Rocafull gobernó el virreinato peruano de 1681 a 1689 y dejó a su sucesor una extensa y detallada Instrucción informándole de todas las materias de gobierno en la jurisdicción peruana. En la misma línea que sus antecesores, el Duque De La Palata proporcionó abundante información acerca de sus acciones de gobierno en materia de vulnerabilidad del Pacífico, reiteró el papel de los piratas como los principales enemigos de la monarquía hispánica y dejó a su sucesor una evaluación y estrategias de defensa que pudieran prever acciones futuras por parte de los enemigos de la monarquía hispánica. A diferencia de sus antecesores, De La Palata dejó constancia que leyó las Instrucciones preparadas por los virreyes Castellar y Liñán, al menos en materia de defensa del virreinato lo que parece haberle permitido tener mayor conocimiento de los ataques de los piratas en 1681, del estado de los presidios y del costo que representaban para el fisco americano. Para entender su posición en materia de guerra y por lo tanto la defensa del virreinato peruano, conviene ubicarnos en 1685 y en los conflictos que para su administración representó la cercanía o el rumor de una escuadra de piratas en el Pacífico panameño. Los hechos fueron oportunamente informados al Consejo de Indias en un memorial que dio cuenta de los conflictos con el Consulado de Comerciantes[7]. Este memorial también lo incluyó en la Instrucción que dejó a su sucesor, de ahí que sea importante relatar los conflictos en torno a la presencia de los piratas en 1685 para entender mejor su posición respecto al gobierno y defensa del virreinato peruano y del Pacífico hispano.

Al igual que en el gobierno de sus antecesores, el Duque De La Palata debió responder a los piratas que navegaron el Pacífico desde 1684 al acecho del Galeón. Una nueva presencia de piratas esperando la riqueza peruana puso a prueba la gestión del virrey y le ofreció elementos para informar a su sucesor que, para atender los problemas en materia de defensa, el virrey debía reafirmar su jurisdicción en un territorio y en un tema en el que más se gastaba en discursos inútiles que en respuestas y acciones concretas. Las primeras noticias afirmaban que ingleses y franceses, aunque con fuerzas mermadas se habían constituido en dos bandos en espera del tráfico peruano rumbo a Portobelo. En lo que se refiere a la nacionalidad de los piratas que pudieran acercarse a Lima, el Duque De La Palata explicó a su sucesor que ante todo los piratas respondían a intereses particulares por lo que, si bien podían alegar el uso de bandera inglesa o francesa, siempre perseguían sus propios objetivos y por lo tanto aquello que los pudo unir también los podría separar.

Con las noticias que llegaban a Lima sobre la presencia de piratas y con la preparación de la salida de los comerciantes rumbo a Panamá, el virrey se ocupó de asegurar la ciudad. En la relación que envió al Consejo de Indias acerca de los sucesos de 1685, la presencia de los piratas y su amenaza de atacar Callao o impedir su llegada a Portobelo se convierte en un tema de tensión con los comerciantes del Consulado, pues mientras el virrey evaluó que de acercarse los piratas al Callao, que se estimaban en poco más de mil marineros, era imposible que lograran rendir la ciudad; pero los comerciantes se resistieron a embarcar rumbo a Portobelo argumentando que  atacarían a la Armada del sur y a sus embarcaciones en el trayecto a Panamá. La tensión entre ambas posiciones se recrudeció en la medida que el Galeón se acercaba a Portobelo pero, sobre todo porque la presencia del enemigo se reducía a un rumor sin pruebas concretas de su existencia o peligrosidad.

Como lo señaló en varios momentos de su Instrucción, el rumor, el miedo y la desconfianza hacia la capacidad de gobierno del virrey frente a un posible ataque de piratas resultaban armas más peligrosas para el virreinato peruano que cualquier escuadra enemiga; por ello sentenciaba que en caso de emergencias bélicas, en el Perú “gobiernan todos y quieren gobernar al virrey” (DUQUE DE LA PALATA, 1859: 291). El rumor alimentaba la formación de Juntas de guerra que por toda la ciudad evaluaban la fuerza de los piratas y resolvían la mejor estrategia para defenderse. El virrey hacía evidente las limitaciones de su autoridad para organizar la defensa del reino, pero sobre todo se veía imposibilitado para hacer partícipe a la población de una respuesta coordinada más allá de las milicias y definía a los locales bajo un estado de “animosidad regional” en la que el comercio también construía un discurso protegiendo sus capitales.

Con la información de la presencia de los piratas en aguas del Pacífico y por lo tanto la inseguridad de un viaje a Panamá, los comerciantes se negaron a embarcarse para comerciar en la feria de Portobelo. Para el Consulado, la obligación del virrey era enviar a la Armada a perseguir y eliminar a los piratas. Por el contrario, el sostenía que enviarla era un gasto innecesario y un esfuerzo inútil pues era de todos conocido que los piratas siempre huían una confrontación[8].

Las noticias que se tenían de los piratas era que posiblemente estuviesen en las islas de Coiba en la costa del Pacífico, otras versiones llegaron a Lima de que habían ingresado por el Darién y apresado a españoles y negros para trabajar en los lavaderos de oro. Según el virrey, las noticias habían llegado en cartas particulares y se pensaba incluso que la ciudad de Panamá se había perdido. La experiencia de 1685 con la presencia o rumor de los piratas en el Pacífico, la resistencia del Consulado de Lima a embarcar con la flota obligó al virrey a tomar decisiones que en otro momento podrían considerar que extralimitaban sus funciones. En un memorial firmado en marzo de 1685, el virrey buscó negociar con el Consulado su presencia en Portobelo explicando que el tamaño del enemigo era de tres, que uno era de mercaderes cargado de ropa y dos más de piratas, que se habían encontrado en el mar pero que no tenían un plan de ataque conjunto pues traían muy poca gente con naos débiles y artillería de muy poco calibre” (DUQUE DE LA PALATA, 1859: 297). Estas noticias habían sido confirmadas por las autoridades Panamá y Quito e incluso el gobernador de Panamá había enviado una escuadra para expulsarlos de las islas de Coiba.

No obstante los esfuerzos del virrey por convencer a los comerciantes de que los piratas no representaban ninguna amenaza, nuevas noticias se difundían en Lima asegurando que en realidad eran seis navíos los que navegaban en el Pacífico y los comerciantes volvieron a resistirse a embarcarse con rumbo a Panamá. Con las noticias enviadas por el gobernador de Panamá e información que aportó un navegante francés se confirmó que este nuevo grupo en efecto eran seis navíos, pero que al menos dos de ellos ya habían puesto rumbo a Filipinas y que el resto carecían de suficientes navegantes para intentar un ataque. Es importante señalar que, si bien el virrey podía enviar la Armada con el tesoro real si los comerciantes no asistían a Portobelo tampoco pagarían la avería que se estimaba en 100,000 pesos, recursos que también contribuían al financiamiento de la Armada del Sur pues el dos por ciento de este impuesto se destinaba a la fábrica de navíos.

En estas condiciones y con información de que los piratas no representaban ningún peligro real para el Perú, el Duque De La Palata estuvo dispuesto a presionar a los comerciantes con autorizar a los cargadores sevillanos que pasaran a Lima a comerciar directamente sus mercancías al virreinato[9]. A este punto, la verdadera amenaza era la paralización del comercio en Panamá por la negativa de los comerciantes. Con la amenaza de autorizar la llegada de los sevillanos a las costas del Perú, eventualmente los comerciantes aceptaron embarcarse con destino a la feria de Portobelo en mayo de 1685. El virrey definió esta confrontación como una “obstinación en este punto de despacho de armada o ya por la posesión que tienen de dar ley” (DUQUE DE LA PALATA, 1859: 303). La relación de hechos realizada por el virrey en torno a la presencia de piratas en el Pacífico y de un ataque que no llegó a concretarse explica su posición respecto a la naturaleza de los enemigos de la monarquía en la jurisdicción americana y por lo tanto cómo responder a ellos[10].

La Instrucción preparada por De La Palata reiteró la jurisdicción virreinal en el gobierno de la guerra en un extenso territorio que sin dejar de reconocer las Audiencias de Panamá, Quito y Chile era potestad del virrey decidir y actuar en la defensa del Pacífico. Este argumento le permite exponer a su sucesor las dificultades en el gobierno de la guerra, pero sobre todo el control en territorios cuyas autoridades “obedecen muy flojamente como quien tiene mar de por medio” (DUQUE DE LA PALATA, 1859: 78). Los varios contratiempos con las autoridades de Panamá los describió como “una batalla continua” por el control y gobierno del situado.

Como ya se ha señalado, los situados eran un elemento fundamental en la articulación de los territorios hispánicos que generaba sus propias dinámicas políticas, sociales y económicas entre el origen del situado y su destino. En el caso del virreinato peruano esta articulación se realizaba desde la Caja central de Lima a los territorios de Panamá, Chile, Valdivia, Concepción, Chiloé y Maynas, además de destinar recursos para la defensa del Callao. Los montos se negociaban en función del número de plazas ubicadas en cada presidio, pero también de las condiciones de vulnerabilidad o mayor o menor importancia del territorio. El presidio de Panamá era la plaza que mayores recursos recibía precisamente por su condición estratégica. En el situado de Panamá no se incluían los gastos de Armada o de artillería, la Caja de Lima contaba con su propia partida para solventar estas necesidades, de tal manera que el situado y su distribución era en beneficio de los soldados, capitanes y gobernadores que se encontraban en Panamá. Las relaciones y certificaciones de oficiales reales debían dar cuenta efectiva de las compañías de milicianos, su número activo y en general del registro de las pagas y gastos que solventara el situado.

No obstante, el virrey informaba que dichas certificaciones faltaban de manera frecuente, pero al mismo tiempo la Caja de Lima no podía faltar a la obligación del envío regular del situado en la medida que su ausencia podía ser ocasión para la fuga de soldados que siempre eran un recurso escaso. A los problemas del control del situado que se enviaba desde Lima, se sumaba la autonomía con la que actuaba la Junta de Hacienda convocada por el presidente de la Audiencia. Los recursos que la Caja de Lima enviaba a la central de Madrid se depositaban en la de Portobelo en espera de la salida de la flota. Este “depósito” decía el virrey, era la ocasión precisa para que el presidente de la Audiencia convocara a Junta de Hacienda y presentase a los oficiales reales unas cuentas en las que “se forman sin contradicción: ajustan el debe y haber y sacan del tesoro todo cuanto piensan se les debe” (DUQUE DE LA PALATA, 1859: 79).

Por lo que se refiere a los situados enviados a la jurisdicción de la Audiencia de Chile, los oficiales de los presidios de Concepción, Valdivia y Chiloé solicitaron que en su totalidad se enviasen en plata, como se hacía antes de las disposiciones del virrey Castellar. El virrey Duque De La Palata respaldó la decisión de su antecesor de distribuir el envío del situado en géneros y plata. El Duque explicó que dar dinero a los soldados en estos territorios podía tener más perjuicios que beneficios en la medida en que desde Flandes hasta Chile era sabido que el dinero en poder del soldado: “no sirve el dinero sino para el juego y la taberna” (1859: 84). Además, en un presidio lo que el soldado necesitaba era comida y ropa y en Chile lo que más escaseaba era lo último. En consecuencia, lo único que fomentaría la circulación de dinero en estas plazas era el comercio ilegal y la cercanía con los enemigos de la monarquía a los que precisamente los soldados debían combatir.

Al explicar los problemas en el gobierno de los situados de Panamá y Chile, el virrey hizo evidente a su sucesor que no obstante las prerrogativas del cargo en materia de guerra, la defensa del Pacífico desde los presidios estaba sujeta a las corporaciones y a las autoridades civiles y militares que podían facilitar o entorpecer las decisiones del virrey. En esta materia, otra de sus preocupaciones con su pago en efectivo (que al final consiguió la jurisdicción Chilena en 1687) era la disponibilidad de liquidez para el pago de todas las cargas, de ahí la necesidad del crédito en géneros para cubrir con regularidad los situados (DUQUE DE LA PALATA, 1859: 88).

A diferencia de sus antecesores, el Duque De La Palata consideró necesario abordar el costo que la defensa del Pacífico representaba para el virreinato peruano, pero sobre todo las complejidades para responder a una emergencia militar, al ataque de piratas o a una situación de guerra. Para el virrey no se trataba sólo de que la Caja de Lima contara con los recursos o buscara los medios para el envío puntual del situado, sino que estos recursos fuesen utilizados para la defensa del reino. En ese sentido, si se pagaba regularmente, si se atendían las demandas para su pago en plata y se aceptaba la libertad con la que Oficiales reales y gobernadores actuaban en el gobierno de los presidios, entonces el problema de la defensa y por lo tanto las razones de la vulnerabilidad del Pacífico no era un asunto de recursos, sino de la comprensión del tipo de guerra que se desarrollaba en los virreinatos americanos y las respuestas a ella.

En un extenso apartado que tituló precisamente “Guerra”, el virrey explicó que el principal problema era la ausencia de un ejército. Si bien desde la Caja de Lima se realizaban con regularidad los pagamentos de salarios, esto no se había traducido en la profesionalización de la defensa del territorio. El virrey no dudaba del valor y la fidelidad de los súbditos que en caso de emergencia estaban dispuestos a tomar las armas, pero esta respuesta espontánea era de los vecinos y no de los soldados que se supondría debían ocuparse de ello. El problema era formar un ejército en un territorio cuya población había llegado a América “con el deseo de mejorar fortuna con el comercio” (DUQUE DE LA PALATA, 1859: 266). El tomar el mosquete y hacer centinelas en los presidios no significaba precisamente hacer fortuna y aquellos que por necesidad asumían dicha tarea lo hacían mientras cobraban las pagas para luego huir a las minas o a otros oficios. El virrey no dejaba de señalar que además de huir con el pago lo hacían también con el cargo y era común que en las minas se presentasen e hiciesen llamar soldados. Otro problema con la formación de un ejército permanente era que en un territorio donde no había guerra, pero si ataques de piratas, la respuesta era “ponerse en cuerpo, entrar en guardias en palacio y alguna vez esquadronar en campaña: todo esto bueno para hacerse al ruido del mosquete y al humo de la pólvora” (DUQUE DE LA PALATA: 267).

El virrey De La Palata compartía las ideas del arzobispo virrey Liñán, la guerra en la monarquía hispánica tenía una territorialidad europea y precisamente la experiencia en Flandes, Milán o Cataluña había permitido la formación de soldados de profesión y no en respuesta a emergencias. En el caso americano los piratas eran un enemigo de confrontación ocasional por la llegada o salida de la flota, este carácter de un enemigo de paso también lo volvía más peligroso pues difícilmente se podría confrontar y por lo tanto erradicar del Pacífico, “este enemigo es un ladrón que viene a robar y que estos siempre lo procuran hacer con seguridad y sin empeño de perderse” (DUQUE DE LA PALATA, 1859: 309).

En estas condiciones, De La Palata se sumaba a las estrategias ya ensayadas por sus antecesores de reforzar los presidios del Pacífico, aumentar el número de plazas de los soldados, abastecer con artillería y en general todos los bastimentos para responder a esos enemigos de paso. Como parte de este discurso deben entenderse las duras críticas a las llamadas Juntas de Guerra que se realizaban en la capital del virreinato. En su evaluación, estas Juntas debían llamarse sólo en la formalidad porque ni sus asistentes, ni los temas ahí tratados podían considerarse como asuntos de guerra. A ellas asistían aquellos que se asumieran como soldados, cabos y en general todos los que así lo expresaran sin necesariamente confirmarse dichos grados. Para el virrey el problema era que los asuntos referentes a la defensa del reino se volvían de una materia tan vulgar en un territorio en que no se tenía ejército, “ni fuerzas independientes del concurso y voluntad de los paisanos, si ellos se hacen jueces de las disposiciones, cada uno las gobierna a su antojo” y a su término los asistentes difundían lo dicho en ellas. El rumor y el miedo de la población también eran ocasión para quejarse de la actuación del virrey y sin duda De La Palata tenía muy presente los problemas experimentados por el virrey Castellar, pero sobre todo buscaba llamar la atención frente a su juicio de residencia donde fuese posible que recibiera quejas por no responder a los ataques de los piratas de 1685 (1859: 276).

Esto explica la última parte de su Instrucción referida a las materias de guerra. El virrey consideró que dada la naturaleza del enemigo en el Pacífico, la estrategia para una defensa del reino debía partir de conocer sus artes” y entender que la difusión de noticias falsas pretendía que la armada no saliera del Callao o bien que retrasase su partida. Este periodo de duda o espera por parte de las autoridades virreinales podría ocasionar que los piratas combinaran fuerzas. Para el Duque De La Palata, se debía aceptar que los piratas eran un enemigo circunstancial que frecuentemente carecía de un plan organizado e incluso de una dirección. Por lo que hace al conocimiento del enemigo siempre era necesario “dar la fe humana con las declaraciones y juramentos de hombres de bien que dicen lo que vieron” (DUQUE DE LA PALATA, 1859: 311); el Duque había experimentado los costos de los rumores, la circulación de noticias falsas y la percepción construida de un enemigo todo ello utilizado por los actores locales.

Pero más allá de respuestas inmediatas en caso de un ataque, las medidas a largo plazo para la defensa del Pacífico debían poner atención en los lugares de paso, estos puntos estratégicos a los que ya se había referido el virrey Castellar como el Estrecho de Magallanes, pero también los pasos en el norte, en la jurisdicción de la Audiencia de Panamá. Si en un primer momento cuando aborda el tema de la guerra y la defensa del virreinato expresa su inconformidad con la actuación de la Audiencia, al proponerle a su sucesor cómo se podía responder en el futuro a la vulnerabilidad del Pacífico, la jurisdicción de Panamá es de su principal interés por la conexión marítima, fluvial y terrestre entre el Pacífico y el Atlántico. A estas condiciones naturales de vulnerabilidad se debía sumar que la presencia de piratas había aumentado con la pérdida de Jamaica y Curazao pues ambas islas funcionaban como plataforma “receptáculo de ladrones” que alimentaban de manera frecuente los navíos ilegales.

La propuesta De La Palata era que el gobierno de la guerra que se ejercía desde el virreinato peruano resultaba limitado en un territorio extenso en el que coexistía más de una jurisdicción y todo dependía de la Hacienda del rey para financiar una escuadra de guerra. Al respecto señalaba que esa Hacienda que se formaba con el caudal de los vasallos había que “usar bien de ella, no empeñándola sino en la ocasión precisa y empleo que sea de la satisfacción pública”. Una escasez de recursos en un territorio en el que no se podía imponer nuevas gabelas, pero también porque una respuesta inmediata de los navíos de guerra era difícil “porque los pocos de la armada estaban ocupados y divertidos en conducir los socorros y situados de los presidios de Chile, Valdivia y Panamá” (DUQUE DE LA PALATA, 1859: 353).

El virrey apuesta por una reorganización de la jurisdicción peruana en beneficio del gobierno y la defensa del Pacífico. Esta propuesta también busca responder a las complejidades en el control del situado, en lo poco efectivo de estos recursos frente a las cada vez más frecuentes incursiones de piratas, pero también a un enemigo que aumenta su presencia en el Pacífico precisamente porque este territorio ha dejado de ser de exclusividad hispánica. En estas condiciones la propuesta era crear un nuevo virreinato con sede en Cartagena, suprimir la Audiencia de Panamá y trasladar la Audiencia de Santa Fe a Cartagena. El proyecto de un tercer virreinato no era una idea original del virrey peruano, desde 1650 el gobernador de Antioquia Pedro Zapata ya había presentado una relación para convertir a Cartagena en sede de poderes virreinales. De acuerdo con Jiménez del Castillo (2016) el Duque De la Palata recogió los distintos informes del gobernador Zapata y los presentó al Consejo de Indias para que estudiara la viabilidad del tercer virreinato[11]. En su Instrucción reiteró a su sucesor que con esta estructura territorial Cartagena sería la capital de una nueva jurisdicción virreinal y era ésta con “toda la autoridad y representación de un virrey” (DUQUE DE LA PALATA, 1859: 322) la que se encargaría de la defensa de esa región del Pacífico. Sin embargo, mientras se discutía su propuesta habría que continuar la estrategia que los Austrias habían implementado desde el siglo XVI. Sin por ello dejar de considerar que mientras la vulnerabilidad del reino se hacía más evidente, también era más evidente la presencia de los enemigos en el Pacífico. Los ataques franceses a Cartagena en 1697 le darían la razón al virrey.

 

Conclusiones

           

Las interconexiones entre los territorios que conformaron la monarquía hispánica deben explicarse considerando el carácter global de sus procesos. Si bien la confrontación militar con Inglaterra, Holanda o Francia se experimentaban en el espacio europeo, América no fue ajena a las trayectorias de la guerra o a la expectación de la misma. En sucesivos documentos y correspondencias, las autoridades americanas informaron la frecuente presencia de los piratas, las necesidades de infraestructura en los puertos, los gastos crecientes en las distintas plazas del Atlántico y el Pacifico, pero también justificaron que no obstante los esfuerzos y recursos destinados para la protección de las jurisdicciones americanas esto no disminuía la presencia de los enemigos. En el gobierno y administración de la defensa, los informes e Instrucciones contribuyen a explicar la dimensión política que el riesgo y la vulnerabilidad representó para la autoridad virreinal. Es evidente que se está frente a la lectura, evaluación, informes y justificación que los virreyes presentaron en la Instrucción a su sucesor y en espera de su juicio de residencia, pero precisamente porque la Instrucción refleja los límites y alcances de la autoridad virreinal en el gobierno de la defensa del virreinato constituye una fuente privilegiada para abordar desde otras perspectivas los alcances de los conflictos que experimentó la monarquía hispánica en siglo XVII.

Desde la experiencia de tres virreyes peruanos que se enfrentaron a la expectación o a la realidad del enemigo navegando en las aguas del Pacífico, el riesgo, la vulnerabilidad y la debilidad en la defensa del virreinato es un proceso que responde en parte a los conflictos que el modelo político hispánico enfrentaba, pero también a un enemigo que había comprendido las necesidades y límites del gobierno virreinal. Es decir, los virreyes informaban que en sus jurisdicciones se libraba una guerra, una confrontación con un enemigo que respondía a la realidad americana y por lo tanto la defensa frente a ese enemigo tenía que construirse desde las condiciones de gobierno que ejercían los virreyes.

Esto explica la posición de Castellar y La Palata de construir una estrategia defensiva que demostrara mayor agilidad para respuestas frente al avistamiento de embarcaciones enemigas. Para ambos virreyes, la participación de corporaciones, como el Consulado, los gobernadores y oficiales en los presidios convertían al sistema defensivo en una estructura lenta e inoperante para la protección del extenso mar Pacífico. Si la potestad virreinal los facultaba para decidir en los asuntos de guerra, en el gobierno americano la realidad exigía la negociación y consenso con las corporaciones locales para poner en marcha una respuesta ante el enemigo.

Las experiencias de Castellar y La Palata contrastan con la postura del arzobispo virrey Liñán por ello la importancia de leer las Instrucciones a la luz del contexto político de sus periodos de gobierno. El nombramiento de Liñán había sido una expresión del poder local frente a la destitución de Castellar de ahí que se inclinara por una política de consenso y de continuidad de la participación del Consulado en el abasto de los situados. Por el contrario, Castellar y La Palata apostaban por una estrategia que fortaleciera el papel del virrey en materia de guerra en parte porque era él quien debía responder por el fracaso o el éxito de la misma, pero también por reafirmar su carácter de alter ego del rey. Las evaluaciones e informes de Castellar y La Palata también permiten entender que así como el enemigo tenía distintas caras y estrategias, los grupos locales que participan del sistema defensivo no se limitaba a los existentes en Lima; en las jurisdicciones de Chile y Panamá también se habían conformado grupos de interés en torno a los recursos que se destinaban para los presidios. La formación de un nuevo virreinato en Cartagena también permite comprender la lectura de La Palata respecto a dónde reside el riesgo que enfrenta el virreinato peruano y esta era en la territorialidad que ingleses, franceses y holandeses habían construido en el Caribe Atlántico y que facilitaba su incursión en el Pacífico. Para Castellar y La Palata los piratas eran una expresión más de los conflictos de la monarquía hispánica con sus contrapartes y, si bien los reconocen movidos por intereses personales, su aumento es resultado de la posesión de territorios en el Caribe y en este sentido el problema es de carácter político y por lo tanto de escala global.

 

 

 

Bibliografía

 

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