Sudamérica recibe artículos originales e inéditos en el marco del Dossier temático coordinado por las Dras. Claudia Feld y Soledad Catoggio, cuyo título es "Estrategias propagandísticas y operaciones políticas de las dictaduras políticas del Cono Sur en escenarios internacionales: diplomacia, lobby y operaciones mediáticas", que se publicará en el número 21 de nuestra revista (diciembre de 2024). Fecha límite de recepción de manuscritos: 26 de julio de 2024.

Este dossier convoca a trabajos de distintas disciplinas de las ciencias sociales interesados por comprender las estrategias propagandísticas y operaciones políticas que las dictaduras del Cono Sur de América Latina pusieron en marcha en distintos escenarios internacionales, en dos direcciones. Por un lado, para contestar las denuncias y presiones internacionales en torno a casos de represión ilegal en el corto, mediano y largo plazo. Por el otro, para instalar una imagen positiva de los gobiernos militares en el exterior, aprovechando y creando estructuras de oportunidad para concretar sus ambiciones políticas –entendiendo a los gobiernos dictatoriales no como un todo unívoco sino en la complejidad de sus distintos sectores en pugna. En este sentido, aunque los modos de represión extraterritorial de las dictaduras formaron parte de este entramado de acciones propagandísticas y de operaciones políticas, esta convocatoria no busca ahondar en esas modalidades represivas transnacionales en sí, ni en sus articulaciones como la llamada “Operación Cóndor”, sino que propone hacer foco en uno o varios de los siguientes ejes de abordaje analítico, que proponemos – de modo orientativo- para la recepción de artículos a esta Convocatoria:

 1-      La configuración y la dinámica de escenarios internacionales donde se disputó el frente externo de las dictaduras del Cono Sur de América Latina: foros internacionales, organismos interestatales, ámbitos diplomáticos, etcétera.

2-      Las diversas acciones diplomáticas y de lobby desplegadas por las dictaduras para hacer frente a las denuncias internacionales de violaciones a los derechos humanos e instalar una imagen positiva de sus países en el exterior.

Desde fines de los años sesenta en adelante, la proliferación de denuncias por las violaciones a los derechos humanos movilizadas por redes de activismo trasnacional en el exterior de los países del Cono Sur de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay) dio, progresivamente, visibilidad a miles de desaparecidos, asesinados y detenidos políticos y a la brutal represión ejercida por las dictaduras. Esas denuncias se convirtieron en un desafío creciente para los gobiernos dictatoriales de la región, por su capacidad para instalar fuentes de tensión provenientes de organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas (ONU) o Amnesty Internacional (AI) y de administraciones de gobierno y/o sus embajadas, como las de Estados Unidos, España, Italia, Suecia, Francia y México. Para estos gobiernos, estas presiones abrían un escenario de preocupaciones que iban desde el desprestigio internacional, el aislamiento político, la restricción del financiamiento externo y el conflicto diplomático hasta el fracaso de los planes políticos y de liderazgo de algunos miembros de sus elencos, que intentaban perfilarse como posible continuidad de la experiencia autoritaria.

Frente a este escenario, alegando la existencia de diversas campañas de “terrorismo internacional”, orquestadas por “la acción subversiva” dentro y fuera de los países, las dictaduras pusieron en marcha una gran cantidad de estrategias en distintos escenarios internacionales, especialmente en Europa occidental y los Estados Unidos, para disputar la lectura política acerca de lo que estaba sucediendo en cada país, para incidir en los alineamientos geopolíticos y, también, para procurar apoyos económicos internacionales hacia sus países.

En este contexto, el “frente externo” de las dictaduras militares de la región se convirtió en una arena de disputas para torcer distintas relaciones de fuerza con objetivos no siempre unívocos, pero esbozados bajo el imperativo común de “limpiar la imagen del país” frente a las crecientes denuncias por las violaciones a los derechos humanos.