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En los últimos años, la utilización del discurso feminista valió como fundamento del incremento punitivo. Sin ir más lejos, la modificación de la ley de ejecución penal (ley 24.660), la sanción del acoso callejero, la modificación de los códigos contravencionales en la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, entre otros, se justifican en la cuestión de género. Estas reformas, tienden a individualizar ciertas conductas, patologizándolas y entendiendo como excepcional cuestiones que responden a mandatos sociales y culturales.
El entrecruzamiento entre el feminismo y la lógica penal ha sido estudiado por autores como Garland, Wacquant y Simon. En sus escritos expresan la eficacia del discurso de género y cuestionan su uso en pos de una mayor criminalización. Sin embargo, nada dicen del motivo a partir del cual estos enunciados calan tan profundamente en la sociedad y en los movimientos de mujeres.
Este tema ha dividido las aguas dentro del feminismo. Existen por un lado los “feminismos carcelarios”, que demandan el incremento de la lógica punitiva y feminismos que solicitan otro tipo de intervenciones. Estos últimos se problematizan el rol de una justicia patriarcal que no hace más que ubicarnos entre la dicotomía del garantismo misógino, que minimiza las violencias que afectan a las mujeres, y la demagogia punitiva, que se vale de este discurso para criminalizar a sectores vulnerables.
En esta presentación me propongo ahondar en la relación entre los feminismos y la política criminal, analizando críticamente las demandas que algunos feminismos ejercemos al sistema penal y a sus posibles respuestas.

criminología; feminismos; política criminal; punitivismo; seguridad; género