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La Criminología ha alertado reiteradamente sobre el riesgo de que algunas políticas públicas (incluso, bienintencionadas) que promueven el uso de herramientas tendientes a reducir el uso del encierro carcelario, terminen produciendo el efecto paradojal de aumentar (en términos netos) el grado de control estatal sobre las personas, especialmente sobre aquellas que integran los grupos más proclives a ser alcanzados por el sistema judicial y policial.
Este efecto (normalmente denominado net widening) aparece como un argumento de peso a la hora del análisis teórico de las llamadas “medidas alternativas y sustitutivas", que incluyen una amplia gama de sentencias que terminan el caso penal con respuestas de baja punición o directamente no punitivas (desde las llamadas “sentencias comunitarias” que imponen tareas comunitarias, medidas restrictivas o tratamientos para consumos problemáticos, hasta los programas de justicia restaurativa), pero que también involucran medidas alternativas y sustitutivas de la prisión preventiva, que involucran desde restricciones o supervisiones sistemáticas o aleatorias, hasta mecanismos de monitoreo electrónico o arresto domiciliario, que suelen presentarse como una respuesta humanitaria al aparentemente insoluble problema carcelario.
En sentido opuesto a estas preocupaciones, este trabajo intentará sustentar una visión positiva del net widening: desde una mirada conflictivista y no infraccional del sistema penal, y de cara a la evidencia que vincula exclusión, vulnerabilidad y criminalización, se presentará cierta suba de la interferencia estatal como válida e incluso, deseable.

Medidas alternativas; sentencias comunitarias; prisión preventiva; net widening