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Un motivo central de la emigración de mujeres dominicanas es la necesidad conseguir recursos en otros países para sustentar económicamente a sus familias. La inmigración a Argentina comenzó en la década de 1990, cuando dicho país contaba con un régimen de paridad cambiaria (un peso argentino equivalía a un dólar estadounidense). En el período analizado (2003-2017), la posición de Argentina como lugar de destino para las dominicanas se consolido debido a las facilidades para incursionar en áreas laborales como el trabajo doméstico, cuidado de niños y ancianos, entre otros. Sin embargo, esto vino aparejado a la intensificación de casos de mujeres dominicanas víctimas de explotación sexual. A pesar de la legislación nacional e internacional aplicable y las distintas políticas públicas llevadas a cabo hasta la fecha, el Estado Argentino aún tiene una deuda pendiente, en el íntegro cumplimiento de sus obligaciones provenientes del derecho internacional de los derechos humanos, en cuanto a la prevención, investigación, sanción y reparación de víctimas dominicanas del delito de trata de personas con fines explotación sexual.

En esta ponencia realizo un seguimiento de las políticas más importantes realizadas por el Estado Argentino para contrarrestar el delito de trata enfocado en mujeres dominicanas –por ejemplo la implementación de un visado para poder ingresar al país-, así como también expongo los logros y las falencias a la luz de mi trabajo de investigación.

Migración; Dominicana; Trata de personas; Derechos Humanos