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El problema del “lavado de dinero” ha adquirido con los años una mayor presencia en los discursos de funcionarios públicos y expertos, al compás de la hipótesis que señala la incipiente complejización de los circuitos y prácticas financieras para el “lavado de dinero” a nivel local. Vale decir, una expansión y densificación de las redes de circulación de dinero ilícito, que profundiza los entramados de conexión y las formas de interacción entre la economía y las finanzas legales e ilegales.
La presente ponencia se propone reconstruir el proceso de producción de normativas y la creación de burocracias estatales especializadas en el lavado de dinero. Un proceso que se inicia en el año 2000, con la sanción de la primera Ley 25. 246 de Lavado de dinero, que busca adecuarse a los convenios internacionales en la materia y supone asimismo la creación de la Unidad de Información Financiera (UIF) bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Proceso que se irá expandiendo y complejizando en los años posteriores, al tiempo que experimentará importantes transformaciones.
La hipótesis de este trabajo es que la creación de normas, organismos y burocracias es fundamental en la construcción de categorías oficiales sobre los problemas y las demandas sociales: en este caso, en las modalidades de definir y circunscribir al “lavado de dinero” como hecho jurídico/económico, así como en la promoción de acciones específicas para su regulación o sanción.

Lavado de dinero - Argentina - Normativas - Burocracias estatales