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La justicia penal tiene un vinculo en apariencia estrecho con la prisión. Es que constituye la respuesta preponderante y más utilizada frente a los conflictos que llegan a su conocimiento. Esto, ya sea a través de la aplicación de una pena en sentido estricto o bajo la modalidad del encarcelamiento preventivo.
Y por si fuere poco, se advierte que en el último tiempo ha comenzado a ocuparse de una problemática siempre desdeñada, cual es el escenario de vulneración sistemática de derechos que –generalmente– caracteriza a las prisiones. Esto puede apreciarse a través de la creación de órganos o grupos de trabajo especializados en la temática, como el Sistema de coordinación y seguimiento de control judicial de unidades carcelarias en el ámbito del Poder Judicial de la Nación o la PROCUVIN en el Ministerio Público de la Nación.
Este trabajo intenta problematizar este cuadro de situación a instancias de una aproximación empírica –especialmente a través de entrevistas semi-estructuradas a más de cien integrantes de la justicia penal de varios puntos del país– que sugeriría que, en rigor de verdad, la justicia penal ha consolidado una distancia tal con la prisión que provocó secuelas y obstáculos tangibles a la hora de concretar las iniciativas y reformas ensayadas para enfrentar los problemas estructurales que la caracterizan.
Desde ese lugar, invita a indagar y reflexionar críticamente sobre la necesidad de que los operadores jurídicos –los integrantes de la justicia penal– tengan mayor con-tacto con la prisión a lo largo de la carrera judicial.

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