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La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás derechos y que tiene como fin el desarrollo integral del sujeto. Que una persona acceda a la educación implica entonces que pueda crear un lazo de pertenencia a la sociedad. Haciendo foco en quienes se encuentran privados de su libertad y su relación con la educación, las Leyes 26.695 (en el ámbito nacional) y 14.296 (en la esfera provincial) introdujeron reformas a las Leyes de Ejecución Penal 24.660 y 12.256 respectivamente. En ambos casos sobresale, entre otros aspectos, la incorporación de distintos mecanismos de “estímulo” o “recompensa” para aquellos internos que se comprometan con el desarrollo de ciertas actividades educativas durante el cumplimiento de su condena, sea a través del adelanto en la progresividad penitenciaria o sea mediante la directa reducción de la pena impuesta. Sin embargo, se desconoce cuál ha sido el impacto de tales reformas, pues no existen estudios empíricos al respecto. El presente trabajo pretende realizar una descripción fenomenológica sobre las prácticas asociadas al estímulo educativo en el interior de la Unidad Penal N°  15 (internos anotados, oferta académica, talleres y cursos de formación profesional). Asimismo, se hará hincapié en que porcentaje de las solicitudes de libertades anticipadas solicitadas ante uno de los dos Juzgados de Ejecución Penal del Departamento Judicial de Mar del Plata durante seis meses se encontraron acompañadas de un pedido de adelanto en la progresividad de la pena por la realización de estudios o cursos de capacitación profesional.

Educación – Encierro – Ejecución penal – Estímulo educativo – Recompensa por educación – Progresividad penitenciaria – Derecho – Mar del Plata – Argentina